El Periódico Extremadura (www.elperiodicoextremadura.com) publica hoy, 5 de abril de 2013, una información sobre los autobuses, una más: “Un juzgado cuantifica en 8 millones la deuda del Ayuntamiento de Cáceres con Busursa”.
Esta noticia viene a dar continuidad a una serie de ellas en las que los medios de información, los concejales, la alcasenadora Elena Nevado, los vecinos opinan, informan, desinforman y parlotean sobre cuál es el coste, lo que supone en el presupuesto municipal, la necesidad de acudir al interés general para hacer recortes… pero no he visto ninguna información que hable de la realidad.
Con motivo del último hachazo al servicio (que no al presupuesto) que le dio el actual gobierno del Partido Popular, he podido ir conociendo y asentando algunos datos que ya me sonaban, pero que ahora se confirman y demuestran la ineptitud de quienes dirigen el Ayuntamiento.
Cuando el Ministerio de Hacienda de Montoro rechazó en marzo el plan económico que presento el Ayuntamiento de Cáceres (única capital de provincia a la que Hacienda devolvió el plan), obligó a Elena Nevado y sus correligionarios a hacer drásticos recortes: un 23% en 2013 y un 15% en 2014. Sin duda, en las cuentas presentadas al alumno aplicado de Rodrigo Rato, figuraba (debía figurar) la deuda con Busursa, pero no creo que estuvieran los 8 millones de euro a que se refiere hoy El Periódico Extremadura. O lo que es lo mismo, el recorte presupuestario municipal en 2014 superará el 15% en bastante.
En ese recorte del 23% para este año se incluyeron unos 600.000 euros en disminución del déficit del servicio de autobús urbano, que desde la marcha de la empresa del empresario modelo de Esperanza Aguirre, Gerardo Díaz Ferrán, presta la levantina SUBUS. Pero solamente se tocó el servicio, es decir, que la disminución se hacía exclusivamente a costa de prestar un peor servicio. Y eso lo notamos quienes usamos el autobús y los que ven los números en el Audi oficial nunca llegarán a verlo.
Cuando Hacienda, cuando Montoro obliga a unos drásticos recortes (un 23% es drástico), el Ayuntamiento no entró a disminuir el coste del servicio. Y no lo hará. Entre otras cosas, porque sería reconocer que quien adjudicó el servicio lo hizo causando un grave perjuicio a la ciudad. Un perjuicio que ahora obliga a pagar en el juzgado 8 millones de euros que no están en la caja ni lo estarán nunca.
El Ayuntamiento paga el transporte urbano a 2,4 euros por kilómetro recorrido. Ese es el contrato que el gran gestor de la derecha firmó con don Gerardo, actualmente domiciliado en un palacio de propiedad estatal. Que no se olvide. Y la actual alcasenadora Elena Nevado no se ha atrevido a negociar cuando Montoro ha ordenado el recorte.
La actual empresa concesionaria dispone en Alicante y otras zonas en las que opera de vehículos más pequeños, que consumen menos, es decir, cuyo kilómetro de rodaje es más barato. A la empresa se le puede exigir que traiga esos vehículos más pequeños, en buenas condiciones de uso, y así el presupuesto municipal ahorraría bastante.
Como también podría resultar más barato si el Ayuntamiento revisara, de verdad, los costes de esos 2,4 €/km: combustible, gastos de personal, mantenimiento, seguros, etc. Porque seguramente el beneficio industrial podría rebajarse conociendo realmente los costes.
También, recientemente, la empresa ha hecho llegar al Ayuntamiento la necesidad de renovar la flota. Renovación que puede pasar por la compra de vehículos con menos gasto en combustible (gas natural, por ejemplo), de tamaños volúmenes más adecuados, que permitan una reducción notable del coste por kilómetro.
Ya que tenemos que pagar un contrato demencial a mayor gloria de don Gerardo, y que hay que seguir, hasta la nueva concesión, pagando la incompetencia del gran gestor de la OJE, tratemos de reducir los daños que esa gestión causa a las arcas municipales.
Es probable que mucha gente desconozca que el único criterio de pago del servicio de autobuses urbanos a la empresa concesionaria es el del km recorrido. Y es probable que mucha gente también desconozca que el precio por ese km recorrido sea de 2,4 €. Y a partir de ahí, las conclusiones las han de sacar quienes crean que hay otras formas de reducir los gastos, de recortar, y no solamente perjudicando a los ciudadanos, que es lo fácil, el recurso fácil del político indolente. Y es así, gestionando de verdad, con determinación, como se defiende el interés general, aunque ya se sabe que para algunos, el interés general es generalmente el suyo, que aquí nos conocemos todos.
Vale.
Cerca de las retamas 