El pasado 16 de diciembre, al cabo de la reunión del Patronato de la Fundación Helga de Alvear se anunció que la coleccionista había decidido donar 207 obras al Ayuntamiento de Cáceres. Ese día, el Patronato había aprobado el presupuesto y plan de actuación para 2020, sin que en dicho Plan se diga nada de la donación.
Es entendible que la donación la realiza Helga de Alvear sin que dicha acción deba ser sometida a la consideración (aprobación o no) del Patronato, porque las obras siguen siendo de su propiedad. Hasta aquí todo es sencillo. Un gesto que necesitará un reconocimiento de la ciudad.
Una noticia de este calibre, acompañada de la valoración económica de la donación (42 millones de euros) habría requerido algo más que una frase de un concejal, asistente como miembro del Patronato, a la reunión en la que la coleccionista alemana hizo el anuncio.
Y es a partir de este anuncio cuando entran en juego diversas valoraciones. La primera, política, ya que hasta ahora solamente hay constancia de las antes citadas declaraciones del concejal José Ramón Bello, pero ninguna valoración desde la alcaldía o desde los diversos grupos políticos municipales. Como si la noticia fuera insustancial.
Como seguidor de la información que se genera (escasa, corta) en la ciudad de Cáceres me atrevo a entender que el silencio de los grupos políticos municipales tiene mucho que ver con cierto vértigo. A poco que los concejales conozcan (muchas veces lo dudo) las funciones que desempeñan como miembros del pleno, saben que la donación les va a acarrear quebraderos de cabeza.
Porque se trata de una donación, que es uno de los procedimientos por los que las administraciones públicas pueden adquirir bienes y derechos, y como todo procedimiento administrativo tiene sus trámites. No basta con llevar a la comisión de cultural y luego al pleno la lista de las obras donadas y su valoración. Es necesario conocer y valorar política y jurídicamente las características de la donación, las condiciones que el ayuntamiento debe cumplir para recibir las obras y para su mantenimiento y conservación.
No hay ninguna duda de que Helga de Alvear hace la donación en el mismo sentido que siempre ha dicho: que es un compromiso con Extremadura, a través de los organismos que representan a los extremeños. Más adelante estarán las donaciones que irán a parar a la Diputación, la Junta de Extremadura y a la Universidad.
Desde el punto de vista de la integridad de la colección, no cabe duda de que debe mantenerse como hasta ahora, con el único añadido en los inventarios de las obras que están donadas al Ayuntamiento (y las que sigan a Diputación, Junta de Extremadura y Universidad). Y así debe ser para el futuro.
Otra cosa son las obligaciones que adquiera el Ayuntamiento y que van más allá de la firma de un documento de donación que, protocolariamente, firmen la galerista con el alcalde de la ciudad. Ese documento debe incorporarse al inventario municipal de bienes y derechos.
La incorporación de bienes y derechos al inventario debe ser aprobada por el pleno, y por tanto, sometida a transparencia pública. Las obligaciones derivadas del mantenimiento y conservación de los bienes, ya sean demaniales o privativos, que precisen dotaciones económicas deben incorporarse a los presupuestos.
Por otra parte, y conforme a la legislación vigente en materia de patrimonio histórico y cultural, los bienes muebles que tengan esos valores, deberán tener un tratamiento que permita su divulgación y conocimiento por los ciudadanos.
La donación de 207 obras por Helga de Alvear no puede ser un acto simple administrativo de firma, sino que debe contener, por parte del Ayuntamiento, la obligación de que las obras, con todas las garantías de seguridad, mantenimiento y conservación, sean visibles para todos.
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