Cerca de las retamas

En la Asamblea de Extremadura, el Partido Popular, esto es, María Guardiola, ha incluido una enmienda de Vox en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2024, en una cuantía de 100.000 € (exactamente igual que, por ejemplo, ha sucedido en la Región de Murcia) con la siguiente justificación:  Ante los ataques constantes a la unidad nacional, el estado de derecho y las instituciones españolas, es urgente comenzar a desarrollar desde las instituciones las acciones precisas para proteger la unidad nacional como pilar y fundamento del Estado.

Parece ser que las instituciones españolas están siendo atacadas con saña. Como, por ejemplo, la monarquía, a la que según Vox y su seguidista María Guardiola, hay que defender de los ataques que ellos mismos desataron contra Felpudo VI cuando este “no se negó” a nombrar a Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno.

Es un ejemplo solamente. Hay muchos ataques más. Sirva de ejemplo la calificación del Presidente del Gobierno y del propio Gobierno como ilegal e ilegítimo. Un presidente elegido y nombrado conforme determina la propia Constitución.

Fomentar las algaradas en contra del PSOE (los socialistas se lo habrán buscado) en la calle Ferraz, con pancartas como “la Constitución es anticonstitucional” también forma parte del paisaje. Supongo que entre las acciones precisas que pretenden subvencionar desde el gobierno de los principios de María Guardiola se encuentran la compra masiva de banderas, con un porcentaje de banderas con el aguilucho, para surtir a los que se manifiestan contra un gobierno legal y legítimo. También, organizar manifestaciones en diversos puntos del país en contra de ese gobierno.

Otras acciones precisas pueden ser la de afianzar el diagnóstico médico del cáncer del Tribunal Constitucional, o seguir manteniendo en el machito a los jueces caducados del CGPJ, o barbaridades similares. O los vómitos de Corín Tellado.

He tenido que leer otra vez el Estatuto de Autonomía de Extremadura para buscar en qué artículo, en qué epígrafe, la Comunidad Autónoma tiene atribuidas competencias (delegadas, traspasadas, propias…) que amparen que se pueden realizar “acciones precisas” para “proteger la unidad nacional”. Si así fuera, tendría acomodo legal la partida presupuestaria, pero en ningún caso el Ejecutivo regional dispone de esa competencia, y, por tanto, cualquier gasto presupuestario está y estaría fuera de la legitimidad.

Otra cosa es que María Guardiola y sus María-chis se plieguen, como lo están haciendo, a la paranoia de los voxeros. Porque una cosa son los artículos de opinión, los debates políticos en los que tienen cabida, ¡faltaría más! esas soflamas, pero en cuestión de números, de euros contantes y sonantes, no pueden ampararse.

Si quieren realizar “acciones precisas” para putodefender la unidad nacional, que las hagan de su bolsillo y no convertir los presupuestos de toda la Comunidad Autónoma (y de todos sus habitantes) en un monedero para sus gastos corrientes.

Vale.

Es habitual, en las ediciones digitales de los periódicos, singularmente “de provincias”, observar cómo los espacios comprados por empresas para trasladar sus mensajes comerciales y darles las apariencias de informaciones, de noticias, de veracidad.

En Cáceres ya tuvimos una singular campaña con la empresa sucursal de la minera australiana Infinity Lithium, que se publicitaba buscando la llamada licencia social para su proyecto de mina de litio prácticamente en el casco urbano de la ciudad.

Sin embargo, en fechas recientes he observado la introducción de un nuevo modelo de “información”. Lo he denominado como titulo este post: “Entrevistas al peso”.

Si se es un asiduo lector de medios digitales, trasuntos a su vez, de sus versiones en papel, habrá observado que cada día las noticias, las pestañas, van cayendo y van siendo sustituidas por informaciones nuevas, y, en el mejor de los casos, hay algunas que se mantienen más tiempo, eso sí, bajo la pestaña de “lo más leído”.

Ha sido “El Periódico Extremadura” el que ha incorporado por estos lares las entrevistas al peso.

Se trata de una entrevista con el concejal de economía y hacienda del Ayuntamiento de la ciudad, sin duda el edil del PP menos conocido en la ciudad. Su “entrevista” fue publicada el 30 de diciembre de 2023, y aún hoy la pestaña que abre la entrevista sigue activa, a 7 de enero.

La entrevista, fruto de un aparente desayuno de trabajo, está firmada por un “redactor comercial”, aunque leyéndola no queda claro si las preguntas están formuladas por el periodista, o por el redactor comercial que firma la entrevista.

De hecho, en alguna de las fotografías que ilustran la entrevista, aparecen tanto un redactor con experiencia del medio, así como alguna persona “del grupo del Partido Popular”, dos concejalas del mismo grupo y otras personas a las que no ubico en dicho partido.

Que un periódico local, de una capital de provincia tenga alguna debilidad por el partido que gobierna el Ayuntamiento de la capital no resulta extraño.

Tampoco puede resultar extraño que por el equipo de gobierno local se utilicen todas las estrategias de seducción para recibir un tratamiento informativo favorable.

Lo que sí podría resultar llamativo es si la reserva de espacio para la entrevista comercial, fuera, como parece, un espacio digital por varios días, para la emisión continuada de las necesidades publicitarias del partido que cogobierna, con la extrema derecha de Vox, en el Ayuntamiento de Cáceres.

Vale.

El 27 de diciembre de 1937 tuvieron en Cáceres los fusilamientos de más de 250 personas, sometidas a juicios sumarísimos, sin posibilidad de defensa alguna, detenidas en las fechas de la Navidad, para someter a la población al yugo de la violencia y al sojuzgamiento de las armas y de la venalidad de quienes servían al fascismo representado en la ciudad por el carlista navarro Ricardo de Prada. Más so menos, este es un resumen de su biografía:

Rada y Peral, Ricardo de: Militar español. Combatiente en la guerra del Rif, carlista, inspector general de requetés durante el período republicano. Conspirador antirrepublicano de la UME y golpista en 1936. Durante la Guerra Civil luchó en las filas franquistas al mando de diversas unidades. Tras ella, ostentó diversos cargos en la dictadura como vocal del Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo, comandante general de Melilla o capitán general de la II Región Militar.

(…) Continúa la Presidencia expresando a la Corporación, que es su propósito y lo supone de la Gestora, el agradecer oficialmente la actitud y labor patriótica que tan beneficiosos resultados han producido, en la seguridad y tranquilidad del vecindario, del Excmo. Señor General de esta División Don Ricardo de Rada y del Peral, que con energía y rapidez ha sabido extrangular [sic] lo que por el Movimiento sedicioso se trataba. Que esta gratitud, debe, a su juicio, constar en acta su labor y en la que ha sabido el señor Rada traer al vecindario la tranquilidad de sus espíritus y la seguridad de sus vidas y haciendas, debe constar muy especialmente en acta y propone que, además de ello, como reconocimiento hacia él se le nombre Hijo Adoptivo de la Ciudad de Cáceres, título que debe extenderse no, en forma meramente oficial, sino en artístico documento, cuyos gastos serán satisfechos exclusivamente por el Ayuntamiento, sin otra intervención económica.

El señor Vega Bermejo dice que, creyendo interpretar el pensamiento de los miembros de la Gestora, en estas circunstancias que están todos perfectamente de acuerdo y compenetrados con la Presidencia y que prestan su conformidad, con verdadera complacencia, en que conste en acta la satisfacción de la Comisión, por la actitud del Excmo. Señor General de División señor Rada y por consideración especialísima se le nombre Hijo Adoptivo de Cáceres, en virtud de los hechos que todos conocemos. Acordándose por aclamación, por la Comisión Gestora, aceptar las propuestas de la Presidencia.

Esta manifiesta que debe, levantada esta sesión y sin pérdida de tiempo alguno visitar al Excmo. Sr. General, para personalmente y por todos los Gestores con su Presidencia notificarle los acuerdos recaídos. La propuesta es aceptada y la Presidencia, con las frases de ¡España-una España-grande España-libre -Arriba España! Levanta la sesión, siendo las doce horas y cincuenta y cinco minutos, de todo lo cual como Secretario doy fé.

Sería muy conveniente, mejor dicho, necesario, que por acuerdo plenario del Ayuntamiento democrático, se adoptara el acuerdo de anular este nombramiento de hijo adoptivo, y que por el propio Ayuntamiento se adoptara un acuerdo trasladando, de modo oficial, a las familias de los fusilados en la Navidad de 1937, el pesar municipal por los asesinatos, además de anular, de modo expreso, el acuerdo, al tiempo que se remita a los archivos militares en los que pudieran constar referencias al mismo, para que se anulen, incluida la hoja de servicios de Rada.

Vale.

Sostiene Javier Cercas en un celebrado artículo (dime quién y por qué lo celebra) que “tenemos una clase política cínica, irresponsable y envenenada por el poder, que no trabaja para unirnos sino para separarnos, que considera el engaño un instrumento legítimo, y pueril la mínima exigencia ética”.

Pues yo no celebro su artículo, al socaire de la amnistía, de la que dice, como la derecha furibunda que se opone a la misma, que lo que hace no es perdonar, sino borrar el delito.

Leyendo esa sarta de descolgamientos de los argumentos más liberales de los savateros, y leyéndola hoy, un 27 de diciembre en Cáceres, me gustaría saber si el señor Cercas considera si la amnistía es un engaño. Me refiero a la amnistía de 1978, si la considera un engaño. Porque el concepto jurídico es el mismo, pero los hechos que aquella amnistía borró, si los delitos que aquella amnistía borró lo fueron mediante un engaño.

Quiero recordar al señor Cercas que en las navidades de 1937 fueron pasados por las armas más de 300 cacereños y cacereñas, tras unos juicios sumarísimos, sin, por supuesto, garantías ningunas. Hoy la amnistía que se plantea cuenta con todas las garantías del estado derecho, ese que parece que no le gusta al protestante.

Porque sería muy ilustrativo conocer la opinión, el hartazgo del señor Cercas cuando se concedió la amnistía del 78, sería de mucho interés saber si cuando se aprobó la ley del 78 habíamos tocado fondo. Él, no creo.

Sí, a mí me gustaría conocer la opinión política, adornada de verbo florido, del señor Cercas para recordar cómo mi madre, Rosario, hablaba de su tía Dionisia, que con 23 años fue fusilada. Mi madre, cada vez que la recordaba, veía sus ojos bañados en lágrimas. El único “delito” que cometió mi tía abuela Dionisia fue venir a Cáceres desde un pueblo muy pequeño de Ávila, Junciana, para cuidar a los hijos de su hermano Casimiro y la mujer de este, Ramona.

Aquel delito fue borrado por la amnistía del 78 sin que los sobrinos y sobrinos nietos hayamos recibido ninguna mínima reparación.

Aquel delito del juicio sumarísimo que condenó a Dionisia fue premiado por el Ayuntamiento de Cáceres nombrando al carnicero que ejecutó las más abyectas tropelías hijo predilecto de la ciudad. Nombramiento que puede consultarse en las hemerotecas y que consta en los libros de actas. Aquel carnicero se llamaba Rada.

Aquel delito del juicio sumarísimo también alcanzó a mi abuela Ramona, a la cuñada de Dionisia, y los criminales que lo ejecutaron a las órdenes de Rada, y con el patrocinio de la burguesía golpista que allanó el Ayuntamiento, también fue condenada a muerte. El mismo día, a la misma hora que lo era la hermana de su marido, mi abuelo.

Tendría algo que decir el señor Cercas de la amnistía que ahora se plantea, sin un solo derramamiento de sangre, sin otro afán que el de recuperar la concordia, sabiendo que quedarán restos de maximalistas que serán fácilmente reconducidos.

El señor Cercas, al que tanto le gustan según que historias y las viste de verbos y oraciones subordinadas, probablemente nunca se haya topado con una condena a muerte como la impuesta a mi abuela Ramona.

El tribunal, remedo de tribunal, condenó a Ramona a muerte, pero suspendió su ejecución por hallarse embarazada. Esta circunstancia no fue óbice para que los asesinos sentenciadores escribieran: “Su ejecución tendrá lugar transcurridos 40 días desde el alumbramiento, continuando mientras tanto detenida en la Casa de Maternidad a la que será trasladada con las precauciones debidas. Se ordena al director del Hospital nº 1 donde está situada dicha Casa que avise tan pronto como el alumbramiento tenga lugar a los efectos de ejecución”.

Vale.

El diccionario de la R.A.E. define el periodismo como la “actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento, interpretación y difusión de informaciones a través de cualquier medio escrito, oral, visual o gráfico”.

Bien es cierto que son muchos los escritores y/o periodistas que han sentenciado sobre el llamado, mal llamado, cuarto poder. Algunas como “Ser un empleado de un medio para contar la verdad del dueño en lugar de la tuya, es algo terrible”, que dijo Luis del Olmo, o la que pronunció un referente del periodismo, Kapucinsky, “Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante.”

A mí, particularmente, me gusta una frase atribuida a George Orwell: El periodismo publica lo que alguien no quiere impreso; todo lo demás son relaciones públicas. Y me gusta porque para llevar adelante esta máxima se crearon los gabinetes de prensa.

En la ciudad de Cáceres, desde hace unos años se viene dando una batalla desigual, que en los últimos meses ha incluso desnivelado los equilibrios entre partidarios y detractores de una mina de litio de grandes proporciones a colocar a poco más de un kilómetro de la ciudad.

En la práctica se está produciendo lo que en términos bélicos se denomina una guerra asimétrica, con un fuerte “ejército” de prensa favorable, muy favorable, a la instalación de la mina, y un cada vez más creciente número de cargos públicos, singularmente en la derecha del modelo social, ante el silencio de quienes en la izquierda deberían ser los más favorables a las protecciones social, medioambiental y cultural.

En este paisaje no pasan desapercibidas noticias como que ha sido elegido un nuevo presidente de los periodistas de Cáceres, en concreto un periodista que junto con otros dos, desalojados de gabinetes de prensa de la Junta de Extremadura, crearon una empresa dedicada a la “comunicación empresarial y política”. De los tres, en verano uno salió catapultado a la cuadra de redondo.

Ahora, la asociación de periodistas de Cáceres tiene en su directiva a dos de los creadores de ese gabinete, uno en la presidencia y otro como tesorero.

Además, la empresa australiana es cliente de ese “gabinete”, como lo es también el lobby de rasmusen global, que opera en Bruselas y al que la empresa australiana ha recurrido para apretar la pinza sobre el litio.

Ante un periodismo vendido al único postor, los ciudadanos de Cáceres se sienten indefensos, porque no tienen capacidad económica para ni siquiera equilibrar fuerzas, y solamente el tesón, y, sobre todo, la capacidad técnica y científica de profesores, profesionales y agentes libres (como en la NBA) plantan cara al dinero.

Pero como en todos los órdenes da la vida, y en el que rodea las decisiones políticas, engrasadas o no con papel moneda, terminará imponiéndose la razón ante la sinrazón de una aventura económica que puede llevar a la ruina a la ciudad, a los poco más de 96.000 habitantes, y a la riqueza a los dueños de la grasa, la mierda y el desperdicio.

Vale.

Las reflexiones que continúan podrían formar parte de una nueva entrada en la Cerca de las Retamas de la serie “Cáceres, cerrado por falta de uso”, pero de momento la dejaré aislada.

Hace unos días, el Ayuntamiento de la ciudad hizo pública la decisión de cambiar la sede del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica al mismo edificio en el que se encuentra la concejalía de Turismo. Las razones, el mal estado del edificio de Torremochada, 1, que podría ser peligroso incluso para el personal que presta servicio en dicho Consorcio.

En casa del herrero…

Hasta ahora, la única referencia de que dispongo sobre el cambio de sede son las declaraciones de la concejala de Turismo y Patrimonio, que señaló que el edificio es propiedad de la Junta de Extremadura, a quien correspondería el mantenimiento en condiciones de uso adecuadas del edificio.

Los estatutos del Consorcio se refieren, en su artículo 5 al objeto y los fines a los que ha de atender, y, evidentemente, se orientan a “potenciar de forma conjunta y coordinada las acciones y la gestión de servicios tendentes a la consecución de la difusión, dinamización, protección, conservación, defensa, revalorización y restauración del patrimonio histórico, monumental y cultural de la Ciudad de Cáceres y su entorno”. Y tener que cambiar la sede del organismo por falta de mantenimiento es aquello de en casa del herrero…

El edificio de Torremochada, nº 1, ha dejado de prestar servicios para el Consorcio, y habrá que saber qué previsiones de reforma, reparación y demás tareas de su buen mantenimiento y conservación, tienen los consorciados, singularmente, la entidad propietaria del inmueble, la Junta de Extremadura.

Sería interesante que por el propio Consorcio se hiciera público si en las diversas reuniones celebradas a lo largo del tiempo se trató el estado del inmueble, si es que se hizo, y en qué términos se adoptaron (o no) acuerdos para el mejor mantenimiento.

Que Cáceres dispone de múltiples inmuebles en mal estado de conservación, cerrados, prácticamente abandonados, casi todos de propiedad particular. Algunos de buen porte, pero que han ido cayendo en la desgracia del abandono.

Tengo la impresión, por las propias declaraciones de la concejala responsable del área, que irá para largo. El edificio de Torremochada, nº 1, será en poco tiempo, portada de la prensa local porque cuando un edificio, incluso recientemente rehabilitado como este, se abandona, las imágenes que ese abandono serán frecuentes. Y comenzarán las acusaciones cruzadas.

Vale.

De los creadores del socavonino de Valdeflores, llega ahora a nuestras pantallas “la cuevina de Maltravieso”, y ya tienen encargados los productores los siguientes títulos: “La murallina almohade”, “La placina Menor”, y para cerrar este grupo de entregas “La Riberina del Marco”. La que nos espera de los adeptos a “cariño, he encogido el pueblino”.

No han tenido bastante con denominar socavón a un agujero en un camino en medio del campo. No sé qué hubiera sido si delante de su casa, a poco más de cinco metros, hubieran tenido un soplao. O si hubieran conocido un soplao en la Charca del Espíritu Santo (mal llamada Charca Musia) que secó la charca y se llevó por delante al menos a dos vacas.

Pues nada, que estos muchachos del equipo de Rafaelín se han empeñado en hacernos las tardes de invierno que se avecinan de lo más entretenido.

En la anterior legislatura municipal, el entonces equipo de gobierno dejó publicada la convocatoria para construir una réplica de la Cueva de Maltravieso, un tesoro del arte rupestre en pleno casco urbano. Una neocueva.

Ahora, cuando ya se había anunciado que había varias empresas interesadas en concurrir al concurso para adjudicarse la obra, nos enteramos de que con la cantidad presupuestada, casi 1.800.000 €, no podrá ejecutarse poco más o menos del 60% de la réplica de la Cueva. Esto es, una cuevina.

Los muchachos del eqjuipo de Rafaelín culpan a la anterior corporación, of course, de la falta de presupuesto. Vamos, que los concejales del equipo de gobierno anterior no tenían ni idea de cómo realizar un presupuesto de una obra, como si no hubiera técnicos municipales encargados de ello.

Y en estas estamos ahora, con la Cueva de Maltravieso asociada a la lusa cueva de Escoural, pendientes de entrar a formar parte del selecto grupo del Patrimonio Mundial.

No realizar la réplica completa de la Cueva es una insensatez. Mejor no hacer nada. O también, si los muchachos de Rafaelín y Rafaelín mismo tuviera alguna idea, podrían llamar a la puerta del despacho de donde salían los 1.800.000 € para completar el presupuesto necesario.

Pero como parece que de esto, de gestionar, no saben mucho, la decisión será la de hacer una cuevina en Maltravieso.

Pero lo más chungo de todo es cómo se han enterado el alcalde y sus muchachos de que con 1.800.000 € no se puede ejecutar la neocueva. Creo, sinceramente, que cuando el anterior equipo de gobierno previó la neocueva en esa cantidad, lo hizo contando con el asesoramiento de los técnicos municipales. Y que se sepa, esos técnicos municipales siguen siendo los mismos.

Los mismos que en marzo emitieron un informe contrario, claramente contrario, a la implantación de la mina de litio, y que ahora, en octubre, han emitido otro informe diciendo que esa aberración, digo, esa mina, no es no incompatible con el PGM.

Es de suponer que los técnicos que señalaban los 1.800.000 € alguna idea tendrían de hacer presupuestos.

¿Pero cómo se han enterado Rafaelín y sus muchachos de que con esa cantidad solamente da para una cuevina? Pues muy sencillo: se lo han dicho los técnicos… pero no los del Ayuntamiento, se lo han dicho los técnicos de las empresas, que dicen que con ese dinero no da para una cueva.

Cuando los técnicos municipales hacen un informe sobre la mina, Rafaelín determina que “lo que digan los técnicos, que para eso están”. Cuando los técnicos municipales señalan deficiencias en el barullo de cosas que ha colocado para destrozar la vista, la mejor vista de la ciudad, Rafaelín habla de subjetividad.

Ahora, cuando los técnicos de las obras, interesadas monetariamente, en el proyecto de neocueva dicen que no hay suficiente cash, no le importa que la opinión de estos pase por encima de los técnicos municipales. Aunque fueran los que estaban en la anterior legislatura municipal.

Y en la presente.

Pero si no lo remedia alguien, no tendremos una réplica de la Cueva de Maltravieso, sino una cuevina con trozos parecidos a lo que guarda (y esperemos que no toquen nunca Rafaelín y los suyos) la cueva original.

Vale.

El pasado 1 de diciembre apareció en uno de los caminos del Valle de Valdelores un “socavón” de enormes dimensiones: 2 metros de largo, por 1,5 de anchura y 1,5 de profundidad. Con  esas medidas, el desfallecimiento del terreno no alcanzaría a la denominación de socavón, más bien de socavonino.

Claro es que el lugar en el que el terreno cedió tan dramáticamente, en el sitio en que unos especuladores australianos pretenden colocar una megamina de litio, con sus megatúneles de acceso, sus megachimeneas de aireación, megavertederos de millones de m3 de vertidos, requería, como sucedió, una rápida respuesta municipal.

Por supuesto, el Ayuntamiento de la ciudad, que acaba de dar curso a un megainforme técnico/jurídico diciendo que la megamina es “no incompatible” con las determinaciones del Plan General Municipal, ha actuado con la diligencia que le es propia.

Rápidamente se ha acudido con todos los medios técnicos y humanos para reducir el socavonino, que había alarmado a los vecinos de la zona (sí, donde quieren colocar la megamina hay vecinos) y aquellos ciudadanos a los que les gusta pasear por un entorno tan privilegiado como Valdeflores.

El Ayuntamiento ha actuado con la misma diligencia o más con la que destaca a brigadas de operarios a sustituir las baldosas manchabragas que jalonan muchos acerados y algunos tramos peatonales, cuando caen cuatro gotas, o como aquí decimos, llueve con desesperación.

La misma diligencia con la que mantiene perfectamente repintados los pasos de peatones, no vaya a ser que el brillo de la pintura blanca, satinada, desaparezca como por arte de magia.

Con esa misma diligencia con la que los funcionarios municipales suelen atender a los ciudadanos que preguntan por cualquier cuita que les atañe.

El socavón (más bien socavonino) ha sido resuelto y dejado expedito el camino para que nadie pueda resultar perjudicado. No vaya a ser que siente un precedente de las consecuencias que la minimina (según las autoridades electas y ejercientes) puede acarrear.

Solamente se les ha escapado un detalle, en el afán de ser transparentes con las causas profundas del socavonino: nada, que al parecer ha sucedido en un lugar por el que transcurre un regato subterráneo.

Y esa es la cuestión: ¿cuántos socavoninos o socavones se producirán cuando las máquinas de los australianos y su sicariato cacereño horaden el subsuelo de Valdeflores allá por los 40 metros y más de profundidad, con potentes máquinas y más potentes explosivos?

¿Resistirán los múltiples regatos, las múltiples venas de aguas subterráneas de Valdeflores, tributarias de arroyos de superficie como el de Valhondo, o de acuíferos como el del Calerizo?

Da igual, las explicaciones de las autoridades que aprueben tamañas fechorías recaerán en que es lo que decían los informes técnicos, para, al final, destruir un espacio vital para el equilibrio medioambiental de Cáceres, atacar con emanaciones químicas las piedras milenarias de la Ciudad Patrimonio Mundial.

Las autoridades, al final, dirán que es solo un socavón con categoría de socavonino.

Vale.

El pasado 15 de noviembre, tras tenerse conocimiento público de un informe emitido por los servicios jurídico y urbanístico del Ayuntamiento, y las declaraciones variopintas realizadas por el sr. Alcalde de la ciudad de Cáceres, escribí un post bajo el título de “falta de respeto”.

Hoy, tras conocer la conversión de la fachada principal de la ciudad a la entrada de visitantes y vecinos hacia la ciudad monumental, Patrimonio de la Humanidad, me reafirmo en que la falta de respeto no fue casual. Decía el 15/11/2023: “Falta de respeto con la ciudad cuya alcaldía ostenta, y cuyo valor artístico, cultural y patrimonial supera con mucho la capacidad del alcalde de referirse a ella, como es ente caso por elusión.”

Esto de autocitarme no parece que me guste mucho, pero no encuentro mejor afirmación que la de ese pequeño párrafo.

La Plaza Mayor de la ciudad de Cáceres entrega la fachada más visible (que no la más atractiva a ojos de los buenos conocedores del Patrimonio) a unos tinglados mejor definibles en la acepción 4ª del Diccionario de la Rae.es.

Si algo caracteriza a la plaza mayor de la ciudad, en su interrelación con la ciudad monumental, la merecedora de ser un Valor Universal Excepcional, es la de presentar una vista a la medida del hombre limpia, abierta, casi transparente, que permite ver en su mejor esplendor la torre de Bujaco, la escalinata del Arco de la Estrella, el espacio diáfano del Foro de los Balbos.

Ahora, esos elementos que atraen las miradas y los objetivos de visitantes estudiosos del Patrimonio, de turistas, de cacereños que se acercan, y en las fechas venideras, más a conocer, a reconocer, a sentirse abrigados por la historia de la villa.

Sin embargo, la falta de respeto del sr. Alcalde le ha llevado a autorizar unos mamotretos, aderezados con unos sistemas de iluminación que tapan las vistas, tanto si están apagados como cuando los encienden.

La ciudad de Cáceres, esa ciudad por la que muchos peleamos sin necesidad de estar jaleando los aconteceres de una idiosincrasia fagocitada por la necesidad de ser vistos, no de ver, de ser conocidos, no de conocer, no se merece esta falta de respeto.

Vale.

Ya vimos en la entrada anterior en esta Cerca cómo el decalage de criterios y determinaciones urbanísticos se concluía con una delirante distancia a una mina de superficie que solamente es la bocamina por la que transitarían transportes hacia el exterior (desde la mina subterránea) con los materiales extraídos.

También, la propuesta técnica y urbanística de los promotores se plantea con la misma técnica de desmenuzar cada concepto urbanístico, jurídico, referido a los distintos niveles de protección con que el PGM de la ciudad reviste los terrenos de la Sierra de la Mosca. El documento presentado por los promotores se plantea como objetivo la desprotección total, de manera que se elimine cualquier obstáculo para que la actividad extractiva sea la permitida.

El PGM de Cáceres, vigente desde 2010 contiene en sí mismo los procedimientos para su modificación, y los requisitos a cumplir para ello. En cambio, el documento técnico y jurídico presentado por los promotores concluye que sería la concesión de la Autorización Ambiental Integrada la que llevaría consigo la modificación del PGM, pasando los terrenos de una clasificación de protección a suelo rústico sin protección.

En la práctica, el documento presentado responde a una pregunta: ¿qué se necesita para eliminar la protección urbanística de los terrenos? Una respuesta sería la modificación, conforme a las previsiones del propio PGM, del documento urbanístico. La otra, la que se colige de la propuesta técnica presentada es la desprotección total por una resolución que no contempla su conexión con el resto del PGM.

El documento presentado se orienta a obtener un informe urbanístico municipal de compatibilidad urbanística del proyecto con el planeamiento municipal vigente, conforme con el Decreto Legislativo 1/2016 y la Ley 16/2015. Para ello, y como consecuencia lógica del documento a obtener, proceden los peticionarios al necesario decalage para llegar al final deseado.

Los técnicos municipales circunscriben su análisis exclusivamente a la compatibilidad urbanística o no compatibilidad, desproveyendo de cualquier otra característica de los terrenos: medioambientales, entornos de protección, afecciones al Calerizo, etc.

El informe municipal emitido para el procedimiento de evaluación IA22/1340 establecía, respecto a la compatibilidad de usos: “Yacimiento subterráneo: Se localiza 40 metros por debajo de suelo clasificado como Suelo no Urbanizable de Protección Montaña grado 2 y Suelo No Urbanizable de Protección Masas Forestales. De acuerdo a los artículos 3.4.11 y 3.4.39 del PGM la actividad extractiva no está permitida en ninguno de ellos” y así se recogió en el documento de alcance emitido por la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, en 5 de marzo de 2023.

Por tanto, el objetivo de los promotores es el de desmontar esa falta de compatibilidad. ¿Cómo?

Para determinar el cómo, los promotores recurren al art. 3.4.14, sección 3ª de las Normas Urbanísticas, que se refieren a proyectos de interés público. Primer paso dado: el documento presentado “orienta” la respuesta que corresponderá al Ayuntamiento incorporar al informe de compatibilidad es que se trata de un proyecto de “interés público”.

El segundo paso: establecer que se trata de un proyecto de interés público a desarrollar en suelo no urbano, es decir: la mina no puede realizarse en suelo urbano, por lo que ha de realizarse en suelo no urbano. En este caso, la petición arguye:Artº. 3.4.21. Instalaciones de carácter productivo incompatibles con el medio urbano (3.a) (D)

(…)

4. Usos extractivos. Se incluyen en este concepto las actividades extractivas del sector primario (gravas, yesos o piedras para la construcción, áridos, u otros materiales naturales), ya sean temporales o permanentes. Se consideran usos vinculados al uso extractivo únicamente el tratamiento de áridos, y por tanto no se considera vinculado, a efectos de su admisión en Suelo no Urbanizable Protegido, ni el uso de planta de hormigón ni el de aglomerado asfáltico.”

Esto es, ya que las actividades extractivas de carácter productivo no pueden llevarse a cabo en el medio urbano, si partimos de que en el medio rural sí tienen cabida…

En este contexto, la conclusión sobre compatibilidad urbanística que aparece en el informe realizado por el Ayuntamiento es:

“Por tanto, de acuerdo con las Normas Urbanísticas del Plan General Municipal, la actividad extractiva se engloba según el artículo 3.4.14.3.a) dentro de las actuaciones específicas de interés público, y en concreto en las instalaciones de carácter productivo incompatibles con el medio urbano. La actividad extractiva incluye la “extracción, explotación de recursos y la primera transformación de las materias primas extraídas”. El Plan General Municipal de Cáceres regula como USO EXTRACTIVO, la extracción y explotación de recursos y la primera transformación de las materias primas extraídas.”

Es decir, plantean que la mina estaría acogida dentro de las NN.UU. del PGM, art. 3.4.14.3.a). Y es lo que los técnicos municipales afirman.

Sin embargo, la atribución de interés público de la actividad extractiva que elimina la protección que el PGM determina para los terrenos de Valdeflores, no es puesta en contradicción con el interés público que las protecciones medioambientales suponen.

Vale.