Archivos para September 30, 2022

Curso acelerado de financiación.

Un proyecto cuyo coste aumentaba a medida que había que llevar a cabo cualquier modificación, requería también un modelo definido de financiación. Y en el sumario constan varios contratos de financiación a favor de BANESTO: el contrato mercantil de financiación, donde se exponía que la inversión necesaria para construcción, puesta en marcha y posterior arrendamiento de planta, incluyendo dotación inicial de reserva del servicio de la deuda, ascendía a 108.920.281 € sin incluir IVA; el importe máximo de financiación eran 98 mills €, una línea de avales (ambas líneas no podían superar los 98 millones; y un crédito para financiar el IVA de 16 millones.

Un informe de Forest Partners presentado en sede judicial por HYDRO MANAGEMENT SL decía:

La financiación del Proyecto se obtenía con el PROJECT FINANCE, una de las formas más habituales para períodos largos de amortización, elevado capital de inversión y mínima confianza en la generación futura de flujos de proyecto para permitir la devolución del préstamo (sin acudir a la garantía de los activos o del patrimonio de accionistas / socios). En virtud del mismo (project finance), HYDRO MANAGEMENT SL abonaba semestralmente a BANESTO las cuotas del préstamo; Desaladora de Escombreras abonaba mensualmente a Hydro Management el pago del alquiler.

El préstamo y el alquiler se decía fijado en función del valor de la infraestructura construida de forma que el pago de las cuotas del arrendamiento permitiese dispone a Desaladora del uso de la explotación de la planta desde el primer momento, para realizar la gestión y venta de la planta ostentando al final del arrendamiento la titularidad de la planta. Según dicho informe, Desaladora contaría para cumplir con el pago de sus obligaciones con los ingresos generados con la venta de agua sin necesidad de que la Región de Murcia realizase ninguna conversión ni endeudamiento con la construcción de la planta. Afirmación sin ningún atisbo de realiza, apostilla la jueza en su auto. Recogía el informe de Forest Partners que Hydro Management (empresa de Ramón Jiménez) había aportado como fondos propios al proyecto 10’9 millones de €, además de prestar determinadas garantías y asumir determinados riesgos. Hay que recordad que HM tenía un capital social inicial de 12.000 €, y una ampliación del mismo de 9.360 €, esto es, 21.360 €.

En el citado informe de Forest, HM afirmaba haber pagado 64,2 millones de €, quedando pendiente de pago un principal de 68’9 millones más intereses hasta la fecha. Asimismo HM afirmaba haber mejorado la planta en 39,3 millones de euros.

La jueza titular del nº 5 de los de Murcia finaliza el análisis de la financiación con el estudio que la sociedad ACCUORE realiza del contrato de arrendamiento, que fue firmado en 2006 por Ramón Jiménez Serrano en nombre y representación de Hydro Management (HM), y que a la fecha de las diligencias instruidas para valorar en sede judicial la desaladora y el perjuicio causado a las arcas de la Comunidad de la Región de Murcia, hasta la finalización de dicho contrato, esto es, el período de 2012-2034, la cantidad de 612’50 millones de €, mientras que la resolución del contrato en 2012 supondría el pago de 444 millones más el valor contable del activo, más gastos financieros, más la deuda existente entre Desaladora SA e Hydro Management.

Un contrato claramente leonino el urdido en 2006 por Ramón Jiménez y sus socios, que debe servir de alerta para cualquier contrato que el CEO pudiera firmar con empresas locales, o con la administración, teniendo siempre en cuenta que una concesión es un tipo de contrato.

Vale

… continuará…?

Retorcer un presupuesto. Y que pague otro.

En el auto judicial de 3 de marzo de 2016, por el que la jueza titular del nº 5 de los de Murcia ordena la continuidad del procedimiento abreviado en el que imputa varios delitos a altos funcionarios de la Comunidad Autónoma de Murcia y a empresarios privados, entre los que está Pedro Enrique, digo Ramón Jiménez Serrano, nuestro CEO favorito, la jueza dedica un apartado especial a tratar de conocer el valor de la desaladora y un posible perjuicio económico, si perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas.

El Proyecto originario, hallado en la diligencia de entrada y registro practicada en la sede social de HYDRO MANAGEMENT, SL, el Proyecto tenía un valor estimado de 24.633.460’80 euros, según reconocieron los socios fundadores de la empresa en sede judicial.

Sin embargo, el proyecto y su cuantía iba modificándose y siempre al alza, durante el desarrollo del mismo. Se evidenciaba una absoluta imprevisión por parte de los investigados, en el uso de dinero público.

El Sr. FERRER como Consejero Delegado del Ente Público del Agua, en una carta remitida al Sr. JIMÉNEZ SERRANO, refería “que el proyecto carecía de las licencias y permisos mínimos esenciales, destacando la ausencia absoluta de la imprescindible toma de agua de mar, que hubo de incluir en el contrato de operación y mantenimiento con otra mercantil [TEDAGUA, de la que Jiménez Serrano era Consejero Mancomunado] y no en el de arrendamiento, como sería lo lógico, lo que suponía una más de las muchas disfunciones existentes en el proyecto; que hubo que resolver ex-novo; y la financiación del proyecto se asentaba sobre bases de consistencia más que dudosa y en algún caso, gravemente perjudicial para las partes implicadas, especialmente el destinatario total (sic. debiera decir final); y que el proyecto se ejecutaba con retraso, quizá como consecuencia de erróneas previsiones en su concepción”.

Así, el contrato EPC (documento con relevancia jurídica y eficacia probatoria) se redactaría sabiendo (y no mostrando) que el mismo afectaba a una persona jurídico pública, que tenía dominio funcional sobre el mismo, al menos en plan de igualdad que el resto de partícipes. Dicho contrato EPC, que no fue negociado en enero de 2006, cuando se firmaron los contratos de arrendamiento y de desarrollo de la instalación, sino meses antes, ya fijaba en 111 millones de euros la construcción de la Desaladora de Escombreras.

Nadie discutía que se trataba de un proyecto nuevo, distinto al señalado en el párrafo segundo de este artículo, con una diferencia de valor inicial de más de 86 millones de euros.

El contrato sufría dos órdenes de variación (cuyo gasto no constaba previamente autorizado por la Consejería de Hacienda: sólo la primera variación, en septiembre de 2008, supuso la construcción de nuevas infraestructuras e instalaciones que comportaron un incremento en el presupuesto de unos diecisiete millones de euros, aproximadamente.

Como puede apreciarse, la gestión de nuestro CEO al frente de HYDRO MANAGEMENT SL servía para aumentar exponencialmente los costes. De hecho, HM valoraba la desaladora, a efectos del contrato de arrendamiento en una cantidad próxima a los 134 millones de €, afirmando a la administración autonómica que era un coste no superior a otras instalaciones similares; pero en la opción estudiada (antes de las absorciones accionariales entre empresas), es decir, antes de que el Ente Público del Agua adquiriese sus participaciones sociales ya constataban una cantidad no inferior a 185,7 millones de €.

Ya sé que este cambalache de cifras, cuyo desentrañamiento fue tanto o más complicado que la propia trama urdida, entre otros, por Ramón Jiménez, pero conviene conocer en qué turbias aguas se bebe. Y conviene porque cuando, si la mina de litio sale adelante, llamen a las puertas de las administraciones públicas pidiendo subvenciones, aunque ahora digan que no les hacen falta, esa subvenciones serán proporcionales a los costes presupuestados. Si presupuesto 5, me dan 2,5, pero si presupuesto 10, me dan 5, que es lo que realmente voy a gastar. Más o menos así.

En la próxima sal del litio, veremos cómo funcionaba, a toda máquina, la trituradora de dinero público en manos de Ramón Jiménez y otros. Veremos la financiación.

Vale

… continuará…

La mina 0, la mina perfecta.

Tuve ayer la oportunidad de conocer en acción al CEO de la mina, y para empezar, no entiendo cómo empresarios, periodistas, políticos, pueden haber caído rendidos a sus pies, que huelen a corrupción, por cierto.

Tuve ocasión de ver cómo plantea su intervención. En este caso era entre las AAVV, ausentes por cierto, y vecinos sin adscripción asociativa. Plantea su monserga con un vídeo de vuelo sobre lo que sería la mina, un vídeo que está preparado para que en ningún momento se vea la ciudad, ni la ermita de la Virgen siquiera. No digamos ya de la residencia de mayores, la planta potabilizadora, la prisión, el campus universitario, el hospital… Nada de eso existe en el vídeo, razón por la cual le felicité. Esa presentación, ese vídeo podría valer para cualquier sitio, para cualquier descampao.

El CEO comenzó a vender las bondades de su producto, como si estuviera vendiendo bragas a un euro en el mercadillo.

Pero se encontró con un auditorio escaso de público (unas 20 o 22 personas), crítico, a los que colar su discurso le comenzó a resultar complicado, no ya solo con cuestiones técnicas, sino también con cuestiones menos técnicas pero muy interesantes. Acudió el CEO Ramón a la cita con el que se dice Director General, con el sujeta grapas que ha fichado y con un fotógrafo. No fue ninguno de los medios de comunicación que notoriamente ha comprado (El Periódico Extremadura, el HOY de Badajoz, Cadena Ser Cáceres, Onda Cero Cáceres y Cope Cáceres, ¿me dejo alguno?).

Cada vez que se refería a alguno de los apartados de su discurso, surgían preguntas que le descolocaban. Eso sí, para todas las cuestiones la respuesta era cero (0). Cero emisiones a la atmósfera. Cero vibraciones como consecuencia del uso de explosivos. Cero residuos. Cero vertidos. Cero, cero, cero. También, todo hay que decirlo, cero en vergüenza.

Se le planteó cómo una empresa con 3.000 euros de capital social puede acometer un proyecto tan grande. Respuesta: las sociedades limitadas que se crean en España, tienen un capital social de 3.000 euros. ¡Error! Los tres mil euros son de capital mínimo.

Se le preguntó si con ese capital social mínimo conseguirían una financiación como la que necesita la mina perfecta, no fuera a ser, le pusieron un ejemplo (le puse un ejemplo) como que una Sociedad Limitada con capital social de 12.000 euros pudiera conseguir un préstamo bancario de 114 millones de euros. Encajó la directa, pero me dice algún asistente al acto que se le vio algo mohíno después. Por alguna asistente se le recordó su buen paso por la Comunidad de Murcia y por la desaladora que no dejó atrás y que le persigue.

Claro, una asistente le planteó serias dudas sobre una patente por lo visto revolucionaria, eso de la mina perfecta, pero que es una patente en trámite. Otro asistente le recordó que lo único que habían hecho respecto a la obtención del mineral era un leve retoque al procedimiento que tenía TOLSA, anterior tenedora de los derechos de la explotación.

Otros asistentes, que acudieron muy bien preparados al show le plantearon cuestiones técnicas varias, y alguno le dijo que ahora, después de escucharle, tenía más dudas que antes.

Intervino el Director General explicando, decía, cuestiones técnicas, como el encapsulado de todo, para conseguir la mina Cero. Al director general, al hilo de su insistencia en cuestiones técnicas, tuve la ocasión de preguntarle por unas manifestaciones suyas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas, de la universidad Complutense, en las que a preguntas de un profesor de la misma sobre la falta de capacidad técnica de la Administración para evaluar un proyecto tan complejo, él le contestó cómo están ahora las competencias, los canales (medio ambiente, patrimonio…), que cada uno emite su informe, que luego se reúnen en una resolución, que puede firmar un consejero, pero que al final está el presidente que ya verá lo que hace. Todo un alarde de querer a los funcionarios públicos, de respetar la función pública.

Tanto el CEO como el dirgral hicieron muchas apelaciones a la legalidad, a cumplir lo que se les diga desde la administración (ver párrafo anterior), y sobre todo, a que ellos (los de aquí y los de Australia) estaban trabajando sin haber pedido financiación pública y que en su momento ya verán si la piden. Como le dije al dirgral a la salida: si no vais a pedir nada ¿para qué coño os hemos hecho un decreto exprés?

Y así transcurrió la velada, que le fue muy poco productiva a los ejecutivos agresivos, porque no sacaron de entre la escasa audiencia, de tan escaso poder de convocatoria, ni una muestra de comprensión.

Eso sí, supongo que seguirán creyendo que su mina será perfecta. Una mina Cero. Aunque no saben si la podrán inaugurar.

Esta esa más o menos la crónica de cómo vi el acto. Seguro que algo se me habrá pasado, pero estoy abierto a adiciones, correcciones, etc.

Vale

… continuará…

Para entender el volumen de negocio que puede suponer la mina de litio, ya sea subterránea o a cielo abierto, no hay nada más que ir a las fuentes, en este caso, la propia web de la empresa Infinity Lithium para conocer algunos datos.

En julio de 2021, el día 19, es decir, cuando únicamente se comentaba la posibilidad de que la mina que quieren imponer en Cáceres fuera subterránea, la minera australiana publicaba las condiciones de compra a Valoriza Minería (Grupo SACYR), y como es norma en el funcionamiento de la bolsa australiana, Infinity Lithium lo publicaba en su web.

2021_07_19_CONDICIONES COMPRA VALORIZA MINERÍA

1.- Importe total de 600.000 € a pagar por Extremadura Mining dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a la notificación de la resolución que resuelva favorablemente el recurso de Permiso de Investigación Valdeflórez (“PIV”) o, en su caso, del acuerdo de reinicio de la tramitación de la PIV, siempre que la Investigación Permiso Ampliación Valdeflórez (‘PIAV’) permanezca concedido en su estado.

Sin embargo, Extremadura Mining podrá realizar el Pago Pendiente en cualquier momento antes del otorgamiento del PIV o la reanudación de su procedimiento.

Esto es, para entendernos, Infinity Lithium, solamente con la previsión de que le fuera aprobado el recurso de Permiso de Investigación, ya pagaba 600 mil euros por el 25% de las acciones, en poder de Valoriza. Es decir, 100 millones de las antiguas pesetas solamente por mover papeles.

2.- Opción de compra por 10.000.000 € (Extremadura Mining) en cualquier tiempo antes de la Decisión Final de Inversión (‘FID’). En caso de resolución favorable del PIV notificado el recurso, Valoriza Minería podrá vender a Extremadura Mining todas las acciones representativas del capital de Tecnología Extremeña del Litio (TEL), propiedad de Valoriza Minería, es decir, el veinticinco por ciento (25%) restante y Extremadura Minería estará obligada a adquirirlos por un precio de 2.000.000 €.

Valoriza Minería deberá notificar a Extremadura Mining su decisión en el plazo treinta (30) días naturales siguientes a la notificación de la referida resolución favorable. No obstante, Extremadura Mining podrá comprar todas las acciones representativas del capital de TEL, pagando el Precio Pendiente más el monto de 2.000.000 € dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de notificación de Extremadura Mining a Valoriza Minería de su decisión de compra.

El contenido del Contrato Novatorio suscrito entre Extremadura Mining y Valoriza Minería permanecerá en pleno vigor y efecto en la medida en que no sea modificado por el presente.

Como puede apreciarse por las cantidades que se pactan a fecha de julio de 2021, no estamos ante compraventa de acciones (actividad legítima) de una empresa en pleno funcionamiento de la actividad que marca su objeto social (actividad minera), sino exclusivamente ante un proceso claramente especulativo, fuera de toda razón económica y que exclusivamente busca disponer de una rentabilidad bursátil que permita a sus accionistas plantearse unos beneficios extraordinarios, obtenidos solamente por la mera tramitación de permisos.

Está meridianamente claro que las expectativas de negocio superan en mucho los ordinarios, de ahí que puedan permitirse pagar a ejecutivos sueldos astronómicos.

Que toda una ciudad de 100.000 habitantes se pueda ver sometida a peligros medioambientales, tensiones sociales, afecciones muy negativas sobre la ciudad histórica declara Patrimonio Mundial de la Humanidad, peligros sanitarios y de salud pública, sólo por la voracidad de unos ejecutivos con amplia experiencia en promover actividades que no son otra cosa que negocios especulativos, a mayor gloria de sus carteras accionariales.

Vale.

Para la colección de los mejores hits del CEO.

Venimos contando en las entradas anteriores los grandes éxitos del CEO antes conocido como Pedro Enrique, y ahora ya por Ramón Jiménez Serrano, y los pingües beneficios económicos recaudados o en previsión de recaudación para sus jefes. Su saber estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado y tener como “rivales” a sujetos acomodaticios, faltos de capacidad crítica, y, dados los cargos que se les imputan en vía penal, faltos de vergüenza, le granjea beneficios importantes a su jefe, de los que ¿sí? ¿no? una parte serían para ellos.

En cambio, en el caso de la desaladora de Escombreras, la importante cuantía de los beneficios, unos 600.000.000 € por una inversión en torno a los 100.000.000 €, puede que no llegue a tal, o eso al menos es lo que se pretende con el juicio penal. Aunque la opinión pública en Murcia da por perdido ese dinero.

Con ser el caso de la desaladora de Escombreras un asunto medioambiental, no es ni mucho menos, el único asunto de esa especie en el que aparece, ¡cielos, no! el nombre de Ramón Jiménez.

Ya vimos que en el profile de nuestro CEO faltaban algunos datos sin importancia. Y un asunto de carácter medioambiental que tuvo gran importancia en su momento. Un asunto con ondas expansivas que se escuchaban en el Centro Sismológico Nacional de Toledo.

Entre 2011 y 2015, mientras proseguía su andar por los despachos de Murcia y Cartagena colando la desaladora, Ramón Jiménez también se sentaba en el consejo de administración de otra empresa, ESCAL USG, que tuvo el honor de poner en marcha el “proyecto Castor”, que tras ser aprobado por el gobierno de Rodríguez Zapatero, fue paralizado por el gobierno de M.Rajoy, hasta que en 2019, el 31 de octubre, el Gobierno decidió el sellado definitivo de los pozos del almacén de gas para evitar mayores costes de mantenimiento y mejorar la estabilidad del terreno.

En el camino se quedaron 1.350 millones de €, más de dos veces lo que le puede costar a Murcia la desaladora de Escombreras.

¿Qué pasó? Se trataba en el “proyecto Castor”de inyectar gas en un antiguo yacimiento de petróleo, el Amposta. La inyección de gas proveniente de gasoductos a través de una conexión a la altura de Vinaroz, de 30 km de longitud, producía seismos en la zona.

Inicialmente, esos seismos, de escasa magnitud, no fueron ligados por los expertos a la actividad de almacenamiento del gas, pero finalmente se conectaron ambas circunstancias que finalmente produjeron la clausura.

Pues bien. En 2011, Ramón Jiménez, nuestro CEO, es nombrado miembro del consejo de administración de ESCAL UGS, donde permaneció hasta 2015. O lo que es lo mismo, durante los cuatro años en los que perteneció a la dirección de la empresa que proyectó y puso en marcha el proyecto, fue conocedor de todas las circunstancias que rodearon su actividad.

El 23 de noviembre de 2015, ya cesada su condición de consejero de ESCAL UGS, Ramón Jiménez Serrano fue llamado a declarar ante el juzgado de Vinaroz, junto con otros seis directivos de la empresa, como imputados, mientras que el juzgado trataba de dilucidad por qué no se había realizado una evaluación ambiental del proyecto.

Tenemos, otra vez, en medio de un berenjenal judicial a nuestro CEO, aunque tengo que decir que a estas alturas no sé cuál es el recorrido que el proyecto tuvo, tiene o está teniendo en los juzgados. Seguiré la pista hasta conocer si el asunto judicial fue sobreseído cuando se hizo por el gobierno el abono de los 1.350 mill. €, o si tuvo continuidad en los juzgados, y conocer lo que deparó la suerte a Ramón Jiménez.

Pero sobre todo, me parece muy relevante señalar, en relación con el proyecto de la mina de litio, que el estudio de impacto ambiental que se formule ha de tener todas las garantías y toda la solvencia técnica y científica, para lo que debería ser realizado por un equipo multidisciplinar de la Universidad de Extremadura, con cargo a la empresa minera, sin ningún ahorro de costes.

¿Por qué esta prevención? Muy sencillo. En la memoria de los papeles presentados “en Mérida” por el CEO, se puede observar que la zona de explotación (mina subterránea) está grafiada a escasos mil metros del Santuario de la Montaña, en costas muy inferiores a este, y que se utilizarán explosivos de emulsión a granel. En la memoria del “proyecto” se cita el santuario, pero en ningún momento se señala, más allá de su carácter social, que es un inmueble protegido, monumento histórico desde finales de los años 40, con la categoría de Monumento Nacional, por lo que ha de garantizarse plenamente que las voladuras en la mina no producirán ningún efecto negativo sobre el mismo.

Vale

… continuará…

Lo que decía la prensa en 2018.

//Transcribimos literalmente la información publicada en ElDiario.es, el día 15 de septiembre de 2018, firmada por ELISA RECHE, a las 19:05 horas. Al final de esta entrada se colocará el link correspondiente.//

La fiscal María Isabel Neira Campos, que investiga la presunta malversación multimillonaria en la desaladora de Escombreras, considera que el Gobierno de la Región de Murcia y dos empresas, entre ellas Cobra, filial de ACS que preside Florentino Pérez, planificaron un entramado de sociedades que provocaron un agujero de 600 millones, según aparece en un informe del ministerio público del 13 de julio al que ha accedido Vozpópuli.

Dicho informe ha sido trasladado al Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia que investiga el caso `La Sal´. “Desde la recepción provisional y puesta en marcha de la desaladora de Escombreras en abril de 2009, se ha mostrado como una fuente de gastos imponentes para el Gobierno de la Región de Murcia que se mantiene nueve años después”, señala Neira en su escrito.

EL DIARIO.ES MURCIA. 15 SEPTIEMBRE 2018

Basándose en el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de 29 de enero de 2018, en la cronología de los hechos y en las declaraciones de los investigados, la fiscal concluye que las compañías privadas y el Gobierno murciano, entonces presidido por Ramón Luis Valcárcel, ahora eurodiputado del PP, pudieron haber amañado el contrato de la desaladora de Cartagena.

“Apuntan a que se planificó coordinadamente entre el Ente Público del Agua (EPA) del Gobierno de Murcia y las sociedades mercantiles privadas investigadas (Hidromanagement S.L. y Grupo Cobra/ACS) todo un esquema de contratos y sociedades constituidas cronológicamente según un orden aparentemente disociado entre lo público y lo privado, aunque en realidad parecen obedecer a un diseño único, para conseguir que se construyese una planta desaladora en el valle de Escombreras”, se puede leer en el documento del pasado 13 de julio.

En el caso de`La Sal´se investigan delitos de malversación de caudales públicos continuado, cohecho continuado, fraude, falsedades documentales continuadas y delito societario en este presunto entramado para dar agua a las nuevas edificaciones que se iban a levantar en pleno boom inmobiliario sin necesidad de obtener el permiso imprescindible de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), como dicta la Ley de Aguas.

No sólo no se solicitaron dichos permisos a la CHS al haberse creado para ello la EPA, sino también se creó un entramado societario sin riesgo económico “garantizándose por 25 años sendos contratos muy lucrativos, que se hayan cumplido o no en cuanto al pago, son legalmente ejecutables”, añade la fiscal, en referencia al contrato por el que ACS percibirá 600 millones de euros.

Antiguos altos funcionarios imputados

En el escrito, la fiscal pide también a la juez que investiga los hechos en el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, que llame a declarar como imputados al director general de ACS Servicios, Comunicaciones y Energía, José Alfonso Nebrera García; al consejero delegado de Tedagua S.A. y director general de Proyectos Integrados vinculado al Grupo ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A, Ramón Jiménez Serrano; y al director financiero del Grupo ACS industrial y consejero de Hidromanagement S.L, Cristóbal González Wiedmaier.

El ministerio público también solicita la citación como imputados de los integrantes de la empresa pública murciana Ente Público del Agua (EPA) Juan José Beltrán Valcárcel, Diego Manuel Pardo Domínguez, Miguel Ángel Ródenas Cañada y Diego Cola Palau, así como del empresario José Caballero Sevilla, persona vinculada a Hidromanagement SL, y a María Antonieta Fernández Cano, secretaria del consejo de administración de Desaladora de Escombreras S.A.

Vale

… continuará…

https://www.eldiario.es/murcia/politica/gobierno-murcia-acs-millonario-escombreras_1_1166504.html