Cerca de las retamas

En la legislatura 2000-2004, el gobierno de Aznar, con mayoría absoluta y con Trillo al frente de Defensa, decidió que la formación de la tropa profesional se llevara a las Academias. Para ello, fue preciso invertir buenas sumas de dinero en Toledo, Segovia y Valladolid. Al mismo tiempo que se hacían las inversiones, el Ejército debía programar esa decisión política, no en vano nuestra Constitución determina que la dirección de la política de Defensa le corresponde al Gobierno.

Esta decisión del infausto Trillo ponía en riesgo de desaparición al Centro de Instrucción y Movilización nº 1 de Cáceres. La ciudad, en parte, se movilizó en contra de la decisión política, con la apatía del gobierno municipal, del Partido Popular, encabezado por José María Saponi, que en los tres años que transcurrieron entre marzo de 2001, cuando el entonces JEME, Pardo de Santayana, anunció el cierre, y 2004, cuando el PP perdió las elecciones, nunca, nunca se reunió con el minisTrillo, ni habló con él ni tomó ninguna iniciativa, más allá de una carta remitida en marzo de 2001. La respuesta que recibió, en el lenguaje propio de Defensa, era demoledora. Nunca el PP apoyó la Plataforma ciudadana que se creó y cuando accedió a colocar una pancarta en el balcón del Ayuntamiento lo hacía con la desgana propia de quien había bajado los brazos.

La siguiente legistlatura, 2004-2008, con los ministros Bono y Alonso, el gobierno socialista mantuvo la política de llevar la formación de la tropa profesional a las Academias, adoptando la decisión de sustituir el Centro de formación de Cáceres por una unidad de Ingenieros. Esta decisión se materializó en el RD 416/2006, que establecía un nuevo despliegue y que se establecía, para su ejecución por el Ejército, en un plazo de cuatro años, esto es, hasta finales de 2010. El RD determinaba que en Cáceres habría un Regimiento de Ingenieros. Ello conllevaba la desaparición del Centro de Instrucción.

La crisis económica, que comenzó a sentirse en los presupuestos de Defensa de manera muy clara en 2009, impidió cumplir el desarrollo del RD 416/2006, y entre los afectados, estaba el traslado a Cáceres del Regimiento de Ingenieros nº 1, de Burgos.

A partir de 2008, con la ministra Chacón al frente de Defensa, y Carmen Heras, del PSOE, al frente del Ayuntamiento de Cáceres, se realizaron múltiples gestiones, encuentros y contactos, que dieron lugar a dos decisiones: una, un protocolo de intenciones que en definitiva tenía la virtualidad de garantizar la presencia de guarnición militar en Cáceres (con los beneficios sociales y económicos que ello tiene para la ciudad), y, una segunda, que el Ministerio definía al Ejército de Tierra la prioridad de mantener esa guarnición.

Ahora, nada más iniciada la nueva legislatura del PP en el Gobierno, nos encontramos de nuevo con el cierre en ciernes sobre el Centro de Formación de Tropa nº 1, con una variante fundamental. Si en el año 2001 el cierre tenía su fundamento en una decisión de política de Defensa, competencia del Gobierno a desarrollar por el Ejército en un plazo de tiempo prudencial (prácticamente una legislatura completa), ahora la decisión no forma parte de la política de Defensa, sino de una decisión puramente económica, en la que el Gobierno establece para cada ministerio un montante económico a recortar, para cuadrar las cuentas.

No se trata de planificación ni económica ni políticas de Defensa. Son decisiones que, de modo tajante, determinan que el propio Ejército ha de tomar aquellas que permitan cumplir con el mandato gubernamental.

Y el Ejército plantea lo que ha denominado “suspensión temporal de actividades principales” (o algo parecido), pero que no determina si esa suspensión temporal será solamente para 2012 (es la “aportación” que corresponde a los militares para llegar al 5,3 del déficit) sino también para 2013 (cuando el déficit no podrá ser mayor del 3).

Cuando una fábrica textil se queda sin suministros de telas para las piezas a fabricar, plantea un ERE.

¿Qué hacer con un centro educativo que se queda sin alumnos? ¿Qué hacer con un centro educativo que, además de quedarse sin alumnos, se queda sin fondos para mantenimiento? ¿Qué hacer con los profesores, qué hacer con el personal de administración, con el de mantenimiento? En esta situación, de modo temporal, está el Centro de Formación Militar de Cáceres.

Todavía se está a la espera de que quienes “tienen mando en plaza política”, tales como el Presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, o como el número 3 o 4 de la dirección nacional del Partido Popular, en el Gobierno, Carlos Floriano, abran la boca. Y no basta para que digan que “están haciendo gestiones”, sino con los papeles timbrados que digan que el CEFOT no se verá afectado por los recortes más allá de los propios de ajustar sus presupuestos para mantenimiento, pero que en ningún caso se “suspenderán, ni temporalmente, sus actividades principales”.

Que el Jefe del Ejército determine una suspensión temporal de actividades demuestra que el Jefe de los militares, al menos, no se sentirá, a dos meses de su pase a la reserva, culpable de haber cerrado la Academia de Suboficiales, o los Centros de Formación de Tropa de Cáceres y de Canarias.

Ahora, con un ERE militar en la práctica, el futuro, a muy corto plazo, solamente tiene dos direcciones: que en octubre, con los presupuestos de 2013 se levante la suspensión, o que, también en octubre, con los presupuestos de 2013, el ERE temporal pase a ser definitivo.

Desgraciadamente, la opción más realista en este contexto, el ERE temporal tiene todas las papeletas de convertirse en definitivo. Y, seguramente, sin esperar a octubre. En mayo próximo, con los Recortes Generales del Estado ya aprobados y sustituida la cúpula militar.

Y ello, sobre todo, por la incapacidad y cobardía de los dirigentes locales y regionales del PP que no tienen ni ganas ni fuerzas para enfrentarse a un gobierno, el de la Nación, a su vez sumiso ante las exigencias económicas de quienes realmente nos gobiernan, nos mandan, Sarkozy y Merkel.

Vale.

En estos días se viene hablando en diversa ciudades de cómo los Recortes, digo, Presupuestos Generales del Estado afectan a determinadas áreas del Ejército de Tierra (Academia de Suboficiales de Talarn, CEFOT 1 en Cáceres, Centro de Formación de Tropas de Canarias, Museo del Ejército…), donde, en todos los casos, se habla de cierres o suspensiones temporales de actividad.

Esto me recuerda, y mucho, a esas noticias de empresas del sector del automóvil que se ven obligadas a formalizar un Expediente de Regulación de Empleo, de carácter temporal, cuando les faltan suministros de piezas. Esos ERE,ss van encaminados a conservar el empleo de los trabajadores imprescindibles para el mantenimiento de las cadenas de producción, en tanto que el resto, al no poder producir, cesan temporalmente en la empresa.

Que en un cuartel, en una academia militar o en un lugar emblemático como el Museo del Ejército en Toledo se planteen “suspensiones temporales de actividad” da lugar a dos, cuando menos dos, tomas de posición. La primera, exterior, del entorno, que, sencillamente ve en esas situaciones de temporalidad, en esas simulaciones de ERE,s la antesala del cierre definitivo. La segunda, interior, que va de la hilaridad al pesimismo, de los empleados públicos afectados. Porque, vamos a ver, ¿cómo se suspende temporalmente la actividad principal de una Academia militar si el personal, todo el personal, sigue en sus puestos de trabajo sin piezas que mover?

La realidad, la realidad laboral es bien distinta. La suspensión temporal de actividades, que no afecta inicialmente (salvo que el destino final sea el cierre definitivo, algo muy posible) al personal “de plantilla”, compuesto por militares y civiles de la nómina del Ministerio de Defensa, afecta de lleno a todo el personal de las contratas de servicios (limpieza, catering, mantenimiento) que en algunos casos, como se está produciendo en Zaragoza, son directamente despedidos, o en otros ven reducidas drásticamente sus jornadas laborales (y, lógicamente, sus retribuciones) como antesala a los despidos definitivos.

En estos cuarteles, en estas dependencias del Ministerio de Defensa, además de los despidos de personal de las contratas, por suspensión o extinción de la actividad principal para que los contratos de mantenimiento, limpieza, etc. están en juego, también, los puestos de trabajo del personal laboral “de plantilla”, además de la continuidad en el destino del resto de funcionarios (militares y civiles).

La reforma salvaje laboral impuesta por la derecha en el Gobierno de la Nación para mejor satisfacer los deseos de la patronal, incluye una habilitación para las Administraciones Públicas, en determinados casos, puedan promover ERE,s o aplicar, en su conjunto, las medidas contenidas en las 64 páginas del BOE dedicadas al Real Decreto Ley de Reforma del Mercado de Trabajo. Los empleados laborales de la nómina del Ministerio de Defensa, en estos centros de trabajo, están sujetos al Estatuto de los Trabajadores y pueden ser objeto de medidas recogidas en la reforma laboral, desde movilidad obligatoria (o renuncia al puesto de trabajo) hasta extinción de contratos por la aplicación de Expedientes de Regulación de Empleo.

Todavía, en ninguno de los casos hasta ahora conocidos y citados al comienzo de este post, he visto que los sindicatos, ni los de clase ni los amarillos, hayan salido en defensa de los puestos de trabajo directos (cuantificables, determinados) que se verán afectados por la suspensión de la actividad principal en Academias militares, Centros de Formación de Tropa y otros.

Vale.