Flores Avelina

Cada vez que paso por el antiguo parque de Calvo Sotelo, ahora, acertadamente, Parque de Gloria Fuertes, normalmente camino de Correos o por esa zona, miro el quiosco de Flores Avelina, cerrado definitivamente en 2019, al haber caducado la concesión demanial del uso del suelo en favor de los dueños de la floristería y resueltos los recursos en favor del Ayuntamiento ante el Tribuna Superior de Justicia, imagino a qué podría dedicarse, cuál sería el uso que podría darse a un espacio realmente pequeño.

Claro, que también me pregunto quién realmente es propietario del quiosco. Porque no se habrá planteado nadie echarlo abajo. ¿O sí? Es probable que serían dueños del quiosco quienes fueron promotores de su construcción, quienes contrataran su diseño. Estaríamos en un caso de construcción sobre un espacio de titularidad pública, que eventualmente habría disfrutado de concesión demanial, ya que en caso contrario debió detenerse su construcción y ejercitarse la reposición del orden urbanístico incumplido. Al no ser así, parece que la construcción fue legal.

La construcción del quiosco, en algún momento, fue legal y por eso completada su ejecución. Incluso su uso como floristería durante algunos años.

Ahora, ya no, ahora es un pequeño inmueble sin uso, sin concesión demanial para ello, y cuyo dueño, paradójicamente, sería un particular sin derechos a concesión demanial, o con concesión demanial declarada caducada por la justicia, en tanto que el Ayuntamiento, titular de derecho de suelo situado en la vía pública, no puede ejecutar su demolición ya que estaría actuando sobre una propiedad privada.

Como no conozco exactamente la situación jurídica real del quiosco, y que probablemente sea un pequeño laberinto jurídico, sería interesante darle uso, porque su situación, tan céntrica, afea el paisaje urbano. En su caminar judicial, recuerda mucho a los locales de la Plaza de San Jorge, aunque no tanto como la concesión gratuita del dominio público de la terraza de esos locales de la Plaza de San Jorge a un amigo, cuya desaparición del paisaje urbano limpió un poco el ambiente de sátiros.

¿Qué uso podría darse a ese quiosco? ¿Podría volver a ser una floristería? ¿Podrían darse determinados acuerdos, determinada alineación de constelaciones y que pudiera ponerse en uso?

A lo que sí alcanza mi memoria es a recordar al arquitecto redactor del proyecto, que fue, si no estoy errado en mis recuerdos, el fallecido Diego Ariza, una figura irrepetible de la movida cacereña. Al menos, recordar su memoria sería suficiente no solo para evitar tentaciones futuras de recuperación del dominio público y demolerlo, sino para darle un uso cultural, definible, y que fuera un espacio que fuera referente en nuestra ciudad.

Vale.

La bisutería no la puede tapar

Hemos sabido estos días que la minera australiana del litio, dirigida en España por el CEO procesado por corrupción, se ha aliado con una empresa de gas, Enagás, y con una de energías renovables, Alter Enersun. De esta manera, los dos equipos de baloncesto de la ciudad se equiparan en lo de ser esponsorizados por los secuaces del litio.

Claro, que si uno rasca un poco, sólo un poco, aparece más cochambre. No sé si ustedes recordarán una explosión seguida de incendio en el Complejo Petroquímico de Tarragona, con tres muertos. Aquello, que quizás debió tener algún reflejo más del que tuvo en la prensa regional extremeña, pasó casi desapercibido.

Estos días, los Mossos d’Esquadra están finalizando sus informes sobre el siniestro, y las noticias rezan así: “Los Mossos piden a la jueza que impute a cinco altos cargos de Iqoxe por vertidos al mar.

El Àrea Central de Medi Ambient de la policía autonómica presenta un informe en el que apunta a responsables de la empresa por delitos medioamientales y falsedad documental.”

Estos dos párrafos eran el titular de la noticia que el Diari de Tarragona publicaba el 15 de octubre pasado, redactada por el periodista Octavi Saumell.

Dado el interés que puede representar la alianza con el CEO minero de empresas con prácticas medioambientales dudosas, y que dado cómo actúan esas sociedades, no sé yo si no nos caerá por aquí otro CEO del mismo pelaje. Por ello, no me resisto a trasladar a esta humilde Cerca de las Retamas, el cuerpo de la noticia a que me refiero.

Factoria de Iqoxe. Complejo Petroquímico. Tarragona. Foto: Diari de Tarregona

«Los Mossos d’Esquadra apuntan a la cúpula de Iqoxe en la pieza separada de la investigación sobre los presuntos vertidos al mar. Según ha podido saber el Diari, el Àrea de Medi Ambient de la policía autonómica ha solicitado a la jueza del caso de la trágica explosión del 14 de enero de 2020 que, en la parte del análisis judicial que se está centrando en los residuos de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), acuse ahora a cinco altos responsables de la compañía, al entender que habrían podido cometer posibles delitos relacionados contra los recursos naturales y el medioambiente, así como por falsedad documental.

La petición del cuerpo de seguridad se centra en el CEO de la empresa; el jefe de la fábrica Iqoxe de Tarragona; el responsable del departamento de Serveis Generals; el responsable a nivel tecnológico de la firma; y a un empleado que habría «creado resultados falsos» para «encubrir el delito medioambiental». Todo esto se indica en el informe final de la pieza separada que la policía autonómica entregó el pasado 14 de julio al a magistrada del Juzgado de Instrucción número uno de Tarragona, Sofía Beltrán, al que ha tenido acceso este periódico.

Esta investigación separada estudia, según un auto de la jueza que forma parte de la instrucción, «si el tipo de productos que se realizaban impedía la depuración de la totalidad de los residuos a través de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR)», a a vez que vería indicios de que «la dirección de la empresa había dado órdenes a los trabajadores para que procedieran a verter los residuos».

«Trama para verter aguas»

Ahora, la unidad de los Mossos que ha llevado a cabo una investigación propia avala la tesis de la magistrada, al considerar que la compañía «mediante sus directivos, jefes de producción y tecnología, junto al encargado del laboratorio», habrían «construido una trama para verter las aguas residuales de la empresa al canal del agua de mar», un hecho que «no estaba permitido en la autorización ambiental vigente». Según los Mossos, este sistema comportaría que las aguas residuales «fueran a parar al Port de Tarragona», lo que habría hecho que «no fueran detectadas por la administración aplicando Aquamax EC3332A y menospreciando que esto suponía un daño sustancial considerable para el medioambiente», así como «un riesgo para las personas que entraran en contacto con aquellas aguas contaminadas».

A juicio del informe de los Mossos, se trataría de una situación «que fue sostenida en el tiempo, estando dotada de infraestructura por parte de la empresa», ya que «gracias al delito medioambiental perpetrado» Iqoxe «logró los objetivos establecidos por su CEO, aumentando la producción de derivados año tras año». Asimismo, el análisis del Àrea Central de Medi Ambient concluye que el sistema presuntamente diseñado «suponía una ventaja competitiva», ya que «la depuración de las aguas no se gravaba en el precio final de sus productos» porque «no se depuraban» y, por lo tanto, le permitía reducir costes».

A raíz de ello, los Mossos consideran que, por lo que se refiere a los delitos medioambientales, estos contarían con «agravantes» por «falsear y ocultar información y facilitar datos falsos a la administración», «obstaculizando la actividad inspectora» y «ocultando lo que realmente se estaba vertiendo». Asimismo, los agentes también proponen el delito de falsedad documental «cometido de manera recurrente» por «presentar valores falsos de autocontrol de los vertidos, firmando además las muestras recogidas sabiendo que estaban falseadas».

«No creo que se haya hecho»

Tras recibir el informe de los Mossos d’Esquadra, la jueza del caso dictó un auto el pasado 7 de septiembre en el que consolidó su tesis de que se habrían vertido residuos «especialmente en los turnos de noche y de fin de semana».

Por ello, en esta nueva resolución Sofía Beltrán dio un paso más en la investigación y citó a declarar al responsable de la empresa Iqoxe a nivel tecnológico en calidad de investigado, al considerar que este habría «ideado un sistema de dilución del agua» con el mismo líquido «del sistema de control de incendios», a fin de que «no se detectaran valores de emisión de contaminantes por encima de los límites». En el documento, la jueza añade que el imputado «formaba parte de los órganos de dirección» de la empresa.

Este alto responsable de la firma (C.S.A) prestó declaración ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número uno el pasado 28 de septiembre. En su comparecencia, el alto cargo testificó «no ser conocedor» de que existiera el sistema para derivar aguas de salida de la depurada, según sospechan los Mossos, a la vez que negó ser el responsable «de definir los puntos de toma de muestras ni de las analíticas». En este sentido, C.S.A aseguró también «no haber participado nunca en ningún sistema para la disolución de aguas», a la vez que reiteraba que «no creo que se haya hecho nada parecido» a lo apuntado en el informe de los Mossos.»

Hasta aquí, la información publicada en el Diari de Tarragona. Como muchos sabréis, Iqoxe es una empresa del grupo Cristian Lay, propiedad de Ricardo Leal, probo empresario de Jerez de los Caballeros.

Vale.

Gestión del agua

Aún recuerdo la presentación que Ramón y David hicieron de “su proyecto” ante no más de 25 vecinos de Cáceres, donde alabaron las excelencias de lo que según ellos sería el más moderno, ecológico y no sé cuántas virtudes más método minero jamás conocido. De hecho, a cada paso, a cada pregunta, la respuesta era cero. También, por cierto, cuando las preguntas arreciaron sobre algún episodio aún presente de la biografía de Ramón, también surgió el cero. Pero no expresado por Ramón y David, sino el cero en vergüenza.

Señalan en el apartado “gestión de agua”, 2.5.5. de la memoria lo siguiente (copio de manera literal, para que no haya malos entendidos):

El agua de la mina será captada a través de canales hasta el punto más bajo de cada nivel donde será reconducida a estaciones de bombeo.

Cada nivel de excavación tendrá una estación centralizada donde se bombeará el agua hasta las instalaciones de tratamiento donde será depurada y filtrada.

El agua de la mina de interior será utilizada para la planta de proceso.

Parte del agua procedente de la mina se reutilizará para las labores de perforación.

El agua de la mina funcionará en circuito cerrado, si bien deberá pasar por una etapa de tratamiento para reducir el contenido de sólidos.

Se ha estimado un caudal de 5l/seg de bombeo desde la mina que serán íntegramente consumidos en las labores de interior.

El agua de la mina de interior debe ser el agua que las perforaciones y voladuras alumbren de pozos y escorrentías subterráneas, de manera que se producirá una acumulación de agua desconocida, porque no se sabe la capacidad de H2O que pudiera haber. Sí se sabe que por filtración, parte de las lluvias que caen sobre el valle de Valdeflores, van hacia el subsuelo. ¿Qué cantidad? Pues como la parte inferior de la mina estará situada a unos 400 metros por debajo del suelo natural, seguramente bastante. En otro apartado de la memoria cifran esa cantidad en unos 157,680 m3/año. Parece bastante agua.

El agua de la mina, del interior de la mina, será elevada por estaciones de bombeo, situadas una cada nivel de excavación, para llevar luego ese agua hasta las instalaciones de tratamiento, filtrado y depuración. Curioso, porque dicen los ingenieros que han redactado, pero no firmado (¿tan malo creen que es el “proyecto” de Ramón?) que parte de ese agua, filtrada y depurada, se reutilizará en las labores de perforación. O mienten cuando dicen que será depurada y filtrada o lo hacen cuando señalan que parte de ese agua se utilizará en labores de perforación. Pero las dos cosas parece claro que. O lo mismo es que ninguna, pero eso allá ellos con lo que escriben. Lo malo es que eso que escriben lo leen otros (menos los técnicos de la Consejería, claro) y afloran los litios de las contradicciones.

Establecer un circuito cerrado para depuración y limpieza del agua del interior de la mina, hace que el agua consumida arroje los números que resistan en el procesador de tratamiento… de textos.

En aquella infausta exposición de “su proyecto”, Ramón y David vieron que el auditorio asistente no creía ninguna de sus afirmaciones, y no solo las cuestionaban, sino que, directamente, las suspendían. Eso de una mina de emisiones cero no es creíble, porque, por ejemplo, los miles de trabajadores que decían que habrá en la mina, tendrán que respirar y exhalar creo que es dióxido de carbono. Eso sí, para respirar es necesario el oxígeno… y si todas las instalaciones (cinta transportadora, nave inmensa, etc.) son herméticas, ¿por dónde sale el dióxido de carbono y por dónde entra el oxígeno. A no ser, claro está, que los trabajadores también estén encapsulados y, sobre todo, para no arrojar dióxido de carbono, no respiren.

El “proyecto” de Ramón, por supuesto, es un proyecto cero. Incluso, con las diversas subcontratas que tendrían en efecto racimo, todo sería cero. Y, por ejemplo, ningún trabajador, fuera de la subcontrata que fuera, caería desde una altura de unos tres metros hacia un nivel inferior ni sería sepultado por hormigón utilizado para hacer losas en las que enterrar estériles utilizables en un futuro. Por supuesto, el trabajador del supuesto fallecería.

Vale

continuará…

El karma del despido

En el año 2015, cuando salió a la luz el vídeo de un trabajador de la desaladora de Escombreras, la empresa, TEDAGUA, reaccionó despidiendo al trabajador, y el fiscal le acusó de recibir las “mordidas”, también al pintor que grabó la escena y a un exjefe de la planta. El trabajador, que prestaba servicios como administrativo afirmó desde el principio que era víctima de un montaje de la empresa, que cuestionaba su contabilidad. A día de hoy, según fuentes del sumario, ha quedado acreditado que el vídeo lo grabó una becaria, y que él no se quedó con dinero que se contaba.

La empresa, que en 2006, había firmado con HYDROMANAGEMENT, SL, contrato para la construcción e instalaciones, un día después que esta segunda empresa hubiera firmado el contrato principal de la desaladora, creyó que denunciando a su trabajador despedido daría por zanjado el asunto de las mordidas, no contaba con que el exempleado presentara batalla.

En un primer momento, el fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, situó en el año 2012, al menos, el inicio del presunto cobro de comisiones ilegales a empresas adjudicatarias de contratos de servicios y mantenimiento en la desaladora de Escombreras, por parte de «algunos empleados» de Tedagua. Es decir, que en un primer momento la empresa, TEDAGUA, de cuya estructura societaria formaba parte Ramón Jiménez Serrano desde 2005, y siguió en la misma hasta 2014, cuando cesó del último cargo que ostentaba, representante, parecía señalar a la infidelidad de algunos empleados y desempleados.

Sin embargo, el fiscal superior de la Región de Murcia comenzó a tirar de un endeble hilo, cuya resistencia aumentó con la declaración prestada ante él mismo por Joaquín Peña, el exadministrativo despedido, además de la denuncia interpuesta por el propio trabajador ante el Juzgado de Instrucción nº1 Cartagena, que a la vista de otras declaraciones realizadas ante él, que reveló el modus operandi de las mordidas, que apuntaban al despedido. Un empleado de TEDAGUA, en este primer caso, Peña, solicitaba a un proveedor un pago en efectivo de una cantidad, 4.500 €, para que se le agilizara el pago de facturas presentadas por trabajos realizados en la desaladora. Si no abonaba la astilla, los cobros se retrasarían.

El vídeo que motivó a TEDAGUA a despedir a Joaquín Peña se grabó, según constaba en un primer momento, por el proveedor que había entregado los 4.500 €. Luego ha quedado acreditado en el juzgado que la grabación la hizo una becaria de la empresa.

En 2017, cuando se conoció públicamente una primera parte de la investigación que llevaba a cabo el Juzgado de Instrucción nº 1, la Fiscalía consideraba que los hechos denunciados por TEDAGUA eran constitutivos de los presuntos delitos de coacciones, extorsión y corrupción en los negocios el fiscal ya contaba con más información. La noticia fue desvelada por el periodista J.A. González, del diario La Verdad.

Pero va, no obstante, más allá. Por eso, además de reclamar la toma de declaraciones a las personas implicadas, y que se recabaran sus antecedentes penales, se adhiere a la solicitud de los letrados Bernardino Guillén y Cristina Ojados para que se revise por la Policía Judicial toda la documentación aportada y se aclaren todos los hechos y se señale a los responsables de los posibles ilícitos penales.

Y he aquí que lo que para TEDAGUA podría haber sido un rutinario caso judicial de despido, se termina (o empieza) convirtiendo en un auténtico berenjenal. El letrado Bernardino Guillén, que cinco años después continúa en la defensa del trabajador Joaquín Peña, insiste en que en el asunto hay mucha materia, mucha materia que aclarar.

Es en este punto cuando el Fiscal afirma que Joaquín Peña hace constar que Peña le aportó «un disco duro con numerosos documentos», en los que se probaba que habían existido «traspasos importantes de cantidades de dinero desde la desaladora a Tedagua sin concepto y sin justificar». También que desde la propia empresa en la que Ramón Jiménez Serrano estuvo nueve años con cargos directivos, se facturaron «a la desaladora y, por tanto, a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, gastos ‘de otras plantas existentes en España y en el resto del mundo’.

Facturas de trabajos inexistentes, de empresas y servicios que nunca entraron en las instalaciones (como decíamos en la entrada anterior, la del alambique) y facturas de servicios de construcción a lo largo de la vigencia del contrato de mantenimiento. Prácticamente, desde 2006.

El karma del despido de Peña le está soltando un buen sopapo a TEDAGUA y poniendo al descubierto las maneras de hacer las cosas por quienes no tienen respeto por lo público.

En sede judicial, ante la fiscalía, el trabajador alegó que además de carecer de cualquier capacidad de decisión, creía no estar participando en actividades irregulares. Fue cuando preguntó a sus superiores si una factura de Rumanía la tenía que tramitar, a lo que le respondieron: “Usted no piense, haga lo que se le dice”.

Fue a partir de ese momento cuando, según sus abogados, se realizó el montaje del vídeo, creyendo que así le harían un lavado de cara a la empresa, despidiendo a Peña acusado de prácticas ilegales y ganar tiempo para hacer desaparecer de la planta de Escombreras los documento comprometedores, ante un posible registro policial. En el bufete que lleva los asuntos del trabajador recuerdan que la Guardia Civil inspeccionó la planta por orden de la Fiscalía unos días después del despido, sin hallar rastro alguno de los documentos que en 2017 vieron su primera luz y que más pronto que tarde serán del dominio público. El karma.

Vale

continuará…

El alambique del Tío Ramón.

Los que hemos escuchado alguna intervención del Tío Ramón o del director general de la minera del litio, recordamos la soberbia con la que responden que ellos no necesitan, que su empresa no necesita subvenciones.

Seguramente así pensaría Ramón Jiménez cuando en 2005 accedió al cargo de Consejero, luego, en 2006, a Consejero Delegado y luego, en 2010 a Presidente de TEDAGUA, S.A., hasta 2011.

Sin embargo, no fue así. El diario La Verdad, publicó en junio de 2017 una noticia cuyo titular era: “La Justicia investiga otro posible fraude al Estado con ayudas para la desaladora”.

En el cuerpo de la información se incluyen elementos de gran interés, y que por la notoriedad que el ex presidente de TEDAGUA se ha ganado en Cáceres se hace interesante para su conocimiento.

Así, mientras el juez indaga si la empresa cargó irregularmente a la Comunidad Autónoma de Murcia hasta un millón de euros anualmente, también el juez busca documentar la recepción de un par de subvenciones del Ministerio de Fomento. O mejor dicho, dos veces la misma subvención de 20.000 euros, y si ha dado uso distinto al que estaban destinadas.

Según el querellante, quien ayer, 22/06/2017, ratificó su denuncia ante el juez, el Ministerio de Fomento dio sendas subvenciones a Tedagua, con cargo a los presupuestos de 2010 y 2011, para impulsar la innovación industrial.

El querellante señala que dos emails de abril de 2013 y 2015, recibidos de la central de Madrid confirmaban que se habrían, efectivamente, recibido las citadas subvenciones de 2010 y 2011, cuando el Presidente de la empresa era Ramón Jiménez.

En concreto, la innovación para la que se solicitó y fueron concedidas las subvenciones fue para «El proyecto supuestamente innovador por el que se recibió informe favorable del Ministerio era la construcción de un alambique, un aparato inventado en el siglo X para destilar líquidos mediante un proceso de evaporación y posterior condensación», según el denunciante.

Un invento innovador a desarrollar en dos fases, una, la construcción del alambique y una segunda su puesta en marcha. El presupuesto de tal avance de I+D rondaba los 900.000 euros.

Desde luego, la empresa presidida por Ramón Jiménez no puede ser tachada poco imaginativa en la proyección de nuevos medios de producción de lo que fuera que pudiera salir de la desaladora.

El periodista de La Verdad, J.A. González continúa completando la noticia en base a declaraciones del denunciante (recuérdese, el trabajador despedido acusado de requerir mordidas a proveedores de la desaladora), que señaló ante el Juez que la empresa [TEDAGUA] “subcontrató a su vez a otros proveedores al objeto de realizar distintos trabajos que desarrollaran el proyecto». Y añade que esas empresas «nunca trabajaron en la planta» y sus trabajadores «nunca entraron» en ella, según acredita el «libro de control de acceso» de la desaladora.

Vamos, que se pretendía construir un modernísimo alambique sin que hubiera personal que lo hiciera. No está mal. No sé si finalmente, el presidente de Tedagua patentó el invento.

El responsable de la querella ve «chocante» que el Ministerio «premie» por un alambique, con el que «está claro que poco se puede regar», a una empresa «cuyo objeto es desalar agua por procedimientos más vanguardistas» y que además tiene «capacidades muy grandes, ya que debe suministrar caudales a gran parte de agricultores de la Región».

Podría tratarse del caso del alambique, a estudiar por Íker Jiménez, o un de un gran documental de megaestructuras sobre el moderno alambique.

Tedagua pidió en 2015, ya no mandaba Ramón Jiménez al Ente Público del Agua (EPA) de la Comunidad Autónoma permiso para «el desmontaje y la retirada del andamio que sujetaba» el alambique, el prototipo «nunca llegó a funcionar».

El colofón de la información de 2017, en un caso que está muy vivo en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Cartagena, lo señala, a mi juicio con una gran frase: «Una vez percibida la subvención, el alambique ha desaparecido».

Vale

…continuará…

Un plato típico de Cartagena

Los michirones son un plato típico del campo de Cartagena y Mazarrón, y consisten en un guiso a base de habas secas, hueso de jamón, chorizo y laurel. Su presentación en cazuela de barro quiere darle un tipismo secular. En exceso, o con mucho apetito, suele ser indigesto, sobre todo para quienes no están acostumbrados a su ingesta.

Algo de eso debió ocurrirle a Ramón Jiménez, que aterrizó en Cartagena-Escombreras a caballo de la empresa Técnicas de Desalación de Aguas, S.A. Una empresa a la que en la entrada 19 de la colección “Las sales del litio”, de esta misma Cerca me refería a una historia mercantil algo convulsa.

Si nos acercamos al grifo del Registro Mercantil (vía www.infocif.es, siempre utilísima) vemos que existen dos sociedades con ese nombre, pero con algún apellido detrás. Por ejemplo, existe TEDAGUA RENOVABLES, SL, con domicilio fiscal en Canarias, y con antigüedad de 4 de octubre de 2007.

Y aparece otra TEDAGUA INT ERNACIONAL, SL, domicilio social en Madrid y con antigüedad de 18 de mayo de 2010. Y ambas con códigos de identificación fiscal distintos.

Por si fuera poco, en el auto judicial de la titular del nº 5 de Murcia se señala que TEDAGUA, empresa contratista de la Desaladora de Escombreras, creada el 06/09/84, y participada en un 99’5% por COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

Ciñéndonos a la TEDAGUA de la que conocemos un C.I.F., podemos obtener un currículum de Ramón Jiménez Serrano en ella.

Fecha Cargo

05/10/2005 Consejero

01/03/2006 Consejero Delegado

23/07/2010 Consejero (reelección)

23/07/2010 Consejero Delegado

27/12/2010 Presidente

17/05/2011 CESES Consejero

17/05/2011 CESES Consejero Delegado

17/05/2011 CESES Presidente

04/12/2014 CESES Representante

Esa empresa fue la que firmó con HYDROMANAGEMENT, SL, en cuyo Consejo de Administración también tenía un asiento Ramón Jiménez, la ejecución de la Desaladora de Escombreras, pero eso ya sabemos que es salina de otro costal.

En concreto, responsables de la Desaladora (TEDAGUA) atribuyeron al trabajador que aparece en un vídeo contando dinero de una mordida, no solamente el cobro la cantidad concreta de 4.500 €, sino que insinúan que podría estar percibiendo otras similares. La persona que grabó el vídeo, una becaria de la empresa, ha declarado ya en sede judicial que el trabajador, que fue despedido por la insinuación, no se quedó con ningún dinero. Y es que el trabajador despedido ha acudido a la Justicia no solamente para demostrar que el despido fue ilegal, sino también para que su imagen y su honor sean restituidos.

Esta situación laboral no se instruye en el Juzgado de lo Social, sino en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Cartagena. Y esa instrucción ha deparado más de una sorpresa, ¿verdad, Ramón?

La instrucción ha deparado el coraje de un trabajador que se siente maltratado en su honor, en su imagen y que ha decidido luchar. Para ello, cuenta con un abogado que cree en su inocencia, que cree que la Justicia le dará la razón y que ya ha demostrado ante el juzgado que él no se quedó con ni un euro, y que la empresa para la que trabajaba y que le despidió era un enjambre de corrupción.

Una empresa en la que durante 9 años Ramón Jiménez Serrano ejerció cargos directivos, cargos que lo mismo la Fiscalía, personada en el caso, investigará, en un sumario iniciado en 2017, y que trata de destripar la información y documentación aportada por el trabajador injustamente despedido, en un disco duro de un terabyte de capacidad.

Vale

…continuará…

Cada uno arrastra sus contradicciones como puede.

En el folleto de propaganda que Ramón, el de la Desaladora, ha presentado como un “proyecto robusto”, contra el que nadie puede, ni un iceberg, se observan anomalías que si no fuera porque algunos somos comedidos, se diría que son anomalías mentales.

En la letra escrita, que no firmada, del citado folleto, se hace como en numerosos documentos que únicamente pretender vender como documentos científicos o sesudamente técnicos: que se toman declaraciones, informes, opiniones de aquí de allá, se enlazan et voilà, ya tenemos un robusto. Robusto lo que sea.

Para validar los disparos contra la población cacereña, su salud, su entorno, sus valores históricos y arquitectónicos no dudan en colocar a Cáceres en un contexto europeo, en un contexto de modernidad.

Para ello, se valen de expresiones huecas, destinadas a discursos huecos para rellenar cerebros huecos: la extracción sostenible y local reduce el impacto ambiental y social dado que se rige por criterios de sostenibilidad más exigente que en países externos suministradores de estas materias primas con normativas más laxa.

Vamos a ver, Ramoncín, el Rey del Litio Frito. Una cosa. Que pretendáis vendernos que extraer litio de debajo de nuestras mesas camilla es más sostenible y reduce el impacto ambiental es sencillamente ofensivo. Y lo es porque al tiempo que parece que alabas a la ciudad y su “contribución” a diminuir el impacto ambiental, lo que estás haciendo, Ramóncín, es meternos en nuestra salud y en nuestras casas el impacto ambiental que volaría, a lomos de corceles de la Bolsa, a tierras australianas. No, Ramoncete, no. El impacto ambiental no se reduce, se multiplica exponencialmente sobre Cáceres, y lo de que los criterios de sostenibilidad en Valdeflores serían más exigentes que en países externos solamente se aguanta sobre el papel. Y lo sabes, Ramón.

Porque, además, y como venís tú y tu empresa haciendo es ningunear y ofender a las autoridades locales y regionales (aunque, te digo, allá ellas que lo consienten), diciendo a voz llena que estaréis dispuestos a cumplir lo que ellas os señalen. ¡Faltaría más!

Pero que los señores que dicen que han redactado el “documento de alcance” pero que no saben (o les da vergüenza, que también podría ser) firmar señalen que es más sostenible vuestra glotonería bursátil de lo que podría ser una pretensión similar de extracción en países externos suministradores de la materia prima. Claro, porque tienen unas normativas más laxas.

¿Puedes, ¡oh Ramón! ser un poco más comedido? Podrías al menos reconocer que para normativa laxa la del Decreto del Litio que os han puesto a la puerta del piso segundo del nº 18 de la Avenida de España, tan laxa, que hasta vuestra madre australiana se ha apresurado a acoger con parabienes y subidas en la bolsa de vuestras acciones.

Cambiar una legislación preexistente, la minera, de común aplicación a todo el que desee realizar una explotación, por otra que os viene como anillo al dedo, por no usar una expresión más gráfica, no es laxa, es descabellada. Porque, además, sabes que de lo que pone el documento de alcance, si finalmente lo conseguís pasar a proyecto, no vais a cumplir nada, como es costumbre en el pirata Adrian Byass, en Plymouth Minerals, en Wolf Minerals, vamos, en el condado de Devon (UK).

También decís en vuestras presentaciones, acompañado de un tal David, de que cumpliréis lo que os ordene la Junta, que en aquellos extremos en los que la Administración, por falta de técnicos adecuados, tenga que recurrir a empresas externas, no os importará que se haga. Pero para eso, el tal David ya se ha creado una empresa de consultoría en ingeniería, con sede en Salamanca, pero cuyo nombre no parece tener ninguna relación con vosotros. Cuando llegue el momento, se modifica la propiedad y listo.

El documento de alcance, Ramoncito, tiene la misma credibilidad que tú, que te apesta el trasero a banquillo.

Vale

…continuará…

Vuelven los soplillos

Si hay algo que realmente deja en ridículo a pretenciosos científicos o ingenieros es lo más sencillo, lo que el sentido común determina. Y en un “proyecto” que muchas veces no parece más que un ejercicio infantiloide de presunta ingeniería.

Así, cuando hemos asistido a alguna charlatana perorata del CEO de la empresa o de su Director General, nos ha sorprendido la rotundidad de los dos cuando afirman, sin ningún rubor, que la “mina de litio en Cáceres” tendrán emisiones cero. Y se quedan tan anchos.

Y a fuerza de repetir en páginas pagadas en los periódicos HOY de Badajoz y El Periódico del Litio de Extremadura que la mina no producirá ningún tipo de emisión al aire, no producirá ningún tipo daño al medio ambiente.

Pero parece que ello no es así. El punto más cercano al casco urbano de la ciudad con elementos especialmente sensibles: la Estación de Tratamiento de Agua Potable, la Residencia Asistida de Mayores, el Hospital Universitario, todos a una distancia menor de unos prudentes (y legales) 2.000 metros.

En la página 28 del “documento” inicial, como toda explicación para algo tan básico y necesario como la ventilación en los espacios subterráneos donde trabajarían los mineros (el escalón laboral más bajo de la pirámide de empleo), se incluye un párrafo:

La ventilación se realiza a través de tres pozos, además de la propia rampa, uno principal que alimenta por ventilación forzada de aire a las galerías, con una potencia de 700CV, y otros dos de ventilación secundaria que funcionarán como salidas de aire de retorno. Se pretende que el emboquille de los pozos se haga coincidir con las ventilaciones mineras antiguas existentes en la antigua mina, minimizando de esta forma el impacto.

Al tratarse de un elemento de seguridad tan básico como la respiración en el subsuelo, pero referirse al escalón más bajo, seguramente los ingenieros no han tenido en cuenta condiciones de seguridad y salud laboral. ¿Para qué, verdad?

La ventilación forzada que plantean se haría con una potencia de 700 CV, mientras que el aire de retorno saldría al exterior mediante otras dos chimeneas de ventilación secundaria. Nada de un estudio pormenorizado de flujos de aire, nada de estudiar volúmenes de aire para la respiración de los trabajadores ni determinar qué cantidades entrarán por la galería de acceso, que la incluyen como elemento natural de ventilación, al que añaden la ventilación forzada.

Una referencia reglamentaria, esto es, obligatoria, pero sin desarrollar para el caso concreto, del Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, que modifica el Reglamento de Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes. Vamos, para justificarse un desprecio tan grande.

Además, como ya hemos señalado, la zona de explotación, donde irá la mina, es el punto más cercano a la zona urbana de Cáceres, y a donde previsiblemente irán a parar día y noche, en tres turnos, toda la contaminación que salga del interior. ¿O también dirán los charlatanes de la empresa pantalla de los australianos que será una mina de emisiones Cero?

Cuando se refieren a emisiones cero, se refieren a las emisiones que expelerían al aire en todos los procesos de consecución del litio, desde el machaqueo (en cinta encapsulada) hasta la obtención del hidróxido de litio.

Pero las tierras, las rocas que se desprenden tras las voladuras y explosiones con material presentado a granel, al que se añade ANFO, esto es, nitrato de amonio, que necesariamente al explosionar liberará contaminantes que saldrán por las chimeneas de retorno.

En ningún momento, en el documento presentado, que no cumple, en realidad, ningún parámetro homologable a lo que sería un proyecto técnico, se analizan, como ya hemos dicho, volúmenes de aire respirable por los mineros (unos 245 por turno, según sus propios datos), ni mucho menos los gases que se liberarían con cada voladura y explosión, ni qué tipos de gases, qué composición, qué grado de contaminación conllevarán.

O lo que es lo mismo, una causa más de devolución del documento a quien lo hubiere presentado. Porque a los trabajadores no se les puede dar soplillos para que se abaniquen.

Vale

… continuará…

Menos papeles que una liebre

No es hasta la página 52 del documento sin firma de los autores presentado a la administración que aparecen algunas referencias más determinadas, pero sin concreción, sobre el conjunto del negocio que se pretende. Así, se afirma de modo genérico que “el recinto minero estará perimetralmente delimitado y conformará un único núcleo de trabajo en la superficie.” Parece que menos es nada.

Un poco más adelante se incluye esta tabla:

Pero esa tabla se refiere a unas superficies y a unas distancias que no son las que se deberían adoptar para el conjunto “del núcleo de trabajo en la superficie”, por cuando la distancia al perímetro urbano ha de medirse entre los perímetros urbano y perímetro de la superficie que ocupe el conjunto de la explotación y no las distancias que más convengan al promotor.

Además, en ninguna imagen gráfica, ni en planos que se incorporan al “documento” presentado, aparecen los respectivos datos gráficos de perimetración, ajustados a los textos que se señalan.

En la página 53 vuelve a hacerse referencia al cierre perimetral, “el conjunto de instalaciones irá dotado de un vallado perimetral que impida el paso a personal ajeno a la actividad minera.”

En modo alguno debería haberse admitido a trámite (esto es, debería haberse devuelto el documento a quien lo hubiere presentado) un pretendido documento técnico en el que faltan, por ejemplo, la definición de ubicación del proyecto, la perimetración del suelo urbano, la perimetración de unidades de suelo urbano señaladas conforme a la legislación (puntos del suelo urbano más avanzados en dirección a la explotación minera)…

Por ello, para una primera evaluación del documento, pretendidamente para que se inicie un procedimiento de información medioambietal, deberían presentarse planos a una escala adecuada, con los perímetros y las coordenadas de cada punto de referencia.

Esos planos a escala adecuada señalarán, además, los cerramientos de valla perimetral del conjunto, de cada uno de los elementos determinantes (balsas, naves, depósitos de explosivos, depósitos de reactivos químicos…). También, a efectos de la mejor consideración de conservación de las especies de fauna, dado que se trata de una superficie importante, debería ser el propio Ayuntamiento de Cáceres, aunque dudo que lo haga, quien determine las características del cerramiento, la definición de paso de ganado para especies como el jabalí, o de pasos específicos para especies de menor tamaño (como liebres o conejos), así como han de ser los cerramientos de las balsas de estériles.

La falta de referencias en el documento inicial (lo mínimo que se despacha en papeles para salir del paso) debería contener una especial atención a la llamada zona de explotación, que debería, desde un principio, aparecer acotada, tanto en grafías como las distintas cotas del cerramiento listadas para favorecer su conocimiento. Hay que tener en cuenta que es la zona de explotación la que plantea las cuestiones más complejas (ruidos, vibraciones, desplazamiento de grietas que permitan la inundación química del Calerizo, etc.).

Por ello, desde el Ayuntamiento, al plantear su posición sobre la DIA, deberán especificarse a los promotores la presentación de planos debidamente acotados, y con mediciones reales de distancia y no meros esquemas como los que aparecen en el documento inicial, que más parece un somero texto de un alumno de primero de minas que un proyecto se entiende que redactado (pero no firmado) por un equipo multidisciplinar.

A mi juicio, el documento debería haber sido devuelto a quien lo presentó, para subsanar deficiencias que son clamorosas faltas de respeto de los responsables de su presentación a los propios funcionarios.

Vale

… continuará…

En la entrada (1) de esta serie donde estudio el pretendido proyecto robusto de Ramón Jiménez, analizaba la presentación del “documento inicial” de mina subterránea a cargo de la empresa “Extremadura New Energies, S.L.” señalando que la que ostenta los derechos mineros que serían objeto de extracción es “Tecnología Extremeña del Litio, S.L.”

Analizando la cuestión desde otro punto de vista, en la web de la empresa instrumental, “ENE, S.L.” se señala que habría un retorno económico de 42,9 mill € para Extremadura, durante 29 años.

La realidad es otra. Está claro que la instrumental ENE, con sede en Cáceres, sería la encargada de gestionar la actividad, mientras que los beneficios del material extraído irían a parar a “Tecnología Extremeña del Litio, SL” cuya sede social y fiscal está en C/ Fuencarral 93 3º Iz. 28004 – Madrid. Esto es, en Extremadura quedarían los “beneficios” de la actividad: impuestos locales y/o autonómicos, impuestos derivados de una inicial actividad económica, impuestos derivados de las rentas del trabajo, mientras que los beneficios económicos derivados de la extracción y comercialización del litio irán a parar a la empresa radicada en Madrid.

La intención de los responsables del proyecto es generar los menores impactos económicos en el lugar en que se ubica la extracción y convertir el mineral en lo que buscan: una potente generación de beneficios con los menores costes para lo que serán receptores de los mismos,

Una razón más para que las autoridades autonómicas y locales terminen desechando el proyecto de mina, ya fuera a cielo abierto ya fuera subterránea.

Beneficios para las empresas locales de Cáceres

Desde su aterrizaje en Cáceres, en marzo de 2022, el CEO Ramón Jiménez Serrano ha ido tejiendo una serie de alianzas con diversos colectivos empresariales locales que, al fin y al cabo, no dejan de ser espacios de influencia, unas veces mediante un patrocinio deportivo, otras con charlas dirigidas exclusivamente a un determinado colectivo, con la única intención de hacerlos sentir únicos, distintos de otros. Una técnica muy habitual en los procedimientos de marketing dirigido a públicos segmentados.

En el caso de Cáceres, el CEO Ramón repite siempre que la mina generaría (él utiliza el futuro perfecto, que presume indefectiblemente que habrá mina), además de los empleos directos los indirectos ligados a empresas locales que serían contratadas para diversas actividades mineras.

La mina subterránea, completamente “encapsulada”, de manera que todos los procesos se realizarían en recintos y espacios sin contacto directo con el exterior.

Por eso, una empresa que tuviera como objeto social: “La sociedad tiene por objeto realizar servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico así como la fabricación, instalación y comercio de los equipos periféricos y componentes desarrollados por la propia compañía en el campo de los sistemas de refrigeración.

Una empresa de esa tipología tendría buenas perspectivas de ser auxiliar en el proceso extractivo. Y, claro, una empresa así ya existe vinculada a la posible concreción de la mina.

Se trata de una empresa domiciliada en el Parque de Gardeny, s/n, Edificio CEDICO, Lleida, con un capital social de 3.000 €. Una empresa algo alejada de Cáceres, si no fuera por unas características interesantes.

Su ubicación exacta es en el Consorcio Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de Lleida, vinculado a la universidad leridana.

Esa ubicación es estrictamente postal, ya que la empresa en cuestión no tiene sede física. Como toda información puede contactarse con el Consorcio citado, donde, después de solicitarlo, facilitan una dirección de correo electrónico que lleva a la propia UDL (Universitat de Lleida).

Pero, curiosamente, un dato, un simple dato extraído del Boletín Oficial del Registro Mercantil, en la página de Lleida, nos devuelve, de momento, a nuestro… a nuestro CEO, a Ramón Jiménez Serrano, que es el administrador único de la empresa UNIVERSAL SMART COOLING, S.L. ¿Pero cómo acreditar que el administrador único de USC, S.L. es el mismo al que conocemos por nuestra ciudad? Difícil cuestión puesto que no tenemos referencias personales suyas que nos permitan, de modo indubitable, la identidad.

Además, se plantea otra cuestión: ¿cómo acreditar que una empresa de Lleida pudiera tener alguna conexión, aunque fuera remota, con nuestra ciudad y con el concreto proyecto de unos australianos? El mundo es un pañuelo.

Efectivamente, la empresa ilerdense sin sede física inició sus operaciones el 17 de febrero de 2022, cuando la incorporación a la empresa minera de Ramón Jiménez Serrano ya era inminente (marzo de 2022).

Y la cuestión es: ¿qué pueden esperar empresas similares cacereñas o extremeñas de quienes quieren hacer la mina si ya está posicionada una que, además, es del CEO y cuya sede social da igual donde esté?

Y eso si no aparecen otras, que visto lo visto, no sería extraño.

Vale

… continuará…