Archivos para November 30, 1999

La muerte de un capitán y un alférez de la Guardia Civil (y del traductor, con nacionalidad española) en atentado terrorista en Afganistán ha vuelto encender una bombillita en la ultraderecha (en la que se incluye el PP) para conseguir que el Gobierno socialista reconozca que España está participando en una guerra en Afganistán.

Rajoy y los suyos no pretenden, como dicen, que Zapatero “diga la verdad” (según ellos, “que estamos en una guerra en Afganistán”), sino que reconozca una situación de guerra que justifique y ampare la deplorable acción de Aznar en las Azores. Acción política, de llevar a España a una guerra ilegal, por la que debería haber sido juzgado penalmente por los tribunales.

La muerte del capitán Galera y del alférez Bravo se debió a un acto terrorista que tenía, como única finalidad provocar una respuesta de los militares españoles que fuera asimilable a una acción de guerra. El capitán Galera y el alférez Bravo estaban cumpliendo un trabajo, el de adiestramiento para la nueva policía afgana, bajo mandato de la ONU, como bajo cuyo mandato están operando en la provincia de Bagdhis.

La situación en el país asiático es de un grave conflicto social, político y militar. Las FAS españolas intervienen en los dos, en el social, con acciones de cooperación muy destacables, y con algún apoyo, escaso, de instituciones extremeñas (Caja de Extremadura y Diputación de Cáceres), y en el político, con formación y apoyo a las autoridades locales, a las que están tratando de dar instrumentos y habilidades para la conformación de un gobierno local que, con la policía y las unidades militares agfanas que se están adiestrando, puedan asumir su propia dirección política. El conflicto militar está desarrollado básicamente por las fuerzas de EEUU, en diversas ofensivas contra zonas claramente dominadas por grupos talibanes.

Esta participación española la conoce perfectamente Mariano Camps, pero el hecho de que cada vez que se refiera a él lo haga sabiendo que la respuesta será que él mismo formaba parte de un gobierno que decidió, a mayor gloria de su mediocre presidente, lleva a España a una guerra ilegal, le descalifica. El seguidismo que de las opiniones que se vierten en los medios de comunicación que se venden en el barrio de Salamanca y similares de toda España es la muestra además de una deficiencia ideológica abrumadora, y de una falta de capacidad política que se suma a la falta de volunta de trabajo que lo ha convertido en el paradigma de la más absoluta indolencia.

Por mucho que lo intenten los ultraderechas, sus voceros y sus plumillas, España está realizando una acción amparada y bajo mandato de la ONU, en un espacio físico, Afganistán, sometido a graves tensiones violentas, pero no está participando en una guerra. Y menos en una guerra ilegal, en contra de las previsiones de nuestra Constitución.

Vale.

Plasencia

cercadelasretamas —  agosto 26, 2010 — 1 Comentario

Tras una denuncia de los concejales de la derecha placentina, aceptada por la Fiscalía, ésta ha decidido presentar denuncia contra dos concejales socialistas, Blas Raimundo y Enrique Tornero. En el momento en que se hace pública la información, el asunto está en una denuncia de la Fiscalía que habrá de ser admitida, o no, en el juzgado competente. En las informaciones publicadas no hay referencias expresas a los hechos objeto de denuncia, que podrían estar relacionados con contrataciones del Ayuntamiento con un constructor, también militante socialista.

El hecho de que en las informaciones no se haga referencia a los asuntos concretos, sí a los posibles delitos (prevaricación, tráfico de influencias, cohecho), y de que el constructor implicado en la denuncia lleve trabajando más de veinte años para el ayuntamiento, incluidos los períodos de gobierno del PP, plantea alguna cuestión.

Una, no precisamente ingenua, es que la denuncia, en principio contra dos concejales socialistas, bien pudiera extenderse, si los hechos fueran derivados de contrataciones irregulares, a investigar los contratos realizados por el ayuntamiento cuando era alcalde José Luis Díaz. La denuncia, si se ampliara el período de investigación más allá del mandato de los concejales Raimundo y Tornero, podría afectar de lleno a Díaz, enemigo político declarado de la actual dirección del partido de la derecha en Plasencia. O lo que es lo mismo, los denunciantes, los concejales Pizarro (candidato a la alcaldía en las próximas elecciones) y Cantero (actual portavoz), habrían actuado contra Díaz mediante fuego cruzado.

Es conocida en la ciudad del Jerte la posibilidad, más que cierta, de que José Luis Díaz una sus esfuerzos políticos con María Victoria Domínguez, para alcanzar el gobierno local (que sería para Díaz) y lograr un escaño en la Asamblea por la provincia de Cáceres, a costa del Partido Popular.

Por otra parte, con este tipo de informaciones suelen retratarse los medios de comunicación (me refiero a los escritos, que son los que “fijan” la opinión publicada). Y el retrato gordo y grosero se lo lleva el director del diario regional HOY, que se refiere al constructor denunciado como un “histórico” del PSOE. ¿Qué se pretende? Romero Vega es un militante socialista de base, que nunca ha ocupado cargos orgánicos ni públicos, como la misma información del periódico de la editorial católica reconoce.

Esa manera de titular, propia de los que han estudiado en la Facultad de Periodismo de Navarra, cuyo mejor exponente es Jotapedro, es la misma que se utiliza para denigrar a un grupo étnico (gitanos, moros, negros) o a cualquier colectivo “no normalizado” (gays, lesbianas).

¿Cuándo ha publicado alguna información el periódico del grupo Vocento en la que se tilde a Manuel Fraga de “histórico del Movimiento”, o a José María Saponi de “histórico de la Falange”?

Vale.

A lo largo del mes de agosto, y al hilo de las primarias para la candidatura socialista en la Comunidad de Madrid, se han venido publicando diversas informaciones en la prensa local cacereña sobre unas posibles primarias para encabezar la lista del PSOE al Ayuntamiento local. Muy interesantes las informaciones, ya que en ningún momento se incluía en ellas referencias a los procedimientos fijados por la Comisión Ejecutiva Federal socialista, y, por tanto, orilladas exclusivamente, si fueran veraces las noticias, a intereses individuales. Intereses nada objetables, por otra parte.

Sin embargo, y mientras en los medios de comunicación se había publicado en fechas anteriores que la dirección del PP extremeño había decretado la candidatura de Elena Nevado por el partido de la derecha, sin ningún tipo de debate interno, los dos medios escritos alientan que ese debate se produzca en el partido que gobierna el Ayuntamiento. ¿A que se debe que se aliente ese debate en un partido y no se haga la más mínima crítica cuando en el otro ni se plantea? En estos meses de verano, los estudiantes de periodismo hacen las prácticas. ¿Estarán aprendiendo ya que a la derecha se le permite cualquier cosa y que a la más mínima hay que criticar a la izquierda?

No importan las listas a los medios de comunicación, les importa las personas, más fácilmente criticables. Pero, políticamente, las listas no deberían importar a los partidos democráticos, como no le importan a la derecha. Deberían importar los equipos.

Los equipos políticos que concurren con unas determinadas siglas y con unas determinadas proyecciones ideológicas deben, deberían, ser más importantes para los ciudadanos, y, por ello, más interesantes para los periódicos. Claro, que también hablamos de periódicos y periodistas, y eso, en Cáceres, es una cuestión que deja mucho que desear.

Así, mientras los periodistas locales, más gacetilleros que escritores de prensa, se han interesado por este o aquel nombre que pudiera estar interesado en que hubiera primarias en el partido socialista cacereño, han estado especulando con nombres. Pero esos gacetilleros locales, todos, tienen desde finales de julio una información, contrastada por ellos mismos, de la inclusión más que posible en la lista del partido de la derecha de una persona conocida, profesional militar, que está avalada por un importante sector del PP local y guardan silencio.

A los periodistas locales no les interesan las listas de los partidos a las elecciones, mucho menos los equipos de personas que conformen esas listas. A los periodistas, gacetilleros locales, les interesan las personas, los individuos, sobre los que pueden influir porque salir en los papeles en una ciudad pequeña y pacata puede ser determinante para las aspiraciones, cortas, de algunos: una foto en el periódico es un éxito.

Sin embargo, esos mismos periodistas callan cuando, teniendo una información contrastada, que afecta a la derecha, se les pide que no la hagan pública todavía, porque no interesa, porque puede ser contraproducente o porque esperan el mejor momento para que tenga el mayor y más beneficioso impacto electoral. Vamos, que se pliegan los gacetilleros a la estrategia militar.

Vale.

Las 3 diferencias

cercadelasretamas —  agosto 8, 2010 — 1 Comentario


Entre las dos imágenes de la composición existen 3 diferencias muy importantes.

Vale.
En la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, un magistrado, Rodríguez Zapata, formula un voto particular en el que, para argumentar que los conceptos jurídicos no pueden modificarse en modo alguno, acude al Génesis bíblico.
Las leyes se traen ante este Tribunal para que controle su conformidad a la Constitución no para que llame con otros nombres los principios, derechos, competencias y potestades que el legislador ya ha creado. Sólo Adán pudo tener ante sí todos los animales del campo y todas las aves del cielo para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviera el nombre que él les diera (Génesis 2, 19).
La conformidad constitucional impide la evolución. Es decir, los principios, derechos, competencias y potestades que el legislador ya ha creado son, de manera permanente e indeleble como el legislador los creó. No cabe evolución, todo es creacionismo. Cuando la iglesia fecha el Génesis, Adán ya había nombrado a todos los seres vivos. Los descubiertos después por la ciencia, tienen nombres bastardos, porque no están en los conceptos bíblicos.
El magistrado se cuida mucho de esconder su adscripción ideológica al creacionismo, en este caso jurídico, y para ello no se plantea que se cambien principios, derechos, competencias y potestades: ni siquiera se plantea que puedan cambiar sus nombres.
El creacionismo integrista como esencia de un modo de interpretar la realidad, tal como ahora se ha extendido, se traslada, por virtud de este voto particular al ámbito jurídico. Llevado al absurdo, gran parte de la economía, de los derechos y libertades de expresión, opinión, creación artística… no tienen cabida en la Constitución. Son todos aquellos elementos que la evolución social, política y económica han ido creándose, por voluntad de los ciudadanos o por avances técnicos y científicos, desde la aprobación de la Constitución. Las nuevas tecnologías a las que el Adán constitucional no pudo dar nombre porque no existían en 1978, están fuera del marco constitucional.
Sólo el Adán constitucional pudo dar nombre a cada ser viviente. Y ese nombre es inmutable. ¿Qué pasa con los nuevos seres vivos? Cada país, cada estado, cada nación, es un ser vivo que se adapta a los cambios, que evoluciona, que crea nuevas formas de relación, de convivencia, de relaciones jurídicas, nuevos conceptos, nuevas realidades, nuevos derechos, nuevas necesidades. Para el magistrado del TC que configura todo ser vivo al pasaje del Génesis en el que se les da nombre, la evolución no existe, los principios jurídicos son inmutables, los derechos ciudadanos son inmutables.
Trasladar una creencia religiosa, válida para el ámbito privado, faltaría más, a un espacio público como es una sentencia judicial que tiene como sujeto a la ley que regula las relaciones ciudadanas, los derechos, las libertades públicas, es la muestra de falta de argumentos jurídicos asentados en el derecho. La religión, las creencias religiosas, forman parte del ámbito individual y privado, o, como mucho, de los que practican una determinada. El derecho es el instrumento que regula la convivencia de todos, incluidos los que practican cualquier religión.
La Biblia no es un texto jurídico y la incorporación de sus principios dogmáticos al derecho elimina cualquier atisbo de evolución.
Vale.

La concesión del servicio municipal de autobuses urbanos de Cáceres, en manos de BUSURSA (Autobuses Urbanos del Sur, S.A.) ya comenzó siendo polémica, hasta el punto de que una de las competidoras, Alsa, llevó el asunto a los tribunales… y no ganó por poco.

Las tribulaciones del capo de los empresarios (¿) españoles, que mantiene su cargo al frente de la CEOE por la inestimable ayuda de los sindicatos antes de clase, están llenando de zozobra especialmente a los trabajadores de BUSURSA, por lo que nos afecta en Cáceres. Bueno, de los trabajadores en general, no. De algunos, dado el altísimo grado de enchufismo en la plantilla, no se sabe de verdad cuántos trabajadores, realmente, pueden tener la consideración de tales. Vamos, que muchos no han tenido que hacer muchos esfuerzos por conseguir su puesto de trabajo. Sólo hacer, de manera “valiente”, la pelota, entre otros palos.

El gerente en Cáceres hace más de un mes que no sabe, literalmente, dónde está Díaz Ferrán. Llama por teléfono, le atiende una secretaria, que le dice que no sabe dónde está don Gerardo.

Para añadir más leña a la situación (que don Gerardo no aparezca hace temer a los empleados por su nómina de julio, asís es que, Lorenzo, no te vayas muy lejos), entre los trabajadores circula un rumor, no desmentido por el gerente (no puede desmentirlo porque no sabe nada de don Gerardo), referido a uno de los créditos de don Gerardo, concedido por Banesto, por un importe de 40 millones de euros. Entre las garantías aportadas como aval para la obtención del crédito estaría el contrato de concesión del servicio de transporte urbano de Cáceres. No sé si legalmente es posible utilizar un contrato de este tipo como garantía para la obtención de créditos para negocios no vinculados directamente a la concesión, y tampoco sé si el ayuntamiento tuvo conocimiento, cuando se formalizó el crédito, de la constitución de esa garantía o la ha conocido después (seguramente, a comienzos de junio, cuando hubo de hacer frente a las nóminas de mayo).

Busursa Cáceres está esperando como agua de mayo (o del mes que sea) la nueva concesión del servicio de suministro de agua, precisamente, que lleva vinculado un canon que servirá al ayuntamiento para pagar deudas, entre ellas la del transporte público urbano.

Los plazos, no obstante, para Busursa Cáceres, se agotan y el vencimiento, al parecer, en 15 de agosto, del crédito de don Gerardo con Banesto, sin que haya hecho frente al mismo, pondrá el servicio de transporte urbano de Cáceres en manos del banco. Eso es bueno, porque servirá para encontrar alguna empresa que se quiera hacer cargo de la concesión, sobre las gestiones que ya viene haciendo el propio ayuntamiento. Y es malo porque el banco querrá ejecutar cuanto antes la deuda contraída por el Ayuntamiento. Ya se verá.

Lo que sí está claro es que el ayuntamiento, si esto se produce, es decir, si el contrato de concesión de Cáceres cae en manos del banco, tiene la oportunidad de rescatarlo, pagando la deuda, pero con un detalle: realizando una auditoria como es debido, incluidas las contrataciones de personal. Porque en esas contrataciones sigue mandando, y mucho, la anterior corporación.

Vale.

Reclama la presidenta del comité español de ICOMOS, dependiente de la UNESCO, que vela porque en los bienes históricos declarados Patrimonio de la Humanidad, que en el caso del futuro hotel Relais&Châteaux el ayuntamiento de Cáceres vele por la autenticidad, porque no se distorsione el patrimonio heredado.

A la señora Suárez Inclán, como a otros muchos, les han vendido mercancía averiada. El Proyecto en ejecución del hotel promovido por Atrio ha sido supervisado por múltiples organismos, su diseño exterior fue cambiado y, en definitiva, se dieron los permisos urbanísticos y de protección del patrimonio que correspondía otorgar.

Pero no es ahí donde a la presidenta de ICOMOS España le han vendido mercancía averiada. Es en el afán de algunos y algunas en hacer creer que el hotel se está construyendo previa destrucción inmisericorde de edificios de gran valor preexistentes.

¿Sabe la señora Suárez Inclán, que no ha redactado el informe, pero que sí lo firma y, por tanto, lo asume, que si quiere conocer a quien construyó uno de los dos inmuebles sobre los que se asienta el futuro hotel lo puede hacer? Quien construyó un edificio de nueva planta sobre un corral en el que se encerraban los carros y los caballos que tiraban de ellos. Quien construyó un edificio de nueva planta en un corral cuyo único acceso era una puerta de carros. Si quiere, puede hacerlo, preguntar por el constructor en Cáceres.

Pero también puede conocer, si quiere, por ejemplo, al aparejador que dirigió las obras, a quien todavía le faltan algunos años para jubilarse. No conocerá al arquitecto que redactó el proyecto de construcción de vivienda de nueva planta porque falleció hace algunos años, creo. El arquitecto, Lepe para sus íntimos, tenía su estudio en las tres ventanas del rincón que se forma al comienzo de la calle Ancha, desde la plaza de San Mateo. Vigilaba las obras de la casa diariamente… no en vano la proyectó para vivir él mismo.

Esa casa de tan gran valor histórico, la que está señalada en la imagen que acompaña a este post, fue construida en la primera mitad de la década de 1980, sobre un corral sin ninguna edificación.

Esa casa era una falsedad, una impostura, un elemento que violentaba la autenticidad que ICOMOS España, por firma de su presidenta, reclama que se cumpla. No sé si alguien ha informado a la señora Suárez Inclán, pero si quiere sabe cómo era esa casa, de dónde se importaron sus adornos y escudos de fachada, que pregunte en construcciones Abréu, suficientemente conocidos en Cáceres, quien le dará seguramente detalles de las penalidades de los siglos XV y XVI para construir.

Vale.

Imposturas

cercadelasretamas —  julio 17, 2010 — Deja un comentario


Añadir imagenEn la ciudad antigua de Cáceres se cometen muchos desafueros. Y no son aquellos que, como el futuro hotel Relais@Chateaux están sometidos a rigurosos informes. Son aquellos de ciudadanos que mienten en sus fachadas.

Estas rejas me suenan, las he visto en otro sitio, y sin no son las mismas… se parecen mucho. Y como se parecen tanto, puede decirse que no son rejas del siglo XVIII, son rejas del siglo XX, forjadas por encargo y para un edificio de la ciudad.

Vale.



Acabo de ver el Informe ICOMOS sobre las obras del hotel Relais&Chateaux que promueve el Restaurante Atrio, en la plaza de San Mateo, de Cáceres. Informe prolijo, garantista, y muy interesante para conocer cómo funciona esto de la protección de los cascos antiguos.

Después de 10 folios de consideraciones y análisis, el informe termina con dos recomendaciones al Ayuntamiento de Cáceres y la primera es, sencillamente, escandalosa, incompresible. No entiendo cómo un organismo que parece que cuida por la pureza y por la rigurosidad puede instar, en Cáceres, a:

Conservar la autenticidad e integridad del conjunto histórico de la Ciudad Vieja de Cáceres de acuerdo con las directrices de la Convención del Patrimonio Mundial y la normativa estatal, autonómica y local.

Veamos una lista:

Palacio de Las Cigüeñas: la fachada se modificó ostensiblemente a finales de los años 50. Esa fachada es FALSA.

Palacio Episcopal: la fachada posterior tiene una puerta, que no es del Palacio, que fue añadida en los años 60 cuando se demolió el antiguo seminario de la plaza de Galarza, para hacer lo que fue un mercado de abastos y posteriormente, el actual parking. Palacio Episcopal, fachada posterior FALSA.

Demarcación de Carreteras del Estado, en la Plaza de Los Golfines: edificio completamente FALSO, incluida la puerta, que también proviene del antiguo seminario de Galarza.

Foro de los Balbos, al que algunos atribuyen la pureza y la esencia de la ciudad monumental, también es FALSO, incluida la entrada que sobre este asunto hay en la wikipedia. Es incomprensible que se desconozca qué era el Foro de una ciudad y más incomprensible aún que se pretenda ubicar el Foro en el exterior de la muralla.

Archivo Histórico Provincial. FALSO, completamente.

Plaza de Santa María. Escultura de San Pedro de Alcántara, ubicada modificando la esquina de la concatedral, es incomprensible que esté situada en un entorno que le corresponde, FALSEANDO la plaza. Esa escultura, cuyo autor fue Pérez Comendador debería estar en un mejor lugar, eliminándose cualquier elemento perturbador sobre la propia iglesia de Santa María.

Plaza de Santa Maria. Leyenda esculpida en la cantería de la concatedral, dedicada al ideólgo del fascismo en España.

Edificio particular en calle Olmos, con traseras al Adarve, completamente falso, con imposturas en fachadas totalmente inadecuadas.

La ciudad de Cáceres nunca fue “de piedra”. Sus fachadas estaban enfoscadas y encaladas, como las de la Preciosa Sangre. La furia por dejar vista la piedra se corresponde con una corriente llamada “fachadista”, que es la que impregna también el Plan Especial de Cáceres y que parece que es la que domina el Informe ICOMOS.

Y de fachadistas ya quedamos hartos con todas las falsedades señaladas, y muchas que seguramente se podrán añadir.

Vale.

Con la entrada en vigor de la ley del aborto, además de mostrar la realidad antidemocrática de la derechona representada por el Partido Gurtelar, los colectivos médicos que se oponen a cumplir la ley se escudan en un inexistente derecho a la objeción de conciencia. Y, como ese derecho no existe, piden que se regule.

Nada que objetar a que, si quieren, se regule el derecho que reclaman a no cumplir con la ley. Por supuesto, siempre que la regulación tenga en cuenta que ellos reclaman un derecho (objetar para no cumplir con una ley), frente a un derecho que la ley confiere a las mujeres que quieren abortar. Por tanto, estamos ante dos derechos. O ante algo más.

Cuando se reguló la objeción de conciencia para eximirse del cumplimiento del servicio militar obligatorio, se estableció, como alternativa, la prestación social sustitutoria. Se trataba de compensar la exención de una obligación universal (aunque solamente para los varones) con una prestación que conllevara el cumplimiento de alguna obligación que compensara la exención.

En el caso de los médicos de la sanidad pública que quieren ampararse en el derecho a la objeción de conciencia, fundamentada en creencias religiosas, no se trata de una obligación universal como era el servicio militar obligatorio, sino de una obligación contractual, incluida en su puesto de trabajo. Desde el mismo momento en que un médico accede a la sanidad pública está en las mismas condiciones que cuando un médico trabaja para una empresa privada: tiene que cumplir los cometidos que la empresa que le paga le encomienda. Y si no los cumple, es causa de despido. ¿O no?

Pero el Estado es magnánimo: permite a unos empleados que se declaren objetores para no trabajar, para no cumplir el contrato por el cual reciben sus retribuciones. Y se lo permite sabiendo que el fundamento es espurio, y que ese incumplimiento consentido de una obligación laboral perjudica que otros ciudadanos, las mujeres, puedan ejercer un derecho cuando menos del mismo valor constitucional que el que ellos aducen para objetar.

Si finalmente se regula la objeción de conciencia para los médicos perjudicando el derecho de las mujeres a optar por abortar, habrán de tenerse en cuenta todos los factores. En primer lugar, que no es un derecho universal, sin particular, y, por tanto, no cabe una alternativa universal como la prestación social sustitutoria. En segundo lugar, el derecho que plantean es, objetivamente, un incumplimiento de las obligaciones laborales que tienen contraídas con la sanidad pública. En tercer lugar, el derecho que reclaman supone un perjuicio a la hacienda pública, por cuanto su acogimiento supone que la sanidad pública, la hacienda pública, haya de recurrir a una externalización de un servicio que no puede prestarse por el interés privado de esos médicos.

Los costes reales que haya de asumir la sanidad pública derivando a clínicas privadas a las mujeres que optan por ejercer su derecho a abortar no puede imputarse a la propia hacienda pública, sino a quienes reclaman una exención a sus obligaciones laborales.

La solución que legalmente habrá de plantearse será bastante sencilla: aplicar conceptos económicos. Si una mujer que quiere ejercer su derecho a abortar acude a su área de salud, y desde ésta se le dice que no se le puede atender porque los médicos que podría realizar la intervención se han acogido a la objeción de conciencia, deberá ser derivada a una clínica privada, que realizará la intervención y facturará su importe a la sanidad pública. Pues bien, la sanidad pública, la empresa que paga al médico que por razones de conciencia, que no de ciencia, se ha acogido a un derecho privado, deberá descontar, en la siguiente nómina a la fecha de la intervención el importe de la misma.

Porque lo que no puede hacer la sanidad pública es pagar dos veces por el mismo servicio: el médico que objeta, el empleado de la sanidad pública que objeta, cobra su salario completo aunque no lo trabaje de modo completo. Y, por ese incumplimiento laboral, ha de pagarse un servicio externo.

Si quieren objeción de conciencia, de acuerdo, pero que la paguen de sus nóminas. Y es perfectamente legal que la empresa que paga un salario a un profesional, le exija el cumplimiento de las obligaciones legales. La objeción de conciencia, en la práctica laboral, sería un contrato parcial, incompleto, que debe tener su contrapartida en una nómina parcial, incompleta.

Vale.