La todavía candidata de la derecha al Ayuntamiento de Cáceres, Elena Nevado, se ha reunido, acompañada por Valentín Pacheco, Joaquín Rumbo y Domingo Nevado con representantes de la Federación Empresarial Cacereña, organización que hace unos días criticó con dureza y con seguridad en los argumentos, la actitud de la derecha que representa Elena Nevado en el concurso del agua convocado por el Ayuntamiento de Cáceres.
Hoy tenemos una respuesta, la dada por Elena Nevado a la FEC para justificar la decisión de paralizar, primero, la resolución provisional del concurso, y para reclamar, después, por vía de una moción de urgencia, el desestimiento del concurso y el inicio de un nuevo proceso.
Cuando hablamos de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y cuando, sobre todo, estamos ante un caso práctico, hay que tener los argumentos sólidamente construidos, amparados en doctrina jurídica asentada y en jurisprudencia contrastada. No valen, no sirven, los argumentos que no llevan detrás aquello de “como establece el artículo” que sea, o “como se reconoce en la STS” que corresponda por analogía o similitud con el caso de que se trate. Fuera de todo esto, los argumentos exclusivamente políticos carecen de valor probatorio en un juzgado, y, en todo caso, su valor probatorio será el que tenga como resultado un acto administrativo impugnable.
Pues bien, en esta situación, la todavía candidata de la derecha y licenciada en derecho Elena Nevado ha expuesto a la FEC los argumentos jurídicos suficientes para haber promovido la aplicación del artículo 135 de la Ley de Contratos y haber conseguido, con el voto mamporrero del talibán Pavón, que el pleno acuerde el desestimiento del concurso y que deba iniciarse un nuevo procedimiento.
Paso, a continuación, a copiar, literalmente, lo que dice la sucursal de Monago en Cáceres, según publica ww.digitalextremadura.com recogiendo un comunicado emitido por la propia filial de la pedanía:
Primero: “Porque el comienzo del mismo [el concurso] se ha realizado con un año de retraso y dos prórrogas”.
Que yo sepa, el comienzo del concurso comienza con la aprobación de los Pliegos de Condiciones Técnicas y Económicas y su convocatoria pública. Lo que sucede antes, por ejemplo, la elaboración del Pliego, son trabajos previos. Respecto a las prórrogas, debe entenderse por la redacción del comunicado pepero, son las realizadas respecto del vigente contrato con Canal de Isabel II, actual concesionaria del servicio. Prórrogas perfectamente legales y que, además, han sido necesarias para garantizar la continuidad de la prestación del servicio. Si para la jurisconsulta Elena Nevado las prórrogas fueran ilegales, debería haberlas recurrido. Si no lo ha hecho, mejor haberse callado.
Además, la abogada Elena Nevado “olvida” que el Pliego de Condiciones se aprobó con su voto favorable. Un pequeño detalle que solamente demuestra que su voto o fue ignorante sobre la materia o fue inconsciente. Pero es algo consustancial al Partido Gurtelar, prefieren pasar por incompetentes antes que dar su brazo a torcer.
Segundo. Porque “el concurso se ha gestionado mal desde el principio hasta el fin, por parte del equipo de gobierno”.
Que yo sepa, las decisiones políticas, el trabajo político de un equipo de gobierno es sometido a control por la oposición, en tanto que los actos administrativos, además, están sometidos a su control, si procediera, por la jurisdicción contencioso-administrativa. O lo que es lo mismo. Si el partido de la derecha catovi ha observado mala gestión, su obligación ha sido durante toda la legislatura ejercer el control político. Y en el caso que nos ocupa, si las decisiones políticas del equipo de gobierno hubieran derivado, en el caso del concurso del agua, en actos administrativos contrarios a la ley, deberían haberlos recurrido conforme a derecho. Si no lo han hecho, es porque no se ha infringido la ley o porque, si se hubiera hecho, demuestran su incompetencia.
A todo esto, ningún argumento de doctrina jurídica ni de referencia jurisprudencial en torno al artículo 135 de la Ley de Contratos.
Tercero. Porque «hay tres empresas de las cuatro que se han presentado, que han estado en primer lugar para la adjudicación de la concesión del Agua”. Bueno, ¿y qué? La mesa de contratación ha ido haciendo sus trabajos, si se quiere mal que bien, y a lo largo de esos trabajos, a la vista de los diferentes informes técnicos, las puntuaciones de las empresas han ido variando. Por cierto, que una de las variaciones se debe a la expulsión que forzó la concejal del Partido Popular de Cáceres de la empresa gobernada por el Partido Popular de Madrid, Canal de Isabel II, y que el juzgado, ahora sí, qué mala suerte, obligó a readmitir.
Aquella exclusión le costó a la candidata tener que esconderse en el asunto y dejarle todo el marrón a V.P. (lo puso ella en su caralibro), que luego supimos que era Valentín Pacheco.
Finalmente, y como no viene en la información derivada del comunicado de prensa de la célula derechista, hay que referirse a la moción que presentó de urgencia en el pleno para forzar el desestimiento. La referencia es a la acusación a un funcionario de estar en el origen de las causas jurídicas (inexistentes, como los espías cospedalianos), y que hoy el talibán Pavón pone la guinda, al establecer una relación entre el trabajo de ese funcionario y el hecho de que su esposa trabaje en una de las empresas… que casualmente no merecería la adjudicación porque hay otra con mejores merecimientos.
Creo recordar que hace tiempo, en una cierta ciudad, un cierto concejal relacionó la suerte de un cierto músico de conservatorio que formaba parte de una determinada formación sinfónica gracias que el padre del citado músico era concejal del municipio que auspiciaba aquella formación sinfónica. Me gustaría saber la opinión del perfecto coherente Pavón sobre el asunto del músico.
Entre las tonterías del talibán Pavón, y la doctrina jurídica de altísimo nivel que nos brindan los sesudos juristas que inundan las listas de la filial de Celdrán en la pedanía cacereña, creo que los cacereños estamos alcanzando notables niveles de conocimientos en los campos musical, familiar y de la jurisdicción contencioso-administrativa… rama grouchista.
Vale.
Archivos para November 30, 1999
En el Pleno del Ayuntamiento de Cáceres celebrado hoy, 17 de marzo de 2011, el Partido Gurtelar ha llevado al límite de lo legal el filibusterismo político. Ha propiciado que el Ayuntamiento renuncie a la celebración del contrato de suministro de agua y a desistir del procedimiento de adjudicación, diciendo que se basan en el artículo 139 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
La primera consecuencia será la de evaluar cuánto le va a costar el capricho de Elena Nevado a las arcas públicas, es decir, a las arcas de todos. Porque el artículo 139 de la ley determina que deberá compensarse a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, en la cuantía que se hubiera previsto en el Pliego o, en caso contrario, con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administración. O lo que es lo mismo: ¿cuánto cuestan los estudios técnicos y jurídicos de una contratación cuyo valor para el tiempo que estaba prevista la contrata es de 300 millones de euros? En el mejor de los casos, si solamente fuera el 1%, ya serían 3 milloncitos de nada. De nada, paga doña Elena.
La segunda, el Partido Gurtelar de Cáceres, o sea, doña Elena, deberá establecer sin ningún género de dudas cuál es la razón de interés público que impide resolver el concurso y adjudicar la contratación a Acciona (primera en puntuación), a Canal de Isabel II (segunda, en caso de no resolverse a favor de Acciona), etc. Porque cualquier razón de interés pública no puede ser motivada, originada o propiciada por ninguna de las empresas que han acudido a la licitación. Y si dichas empresas consideran que la razón esgrimida para no resolver no tiene un auténtico interés público podrán reclamar, y ganar, al Ayuntamiento indemnizaciones multimillonarias por daños y perjuicios.
Además, en caso de determinarse una causa de interés público debidamente justificada, ¿cuándo podría realizarse un nuevo procedimiento?
Estamos ante una situación que, sin duda, terminará por reventar judicialmente, porque la única “razón” que se esconde detrás de esta salvajada jurídica y de este atentado a los intereses públicos, es el ansía de Elena Nevado que piensa que va a ganar de calle las elecciones. Pero lo que está haciendo es ponerse delante de una corriente de agua que se la terminará llevando por delante.
Si en vez de considerarse lo previsto en el apartado 2 (renuncia a la celebración del contrato antes de la adjudicación) se plantea el asunto en base, exclusivamente, al desestimiento de continuar con el concurso, ¿cuál es la infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato? ¿No aprobó el Partido Gurtelar el pliego de condiciones? ¿No ha sido incluso el procedimiento, en algún momento, sometido a decisión judicial?
Si el Partido Gurtelar plantea el desistimiento en base a irregularidades deberá sustentarlas muy bien, deberá argumentarlas muy seriamente, porque, de entrada, las empresas puntuadas, especialmente Acciona (a quien debería adjudicarse provisionalmente, por ser la mejor valorada), y el Canal de Isabel II (que quedó en segundo lugar, y actualmente, como Acciona, en situación de indefensión legal) pueden recurrir las causas que se aleguen, e, incluso, interpretarlas lesivas desde el punto de vista económico, social y de la imagen pública de dichas empresas y emprender acciones legales, tanto civiles, como administrativas e incluso penales contra quienes les privan del derecho, conforme a la Ley, de obtener una resolución.
Por otra parte, el Partido Gurtelar debe detallar, una a una las irregularidades de todo tipo que parece que denuncia, y señalar el momento en que se han producido.
Ahora, también los técnicos municipales que han intervenido en el proceso se encuentran en situación de entredicho, no solamente desde la ética de su condición de funcionarios, sino desde la puesta en entredicho de sus capacidades profesionales para el ejercicio de los cargos que ocupan.
En la práctica, el Partido Gurtelar lo que ha hecho hoy, junto con el talibán de IH (Izquierda Hundida) es huir hacia adelante y tratar de evitar lo que ayer parecía claro (no había más que escuchar lo acojonado que estaba el actor secundario Pavón en un corte de sonido de la Cadena SER): la próxima presentación de demandas de Acciona y, probablemente, de Canal de Isabel II.
Vale.
Gonzalo J. Bartha en un libro del mismo título:
Nuestra religión es el miedo;
nuestro sermón,
el silencio de los cobardes.
Es el mismo silencio, la misma religión de un grupo de cobardes concejales del Ayuntamiento de Cáceres que están llevando a cabo un trabajo que parece más un encargo profesional que la defensa política de unos argumentos.
En los medios de comunicación locales, plagados de anuncios de una carísima campaña política cuya financiación escapa a la economía de un partido en estos tiempos de crisis, las informaciones sobre el procedimiento de adjudicación de la contrata del servicio de agua son escasas y van exclusivamente a remolque de los actos municipales, plenos y comisiones de contratación. Desde que la portavoz del Partido Gurtelar y candidata a la alcaldía decidió, en contra del parecer de parte de su grupo de concejales, que debía eliminar del concurso a la actual adjudicataria, Canal de Isabel II, ninguno de los dos medios escritos (Diario Regional HOY, grupo Vocento, ideario de la Editorial Católica, y El Periódico Extremadura, Grupo Z, en el mercado de invierno de los traspasos) ha publicado ninguna información sobre las razones políticas de la decisión de la portavoz de la derecha.
El silencio de los medios de comunicación responde al silencio de los medios cobardes que son clientes del partido (de su sección de propaganda) de la concejala y que no tienen ni medios, pero sobre todo, no tienen ganas ni interés en saber por qué la candidata del Partido Gurtelar propició descargar toda la artillería política inimaginable contra una empresa cuyo consejo de administración está presidido por un correligionario suyo, y la titularidad jurídica de la empresa es gestionada por el gobierno de la Comunidad de Madrid, de su mismo color político.
Realizada la hazaña, la portavoz, abogada de profesión y, según consta en su perfil del caralibro, es máster en asesoría jurídica de empresas, hizo mutis por el foro y delegó (también es plausible el que fuera obligada a hacer por el foro y delegar) en un concejal de su grupo al que ella citaba en su muro del facebook con las iniciales V.P.
El silencio de la portavoz, no se sabe si voluntario o forzado, no es un asunto que llame la atención a los medios. La presencia de los banners en las páginas digitales esconde ese cobarde silencio.
Al día de hoy, la candidata, con perfil personal en facebook y perfil de candidata, también en el caralibro, pero distinto del personal, sigue sin pronunciarse sobre un asuntos que entre otras cosas está impidiendo al Ayuntamiento la percepción de unos 9 a 10 millones de euros, mientras que en su blog acusa al equipo de gobierno de perder un millón de euros en la gestión de ayudas por las tormentas de 2010.
La candidata guarda un silencio cobarde sobre un asunto de gran importancia para la hacienda pública local (y, por tanto, para los intereses generales) y sobre el que su actuación es, cuando menos, temeraria.
Pero también guarda silencio su partido. Limitado a las preguntas posteriores a las reuniones municipales (plenos y comisiones de contratación), responden con el manual de libro de no querer dar ninguna explicación política. La web del Partido Gurtelar en Cáceres también guarda un silencio, sin duda cómplice. Como cómplice es filtrar a un sólo medio de comunicación que el grupo de concejales se reuniría para con antelación al pleno que debía decidir la adjudicación provisional a la empresa que ha obtenido mayor puntuación por la mesa de contratación, Acciona, cuando en realidad se trataba de una reunión del partido a nivel local porque el follón que tienen en la confección de la lista supera la capacidad de decisión de la candidata y donde concejales ya salientes, amortizados, están tratando, por todos los medios, incluida la amenaza de romper disciplina de voto, de colocar a peones a través de los cuales seguir manejando intereses en el Ayuntamiento.
El silencio cobarde de la candidata está amplificado por una campaña de publicidad cuya financiación deberá ser explicada, y por el silencio de la incapacidad de unos medios para investigar en las razones del baile de la yenka vivido en el salón de plenos, con letra y música del Partido Gurtelar.
Vale.
El pasado jueves, 20 de enero, un concejal, al parecer del tercio familiar, adscrito al grupo del Partido Gurtelar, viendo cómo un joven bloguero, al parecer perteneciente al tercer mundo, grababa el desarrollo del pleno que se celebraba en el Ayuntamiento de Cáceres, se levantó y con andar parsimonioso y seguro de sí mismo y su misma mismidad, dirigióse al bloguero del tercer mundo, asióle por el brazo y ordenóle que cesara en la grabación, diciéndole: “Tú, a mí, no me grabas”. Y repitióle las dichas palabras.
Esto sucedió así, tal cual, en el salón de plenos de un ayuntamiento democrático, cuando un concejal del Partido Gurtelar, sin duda visiblemente nervioso por el desarrollo del pleno en el que se evidenciaron carencias y derrotas de su partido, se acercó a un joven bloguero para conminarle, con la autoridad que le da el saber que es una autoridad, hacer uso de ella. Pero ni caso. El blog circula por la red.
http://www.youtube.com/watch?v=ZtRwB3aJldI
La actitud del concejal se debe, sin duda, al nerviosismo que le ataca, bien porque presenció la amarga conversación entre su jefa, Elena Nevado, embajadora del tercer mundo en Extremadura, con el mamporrero oficial del partido de la derecha, el tal Pavón, dizque comunista o izquierdoso, pero más en el papel que en los hechos. También se debe a la falta de acuerdo en el grupo parlamentario a la que pertenece el concejal Quehavuelto a perder el Rumbo en asuntos que se debatían en el pleno y que lastran la unidad de un grupo que en cualquier momento puede darnos días de gloria y titulares jugosos a los boletines locales.
Con ser grave, por antidemocrática, la actuación del concejal Rumbo de la Montaña (J.J. como otros Jotas Jotas famosos: Vázquez, González, Santos…), también es de lamentar que el incidente, presenciado por los representantes de los medios de comunicación, que eran muchos por los importantes asuntos que se debatían, no haya tenido ningún reflejo en los medios. Ningún medio de comunicación, de los presentes en el pleno y que conocieron de primera mano el incidente ha hecho referencia. Se da la circunstancia de que el increpado es, simplemente, un bloguero, un joven que publica una página, de notable éxito (www.13rosas.com). Si la amenaza se hubiera cernido sobre un periodista comme il faut, hoy estaríamos hablando de un ataque a la libertad de expresión. El mismo ataque a la libertad de expresión que sufrió el bloguero increpado. Es de esperar que en los próximos tiempos ningún periodista de los medios locales o regionales se queje de falta de libertad de expresión. Al menos yo me encargaré de recordarle su hipocresía.
En cuando al concejal Rumbo de la Montaña, mal, muy mal le tienen que ir las cosas en las previsiones de las próximas listas cuando da ejemplo de tan poco valor democrático y cuando puede verse relegado a la última fila, como cuando en la mili a los que no sabían marcar el paso se les echaba para atrás. A ver si va a ser eso, que en las listas del Partido Gurtelar están volviendo a la mili…
Vale.
La venida de dios al polideportivo de Cáceres, ha dejado secuelas. La anunciada candidata a la alcaldía de Cáceres, Elena Nevado, a lomos del halo trabajador de Mariano Camps se comporta en asuntos de gran importancia no como si ya fuera alcaldesa (según sus encuestas), sino como si fuera la reina del mambo.
Hoy, en un delirio inexplicable, ha sumado su voto al del concejal del Partido Talibán (en castellano antiguo, Izquierda Un-d-ida), para, a la vista de tres informes encargados por ella y por el concejal Pavón, desechar dos de ellos (contrarios a sus tesis) y apoyarse en uno solo para descartar del concurso de adjudicación del Servicio de Suministro de Agua al Canal de Isabel II.
¿Ha medido bien sus actos la candidata (que no lo será) Elena Nevado? Los informes disponibles no son, ni mucho menos, concluyentes para producir la exclusión del Canal de Isabel II. Da la casualidad que el Canal es una empresa pública de la Comunidad de Madrid, en la que el trabajador Mariano tiene muy poco que decir, ni en la Comunidad, donde manda y ordena la lideresa Esperanza Aguire, ni el Ayuntamiento, donde acumula deuda sobre deuda el alcalde Gallardón. ¿Cómo se tomará el Partido Gurtelar de la Comunidad de Madrid que una candidata de provincias se atreva a utilizar su posición en el mismo partido para perjudicar los intereses de la Comunidad que preside la lideresa?
Si los datos fueran claros, si las ofertas presentadas establecieran, a la vista de los informes técnicos y jurídicos suficientes datos concluyentes para excluir al Canal de Isabel II del concurso de aguas en Cáceres, no habría ningún problema. O sí. ¿Quiere decir la candidata (que no lo será) Elena Nevado que ella y el concejal Pavón tienen mucha mas capacidad técnica y jurídica que los técnicos y jurídicos del Canal de Isabel II, seguramente muchos de ellos militantes o simpatizantes de su mismo partido? Porque los informes de los técnicos municipales van en otra dirección:
Según la agencia Europa Press, la Mesa de Contratación del ayuntamiento conoció este lunes el informe solicitado por ambos grupos políticos a tres técnicos municipales, el ingeniero industrial, el interventor y el secretario general sobre la necesidad de exclusión o no de alguna de las empresas que optan a la concesión del Servicio Integral del Agua, en base a las dudas suscitadas en la presentación de sus características técnicas.
El informe según dos de los tres técnicos propone la no exclusión de la empresa Canal de Isabel II, pero el Partido Popular e Izquierda Unida han votado a favor del voto particular que pide la exclusión, que es lo que ha salido aprobado. (http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=551379)
Cabe esperar, de modo lógico, que la dirección de Canal de Isabel II en Cáceres informará al Consejo de Administración de lo sucedido y que en esa información estará claro que ha sido la candidata (que no lo será) del mismo partido que nombra al Director Gerente, al Consejero Delegado, al Presidente del Consejo de Administración la que, a la vista de tres informes pedidos por ella misma, y que dos de ellos no son partidarios de la exclusión se apoye solamente en uno para votar junto al concejal desahuciado de IU.
Pero no es esta la única ida de olla de la candidata (que no lo será) Elena Nevado. Ante la petición de una potente fundación para que apoye en el Pleno del Ayuntamiento la suscripción de un convenio entre el Ayuntamiento de Cáceres y el Ministerio de Defensa para que el Cuartel Infanta Isabel pase al Ayuntamiento, la candidata (que no lo será) sale por los cerros de Úbeda y afirma y se crece diciendo que el Ayuntamiento no debe pagar ni un duro por el inmueble. La candidata (que no lo será) debería conocer el derecho, el derecho español, ya que en su biografía figura que es abogada en ejercicio. Y el derecho español estable que el Ministerio de Defensa no puede realizar ninguna cesión gratuita de ningún inmueble de su propiedad, sin excepciones.
La actitud, elevada y altanera de la candidata que no lo será, en el asunto del Convenio con el Ministerio de Defensa puede tener daños colaterales. Por ejemplo, que cuando el Ministerio de Defensa, conforme a la ley, subastó los terrenos del Cuartel Infanta Isabel, el Ayuntamiento de Cáceres, gobernado por su partido y presidido por su mentor político (la candidata Elena Nevado fue fichada para la lista en el año 2007 por José María Saponi), miró para otro lado y no ejerció ninguna acción reivindicativa de propiedad o derechos patrimoniales sobre los terrenos que el Ministerio de Defensa sacó a subasta.
¿Qué efectos colaterales podrá tener la actitud intransigente y altanera de la candidata (que no lo será) negándose a apoyar un Convenio redactado conforme a la ley? Muy sencillo: los bienes y derechos patrimoniales de las administración pública son inalienables (salvo en los procedimientos fijados en la ley), inembargables e imprescriptibles. Y cuando quien tiene la obligación de defender esos derechos (los que correspondían al Ayuntamiento en la enajenación mediante subasta de los terrenos del Cuartel Infanta Isabel) no lo hace, está haciendo dejación de obligaciones. Y eso fue lo que ocurrió en noviembre de 2000, que el alcalde de la ciudad, del mismo partido que Elena Nevado, miró para otro lado, dejando de ejercer la defensa de los derechos municipales, y perjudicando, con ello, el patrimonio y la hacienda pública municipal.
Si por la acción de entidades públicas o privadas o de ciudadanos del común se llegan a exigir responsabilidad en la sede que sea al que fue alcalde de Cáceres por dejación de sus obligaciones para con la hacienda y el patrimonio municipales, el agradecimiento deberá ir dirigido a Elena Nevado.
Vale.
Si no fuera porque los lectores de los periódicos no tienen la culpa de lo que los redactores escriben y sus directores publican, en el asunto del futuro del Acuartelamiento estaríamos ante un episodio que, si tuvieran que examinarse los periodistas sobre lo que saben de lo que escriben, el suspenso sería aparatoso.
Es evidente que en mayo de 2004, el Ministro Bono y el Presidente Ibarra comprometieron una unidad de ingenieros (en hemerotecas, se hablaba de un total de unos 500 militares). Es evidente que en abril de 2006, el Gobierno aprobó un Real Decreto que determinaba que en Cáceres habría un Regimiento de Ingenieros y que no lo habría en Burgos, donde en aquellos momentos estaba el RING 1.
Es evidente que el 2 de diciembre de 2008 se firmó un protocolo general de intenciones entre Ministerio, Junta de Extremadura y Ayuntamiento.
Es evidente que el 26 de diciembre de 2008 se publicó una orden ministerial en la que en el despliegue operativo del Ejército de Tierra no figuraba un Regimiento de Ingenieros en Cáceres y volvía a parecer en Burgos.
Esto son evidencias que nadie puede negar. Y los ciudadanos, guiados por lo que publican los periódicos, asumen como dogmas. Pero los periódicos no dicen toda la verdad. O lo que es lo mismo: los periodistas no leen los documentos que citan.
Primero. El ministro Bono dijo que a Cáceres vendría una unidad de ingenieros EN SUSTITUCIÓN del CIMOV nº 1. O lo que es lo mismo: si aquello afirmado en mayo de 2004 se hubiera cumplido en septiembre, los militares destinados en el CIMOV nº 1 habrían tenido que irse de la ciudad. Por tanto, todos aquellos que tanto “quieren” al CIMOV nº 1 (ahora CEFOT nº 1) deberían dar las gracias porque la promesa política no se cumplió. Y los militares que estaban entonces destinados en dicha unidad y continúen en ella, deberían dar las gracias por no haber tenido que hacer las maletas.
Segundo. El RD 416/2006 no se refería solamente a que a Cáceres vendría un Regimiento de Ingenieros, sino que esa opción estaba dentro del despliegue operativo de la Fuerza, en el caso del Ejército de Tierra. O lo que es lo mismo, afectaba a TODO el Ejército de Tierra, que tenía, conforme al texto de la norma legal que los periodistas ignoran premeditadamente, un plazo de cuatro años para desarrollar el despliegue.
Tercero. El protocolo general de intenciones firmado en diciembre de 2008 no solamente recoge una referencia al RD 416/2006, sino que incluye el traslado de la Subdelegación de Defensa al Palacio de Las Cigüeñas y que el edificio de mando del Cuartel Infanta Isabel pasará, conforme a la valoración económica que se establezca, al Ayuntamiento. También establece dicho protocolo que la base de Santa Ana será ampliada en 280 hectáreas, para lo cual será preciso obtener recursos mediante la disponibilidad urbanística de una parte de dicha Base que no se utiliza (la margen izquierda de la N630).
Cuarto. La OM de diciembre de 2008 modifica el despliegue operativo de la Fuerza del Ejército de Tierra en base a las posibilidades económicas que habría en los presupuestos generales del Estado de 2009 y siguientes. De hecho, el mismo JEME que ha determinado que no vendrá a Cáceres un Regimiento de Ingenieros, estableció que en los años 2009 y siguientes no se movería ninguna unidad (caso del Regimiento de Ingenieros de Burgos a Cáceres, y otros previstos) si no se contaba con la suficiente financiación.
La situación actual, aunque les pese a periodistas indocumentados por apatía al no leer los documentos, es que está plenamente vigente un protocolo general de intenciones que afecta a la propia Base de Santa Ana, que no se cierra como quiso hacer el Partido Popular (la memoria es flaca y, en algunos casos, famélica) entre 2001 y 2004.
La situación actual, aunque les pese a concejales de derechas poco duchos en asuntos públicos, es que el Jefe del Ejército ha establecido en documento bastante, la Directiva de Reestructuración de Centros Docentes Militares, que el CIMOV nº 1 pase a denominarse CEFOT nº 1 y que, a partir de 1 de enero de 2011 toda la formación de tropa del Ejército de Tierra se haga en tres centros en territorio peninsular (Cáceres, San Fernando y Calatayud) y uno insular (Canarias).
La situación actual es que la vigencia del protocolo general de intenciones es plena en sus tres aspectos fundamentales: la ampliación de la Base de Santa Ana, el pase del Cuartel Infanta Isabel al Ayuntamiento de Cáceres y la disponibilidad de los terrenos sin unos de Santa Ana para obtener recursos.
En cuanto a las afirmaciones de la portavoz de la oposición, Elena Nevado, sobre los terrenos que serán recalificados para dar cumplimiento al protocolo, y las acusaciones de especulación, una sola cosa: cuando más ha especulado, a mansalva y con descaro, el Ministerio de Defensa con terrenos ha sido cuando ha gobernado el Partido Popular, y, especialmente, entre 2000 y 2004, con el ministro del Yak 42 al frente.
Y sobre otros aspectos del protocolo, recuerdo a la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres que la fórmula por la que se obtendrá el Cuartel Infanta Isabel para la ciudad es la consecuencia de la dejación de obligaciones que hizo su partido con motivo de la venta por el Ministerio de la mayor parte de los terrenos. Dejación de obligaciones.
Vale.
Después de unos días de noticias (o algo parecido) acerca del CIMOV o, como se llama ahora, CEFOT, y de si viene a Cáceres o no un Regimiento de Ingenieros, aparece la portavoz municipal del PP, Elena Nevado, aplicando la doctrina oficial de su partido. O lo que es lo mismo, utilizando el lenguaje tremendista que oculta, en realidad, la falta de cualquier propuesta constructiva.
Robo de un Regimiento de Ingenieros que, efectivamente, se preveía en un decreto de 2006, en una reorganización del Ejército para el período 2006-2010 y que la crisis parece que se ha llevado por delante.
Habla Elena Nevado, en un comunicado de prensa, de robo (como cualquier mal entrenador de tercera), y se limita a los tópicos que marcan la doctrina Rajoy: gritar mucho y no hacer nada. Se les va la fuerza por la boca.
Después del tremendismo, la portavoz del PP debería actuar. Y como es portavoz de la oposición, su mejor mecanismo es la presentación de una moción en el próximo pleno municipal instando a que el pleno se pronuncie claramente y exija que el regimiento de ingenieros previsto en 2006 se instale, finalmente en el entrañable Campamento de Santa Ana.
¿Será capaz Elena Nevado de presentar la moción reclamando, exigiendo, que se repare “el robo”? ¿Será capaz Elena Nevado de superar el tremendismo verbal y formalizar una moción que el pleno apruebe para que el regimiento de ingenieros se instale en Cáceres?
Seguramente, no. Seguramente si lo hace y lo anuncia con antelación al pleno no tendrá más remedio que comerse la moción.
¿Sabe de qué habla Elena Nevado cuando dice lo de robo y reclama que se cumpla lo previsto, esto es, que se instale el regimiento de ingenieros? Estoy seguro de que no, o, al menos, no lo sabía cuando firmó el comunicado remitido a los medios. Cuando escribo este post quizá lo sepa. Y si no lo sabe a esta hora está tardando en anunciar la moción y presentarla.
Vale.
El artículo 16.2 de la Constitución española dice: “Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.” La ideología, la religión o las creencias forman parte del yo privado, de lo que la propia carta magna determina como “la intimidad”. Cuando un individuo, voluntariamente, somete a lo público lo que es privado, está sometiéndolo a la crítica, en cualquier sentido, positiva o negativa.
La ideología a la que cada individuo pueda adscribirse, forma parte de su individualidad. Cuando la hace pública, forma parte de la acción política. Cuando el individuo que la hace pública participa activamente en la gestión de lo público, su ideología forma parte de su propia capacidad de producirse en la sociedad. Los jueces, los militares, en el ejercicio de su profesión, no pueden hacer profesión pública de su adscripción ideológica.
Lo mismo sucede con la religión, con cualquier religión, con todas las religiones. Por eso, cuando la religión forma parte de la vida pública, de la vida social, está sometida a las mismas reglas de crítica, positiva o negativa, que cualquier ideología que se aglutina en torno a los partidos políticos.
El pleno de mayo de 2010 del Ayuntamiento de Cáceres fue escenario de la España cañí. Un peligroso concejal (más peligroso que concejal) planteó una moción para que las autoridades municipales dejen de acompañar a la patrona de la ciudad cuando, cada año, es bajada en procesión de su santuario y subida en romería. Son unos actos, antiguos, rancios como ellos solos, pero que forman parte del paisaje de una ciudad antigua, rancia como ella sola.
En eso estaban los concejales debatiendo sobre si han de acompañar a la patrona o no cuando una concejala de la derecha exhibió un cartel electoral, perdón, una estampita de la patrona. En realidad, al tratarse de un acto político, reglado, sometido al derecho y enmarcado dentro del ordenamiento constitucional, lo que hizo la concejala Nevado no fue exhibir una estampita, sino que hizo de ésta un poster electoral. Mezcló su derecho individual a practicar una religión con su profesión ideológica en un acto político.
Ahora, la concejala que, al parecer, ejerce la abogacía en un sistema jurídico sometido a la constitución que determina la privacidad, la intimidad de las creencias ideológicas o religiosas, ya no podrá oponerse a que cuando en los medios de comunicación, y este blog, modestamente, lo es, se la adscriba al partido popular de la virgen, y a que cuando sea criticada por hacer comercio político con su religión, no pueda oponerse porque ha sido ella la que ha hecho profesión política de ello.
En el pleno de mayo de 2010, la concejala Nevado pegó el timo de la estampita sobre la constitución. A partir de ahora, será Sor Elena Nevado.
Vale.
El 3 de marzo, la Directora General de Infraestructura del Ministerio de Defensa, Mónica Melle, comunicó a la Alcaldesa de Cáceres, Carmen Heras, y al Consejero de Fomento, José Luis Quintana, que el Ministerio ha decidido que la Subdelegación se traslade a dependencias del Palacio de Las Cigüeñas, para dejar libre el Cuartel Infanta Isabel, que se enajenará a favor del Ayuntamiento. También se determinó que la ampliación del Acuartelamiento de Santa Ana se llevará a cabo, con unas 280 hectáreas, y que la financiación de las actuaciones para ello se llevará a cabo mediante el uso urbanístico de las 50 hectáreas situadas en la margen izquierda de la CN630, para lo que será necesario un Proyecto de Interés Regional, con los usos que permitan la obtención de los recursos económicos necesarios. Mientras esto se lleva a cabo, el uso de Santa Ana como Centro de Formación de tropa está garantizado.
Hasta aquí la realidad: el Cuartel Infanta Isabel pasará al Ayuntamiento al finalizar 2010, se garantiza la ampliación de Santa Ana para ubicar nuevas unidades militares, y se garantiza, mientras tanto, la continuidad del CIMOV nº 1.
Ahora viene el esperpento, la demostración de incompetencia de los portavoces del PP, Elena Nevado, licenciada en derecho y abogada en ejercicio, creo, y Fernando Manzano, cuya profesión gustosamente desconozco.
Siguiendo lo recogido por las agencias de prensa en la comparecencia que ambos portavoces, paso a señalar algunas cuestiones.
“El PP califica de especulación urbanística la operación de Defensa para ampliar el Cimov de Cáceres”. Primera FALSEDAD: el Cimov no se ampliará, se ampliará el Acuartelamiento de Santa Ana, donde está alojado el CIMOV nº 1. Sobre la especulación urbanística, los chicos del PP mejor que se tapen un poquito. Podríamos hablar largo y tendido, pero les quiero recordar que, por ley, el Ministerio de Defensa está facultado para “especular”. Y si me contestan, léanse primero las leyes, y, en caso de que las desconozcan me ofrezco para explicarles por qué el Ministerio de Defensa está facultado para “especular”.
Como se comprenderá, si el “argumento” de la especulación urbanística es el fundamento para el resto de sus afirmaciones, éstas solamente amplifican el desconocimiento de los asuntos de los que se atreven a hacer afirmaciones. Cuando un ciudadano, en la barra de un bar o en los comentarios en las webs de los periódicos, hacen afirmaciones del mismo estilo, se comprende que no tienen la obligación de conocer los asuntos de los que hablan, pero que quienes pertenecen a un partido que ha gobernado (y que ha ampliado las facultades especulatorias del Ministerio de Defensa) y tienen, parece ser, alguna formación jurídica se dediquen a hablar de lo que ignoran, es bastante desolador.
Además de la ignorancia, la portavoz del PP ha hecho una afirmación que es muy interesante. Se refiere la señora Nevado a una visita “protocolaria” al Cuartel Infanta Isabel en la que vio el mal estado de alguna parte del edificio. Esa visita protocolaria, de la que la señora Nevado es ahora cuando la da a conocer, se llevó a cabo el 23 de junio de 2009, creo, y la visita sería a la Subdelegación de Defensa, cuyas dependencias dentro del Edificio de Mando de lo que fue Cuartel Infanta Isabel se encuentran en perfecto estado, ya que la parte que ocupa dicha Subdelegación fue rehabilitada hace muy pocos años.
¿Cómo es que la portavoz de un partido político visita protocolariamente unas instalaciones del Ministerio de Defensa? Podría hacer muchas preguntas sobre esa visita, pero el hecho de que la señora Nevado la haya mantenido en secreto hasta ahora, lo explica todo. Hasta los deseos expresados por alguna de las personas a las que fue presentada de verla como próxima alcaldesa.
Los portavoces del PP han hecho gala, una vez más, de su ignorancia, de la que parece ser que se sienten orgullosos.
Vale.
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