A TIENTAS
Se retrocede con seguridad
pero se avanza a tientas
uno adelanta manos como un ciego
ciego imprudente por añadidura
pero lo absurdo es que no es ciego
y distingue el relámpago la lluvia
los rostros insepultos la ceniza
la sonrisa del necio las afrentas
un barrunto de pena en el espejo
la baranda oxidada con sus pájaros
la opaca incertidumbre de los otros
enfrentada a la propia incertidumbre
se avanza a tientas / lentamente
por lo común a contramano
de los convictos y confesos
en búsqueda tal vez
de amores residuales
que sirvan de consuelo y recompensa
o iluminen un pozo de nostalgias
se avanza a tientas/ vacilante
no importan la distancia ni el horario
ni que el futuro sea una vislumbre
o una pasión deshabitada
a tientas hasta que una noche
se queda uno sin cómplices ni tacto
y a ciegas otra vez y para siempre
se introduce en un túnel o destino
que no se sabe dónde acaba.
Mario Benedetti
Vale.
Archivos para April 30, 2009
El Partido Popular de Cáceres había aprobado un plan de urbanismo para 65.000 viviendas nuevas en una ciudad con menos de 95.000 habitantes. Un plan insostenible técnicamente (no hay capacidad de abastecimiento de agua para un volumen de viviendas como el propuesto) e incomprensible ya en el momento en que se produjo esa aprobación, mayo de 2007.
El actual equipo de gobierno (PSOE+IU), con el apoyo del concejal de Foro Ciudadano, sometió a aprobación un plan con un horizonte de 28.800 viviendas nuevas, muchas todavía. El Partido Popular se opuso frontalmente al recorte.
Ahora, PP y FC plantean incrementar, en la fase de alegaciones, la previsión en unas 5.000 viviendas, hasta llegar a las 34.000.
En realidad, el PP sigue empecinado en desconocer la realidad. En una situación de crisis económica mundial, que en España tiene el añadido de la crisis del sector de la construcción. Específicamente, el diferencial español en la crisis no es sino la crisis del sector residencial de la construcción, que ha llevado a los bancos a convertirse en grandes propietarios de viviendas.
Las decisiones políticas adoptadas por el primero gobierno de Aznar en 1996, llevaron a promulgar la Ley 6/1998, de régimen del suelo y valoraciones, que entre otros efectos poco criticados entonces y ahora, especialmente por los medios de comunicación de la derecha, está en que las empresas constructoras contabilizaban los terrenos en función de sus expectativas (especulación), y utilizaban esas contabilidades para que las tasadoras (sin crítica por el Banco de España, que ahora se pone estupendo dando recetas contra la crisis) avalaran con sus valoraciones la concesión de créditos por parte de la banca.
El PP, en lugar de callarse un poquito, en Cáceres continúa en la senda marcada por su gurú neoconsevador en lo económico y ultraderechista en lo político, José María Aznar. Así, el Plan de Urbanismo que planteaban de 65.000 viviendas estaba claramente inspirado en la Ley 6/98, máxime cuando el director del plan, Enrique Porto Rey fue uno de los redactores de dicha Ley. Hoy, Porto Rey está encausado por prácticas corruptas en materia de urbanismo.
Más le valdría al grupo municipal de la derecha explicar a los ciudadanos cómo aprobaron un plan para 65.000 en el que se robaban a la ciudad los derechos urbanísticos de las casi 16 hectáreas de suelo del actual ferial, para mayor gloria de los propietarios de los terrenos circundantes. Esa explicación sería necesaria. Y si no lo hacen, el puro y casto concejal de Foro Ciudadano debería exigirles una explicación antes de echarse en sus brazos y ayudarles a meter en el plan más terrenos de la Montaña, que servirán a sus propietarios para especular y para convertir en euros las herencias recibidas. Si Felipe Vela no exige al PP explicaciones sobre el asunto del Ferial (el PSOE ya lo ha hecho, rescatando para los intereses generales los derechos urbanísticos que le habían sido robados a los ciudadanos), se situará en la situación de cómplice de nuevas tropelías de las que tendrá que dar explicaciones.
Vale.
El actual equipo de gobierno (PSOE+IU), con el apoyo del concejal de Foro Ciudadano, sometió a aprobación un plan con un horizonte de 28.800 viviendas nuevas, muchas todavía. El Partido Popular se opuso frontalmente al recorte.
Ahora, PP y FC plantean incrementar, en la fase de alegaciones, la previsión en unas 5.000 viviendas, hasta llegar a las 34.000.
En realidad, el PP sigue empecinado en desconocer la realidad. En una situación de crisis económica mundial, que en España tiene el añadido de la crisis del sector de la construcción. Específicamente, el diferencial español en la crisis no es sino la crisis del sector residencial de la construcción, que ha llevado a los bancos a convertirse en grandes propietarios de viviendas.
Las decisiones políticas adoptadas por el primero gobierno de Aznar en 1996, llevaron a promulgar la Ley 6/1998, de régimen del suelo y valoraciones, que entre otros efectos poco criticados entonces y ahora, especialmente por los medios de comunicación de la derecha, está en que las empresas constructoras contabilizaban los terrenos en función de sus expectativas (especulación), y utilizaban esas contabilidades para que las tasadoras (sin crítica por el Banco de España, que ahora se pone estupendo dando recetas contra la crisis) avalaran con sus valoraciones la concesión de créditos por parte de la banca.
El PP, en lugar de callarse un poquito, en Cáceres continúa en la senda marcada por su gurú neoconsevador en lo económico y ultraderechista en lo político, José María Aznar. Así, el Plan de Urbanismo que planteaban de 65.000 viviendas estaba claramente inspirado en la Ley 6/98, máxime cuando el director del plan, Enrique Porto Rey fue uno de los redactores de dicha Ley. Hoy, Porto Rey está encausado por prácticas corruptas en materia de urbanismo.
Más le valdría al grupo municipal de la derecha explicar a los ciudadanos cómo aprobaron un plan para 65.000 en el que se robaban a la ciudad los derechos urbanísticos de las casi 16 hectáreas de suelo del actual ferial, para mayor gloria de los propietarios de los terrenos circundantes. Esa explicación sería necesaria. Y si no lo hacen, el puro y casto concejal de Foro Ciudadano debería exigirles una explicación antes de echarse en sus brazos y ayudarles a meter en el plan más terrenos de la Montaña, que servirán a sus propietarios para especular y para convertir en euros las herencias recibidas. Si Felipe Vela no exige al PP explicaciones sobre el asunto del Ferial (el PSOE ya lo ha hecho, rescatando para los intereses generales los derechos urbanísticos que le habían sido robados a los ciudadanos), se situará en la situación de cómplice de nuevas tropelías de las que tendrá que dar explicaciones.
Vale.
La euforia previa a la final de la Copa del Rey, que jugarán en poco más de una hora el Athletic de Bilbao y el FC Barcelona, ha provocado una de las fotos más curiosas y, especialmente, más simbólicas de los últimos tiempos: los diputados del PNV se han fotografiado con los leones de la escalinata del Palacio del Congreso de los Diputados con banderas, bufandas y camisetas del Athletic de Bilbao.
El equipo vasco, conocido también como «los leones de San Mamés», ha servido para que los diputados nacionalistas del PNV unan en una imagen impagable su euforia previa a la final futbolística con el símbolo de la soberanía constitucional de España. Y más aún, según se informa en los medios de comunicación, los diputados vascos han solicitado el permiso de la mesa del Congreso para poder hacerse las fotografías.
La realidad, poco a poco, se va imponiendo, y la imagen de los diputados del PNV uniendo el símbolo del fútbol vasco con la imagen más conocida de la democracia, y la de muchos diputados, catalanes y vascos posando con camisetas, puestas o en las manos, con las paredes del Congreso de fondo, señala una normalidad que seguramente con el tiempo podremos valorar mejor.
Vale.
El equipo vasco, conocido también como «los leones de San Mamés», ha servido para que los diputados nacionalistas del PNV unan en una imagen impagable su euforia previa a la final futbolística con el símbolo de la soberanía constitucional de España. Y más aún, según se informa en los medios de comunicación, los diputados vascos han solicitado el permiso de la mesa del Congreso para poder hacerse las fotografías.
La realidad, poco a poco, se va imponiendo, y la imagen de los diputados del PNV uniendo el símbolo del fútbol vasco con la imagen más conocida de la democracia, y la de muchos diputados, catalanes y vascos posando con camisetas, puestas o en las manos, con las paredes del Congreso de fondo, señala una normalidad que seguramente con el tiempo podremos valorar mejor.
Vale.
El Gobierno ha decidido que la llamada «píldora del día después» pueda venderse sin receta, y, automáticamente, el reaccionario foro de la familia ha comenzado a soltar lindezas científicas, jurídicas y técnicas que, mezcladas con el catecismo del padre Ripalda, nos recuerdan imágenes de antaño, imágenes y discursos añejos.
El objetivo del Gobierno es disminuir el número de embarazos no deseados. Ya con el asunto de la supresión del consentimiento paterno para abortar a partir de los 16 años, estos coros reaccionarios afirmaron sin pudor ninguno que si para una intervención de amígdalas era necesario ese consentimiento, más para un aborto. Sin embargo, la Ley de Autonomía del Paciente (creo que se llama así) que impulsó el Gobierno de Aznar no decía eso, sino lo contrario. El ejemplo, la comparación, muy celebrada al principio se desmoronó al leer la ley.
Sin embargo, lo más llamativo del revuelo que la derecha moral ha comenzado a propagar por los medios de comunicación que les sirven de altavoces, es que, de manera inmediata, los farmaceúticos han anunciado que podrá ejercer la objeción de conciencia. ¡Vaya, lo mismo que los médicos de la sanidad pública para no practicar abortos y que se dicen acosados si se investiga si los practican en la privada!
Algún filósofo, como Javier Sádaba, considera que los profesionales de la sanidad tienen el derecho a la objeción de conciencia. ¡Claro que lo tienen! Pero habrá que tener en cuenta el foro en el que Sádaba ha hecho sus afirmaciones: una conferencia organizada por el Colegio de Enfermería de Bilbao.
El Estado, que será el que adopte la decisión de cuándo se comienza a poner en práctica la venta de la píldora del día después sin receta, debe reconocer el derecho de los farmaceúticos a la objeción de conciencia, pero no hay que olvidar que las llamadas «oficinas de farmacia» son concesiones administrativas de un servicio público. O lo que es lo mismo, es el propio Estado (a través de las Comunidades Autónomas) el que regula la apertura de estos negocios. En definitiva, los farmaceúticos son una parte de la sanidad, y su negocio se lo deben a la acción del propio Estado.
En definitiva, como es el Estado el que regula en el interés general (la disminución de embarazos no deseados, un problema social de gran envergadura, y una tragedia individual en la mayor parte de los casos) y como es el Estado el que regula el negocio de las farmacias, no sería inconveniente ninguno reconocer a los Licenciados en Farmacia el derecho a la objeción de conciencia en la venta de este medicamento, pero también el Estado puede determinar las condiciones económicas de un negocio de utilidad pública restringido y regulado.
El Estado debería reservarse el derecho a la objeción de conciencia cuando éste se utiliza exclusivamente con finalidades morales (en realidad, con sometimiento a una determinada doctrina religiosa).
Vale.
Sin embargo, lo más llamativo del revuelo que la derecha moral ha comenzado a propagar por los medios de comunicación que les sirven de altavoces, es que, de manera inmediata, los farmaceúticos han anunciado que podrá ejercer la objeción de conciencia. ¡Vaya, lo mismo que los médicos de la sanidad pública para no practicar abortos y que se dicen acosados si se investiga si los practican en la privada!
Algún filósofo, como Javier Sádaba, considera que los profesionales de la sanidad tienen el derecho a la objeción de conciencia. ¡Claro que lo tienen! Pero habrá que tener en cuenta el foro en el que Sádaba ha hecho sus afirmaciones: una conferencia organizada por el Colegio de Enfermería de Bilbao.
El Estado, que será el que adopte la decisión de cuándo se comienza a poner en práctica la venta de la píldora del día después sin receta, debe reconocer el derecho de los farmaceúticos a la objeción de conciencia, pero no hay que olvidar que las llamadas «oficinas de farmacia» son concesiones administrativas de un servicio público. O lo que es lo mismo, es el propio Estado (a través de las Comunidades Autónomas) el que regula la apertura de estos negocios. En definitiva, los farmaceúticos son una parte de la sanidad, y su negocio se lo deben a la acción del propio Estado.
En definitiva, como es el Estado el que regula en el interés general (la disminución de embarazos no deseados, un problema social de gran envergadura, y una tragedia individual en la mayor parte de los casos) y como es el Estado el que regula el negocio de las farmacias, no sería inconveniente ninguno reconocer a los Licenciados en Farmacia el derecho a la objeción de conciencia en la venta de este medicamento, pero también el Estado puede determinar las condiciones económicas de un negocio de utilidad pública restringido y regulado.
El Estado debería reservarse el derecho a la objeción de conciencia cuando éste se utiliza exclusivamente con finalidades morales (en realidad, con sometimiento a una determinada doctrina religiosa).
Vale.
El apresamiento de dos grupos de piratas por el buque de la Armada española “Marqués de la Ensanada” y la orden de su puesta en libertad dictada por el magistrado de la Audiencia Nacional Joaquín Andréu, pone de manifiesto la importancia que el derecho tiene en un Estado, como el español, en el que las garantías son el fundamento primordial de su ordenamiento jurídico.
Cuando estamos cansados de ver informes jurídicos de eminentes o prominentes despachos de abogados que se basan, para los intereses económicos de quienes les contratan, en que determinadas prácticas no están prohibidas expresamente por las leyes y, por tanto, pueden ser asumidas, y de hecho muchas veces lo son, por las administraciones, unos hechos delictivos per se, las acciones de los piratas, no pueden ser tomadas en consideración porque no existe regulación del delito. Es decir, mientras se admite como ordinario en distintas áreas del derecho que la no prohibición expresa de determinada práctica (por ejemplo, para los convenios urbanísticos, antesala de la corrupción), ahora nos encontramos en la situación de tener que admitir que un delito, la piratería, no puede juzgarse por no estar prohibida.
En estos momentos, está en tramitación en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal, que incluirá el delito de piratería, o mejor dicho, que volverá a introducir en el Código dicho delito, que se había dado por erradicado, como algunas enfermedades.
Mientras tanto, España ha liderado la puesta en marcha de la operación Atalanta, nacida tras el apresamiento por piratas, hace poco más de un año, del atunero vasco “Playa de Bakio”. Para participar en dicha operación contra la piratería han sido necesarios acuerdos del Consejo de Ministros, conocimiento por el Congreso de los Diputados de participación de tropas españolas en la misión internacional, firma de acuerdos internacionales… Todo ello, sin embargo, no es suficiente para que un juez, en el ejercicio garantista del ordenamiento jurídico español, emita un auto decretando la libertad de los piratas, sin ni siquiera permitir que puedan ser entregados a Kenia, como ha sido realizado por otros países (Alemania, Francia) que también carecen en sus respectivos Códigos Penales de regulación del delito de piratería.
Esta situación va a ser aprovechada por el PP para lanzar duras críticas a la ministra de Defensa, lo que en definitiva no será otra cosa que deslegitimar, o tratar de deslegitimar, acuerdos del Consejo de Ministros, acuerdos del Congreso (con el voto favorable del propio PP) para enviar tropas al Índico, acuerdos internacionales.
En la práctica, la inexistencia en el Código Penal del delito de piratería, servirá al PP para piratear la política de Defensa, lo que debilitará la acción de nuestras FAS en la operación Atalanta, y debilitará la moral de las tropas que la forman. Pero esto último, que es muy importante, a la derecha le da igual mientras les aproveche para su convento.
Cuando estamos cansados de ver informes jurídicos de eminentes o prominentes despachos de abogados que se basan, para los intereses económicos de quienes les contratan, en que determinadas prácticas no están prohibidas expresamente por las leyes y, por tanto, pueden ser asumidas, y de hecho muchas veces lo son, por las administraciones, unos hechos delictivos per se, las acciones de los piratas, no pueden ser tomadas en consideración porque no existe regulación del delito. Es decir, mientras se admite como ordinario en distintas áreas del derecho que la no prohibición expresa de determinada práctica (por ejemplo, para los convenios urbanísticos, antesala de la corrupción), ahora nos encontramos en la situación de tener que admitir que un delito, la piratería, no puede juzgarse por no estar prohibida.
En estos momentos, está en tramitación en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal, que incluirá el delito de piratería, o mejor dicho, que volverá a introducir en el Código dicho delito, que se había dado por erradicado, como algunas enfermedades.
Mientras tanto, España ha liderado la puesta en marcha de la operación Atalanta, nacida tras el apresamiento por piratas, hace poco más de un año, del atunero vasco “Playa de Bakio”. Para participar en dicha operación contra la piratería han sido necesarios acuerdos del Consejo de Ministros, conocimiento por el Congreso de los Diputados de participación de tropas españolas en la misión internacional, firma de acuerdos internacionales… Todo ello, sin embargo, no es suficiente para que un juez, en el ejercicio garantista del ordenamiento jurídico español, emita un auto decretando la libertad de los piratas, sin ni siquiera permitir que puedan ser entregados a Kenia, como ha sido realizado por otros países (Alemania, Francia) que también carecen en sus respectivos Códigos Penales de regulación del delito de piratería.
Esta situación va a ser aprovechada por el PP para lanzar duras críticas a la ministra de Defensa, lo que en definitiva no será otra cosa que deslegitimar, o tratar de deslegitimar, acuerdos del Consejo de Ministros, acuerdos del Congreso (con el voto favorable del propio PP) para enviar tropas al Índico, acuerdos internacionales.
En la práctica, la inexistencia en el Código Penal del delito de piratería, servirá al PP para piratear la política de Defensa, lo que debilitará la acción de nuestras FAS en la operación Atalanta, y debilitará la moral de las tropas que la forman. Pero esto último, que es muy importante, a la derecha le da igual mientras les aproveche para su convento.
Vale.
El nombramiento de Jaime Denis para dirigir el INTA (www.inta.es), organismo dependiente del Ministerio de Defensa y de un altísimo nivel técnico y científico, ha supuesto su sustitución al frente de la Dirección General de Infraestructura de dicho Ministerio (http://www.mde.es/digenin/inicio.html) por Mónica Melle Hernández.
Algunos medios (de los pocos que se hacen eco de cuestiones de la Defensa, salvo los accidentes y similares) consideran importante el cambio al frente del INTA, al parecer por algunas cuestiones de gestión, si bien hay que considerar el perfil de la persona que estará al frente de la Dirección General de Infraestructura. Mónica Melle, que fue candidata por el PSOEal Congreso en las pasadas elecciones de marzo de 2008, es profesora universitaria en el área económica, y tiene experiencia de gestión en varios ministerios, incluido el equipo ministerial de Jordi Sevilla.
El 25 de noviembre de 2008, Carme Chacón presentó en la Comisión de Defensa la Directiva de Defensa Nacional, cuyo desarrollo será la evolución que tengan las FAS a lo largo de la legislatura. Uno de los objetivos de la Directiva, estrechamente relacionado con las competencias de la Dirección General de Infraestructura, es la financiación de las FAS, que, aunque pudiera parecer extraño, carece de un marco estable y depende de la gestión que se hace de los inmuebles militares. En realidad, la infraestructura y el equipamiento dependen del mercado inmobiliario, y la actual situación del mismo en el conjunto de la crisis económica, es una de las grandes dificultades del Ministerio de Defensa y de las propias FAS en estos momentos.
Uno de los objetivos de la Directiva, es el de mantener un esfuerzo presupuestarios continuado y suficiente para proporcionar a las Fuerzas Armadas un escenario económico estable a medio y largo plazo que permita completar el actual proceso de transformación y asegurar el nivel que corresponde a España en el contexto internacional y por tanto también su participación en misiones en el exterior, según consta en el Diario de Sesiones de la Comisión.
La falta de un marco estable de financiación de la Defensa es, por ejemplo, una de las causas por las que el Ministerio se vio obligado a cambiar el despliegue operativo de las FAS fijado en el R.D. 416/2006, llevándose por delante, por ejemplo, la previsión de ampliar el Acuartelamiento de Santa Ana en Cáceres, para ubicar en el mismo el Regimiento de Ingenieros nº 1, con sede en estos momentos en Castrillo del Val (Burgos).
Vale.
Algunos medios (de los pocos que se hacen eco de cuestiones de la Defensa, salvo los accidentes y similares) consideran importante el cambio al frente del INTA, al parecer por algunas cuestiones de gestión, si bien hay que considerar el perfil de la persona que estará al frente de la Dirección General de Infraestructura. Mónica Melle, que fue candidata por el PSOEal Congreso en las pasadas elecciones de marzo de 2008, es profesora universitaria en el área económica, y tiene experiencia de gestión en varios ministerios, incluido el equipo ministerial de Jordi Sevilla.
El 25 de noviembre de 2008, Carme Chacón presentó en la Comisión de Defensa la Directiva de Defensa Nacional, cuyo desarrollo será la evolución que tengan las FAS a lo largo de la legislatura. Uno de los objetivos de la Directiva, estrechamente relacionado con las competencias de la Dirección General de Infraestructura, es la financiación de las FAS, que, aunque pudiera parecer extraño, carece de un marco estable y depende de la gestión que se hace de los inmuebles militares. En realidad, la infraestructura y el equipamiento dependen del mercado inmobiliario, y la actual situación del mismo en el conjunto de la crisis económica, es una de las grandes dificultades del Ministerio de Defensa y de las propias FAS en estos momentos.
Uno de los objetivos de la Directiva, es el de mantener un esfuerzo presupuestarios continuado y suficiente para proporcionar a las Fuerzas Armadas un escenario económico estable a medio y largo plazo que permita completar el actual proceso de transformación y asegurar el nivel que corresponde a España en el contexto internacional y por tanto también su participación en misiones en el exterior, según consta en el Diario de Sesiones de la Comisión.
La falta de un marco estable de financiación de la Defensa es, por ejemplo, una de las causas por las que el Ministerio se vio obligado a cambiar el despliegue operativo de las FAS fijado en el R.D. 416/2006, llevándose por delante, por ejemplo, la previsión de ampliar el Acuartelamiento de Santa Ana en Cáceres, para ubicar en el mismo el Regimiento de Ingenieros nº 1, con sede en estos momentos en Castrillo del Val (Burgos).
Vale.
La prensa madrileña recoge hoy que se producirán nuevos cambios en los escalones intermedios del Ministerio de Defensa, en sus direcciones generales. En concreto, el actual Director general de Infraestructura, Jaime Jesús Denis Zambrana, pasará a ser nuevo máximo responsable del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas” (www.inta.es), uno de los centros de investigación de mayor nivel de nuestro país.
Para sustituirle, la ministra Carme Chacón ha elegido, según parece, a una asesora suya cuando fue titular de Vivienda, Mónica Melle Hernández, que formó parte de la lista del PSOE por Madrid en las pasadas elecciones generales de 2008. Mónica Melle es profesora en el área económica en la Universidad Complutense de Madrid.
Este cambio, apostando por una persona directamente vinculada al Partido en el gobierno para un área de gran importancia en el ámbito de la Administración militar puede explicarse si tenemos en cuenta que uno de los objetivos de la Directiva de Defensa Nacional firmada por el Presidente Zapatero es la consecución de un marco financiero estable para un área del Estado, en el sentido más puro y tradicional del concepto de Estado, por lo que poner a una economista al frente de la dirección general que ahora coordina la obtención de recursos económicos con los que hacer frente no sólo a nuevas infraestructuras sino, en la actual situación económica, a prioridades como la seguridad de las misiones internacionales y a culminar procesos de transformación en curso.
El marcado perfil de militancia socialista de la que posiblemente el viernes 8 de mayo de 2009 sea nombrada Directoral General de Infraestructura debería contribuir también a desbloquear algunas cuestiones, como el desarrollo del Protocolo firmado el 2 de diciembre de 2008, por la Ministra de Defensa con el Presidente de la Junta de Extremadura y la Alcaldesa de Cáceres, incluso en una situación económica adversa y con una previsión en el ámbito de Defensa algo compleja. Pero con una significada militante socialista en la Dirección general, sería, debería ser, más fácil plantear soluciones a lo firmado solemnemente en el salón de plenos del Ayuntamiento de Cáceres.
Para sustituirle, la ministra Carme Chacón ha elegido, según parece, a una asesora suya cuando fue titular de Vivienda, Mónica Melle Hernández, que formó parte de la lista del PSOE por Madrid en las pasadas elecciones generales de 2008. Mónica Melle es profesora en el área económica en la Universidad Complutense de Madrid.
Este cambio, apostando por una persona directamente vinculada al Partido en el gobierno para un área de gran importancia en el ámbito de la Administración militar puede explicarse si tenemos en cuenta que uno de los objetivos de la Directiva de Defensa Nacional firmada por el Presidente Zapatero es la consecución de un marco financiero estable para un área del Estado, en el sentido más puro y tradicional del concepto de Estado, por lo que poner a una economista al frente de la dirección general que ahora coordina la obtención de recursos económicos con los que hacer frente no sólo a nuevas infraestructuras sino, en la actual situación económica, a prioridades como la seguridad de las misiones internacionales y a culminar procesos de transformación en curso.
El marcado perfil de militancia socialista de la que posiblemente el viernes 8 de mayo de 2009 sea nombrada Directoral General de Infraestructura debería contribuir también a desbloquear algunas cuestiones, como el desarrollo del Protocolo firmado el 2 de diciembre de 2008, por la Ministra de Defensa con el Presidente de la Junta de Extremadura y la Alcaldesa de Cáceres, incluso en una situación económica adversa y con una previsión en el ámbito de Defensa algo compleja. Pero con una significada militante socialista en la Dirección general, sería, debería ser, más fácil plantear soluciones a lo firmado solemnemente en el salón de plenos del Ayuntamiento de Cáceres.
Vale.
La sucesiva imputación de tres diputados del PP en la Asamblea de Madrid (Alberto Bosch, Martín Vasco y López Viejo) por su implicación en el caso Correa solamente ha tenido los efectos que seguramente la dirección del partido buscaba: simular coherencia y corrección política en titulares de prensa, sobre todo en la amiga, la que hagan lo que hagan los peperos les aplauden con las orejas.
La realidad es que esa suspensión de militancia carece de efectos, porque los diputados suspendidos se reincorporan con total naturalidad a sus escaños para sumar sus votos a los de los demás miembros del grupo de la derecha, con total disciplina de partido, como debe ser.
¿No deberían suspenderlos también de pertenencia al grupo popular de la Asamblea de Madrid? ¿Cómo debería materializarse esa suspensión de militancia en el partido respecto del grupo en la Asamblea madrileña? Sin duda, la solución es que pasaran a integrarse en un grupo mixto, si existiera, o la creación de un nuevo grupo, Populares Suspendidos.
Sin embargo, habría un asunto a seguir como consecuencia de las decisiones judiciales de imputación y de imposición de fianzas, en algún caso de casi un millón de euros. Se trataría de saber cómo hacen frente los imputados a la constitución en sede judicial de las fianzas. Si las avalan con bienes propios o si recurren a avales bancarios.
Especial interés tendría saber si finalmente recurren a avales bancarios. Cuando a cualquier ciudadano, trabajador, empresario, los bancos les niegan el pan y la sal, sería muy relevante saber si a estos imputados les conceden avales con los que hacer frente a las decisiones judiciales, teniendo en cuenta que esas fianzas están relacionadas con las cantidades que podrían haber obtenido de las actividades presuntamente delictivas por las que la Justicia les reclama su imputación y posible procesamiento penal.
Vale.
La retirada espiritual de Wayne Simien, jugador del Cáceres 2016 Basket, para dedicarse a labores de pastoreo religioso, está marcada, entre otras cosas, por una presencia en internet muy interesante. La página de la iglesia (creo que más bien se llama comunidad, como se dice en las series yankis) de Simien lleva directamente a una empresa comercializadora de bebidas energéticas el tipo del Gatorade o similares (¿simienlares?). Así, desde Yo Estoy Llamado A La Grandeza (en inglés, «I Am Called To Greatness»), esto es, desde http://www.iamctg.org/ se accede directamente a la empresa de bebidas energéticas, http://www.glaceau.com/.
Pero trasteando un poco más en la web de la comunidad religiosa de Simien, aparecen otros enlaces que, sin duda, aportan su parte económica. Si accedemos a la «bio» de Wayne Simien Jr., y pinchamos dos veces sobre su fotografía, salta un nuevo enlace a una empresa, «REP 1 Sports Groups», una empresa de representantes de deportitas, básicamente jugadores de la NFL, aunque también hay algunos jugadores de béisbol, golf, y un solo jugador de baloncesto, el propio Simien. La empresa tiene su sede en California, y no debe ser una empresa pequeña, por que su Staff es bastante amplio, como puede verse en el pantallazo.
Con estas cosas, las bebidas energéticas patrocinadoras, el link a una empresa de representantes de jugadores, los recursos económicos de la comunidad espiritual de Simien no deben ser escasos. Esto no es ni bueno ni malo, pero es una manera de hacer las cosas que en los USA está muy extendida. La financiación de comunidades religiosas como la creada por Wayne Simien forma parte de la actividad ordinaria de las empresas. La REP 1 Sports Group cuenta con una Fundación a través de la cual ayuda en diversos programas y a distintos colectivos.
En España, en Cáceres en concreto, si Lucio Angulo se decidiera a tomarse en serio sus publicaciones de autoayuda y no a dejarlas colgadas en un blog de cualquier manera, y creara una Comunidad de Autoayuda para Jugadores de Baloncesto, no podría tener esas ayudas. Porque lo que pasa con la comunidad de Simien es que consigue que la responsabilidad social de las empresas le financien el proyecto. Así, ejerce de altruista, de ayudar a los demás… menos a sus compañeros de trabajo a los que dejó tirados (o eso parece).
Vale.
Acaba de ser elegido, a las 20:15 horas del martes, 5 de mayo de 2009, Patxi López como Lehendakari. ¡Enhorabuena, Patxi! ¡Enhorabuena, Euskadi! Y que esa enhorabuena lo sea para todos los vascos, para todos los españoles. Y enhorabuena a todos los socialistas.
Vale.
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