Archivos para November 30, 1999

Piratas y carroñeros

cercadelasretamas —  octubre 4, 2009 — Deja un comentario

Como todo el mundo no ignora, las gaviotas son aves carroñeras.

En el Índico, donde faenan atuneros con base principalmente en el País Vasco, se vienen dando casos de piratería (un delito que no existe en el Código Penal español, por cierto), y donde se desarrolla una misión militar internacional denominada Atalanta, que se puso en marcha por iniciativa del Ministerio de Defensa dirigido por Carme Chacón. Esa operación establece una serie de directrices para que las diversas unidades militares de los países participantes puedan proteger adecuadamente a los barcos, no solamente atuneros, que surcan el océano cerca del cuerno de África.
La operación Atalanta ha diseñado una zona, de un tamaño cuatro veces el Mediterráneo en la que los militares están en condiciones de garantizar la seguridad marítima. Días atrás, el atunero Alakrana, con base en Bermeo, fue abordado por un grupo de piratas, fuera de la zona protegida por la operación Atalanta. El atunero había sido avisado de que estaba fuera de esa zona, pero prefirió seguir faenando, expuesto a lo que sucedió después.
Ahora, corresponde a las unidades militares desplegadas en la zona tratar de recuperar el atunero y, fundamentalmente, garantizar la seguridad de los pescadores, 16 de los cuales son españoles. En el día de hoy, por militares de la fragata «Canarias» han apresado a dos de los piratas, que han sido puestos a disposición de la Audiencia Nacional, donde el juez Garzón ha ordenado el traslado a España para las diligencias judiciales. Hace unos meses, tras el apresamiento de un grupo de piratas, los jueces españoles (los mismos que organizan una huelga política contra el gobierno socialistas y son jaleados por el PP) protagonizaron un episodio chusco que dio con la puesta en libertad, en Kenia, de los piratas. Rajoy mantuvo un silencio vergonzante ante las acciones de «sus amigos» jueces.
Sin embargo, este episodio ha provocado una reacción apocalíptica de Mariano Rajoy, que ha dicho que es una «catástrofe» y que es un «ridículo» de Zapatero. Rajoy debería saber que hay militares españoles trabajando en aguas internacionales en persecución de la piratería (que, repito, no es delito en el Código Penal español), y que en persecución y captura de los que han abordado al atunero Alakrana van a asumir graves riesgos. En estas circunstancias, Mariano Rajoy (en vísperas del 12 de octubre) vuelve a desconsiderar a las Fuerzas Armadas, como cuando dijo que el desfile es un coñazo. Si ahora aprovecha un episodio de piratería para criticar al gobierno de la manera en que lo hace, debería medir esa crítica.
Porque la «catástrofe» ha tenido lugar porque el atunero apresado ha desoído las advertencias de la Armada y ha trasladado a ésta la obligación de tratar de recuperar el barco y de salvaguardar la integridad física de los pescadores. Esa catástrofe, Marianito, no es responsabilidad del presidente del Gobierno, es responsabilidad de los piratas y, en menor grado, del armador (del propietario) del atunero.
¿Con qué ánimos van a trabajar los marineros de la fragata «Canarias» en persecución de los piratas si el jefe de la oposición culpa al jefe de los marineros, al presidente del gobierno, del secuestro?
Con comentarios (en un mitin) como este, el Señor X de la trama Gürtel, se desnuda en su condición carroñera, y produce solamente asco.
Vale.
en atunero Alakrana, Carme Chacón, fragata Canarias, Mariano Rajoy, piratas, Señor X de la trama Gürtel
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Cultural local: cómo acabar de una vez con las iniciativas artísticas

cercadelasretamas —  octubre 3, 2009 — Deja un comentario
Cuando un artista desea dar a conocer su obra, sobre todo cuando se trata de gente novel, la primera cuestión que se plantea es dónde. En la ciudad de Cáceres existen, dicen, tres galerías (Belleartes, María Llanos y Punto Rojo) en las que pueden exponer quienes conocen a sus propietarios y cuya obra interesa o es del gusto de esos propietarios. Todos los demás, la inmensa mayoría, tiene que buscarse la vida.
El primer lugar, el primer intento de búsqueda de un espacio en el que exponer los cuadros, las fotografías, las esculturas… suele ser, debe ser, el área de Cultura del Ayuntamiento. Siempre que los ayuntamientos tengan área cultural, por supuesto.
En Cáceres, con una concejalía de cultura en el organigrama municipal, son muchos los artistas, más o menos consagrados, principiantes, estudiantes de Bellas Artes, autodidactas, que se dirigen a la concejalía solicitando un espacio, unas paredes, una sala en la que su obra, trabajada desde el esfuerzo, la imaginación, la constancia, pueda ser conocida.
La realidad es dura: en la mayor parte de los casos, en un porcentaje muy elevado, casi del cien por cien, esas peticiones no pueden ser atendidas. La razón: el Ayuntamiento solamente cuenta con un espacio, el Palacio de la Isla, y un par de salas dentro de ese inmueble. Y dentro de las prioridades de la política local en materia de cultura no se encuentra facilitar esas salas a quien las solicita, sino que se utilizan para, como sucede estos días, exponer unos grabados de Picasso, pertenecientes a una colección cuya procedencia está en entredicho. Y no solamente se exponen esos grabados por un tiempo razonable, sino que con la excusa, incierta, de que es muy visitada la exposición, se prorroga su exhibición.
Mientras, las peticiones de multiples artistas se amontonan en unas cajas de cartón, en el suelo, bajo unas estanterías, olvidadas ya antes de que llegaran al Ayuntamiento. En esas cajas de cartón duermen el sueño eterno el eterno sueño de muchos artistas que solamente quieren que los ciudadanos, en la mayor parte, sus propios convecinos, conozcan su obra.
En esas cajas olvidadas, pero que gritan cada vez que se las mira, duerme una forma de hacer cultura: ninguna.
Vale.
en Ayuntamiento de Cáceres, Concejalía de Cultura
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Gestores políticos y realidad. El caso Saponi (II).

cercadelasretamas —  septiembre 26, 2009 — Deja un comentario
El 20 de octubre de 2000, la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, anunció la pública subasta de 72.682,79 metros cuadrados pertenecientes al Cuartel Infanta Isabel, en Cáceres. Dicha superficie, según el anuncio oficial publicado en el BOE, había sido desafectada y declarada su alienabilidad por el Ministerio de Defensa, dirigido ya por Federico Trillo.

Los terrenos del Cuartel Infanta Isabel, según puede leerse en los periódicos de 1919, fueron comprados, en su mayor parte, por el Ayuntamiento de la ciudad, para que, unidos a una finca municipal, fueran cedidos gratuitamente al Ejército, para construir un Cuartel. Posteriormente, a finales de los años 40, se realizó otra cesión gratuita, de menor superficie, para unirla a los terrenos originales de 1919.
Dado que la cesión de los terrenos se había producido gratuitamente por el municipio, con sacrificio económico de las arcas locales, cabría haber planteado, posiblemente, con motivo de la subasta pública anunciada por el Ministerio dirigido por Trillo, alguna reivindicación de derechos, relativos a una reversión total o parcial, o participación en los recursos obtenidos en la subasta.
Sin embargo, no se produjo ninguna manifestación pública del entonces alcalde de la ciudad sobre la posibilidad de recuperar al menos parte de los costes que en su día hubo de desembolsar el ayuntamiento, ninguna manifestación pública ni ninguna acción administrativa encaminada a que por los servicios técnicos y jurídicos municipales se elaboraran informes que pudieran avalar la existencia de derechos sobre los terrenos a enajenar.
Con el paso del tiempo, algunos funcionarios de alto nivel del ayuntamiento confirman que plantearon directamente al Alcalde Saponi que debería reclamarse el derecho de reversión sobre los terrenos que el Ministerio de Defensa sacaba a la venta en subasta, por una cuantía de 520 millones de pesetas. La respuesta de Saponi era sencilla: «hay que llevarse bien con el Ejército». Confundía, sin duda por ignorancia, Ejército con Ministerio. Y esa ignorancia, en octubre de 2000 se tradujo, solamente cuatro meses después, en marzo de 2001, en el anuncio del Jefe del Estado Mayor del Ejército, de que el Centro de Instrucción del campamento de Santa Ana tenía los días contados. «Hay que llevarse bien con el Ejército», tan bien que el Ministerio de Defensa, ante una actitud tan sumisa como la mostrada por el Alcalde Saponi puso el cartel de próximo cierre al Campamento de Santa Ana. El que no se haya cerrado no es mérito posterior de Saponi, como falsamente le atribuyen sus acólitos y él se pavonea en alardear: cuando lo hace, miente descaradamente.
Lo que hizo Saponi en octubre de 2000, al no reclamar el derecho de reversión, total o parcial, sobre los terrenos del Cuartel Infanta Isabel que el gobierno de su propio partido, fue, como alcalde, una clara y contundente, dejación de obligaciones con perjuicio para las arcas municipales. Y como militante del partido de la derecha, una sumisión propia del vasallaje medieval, sumisión impropia de quien, cuando iba a las asociaciones de vecinos, sacaba pecho y valentía y cuando se trataba de reclamar en Madrid (recuérdese la Ronda Este), era un sumiso cachorrito.
Vale.

en Cuartel Infanta Isabel, Federico Trillo, José María Saponi, Ministerio de Defensa
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Las trampas de Esperanza Aguirre: la autoridad de los maestros

cercadelasretamas —  septiembre 19, 2009 — Deja un comentario
La neoliberal Esperanza Aguirre ha vuelto hacer alarde de su propensión a la media verdad y a la gran mentira para crear un debate que es, socialmente, muy peligroso. Me refiero a su propuesta de conferir a los profesores el status de autoridad para combatir las agresiones. Antes de analizar la media verdad y la gran mentira, señalo que me apena la forma con la que los sindicatos de la derecha (¿sindicatos de derechas? contradicción en sus propios términos) se han lanzado al seguidismo del titular de prensa y a propagar la buena nueva neoliberal (en realidad, neofascista) de Esperanza Aguirre.
La media verdad: Aguirre señala que ese status de autoridad lo sería solamente para los profesores de la escuela pública. No he visto, en los sindicatos de la derecha, ni en muchos otros foros, una explicación jurídica de la razón por la que la propuesta solamente afectaría a la escuela pública. Sencilla y llanamente, solamente podría alcanzar a esos profesores porque son empleados públicos, y la autoridad y su ejercicio en nuestro ordenamiento público solamente corresponde al Estado y sus administraciones. Por tanto, jurídicamente, lo que propone doña Esperanza es una media verdad.
La gran mentira: a Aguirre le da igual la autoridad de los profesores y su seguridad ante posibles agresiones, digo de los profesores de la escuela pública. Ella no ha lanzado su propuesta para defenderlos, ha lanzado su propuesta neofascista en su escalada política contra la escuela pública. Lo que ha querido evidenciar con su propuesta es una criminalización de la escuela pública, a la que solamente irían los hijos de los marginados, de los inmigrantes. Ha señalado a la escuela pública como germen de la delincuencia, y esta criminalización es una determinación política neofascista.
La fiscalía general del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en 2007, ya ordenó a los fiscales de su ámbito de competencia otorgar el tratamiento de atentado a la autoridad en las agresiones a profesores y a personal sanitario, en tanto que funcionarios públicos en el ejercicio de su función publica. En 2008, la Fiscalía General del Estado asumió esta línea de actuación y así está ordenado a los fiscales de todo el territorio estatal.
¿A qué viene, por tanto, la propuesta de Esperanza Aguirre? La propuesta política de Esperanza Aguirre no tiene camino jurídico por cuanto ya existe jurisprudencia emanada de las acciones fiscales llevadas a cabo en Extremadura en 2007 y en todo el Estado desde 2008. La media verdad no es necesaria.
El alcance de la propuesta es puramente político y solamente tiene entronque en la criminalización de la escuela pública, en la misma línea que ya hizo la misma Esperanza Aguirre con la sanidad pública y el caso del hospital de Leganés.
Lo triste es ver que sus propuestas neofascistas tienen tanto eco y son tan bien recibidas por sindicatos de derechas que, finalmente, están siendo correa de transmisión de esta y de otras aportaciones ideológicas de la derecha más antigua y reaccionaria que se conoce en Europa.
Vale.
en Esperanza Aguirre
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La Cárcel vieja de Cáceres, Bien de Interés Cultural

cercadelasretamas —  septiembre 16, 2009 — Deja un comentario
Las previsiones de la Revisión del Plan General de Cáceres ha variado a lo largo de su tramitación. Al principio, se incluyó siguiendo lo establecido en un documento de 1992, y que seguía en la situación del plan vigente: su demolición y construcción de viviendas, alrededor de 130. Después, a raíz de una moción presentada en pleno por el grupo municipal socialista, se estableció que debía incluirse en el Catálogo de bienes protegidos. Ahora, con una alegación presentada por el Estado, se considera que debe volver a la situación que permita un aprovechamiento lucrativo, y, en todo caso, que debe suprimirse la protección estructural y que esta protección sea ambiental. O lo que es lo mismo, que se podría demoler.
En esta situación, sería muy conveniente hacer uso de la ley de patrimonio histórico y cultural de Extremadura y declarar la Cárcel de Cáceres Bien de Interés Cultural.
Para iniciar el procedimiento de declaración de un inmueble como bien de interés cultural, dice la Ley en su artículo 7, podrá la Administración actuar de oficio o podrá hacerlo a instancia de cualquier persona física o jurídica, pública o privada.
En el caso de la cárcel de Cáceres, construida durante la II República, se trata de un inmueble que obedece a las directrices que los gobiernos republicanos dictaron para mejorar la situación de las cárceles españolas, y, especialmente, de las condiciones de vida de los reclusos.
En Cáceres, capital de provincia, la construcción de la cárcel fue una obra singular por muchos aspectos: porque se hizo sobre terrenos que se cedieron gratuitamente al Estado, porque para pagar su construcción se recabaron dineros de los municpios (de ahí el carácter de Prisión Provincial), porque obedece a unos modelos arquitectónicos que se iniciaron con el despertar intelectual de la II República…
Este inmueble, por su singularidad, por sus características arquitectónicas, por su significado social y político, cumple todos los requisitos no solamente para su inclusión en el Catálogo de Bienes de la Revisión del Plan General Municipal, sino para que en el menor plazo se inicie, de oficio por la Junta de Extremadura, y en aplicación del artículo 7 de la Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, la declaración de la Prisión Provincial de Cáceres como Bien de Interés Cultural.
Vale.

en Bien de Interés Cultural, Junta de Extremadura, Prisión Provincial de Cáceres
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Memoria histórica. A cualquier sedicioso se le regalaba una calle

cercadelasretamas —  septiembre 9, 2009 — Deja un comentario

Existe, en la ciudad de Cáceres, una calle que se llama «Comandante Joaquín González». ¿Qué méritos contrajo con la ciudad este comandante para merecer una calle? ¿Cuándo se decidió poner su nombre a un tramo de la ciudad? ¿Dónde está el expediente municipal en el que han de sostenerse los méritos y donde aparecerán los promotores de tal homenaje?
Para tener referencias de este Joaquín, vayamos al libro «Tragedia y represión en Navidad», del profesor universitario Julián Chaves Palacios. En ese libro, el comandante Joaquín González aparece citado tres veces.
(Páginas 46-47). «Sin embargo, entre bastidores la situación [en Cáceres] discurría de otra forma bien distinta. Tres oficiales el cuartel Infanta Isabel, único con guarnición en Cáceres, habían establecido contacto con sediciosos en Valladolid, sede de la Jefatura de la División a la que pertenecía la provincia. Se trataba del comandante Joaquín González y los capitanes Alfonso Pérez Viñeta y Francisco Viseo Moreno, que habían asumido los preparativos del alzamiento.»
(Página 50). «Una vez de regreso [el falangista Manuel Villarroel Dato, próximo a José Luna, de un viaje a Madrid] se entrevistó con el comandante Joaquín González. Ambos ultimaron los preparativos militares y civiles de la sublevación y acordaron tomar todo tipo de precauciones para evitar más detenciones. La suerte estaba echada y sólo cabía esperar el inicio de la insurrrección con la mayor cautela posible.»
(Página 53). «Sin embargo los movimientos que se registraban en el interior de otro edificio emblemático de la ciudad: el cuartel del Regimiento Argel, eran muy distintos a los que vaticinaba el gobernador. Tras recibirse desde Valladolid la orden de sublevarse, los oficiales más comprometidos conla sedición: comandante González y capitanes Visedo y Viñeta, pusiron a punto toda la maquinaria. Con ese fn se entrevistaron con responsables falngistas como el ya citado Manuel Villarroel, también con oficiales y jefes afectos al alzamiento tanto del Regimiento como de la Guardia Civil, ytabién con el coronel Álvarez Díaz, que hasta ese momento había permanecido al margen de la conspiración. Al parecer, su encuentro con éste fue breve y no exento de cierta tensión.»
Con estos méritos, también será interesante conocer quién fue el impulsor de nombrar una calle con su nombre: sus méritos y capacidades serán muy similares.
Vale.
en Cáceres, Comte. Gonzalez Martin
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Camps, tiéntate la ropa (nunca mejor dicho)

cercadelasretamas —  septiembre 5, 2009 — 2 comentarios
Como Rajoy y sus secuaces no dejan de sacar pecho con el archivo de la causa de los trajes de Francisco Camps, en un tribunal valenciano presidido por su amigo De la Rúa, una simple búsqueda de jurisprudencia del Tribunal Supremo, depara alguna sorpresa.
La Sentencia del TS 362/2008, de 13 de junio de 2008, recoge una cita de otra sentencia anterior, de 1998, cuya lectura, sin ser jurista, puede poner los pelos de punta al Curita y sus cómplices:
La homogeneidad entre los distintos tipos de cohecho ha sido expresamente proclamada por esta Sala. En efecto, la STS 1417/1998, 16 de diciembre , recuerda que «…la posible heterogeneidad de las diversas figuras de cohecho, es más aparente que real en cuanto que el bien jurídico que tratan de proteger, sus diferentes modalidades delictivas, es perfectamente unificable. Una moderna corriente doctrinal pone el acento en la necesidad de perseguir, con instrumentos penales, todas las actividades que revelan la corrupción de los funcionarios públicos y ponen en peligro la credibilidad democrática del sistema administrativo del Estado. Desde esta perspectiva se tiende a una política unitaria que trata de homologar todas las conductas que suponen la expresión de un comportamiento corrupto. En esta línea tanto el cohecho activo como el cohecho pasivo, el propio como el impropio, son manifestaciones de esta lacra de la corrupción que afecta a la buena marcha de la Administración pública y a la fe de los ciudadanos en las instituciones del Estado democrático y de derecho».
Vale.
en cohecho pasivo, Francisco Camps, Mariano Rajoy
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Gestores políticos y realidad. El caso Saponi (I).

cercadelasretamas —  agosto 29, 2009 — Deja un comentario
Durante gran parte del mandato de José María Saponi al frente de la alcaldía de Cáceres (1995-2007), siempre con mayorías absolutas más que holgadas, la mayor parte de sus defensores a ultranza y de quienes, no siendo fieles seguidores se plegaban a sus decisiones, siempre se referían a su gran capacidad como gestor. Esa capacidad, cuando se trata de ciudades, se ve traducida, con el paso del tiempo, en aquellas realizaciones que repercuten en la calidad de vida de los vecinos y en la mejora de la ciudad como espacio de convivencia, esto es, en los equipamientos.
Más de una vez he planteado a muchos defensores de la gestión de Saponi que me señalen qué elementos de su gestión son los que han mejorado la calidad de vida de los cacereños y en qué elementos físicos, en qué equipamientos se ha traducido su gestión. La ciudad ha crecido, se han extendido los barrios, pero estos crecimientos no son sino realizaciones privadas, con la ejecución por las Juntas de Compensación de los distintos sectores de planeamiento. Equipamientos de titularidad pública, planificados, desarrollados y ejecutados por el propio Ayuntaminto, no existen. Quizá una sede de asociación de vecinos y poco más.
Tras 12 años de gobierno con mayoría absoluta, su recuerdo queda más por la enorme deuda en la que sumió al municipio y en la ausencia absoluta de equipamientos. Y alguna cuestión más que demuestra su incompetencia como gestor público. Veamos algún ejemplo.
El Ferial. La Revisión del Plan General Municipal, tramitada en su mayor parte con gobierno del PP, hasta que la Junta de Extremadura decidió que había elementos inasumibles y obligó a modificarlo a un gobierno municipal en minoría socialista, contenía alguna cuestión que habría de ser explicada.
El actual recinto Ferial de la ciudad tiene una superficie de unas 13 Has., y su entorno es el origen de la Revisión, ya que inicialmente se planteó una modificación puntual, redactada por Manuel Herrero (que luego resultaría director de la Revisión), incluyendo la aportación a las arcas municipales, como contrapartida, de 200 millones de pesetas para la construcción de un pabellón ferial. En los diversos documentos de la Revisión, hasta el aprobado el 4 mayo de 2007, 24 días antes de las elecciones municipales, los terrenos del municipio aparecían tramados en los planos de clasificación del suelo (Plano 3), mientras que en los planos de gestión aparecían sin trama, esto es, como suelo urbano. ¿Qué sucedía? Los terrenos se incorporaban al planeamiento urbano, pero a la hora de la gestión y desarrollo, volvían a ser suelo urbano, por lo que el ayuntamiento no podía obtener derechos urbanísticos (que llevan aparejadas obligaciones, obviamente). O lo que es lo mismo, los redactores del Plan, los libérrmos discípulos de Porto Rey, hurtaban al municipio de su participación con terrenos de propiedad pública, en una equivalencia no menor a suelo con capacidad para 500 viviendas.
Esta pérdida de derechos municipales es atribuible a la gestión de José María Saponi como alcalde de la ciudad, que no se preocupó, en modo alguno, de saber en qué condiciones quedaban en el planeamiento este y otros espacios de titularidad pública, no cómo se podían defender mejor los derechos municipales, es decir, los bienes públicos.
Afortunadamente, esta cuestión ha sido resuelta y así aparece en el documento redactado ya con un gobierno socialista, aunque minoritario, y todavía deberá solventar algún escollo, como la alegación presentada por los antaño generosos propietarios de terrenos circundantes y que ahora regatean todo lo regateable. Cuando plantearon la modificación del plan y ofrecían dinero para un pabellón ferial no eran tan generosos, contaban con la anuencia del gestor Saponi, y ahora, bien asesorados, tratan de torpedear que la ciudad pueda disponer de suelo para equipamientos necesarios, incluido el Pabellón Ferial, el Centro de Ocio, y, sobre todo, de la capacidad de generar recursos económicos para ello. Algo que con el gestor Saponi era inviable.
Vale.
en Ayuntamiento de Cáceres, José María Saponi, Manuel Herrero, Porto Rey
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Chabolismo industrial

cercadelasretamas —  agosto 20, 2009 — Deja un comentario

El próximo mes de septiembre podrá quedar listo para su aprobación definitiva el nuevo Plan General Municipal de Cáceres. O al menos gran parte de él. Todas las miradas y las polémicas están centradas en asuntos como la recalificación de terrenos de las monjas carmelitas donde se implantará un Corte Inglés de mediano tamaño, o en el número total de viviendas.
Sin embargo, el plan de urbanismo es un instrumento económico de primer orden, tanto por el volumen de las inversiones necesarias para su ejecución como de sus resultados de futuro. En este ámbito, más importante que El Corte Inglés o que el número total de viviendas sea mayor o menor a las 30.000 para los próximos 15 – 20 años, se encuentran actuaciones concretas que afectan antes de su planeamiento y del comienzo de su ejecución a miles de puestos de trabajo, en torno a los 3.500 – 4.000.
Me refiero a la zona de la Charca Musia, mal llamado «polígono industrial», porque, en realidad, es un núcleo de chabolismo industrial que necesita una acción decidida por parte de la administración y que ha de contar, cuando menos, con los empresarios más potentes instalados en él. En la práctica, es un conjunto de empresas que en la mayoría de los casos no pasaría determinados tipos de inspecciones técnicas (v. gr.: anchura de calles insuficientes para la actuación de los servicios de emergencias, o coexistencia de viviendas con insdustrias peligrosas, nocivas o insalubres, o coexistencia de industrias incompatibles entre ellas…).
Es una zona muy sensible políticamente, en primer lugar, por el elevado número de puestos de trabajo que existen en las empresas y, en segundo lugar, porque su existencia, en incremento progresivo desde hace más de cuarenta años, ha sido posible por la ineficacia de la administración municipal, tanto en la ordenación urbanística como en la permisividad (o inactividad real) para el asentamiento de industrias de todo tipo.
Para que salga adelante la ordenación planteada en la Revisión del PGM habrá de contarse con los empresarios de mayor capacidad y con la suficiente capacidad para que los pequeños empresarios, los que están en naves de alquiler, o en naves o algo así construidas sobre terrnos alquilados, regulando tanto los títulos de propiedad como los datos catastrales y las licencias de actividades.
Finalmente, será necesario dar una respuesta eficaz para las aproximadamente 140 viviendas que podrían contabilizarse, unas ocupando una pequeña parcela, otras formando parte de naves industriales.
Será necesario que los concejales (y, sobre todo, los ciudadanos que tienen capacidad y opinión) se olviden un poco de las bolsitas del triángulo verde y se fijen en un entorno que necesita atención, sensibilidad y decisión.
Vale.
en Cáceres, Charca Musia
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Visitas políticas a dependencias del Ministerio de Defensa

cercadelasretamas —  agosto 19, 2009 — Deja un comentario
El pasado 23 de junio, en la prensa local se publicaba la información sobre una rueda de prensa del grupo municipal del PP casi al completo, en la que, entre otras cosas se hacía referencia al protocolo firmado entre el Ministerio de Defensa, el Ayuntamiento de Cáceres y la Junta de Extremadura, y en concreto a la pregunta que se hacía la concejala y portavoz del partido de la derecha, Elena Nevado, sobre qué pasaba con dicho protocolo y expresaba sus dudas, sobre todo cuando criticaba la falta de transparencia de «este gobierno». (http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=451169)
¡Muy bien, Elena, muy bien!Normalmente, al Ministerio de Defensa le interesa dar a conocer cuáles son los puntos esenciales de la política del ministerio y, por ejemplo, le interesa mucho que se conozcan cómo funcionan los mecanismos de reclutamiento. También es cierto que las visitas a dependencias del Ministerio están reguladas y que han de realizarse con la anuencia de lo que comúnmente se llama «la Superioridad».Cuando las visitas son de carácter político, no es habitual que sean realizadas «bajo cuerda», sino que se manifiesta el interés ministerial en hacer ver su disposición a que se conozcan esos aspectos a reseñar. En Cáceres, por ejemplo, sería muy conveniente a los intereses del ministerio que los deseos de los políticos por conocer cómo funciona el reclutamiento de tropa tuvieran su repercusión pública.Sin embargo, lo que son las cosas de la transparencia, el mismo día en que Elena Nevado aparecía en la prensa rodeada de casi todos los concejales de su grupo criticando la falta de transparencia de «este gobierno», ese mismo día giraba una «visita oficial» a la Subdelegación de Defensa de Cáceres, donde fue recibida por el titular de la misma, les fueron presentados todos y cada uno de los funcionarios, civiles y militares, que prestan servicios en ella, y le fueron mostradas las dependencias de la Subdelegación. Iba acompañada por el concejal Domingo Nevado, muy bien relacionado con mandos militares de la ciudad (no es una crítica, es una constatación).
De aquella visita, ni la Subdelegación del Ministerio de Defensa dioeron cuenta, ni la concejala Elena Nevado tampoco informó a los medios de comunicación: falta de transparencia. ¡Mal, Elena, muy mal!
¿De qué asuntos habló Elena Nevado, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres y jefa de la oposición con el Subdelegado de Defensa? ¿Qué asuntos de importancia para la ciudad y para el Ministerio de Defensa se abordaron? Estas y otras preguntas, deberían ser respondidas por Elena Nevado en aras a la transparencia.
Por otra parte, es público que «el régimen de visitas» a las dependencias militares han de tener el visto bueno de «la Superioridad». Y en este caso, si por los responsables del Ministerio en Madrid se autorizó una visita eminentemente política sin trascendencia de prensa, también tendrán que dar algunas explicaciones, políticas, por supuesto.Hay más preguntas a plantear, quizás en otra entrada las plantee.
Vale.
en Elena Nevado, Subdelegación de Defensa de Cáceres
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