Los acontecimientos recientes en el Sahara Occidental, recientes y de ahora mismo, me llevaron a un primer post sobre el asunto, para situar las responsabilidades políticas actuales de España para con lo que fue una provincia española. Responsabilidades que nacen del abandono vergonzoso y cobarde que la dictadura franquista llevó a cabo y que hoy solamente son exigibles al Partido Popular heredero político, económico y sociológico del franquismo.
Sin embargo, conviene hacer alguna reflexión más sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en el entorno de El Aiun y sus implicaciones y posibles consecuencias.
De modo inmediato, no cabe duda que hay que exigir a Marruecos, a la dictadura marroquí que termine con la represión.
También, no obstante, hay que analizar la situación geopolítica y las posibles consecuencias de cualquier resultado futuro. Partiendo de la base de la necesaria autodeterminación del Sahara, para convertirse en la República Saharaui Democrática, habrá que evaluar cuál sería el precio en función de cómo se llegara a esa autodeterminación.
No cabe duda de que quienes piden esta autodeterminación, desde los países occidentales, comenzando por España, están dispuestos a asumir que podrían (y lo pongo claramente en condicional, para que se entienda bien) producirse algunos efectos no deseados.
Marruecos es una dictadura militar y, sobre todo, una dictadura religiosa, encarnada en el rey, que es el jefe del Islam. Marruecos es un reino islamista moderado, en cuyo territorio se han producido en los últimos años algunos graves atentados, entre ellos el que costó la vida a ciudadanos españoles. La consecución del sueño saharaui de la autodeterminación podría entenderse en el mundo islámico como una derrota del islamismo moderado que representa el rey Abdalá y provocar una reacción interna entre los islamistas más radicales y un apoyo exterior, de las diversas facciones de Al-Qaeda que operan en varias zonas subsaharianas y en el resto del Magreb.
No hay que olvidar que se cumplen ahora 35 años de la Marcha Verde, organizada por el padre del actual rey marroquí y que culminó con el abandono del pueblo saharaui por la dictadura franquista, y tampoco hay que olvidar que las dictaduras, y la marroquí no es una excepción, necesita “enemigos”, reales o inventados, objetivos reales o inventados (Ceuta y Melilla, algunas veces, de modo testimonial), para reafirmarse y rearmarse interiormente.
En el caso de Marruecos, la necesidad de retroalimentarse de la dictadura tiene, en estos momentos, un componente externo real, y es la creciente influencia del islamismo radical en el Mgreba y en zonas subsaharianas en las que los mensajes maximalistas de Al Qaeda tienen cada vez más seguidores.
La solución a la cuestión saharaui, ahora, pasa por el cese inmediato de la represión, y por la apertura de una negociación real y efectiva en el seno de Naciones Unidas, con la participación activa de España y Francia, por la relevancia y la influencia que ambos países irradian sobre el Magreb.
Vale.
En estos días asistimos a una dificultosa obtención de información sobre lo que viene ocurriendo en el Sahara Occidental, aunque todo parece indicar que, de entrada, parece clara una dura represión a cargo del ejército y la policía de Marruecos. Con el tiempo se irán conociendo informaciones más precisas.
Pero también venimos asistiendo, en España a dos manera de entender la cuestión: los partidos y grupos más a la izquierda, y también numerosos colectivos humanitarios, reclaman que se lleve a cabo de manera efectiva y definitiva la autodeterminación de lo que fue territorio español. Nada que objetar. En muchos aspectos estoy plenamente de acuerdo.
La otra manera, llena de desvergüenza, es la que viene adoptando el Partido Popular, heredero político y económico de la dictadura, acosando y acusando al gobierno socialista. Es una desvergüenza que los que vivieron y se enriquecieron con la dictadura franquista, colaborando con ella o siendo parte de la misma, sean quienes ahora reclamen del gobierno socialista que presione y que ejerza la fuerza sobre Marruecos.
Para quienes desconozcan cómo y cuando se produjo la efectiva descolonización del Sahara, más bien el abandono de los saharauis a su suerte, conviene recordar que fue el último franquismo el que lo llevó a cabo con la más absoluta de las cobardías.
No es de recibo escuchar a dirigentes del Partido Popular dar lecciones sobre este asunto. Ellos, sus dirigentes, sus padres, sus empresas, herederos y continuadores de la dictadura (en derecho mercantil y en derecho laboral, se llamaría “sucesión de empresas”) son los que abandonaron de manera vergonzosa y cobarde el Sahara y a los saharauis.
Los acuerdos del 14 de noviembre de 1975 (http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_tripartito_de_Madrid)
deberían hacerse públicos, en toda su extensión, incluidos los nombres de los firmantes por parte de la dictadura franquista, y de los “negociadores” que dejaron, tras sí, una situación de abandono e indefensión que será preciso resolver, pero a cuya solución no pueden aportar nada los dirigentes, simpatizantes y contribuyentes netos del Partido Popular, porque ellos siguen siendo responsables de la cobardía.
Vale.
La gran cantidad de basura acumulada de la marca Gürtel, que rebosa los contenedores de Génova 13, llega a puntos insospechados. Así, mientras Mariano Camps encarga la estrategia de defensa (¿o no tiene más remedio?) al responsable del área en su ejecutiva, Federico Trillo, éste recurre a maniobras que superan sus capacidades para los tejidos y costuras que tiene que coser.
Pretende el engolado Trillo reproducir la misma estrategia que le dio éxitos al Partido Gurtelar con el caso Naseiro: que el asunto quede anulado por errores de procedimiento judicial. Del caso Naseiro quedó claro que el Partido de la derecha única se había financiado ilegalmente, pero no pudo ser juzgado porque se anularon las pruebas decisivas, una escuchas, que habían sido obtenidas de modo irregular en el procedimiento.
En esa misma estrategia confía (no le queda otra, está pillado) Mariano Camps. Y todo lo que haga o diga el responsable político del accidente del YAK42 habrá que comérselo. Y comerse el pago de 70.000 euros en informes y dictámenes encargados a un bufete de abogados… de sus hijos, también. Todo.
La señora marquesa de Cospedal sale diciendo que eso, que no tienen más remedio, porque se acosa a su partido. Claro: si el partido no se hubiera llenado de mierda, si no se hubiera financiado ilegalmente, no habrían tenido que recurrir a su muñidor de voluntades de cabecera.
¿Cómo se justificarán en la contabilidad del partido las facturas que el Responsable de Justicia e Interior ordena que se abonen al bufete de sus hijos? ¿En qué cuenta del plan general contable se inscriben? Si el encargado de los informes, dictámenes y estrategias es papá, ¿por qué pagárselas a sus niños?
Claro que… el despacho de abogados lo administran los Trillijos, digo los hijos de Trillo, pero el dueño es él. ¿El barrendero se paga dos veces el sueldo? O tres, o más, las que le vengan en gana. Mientras la estrategia funcione, Trillo hará lo que le venga en gana y Mariano tragará como una boca de metro.
Vale.
Los años de “bonanza económica” para el sector inmobiliario, que no fueron sino la consecuencia de una política gubernamental del todo vale impuesta por el Partido Popular a su llegada al gobierno en 1996, han dado paso, con la crisis económica general por medio, a una crisis de empresarios, de empresarios en este sector que no parecen dispuestos a trabajar si no es con unas condiciones favorables para ellos como las citadas de 1996.
En el caso de la ciudad de Cáceres, desde junio de 2007, con la llegada del PSOE a la alcaldía, periódica y machaconamente, se exigía desde la derecha local y desde “el sector empresarial” la entrada en vigor del nuevo plan de urbanismo. Parecía que esos empresarios tenían la necesidad y la urgencia de contar con la norma reguladora básica, el PGM, para poner en marcha sus proyectos.
Sin embargo, la realidad es otra. Esos empresarios que parecían dispuestos a poner en marcha las nuevas previsiones urbanísticas, han desaparecido. No vale que digan que hay falta de crédito. No son precisas ingentes inversiones para contratar a los equipos técnicos que redacten los documentos urbanísticos para su tramitación. No son precisas ingentes cantidades de dinero para poner en marcha las Agrupaciones de Interés Urbanístico. Sí harán falta los créditos necesarios para ejecutar los proyectos de urbanización. También para las necesarias operaciones de compra de terrenos a aquellos propietarios que no son profesionales del sector.
Hasta ahora, los movimientos reales para el desarrollo del nuevo Plan General son nulos, y lo son por la falta de compromiso de los empresarios con el empleo y con la ciudad. Que los empresarios no tienen compromiso con el empleo es algo que cada día demuestra, ha venido demostrando el gran patrono Díaz Ferrán, y los pequeños empresarios del sector en Cáceres siguen su mal ejemplo. Las excepciones, que las hay, son tan honrosas como poco recomendables entre los suyos.
Pero también, y esto es muy doloroso, existe una falta de compromiso con la ciudad en la que han hecho grandes negocios. Ahora, miedosos de sus beneficios futuros, se esconden detrás de una crisis (en la que ellos, también, tienen parte de culpa), dan la espalda a la ciudad.
Vale.
Hace poco, parece ser que se ha señalado por la Fiscalía Anticorrupción que los delitos electorales conocidos en el «caso Gürtel» han prescrito. No entiendo cómo un delito que se comete con la finalidad expresa de que los efectos (quid prodest) del delito beneficien a quienes los comete a lo largo de un período legislativo de cuatro años pueda prescribir si solamente se cuenta el momento preciso en que se materializa la primera parte (compra de candidatos, financiación de la campaña electoral…).
Sería muy interesante que los juristas expertos en derecho electoral estudiaran si el delito se comete y finaliza expresamente en el momento en que quien paga de modo fraudulento una campaña electoral, ya sea de un partido, ya sea de un candidato individual, o si, por el contrario, es en ese momento en el que comienza un «plan preconcebido» para realizar «una pluralidad de acciones u omisiones que ofendan a uno o varios sujetos e infrinjan el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza».
En mi opinión, el delito electoral se comete a lo largo del tiempo en que se desarrolla una legislatura sobre la que el delincuente planea la obtención de beneficios (el partido o candidato, asegurarse la elección y su permanencia en los cuatro años, y quien pone los medios económicos y/o materiales de modo fraudulento, porque espera obtener contrapartidas iguales o mayores que las facilitadas a lo largo de la legislatura).
En Madrid y en Valencia, el Partido Gurtelar se ha beneficiado de la falta de tipificación del delito electoral continuado, o, mejor dicho, del entendimiento que la Fiscalía Anticorrupción hace del concepto de «delito continuado», que se aplica en casos muy concretos (estafa, abusos sexuales), pero que será preciso que se vaya extendiendo a delitos como el electoral o el de violación de los derechos de los trabajadores o del tráfico de personas.
Vale.
Dice el trabajador líder de la derecha española en una entrevista que se publica en el día de hoy en el Diario El País que sus primeras medidas al llegar a La Moncla (da por hecho que ganará las elecciones y podrá gobernar sin pactos) serán como las que adoptaron en 1996. O lo que es lo mismo, este sujeto confía en la desmemoria de los ciudadanos o se mueve con un descaro absoluto.
El primer Real Decreto que aprobó el primer gobierno de Aznar fue el RD-L 5/1996, de 7 de junio, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de colegios profesionales.
Es decir, que este sujeto está dispuesto a volver a la economía del ladrillo, que tan buenos réditos económicos dio a su partido, y sigue dando (Gürtel, Brugal…). No sé si lo hacen porque no saben y no tienen capacidad de plantear un modelo económico nuevo o, sencillamente, porque tienen que seguir pagando peajes.
Este sujeto parece, ya digo, confiar en la desmemoria de los ciudadanos. Y combina la desmemoria, o la memoria selectiva, con un descaro digno de mejor causa. Desmemoria porque en los años en los que el ladrillo, las empresas cuyos altos directivos aplauden con las orejas las políticas que les dan tan pingües beneficios, muchos ciudadanos aprendieron, con la inestimable ayuda del gobierno y los medios de la derecha, a que cada uno de nosotros lleva un especulador dentro.
La especulación que inspiró el primer decreto firmado por Aznar es el mismo y único predicamente ideológico y económico que inspira a un sujeto incapaz de mover un dedo por el conjunto del país. Lo levantará, únicamente, para sí mismo, para su mejor conveniencia.
Un partido atrapado en una red de mierda, en la que los ciudadanos son tan responsables como los ladrones que anidan en las listas electorales corruptas, que confía, y sabe por las encuestas, en que esa mierda no les pasará factura, no puede estar pensando (suponiendo que piensen) en volver a las andadas de una economía basada en el ladrillo a mayor gloria de los empresarios.
La mezcla de desmemoria y descaro de la que hace gala el presunto líder del Partido Gurtelar demuestra, además, que le da igual el país, que su interés está en gobernar a la manera con la que lo hacían las familias pudientes del siglo XIX: un hijo, arzobispo, otro, militar, una hija, casada con un terrateniente, otra, monja, y el hijo tonto a Madrid a guardar los intereses de la familia.
Vale.
Cada vez que en alguno de los dos periódicos locales aparece alguna noticia o refrito de noticias sobre las obras de la Plaza Mayor, sucede lo mismo. Cada vez que en cualquiera de esos medios hay una entrevista o una información o refrito de información con la alcaldesa de la ciudad, sucede lo mismo. Se suceden los comentarios anónimos, de valientes catovis, que dan mandobles sin saber y cualquier día se van a cortar ellos mismos.
Dejando a un lado los que van dirigidos a los militantes del mismo partido que Carmen Heras y similares, los que más éxito tienen son los que bordean o superan, en muchos casos, el Código Penal.
Están los mensajes que vapulean, insultan y tratan de degradar a Carmen Heras. Esos mensajes no serían iguales si se llamara Carmelo Heras. Demuestran lo que son quienes los escriben, y, lo que es peor, que muchos de ellos están escritos por mujeres.
Luego hay otro tipo de comentarios (muchas veces se mezclan con los anteriores) que superan el tipo penal definido para la xenofobia.
Muchos de esos comentaristas, y de esas comentaristas, han conocido la plaza antes de que el alcalde Saponi decidiera colocar la bandejina (que, si no recuerdo mal y para eso están las hemerotecas, él mismo definió de provisional).
Antes de esa bandejina, la plaza estaba como muestra la fotografía que ilustra este post.
Ninguno de esos comentaristas hace referencia a esta imagen, como se ve, una foto en color, por lo que no es muy antigua. Y muchos de esos comentaristas tan valientes apostados en la trinchera de la anonimia conocieron al alcalde responsable de convertir a la Plaza Mayor en un inmenso aparcamiento indecente.
Y si no lo conocieron (algunos podrán atribuir a que son jóvenes ese desconocimiento) no dijeron nada cuando el responsable de convertir la Plaza Mayor en el cutre aparcamiento que se ve en la fotografía fue honrado por el Ayuntamiento con una hermosa calle que lleva su nombre.
Ese responsable no era de Cáceres y ningún atrevido u osado comentarista dice lo más mínimo. Eso sí, no se llamaba Alfonsa.
Cuando se recuerda una foto como la que ilustra este post y se han visto los planos (que han estado en exposición pública y colgados en internet, no sé si siguen colgados), la diferencia es como la de entre noche cerrada y día soleado. Pero eso no interesa.
Las obras de la Plaza Mayor para los cómplices del desaguisado que muestra la foto son la excusa para atacar, sin miramientos y sin educación (de cultura, que es otra cosa, ni hablamos) a la actual alcaldesa de la ciudad.
Por cierto, la foto que ilustra este post pertenece al libro “Extremadura. Reflejos de una tierra. Cáceres”, de Editorial Extremadura.
Se podrá estar o no de acuerdo con el proyecto, se podrá discrepar de las soluciones planteadas por los arquitectos (por cierto, alguno cacereño de familia ilustre y poco sospechosa), pero lo que no puede ser la excusa para los insultos.
¿Y si el jurado de la capitalidad europea 2016 hubiera seguido los comentarios en los periódicos para hacerse una idea de la “cultura” de las ciudades aspirantes? Seguro que en mala educación habríamos ganado sin presentarnos.
Vale.
Siempre he pensado en la apuesta por participar en el reto de la Ciudad Europea de la Cultura 2016 era una excusa para desarrollar políticas y proyectos cuyos resultados se verán en el futuro, que van más allá de una legislatura e incluso de dos períodos de gobierno.
Cáceres 2016 era una excusa, y debe seguir siendo, con el nombre que quiera ponerse.
Quiero recordar que la Expo de Sevilla fue la excusa perfecta para la realización de grandes proyectos que permitieron que 1992 fuera no una meta, sino un punto de partida. Baste de ejemplo el AVE entre Madrid y Sevilla, que ha servido para demostrar la apuesta por un ferrocarril rápido, moderno y eficaz que tendrá pervivencia por largo tiempo. Hoy, esa línea de alta velocidad es el ejemplo que los responsables de infraestructuras ferroviarias en EEUU están tomando para sus proyectos.
La dificultad que el proyecto de Cáceres 2016 entraña y entraña si la decisión es sustentarlo en la cultura es, precisamente, la cultura. El concepto cultura choca frontalmente con la economía y con la tradición. Choca con una economía local y regional cegata y con una tradición amparada en el inmovilismo cultural e ideológico.
La derecha cavernícola de la ciudad partió de una idea sin proyecto. El impulso dado desde la comunidad autónoma y la cooperación de las fuerzas progresistas (en Cáceres declararse progresista es pecado para la carcundia beata) permitió que la idea se convirtiera en proyecto. De haber seguido adelante, las risas con las que una concejala del Partido Popular acogió, en el propio lugar donde se hizo público el fallo, se habrían asumido también por la oposición.
Ahora, la derecha que puso en marcha solamente la idea sin proyecto no quiere saber nada. ¡De buena se han librado! Seguir apoyando conceptos como cultura y ver a la izquierda Habana Espacio y a la derecha el Centro Helga de Alvear cuando se dirigen a sus rezos es una contradicción que no podían soportar por más tiempo.
El futuro del Consorcio Cáceres 2016, con la marca que sea, no es posible si el motor es la cultura, porque la ciudad carece de ella y no quiere “cultivarla”. La cultura no vende, porque no genera plusvalías inmediatas. Por eso, quienes desde el criterio, desacertado, de que para ellos cultura es sinónimo de tradición, y de ahí no salen, solamente quieren que las inversiones vinculadas al proyecto 2016 se mantengan.
Quieren solamente el dinero, la cultura les importa un pepino.
Vale.
El personaje de Los Simpsons tiene pelo. El secundario prejubilado, no. ¿Puede ser cauda de su alopecia la seborrea mental? Seguramente.
Hoy, el actor secundario Pavón, concejal de la más que ruinosa IU en Cáceres, ha montado un nuevo espectáculo en el que, para conseguir los cinco segundos de gloria de los impotentes, ha destruido su ejemplar del Proyecto de la Candidatura de la ciudad a ser designada Ciudad Europea de la Cultura. Lo ha hecho entre el regocijo de los concejales de la derecha, a los que sirve de entretenimiento como los bufones de la Corte de los Austrias. Incluida la concejala que celebró con alegría en el Reina Sofía la decepción de la candidatura cacereña.
El actor secundario Pavón ha cometido hoy una falta de respeto. No a los demás concejales, están acostumbrados a sus gilipolleces ideológicas (contradictio in terminis). No a los medios de comunicación, a los que les ha gustado, y mucho, la actuación del bufón de corte: ya se sabe el poco gusto que los periodistas tienen para el teatro. Con tal de llenar una o dos páginas, les vale todo. No ha faltado el respeto a sus votantes, que ya sabían cómo es el meritorio, y son corresponsables de sus actos.
Hoy, el actor secundario Pavón ha faltado el respeto a los miles de cacereños que creyeron en el proyecto, que creyeron que era posible conseguir la designación.
Hoy, el actor secundario Pavón se ha atrevido a despreciar los deseos de los ciudadanos que apostaron por esta ciudad y su futuro.
Hoy, el actor secundario Pavón ha violado todas las reglas democráticas porque ha faltado el respeto a los ciudadanos. No que se haya equivocado, o que haya hecho un comentario desafortunado. El actor secundario Pavón ha actuado premeditadamente, ha ensayado ante el espejo y seguramente ante algún gi…bello que otro.
Hoy, el actor secundario Pavón me ha faltado el respeto a mí, como ciudadano, como cacereño, como extremeño que ha creído en la oportunidad, en la excusa de la capitalidad cultural para alcanzar un futuro que siempre se nos ha negado.
Hoy, el actor secundario Pavón se ha convertido, sencillamente y llanamente en el concejal sin vergüenza Pavón, al que no hay que guardarle ningún respeto, y la mejor respuesta que se merecen él y los que le jalean desde la ruinosa IU, es echarlos del ayuntamiento.
No se merecen ni siquiera entrar en el salón de plenos, donde los ciudadanos estamos representados y donde no podemos permitir que se nos falte al respeto.
Vale.
La derecha parece que no ha gobernado nunca en ningún sitio. Ni siquiera se reconoce heredera del franquismo, pero no condenan la dictadura. Esa flaca memoria se aplica a todos los órdenes del gobierno, ya sea local o nacional.
Ahora, en Cáceres, la portavoz del partido de la derecha (de toda la derecha, todas las derechas), cuestiona la viabilidad del Pabellón de Ferias. ¡Qué curioso! Un pabellón de ferias que era viable cuando ese partido desmemoriado gobernaba y cuando negociaban con propietarios de los terrenos del entorno del Ferial para acometer una modificación del Plan General que daría, a esos propietarios, pingües beneficios económicos. Tantos, que hasta plasmaron su interés con una oferta de alrededor de 1.200.000 euros a entregar al Ayuntamiento. Aquella modificación no salió adelante, no podía salir, porque la Ley no contemplaba ni contempla convenios urbanísticos que supongan vulnerar el artículo 103 de la Constitución Española. Y al no salir adelante, el partido de la derecha, en el gobierno municipal con mayoría absoluta tiró por la calle de en medio y dio comienzo a la Revisión del Plan General.
Entonces, cuando negociaban con los propietarios de terrenos del entorno, el pabellón de ferias era viable. ¿Por qué ahora no? Ahora, la portavoz de la derecha reclama la constitución de la Agrupación de Interés Urbanístico para desarrollar el Sector denominado “Nuevo Ferial”, dentro del que se encuentran los terrenos sobre los que se plantea el pabellón. ¿Qué condiciones están poniendo los propietarios de ese Sector para iniciar las actuaciones? Seguramente alguna de las que se señalaron en medios de comunicación hace un tiempo: que no se haga el Centro de Ocio en terrenos del actual ferial, sino que se lleve, según la doctrina Cascos, “al quinto pino”. Se nota la misma mano ordenadora que en el Nuevo Cáceres. ¿No se han fijado que todos los terrenos dotacionales, todos, del Nuevo Cáceres están en la misma franja que empieza en el Multiusos y termina más allá de la iglesia de los Testigos de Jehová? ¿Saben por qué? Porque así se “alejaban” los pisos de barrios “poco recomendable” como Las Malvinas (Las 232) y Las Trescientas.
La historia se repite: el Centro de Ocio de titularidad municipal no puede perturbar los intereses económicos de los propietarios de terrenos, ya que su proximidad los perjudicaría.
Además de haber intentado por la vía del negocio, digo del convenio, digo de la “modificación del PGOU” de 1998, durante todos los diversos documentos de la Revisión expuestos al público, los redactores (y con ellos, o por directiva impuesta, los gobernantes de la derecha) mantuvieron los terrenos del actual Ferial dentro del Sector para computar superficies y aprovechamientos, pero los dejaban fuera a la hora de la equidistribución de cargas y beneficios, como marca la ley, perjudicando claramente los intereses municipales, los intereses generales. Los derechos urbanísticos de los terrenos del Ferial han sido recuperados por el actual equipo de gobierno, ante el silencio culpable de quienes los habían camuflado durante tanto tiempo.
Con esa memoria tan flaca, es necesario recordar estas cosas y decir que con los derechos urbanísticos que corresponden al Ayuntamiento por las 13 hectáreas de suelo municipal “recuperados”, incluso con la necesaria participación en los costes de urbanización del conjunto, la economía municipal es más que suficiente para hacer viable el Pabellón de Ferias.
De aquí a mayo de 2011, los propietarios del Ferial se mostrarán renuentes a constituir la Agrupación de Interés Urbanístico si antes no tienen “garantías” del alejamiento de la previsión del Centro de Ocio, y, por tanto, maniobrarán a favor de parte. De la parte derecha, concretamente.
Vale.
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