Archivos para Bien de Interés Cultural

La Junta de Extremadura, por Decreto de 10 de marzo de 1992 (D.O.E. de 17 de marzo), aprobó la declaración para la Plaza de Toros de Cáceres como Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento. El vigente Plan General Municipal recoge esta Declaración en el Catálogo de Bienes protegidos.

La declaración de un bien con esta categoría conlleva el deber de protección, mantenimiento y conservación, que, al tratarse de un inmueble de titularidad pública, hace recaer sobre el titular dominical, o, en su defecto, en la propia Junta de Extremadura.

Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura establece en su artículo 22.2. que “los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre los bienes integrantes del Patrimonio Histórico y Cultural extremeño están obligados a conservarlos, protegerlos y mantenerlos adecuadamente para garantizar la integridad de sus valores, evitando su deterioro, pérdida o destrucción”.

Asimismo, el apartado 1 del artículo 23 de mencionada Ley determina que “la Consejería de Cultura y Patrimonio podrá ordenar a los propietarios, poseedores o titulares de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico y Cultural extremeño la ejecución de las obras o la adopción de las medidas necesarias para conservar, mantener y mejorar los mismos, sin perjuicio de obtener las autorizaciones o licencias que correspondan de otras Administraciones”.

Extraña, en plena campaña electoral para las elecciones generales del 28 de abril, y precampaña, dura precampaña, para las elecciones municipales y autonómicas de 26 de mayo, que el Partido Popular no haya atizado el debate sobre la ausencia, debida, fundamentalmente, a su incapacidad para aprobar los presupuestos municipales, de espectáculos taurinos con motivo del patrón San Jorge (23 de abril) y de las ferias y fiestas de mayo. Máxime teniendo en cuenta que la “defensa” de la tauromaquia es un punto elevado de debate, de manera que solamente se es buen español quien la defiende y la promueve, en tanto que los demás no lo son.

Claro, que viendo cómo se encuentra la cubierta de la Plaza de Toros, es impensable que en ella pudieran celebrarse espectáculos taurinos, o de cualquier otra clase.

En el post anterior recogía imágenes, obtenidas con teléfono móvil, del mal estado de la cubierta. Ahora, con apoyo gráfico más definido, se aprecia, en la vertiente de la cubierta hacia el exterior que prácticamente desde la primera hilada de tejas desde la limatesa, la cubierta se haya vencida, lo que produce un desplazamiento de las tejas hacia el alero, que, si no se resuelve con prontitud, podría derivar en la caída de las mismas hacia el acerado. Hoy, de modo extraoficial, me informan que el vallado perimetral existente en todo el contorno del inmueble se debe a que se han estado eliminando las pintadas que se hicieron con motivo de la huelga general del 8 de marzo. Si esto es así, al día de hoy no hay rastro de dichas pintadas, por lo que el vallado debería haberse suprimido.

Dado que desde el exterior no se aprecia más que una vertiente de la cubierta, ignoro si la vertiente interior presenta los mismos fallos, los mismo descuelgues de las tejas, dejando solamente, sin aparente daño la limatesa.

El deber de conservación del patrimonio histórico y cultural, en lo que respecta a la Plaza de Toros de Cáceres, va más allá de que se le pueda dar uso escasísimos días al año, lo que agrava además su estado de conservación, dado que no se realizan las tareas propias de mantenimiento.

Sería muy interesante, de cara a la próxima legislatura, que los partidos políticos que optan a gobernar la ciudad, aclararan qué medidas reales y con qué presupuestos reales están dispuestos a mantener y conservar el patrimonio histórico.

La Plaza de Toros no puede ser un bien abandonado, por lo que su uso, incluso sin tener en cuenta su origen, ha de determinarse para que sea patrimonio, además de histórico y cultural, de todos los ciudadanos y pueda tener un mejor aprovechamiento.

Vale.

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El vigente Plan General Municipal de Cáceres incluye la antigua Cárcel Provincial de Cáceres en el catálogo de bienes protegidos. Se trata de un nivel de protección general vinculado a los desarrollos del Planeamiento Municipal y cuyos efectos, si bien protegen el inmueble, está sometido a los vaivenes del planeamiento y a que, en revisiones futuras, pudiera ser levantada la protección.

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La Cárcel Provincial de Cáceres se construyó en los años 30, siendo alcalde de la ciudad el socialista Antonio Canales, y se levantó sobre terrenos cedidos por el municipio, y con las aportaciones de la Diputación Provincial de Cáceres y de los ayuntamientos de la provincia. Su finalización y entrada en funcionamiento deparó la paradoja de que quien más impulsó su construcción, Antonio Canales, que quería dignificar la vida de quienes estaban privados de libertad, fue uno de los primeros en entrar en ella y salir para ser fusilado.

El inmueble, de una superficie considerable, sobre una parcela de poco más de una Hectárea, y con unos 11.000 m2 construidos, responde a la arquitectura predominante en la primera parte del Siglo XX, con un uso del ladrillo visto en las fachadas, para conseguir un aspecto de fortaleza en inmuebles de baja altura, módulos de 2 y 3 alturas como máximo. Las cubiertas de teja con un color muy similar al del ladrillo visto permiten que el conjunto, para una edificación que ocupa gran parte de la superficie de suelo, dejando los espacios entre módulos como patios semicerrados que, a vista de pájaro, son en realidad áreas que dan continuidad al conjunto.

La vigente legislación en materia de patrimonio histórico, tanto estatal como autonómica, permite que este tipo de edificios puedan ser considerados, deban ser considerados, como elementos urbanos de gran importancia, y que puedan, también, recibir la mayor protección que los preserve en el futuro.

En el caso de la antigua cárcel provincial de Cáceres, al tratarse de un inmueble propiedad de la Administración General del Estado, su preservación y su mantenimiento futuro, le corresponde al Estado. Una preservación que cada día se hace más necesaria, dado que el deterioro se va haciendo cada día más patente, con cubiertas de algunos módulos ya derruidas, los cerramientos exteriores que van siendo “atacados” por intentos intrusión y que pueden convertirlo, si no lo están ya, en focos de peligrosidad para quien intenta en acceder a su interior.

Las características constructivas del inmueble, su potencial aprovechamiento social y cultural futuros, la necesidad de impedir el deterioro, que siempre avanza más rápido de lo que aparece a media que aparecen elementos destruidos, hacen que, ante la falta de utilización actual y futura, por la situación económica que tiene trazas de duradera, aconsejan que sea el momento adecuado para reclamar el Ministerio de Educación y Cultura la incoación del expediente de declaración de Bien de Interés Cultural. Y, aunque la propiedad del inmueble corresponda a la Administración General del Estado, con competencias en la materia, también podría instarse desde la Junta de Extremadura la incoación del expediente, al amparo de lo previsto en la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico de la Comunidad Autónoma.

Sin duda, desde el punto de vista social y de los intereses de la ciudad, que el Ayuntamiento de Cáceres se dirigiera tanto a la Comunidad Autónoma como al Ministerio de Educación y Cultura, obraría en favor de que el deterioro que ya presenta la vieja Cárcel no continúe. El paso, ya dado, en 2010, con su inclusión en el Catalógo de Bienes Protegidos en el PGM debería servir de base a la petición a cursar a las administraciones que tienen las competencias.

La declaración de Bien de Interés Cultural para la Prisión Provincial de Cáceres sería un primer paso fundamental para que, con cargo al programa del 1,5% del Ministerio de Fomento, pudiera de modo rápido, elaborarse el Plan Director que permita su utilización integral como un centro de usos sociales y, sobre todo, culturales, abierto a la ciudad y con proyección nacional internacional.

La amplísima superficie construida es, además, un elemento a considerar, por cuanto necesitará que el Plan Director para su rehabilitación y puesta en uso, cuando ya hubiera obtenido la declaración de Bien de Interés Cultural, sea acompañado de un Plan de Usos, indispensable para que, evitado su deterioro, sea, además, un Bien de Interés Cultural, un espacio fundamental en el desarrollo social y cultural de Cáceres.

Vale.

El Boletín Oficial del Estado publicaba el 16 de junio de 2011 el Decreto 92/2011, de 20 de mayo, por el que se declara bien de interés cultural, con la categoría de lugar de interés etnológico, el poblado minero de «Aldea Moret» en el término municipal de Cáceres. Una larga reivindicación que en diversas ocasiones estuvo a punto de fracasar y hacer olvidar el único y más importante rasgo de industrialización de la ciudad de Cáceres a partir de los aprovechamientos mineros.

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Esta declaración de BIC del Poblado Minero incluye un conjunto de espacios e inmuebles cuyas características se detallan el el Decreto y cuya recuperación va a ser más lenta de lo deseable. Y esa lentitud se achacará por quienes nunca quisieron su conservación a causas económicas. De hecho, así viene sucediendo.

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En los últimos días he podido observar cómo uno de los puntos concretos del conjunto, la Mina de la Esmeralda está sufriendo un cambio que, cuando menos, suscita interés y pone en guardia a quienes consideramos que el Bien de Interés Cultural ha de mantenerse y cumplirse.

La torre de la Mina viene siendo rodeada de un andamiaje que no se sabe la finalidad, puesto que no ha trascendido públicamente que vaya a realizarse ninguna actuación de ningún tipo sobre ella. Y cuando esto sucede, nada bueno puede esperarse.

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Dice el Decreto de Declaración de BIC sobre la Mina de la Esmeralda:

Mina de la Esmeralda.

Esta mina de fosfatos tenía una extensión de 120.000 m2. La mina obtuvo su concesión como mina de fosfatos en 1878, si bien, la concesión de su Demasía es de 1876, por lo que lo más normal es que sea anterior a su demasía.

Actualmente es de las minas que más restos de sus instalaciones conserva y es uno de los pocos ejemplos que quedan para estudiar las viviendas de los mineros asentados junto a los pozos de las minas. Además de poseer la única chimenea que se conserva de los viejos hornos, es también la única que conserva las torres de acero de las instalaciones que abastecían de agua a Cáceres. Para ello se creó la Compañía de Aguas de Cáceres el 21 de Enero de 1899. Actualmente sigue abasteciendo de agua a varias urbanizaciones de la ciudad de Cáceres.

Que sobre ella se esté actuando, porque un andamiaje de ese porte no se coloca para nada, y que no haya trascendido nada, puede deberse a que nada bueno ha de esperarse.

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Compete a las autoridades públicas, Ayuntamiento de Cáceres y Junta de Extremadura, velar por el exacto cumplimiento de las normas que amparan el Patrimonio Histórico, y más especialmente cuando ya existe una declaración de Bien de Interés Cultural.

En concreto, el Anexo descriptivo que se incorpora al Decreto de Declaración de BIC determina, de modo expreso para la Mina de la Emeralda, las condiciones urbanísticas que la protegen y que han de incorporarse al Plan General Municipal de Cáceres y establece que las actuaciones que se realicen solamente serán las que se orienten a su puesta en valor.

Con respecto a la zona de las bocaminas en el cerro de la Mina La Esmeralda, la delimitación del bien de interés cultural coincidirá con el Sistema General de Zonas Verdes / Espacios Libres del Sector de Suelo Urbanizable S 3.02 del Plan General Municipal de Cáceres. Se delimita un entorno de protección que va desde la línea de este Sistema General hasta la línea establecida en esta declaración.

Dentro de la delimitación del bien de interés cultural en este ámbito, sólo se permitirán actuaciones públicas de puesta en valor del mismo. En el entorno de protección los usos permitidos serán los de Zona Verde y edificaciones Dotacionales Públicas correspondientes a las dotaciones locales que se obtengan de la aplicación de los estándares urbanísticos del Sector S 3.02. Todas las actuaciones deberán ajustarse al art. 33 de la Ley 2/1999 de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, y contarán con informe previo preceptivo y vinculante de la Consejería de Cultura y Turismo. Dichas condiciones deberán incorporarse a la normativa del planeamiento de desarrollo del Sector 3.02 del Plan General Municipal de Cáceres.

Resultaría conveniente, cuanto antes, que por la autoridad urbanística, el Ayuntamiento de Cáceres, se aclare si se han concedido permisos o licencias para actuar sobre la Mina de la Esmeralda y en qué condiciones lo hubieran sido, y por la Consejería competente de la Junta de Extremadura saber si esas posibles licencias se ajustan a las determinaciones del Decrecto de Declaración de BIC.

Vale.