En La Sexta se emite un programa, Quién vive ahí, dedicado a mostrar viviendas singulares, ya lo sean por su construcción, por su ubicación, tamaño, singularidad. En general, se trata de viviendas consideradas únicas.
La misma pregunta (¿quién vive ahí?) cabría hacerse del conjunto de la ciudad antigua de Cáceres. En ella viven muchas familias, en viviendas más o menos grandes, pero en su núcleo existen edificios singulares, algunos habitados, otros habilitados para oficinas. Edificios de titularidad privada (Palacios de Los Golfines de Arriba y Abajo, Casa del Conde de Canilleros, Casa de Los Saavedra…) que permiten a sus dueños disponer de unas viviendas singulares y, al mismo tiempo, les obliga a un mantenimiento constante.
Existen también en la ciudad antigua de Cáceres muchos inmuebles, singulares, alguno con la categoría individualizada de Monumento Histórico, que son de titularidad pública. La Diputación Provincial, el Palacio de Carvajal, la Casa de los Moraga, el Palacio de los Condes de Torreorgaz (Parador), Casa de los Ovando o Palacio de Las Cigüeñas… Otros, de titularidad privada pero con trascendencia pública: Palacio de Galarza, Palacio de Mayoralgo, conventos de Santa Clara, San Pablo, Jerónimas…
De los inmuebles de titularidad privada poco puede decirse: su apertura y conocimiento público están limitados porque muchos de ellos siguen siendo viviendas familiares. De los adscritos a entidades privadas de trascendencia pública, son visitables al menos en parte, como sucede con el Palacio Episcopal o el de Mayoralgo. Los conventos son, en realidad, viviendas de las órdenes religiosas.
La pregunta del programa de La Sexta cabría hacérnosla mirando las fachadas de los edificios: por ejemplo, mirando al Palacio Episcopal habría que preguntarse si en él vive el Obispo o si, como sucedió con el obispo Jesús Domínguez, el prelado vive en un piso “normal” de la ciudad. Mirando a los edificios públicos, cabe preguntarse si el presidente de la Caja de Extremadura vive en el Palacio de Mayoralgo, o el de Diputación vive en cualquiera de los edificios de los que es propietaria la entidad que preside, o si el jefe del Ejército vive en el Palacio de Las Cigüeñas.
Los edificios públicos, a diferencia de los privados, deben ser accesibles en su inmensa mayor parte, a los ciudadanos, y aunque no es muy adecuado que grupos de turistas, por ejemplo, entren la sede de la Diputación en visita guiada, cualquier ciudadano que tenga que hacer gestiones pueda ver cómo es al tiempo que resuelve sus trámites.
Esto, desgraciadamente, no sucede en todos los edificios de titularidad pública de la ciudad antigua de Cáceres. Alguno se encuentra cautivo de su uso, de su destino, para goce privado. Es una anacronía en pleno siglo XXI el mantenimiento de un inmueble, con costes seguramente elevados, para uso privado de un funcionario público. No estamos en tiempos de mantener privilegios en razón del estado, sino en promover el uso público de aquellos bienes cuyos costes de mantenimiento recaen en los impuestos de todos los ciudadanos. Nadie debe plantear cuestión alguna sobre el derecho de propiedad de las administraciones públicas sobre bienes catalogados como Históricos, al contrario, es la mejor manera de garantizar su mantenimiento. Pero todos debemos ser capaces de entender que su uso privado genera, cuando menos dudas, sobre ¿quién vive ahí?
Vale.
La misma pregunta (¿quién vive ahí?) cabría hacerse del conjunto de la ciudad antigua de Cáceres. En ella viven muchas familias, en viviendas más o menos grandes, pero en su núcleo existen edificios singulares, algunos habitados, otros habilitados para oficinas. Edificios de titularidad privada (Palacios de Los Golfines de Arriba y Abajo, Casa del Conde de Canilleros, Casa de Los Saavedra…) que permiten a sus dueños disponer de unas viviendas singulares y, al mismo tiempo, les obliga a un mantenimiento constante.
Existen también en la ciudad antigua de Cáceres muchos inmuebles, singulares, alguno con la categoría individualizada de Monumento Histórico, que son de titularidad pública. La Diputación Provincial, el Palacio de Carvajal, la Casa de los Moraga, el Palacio de los Condes de Torreorgaz (Parador), Casa de los Ovando o Palacio de Las Cigüeñas… Otros, de titularidad privada pero con trascendencia pública: Palacio de Galarza, Palacio de Mayoralgo, conventos de Santa Clara, San Pablo, Jerónimas…
De los inmuebles de titularidad privada poco puede decirse: su apertura y conocimiento público están limitados porque muchos de ellos siguen siendo viviendas familiares. De los adscritos a entidades privadas de trascendencia pública, son visitables al menos en parte, como sucede con el Palacio Episcopal o el de Mayoralgo. Los conventos son, en realidad, viviendas de las órdenes religiosas.
La pregunta del programa de La Sexta cabría hacérnosla mirando las fachadas de los edificios: por ejemplo, mirando al Palacio Episcopal habría que preguntarse si en él vive el Obispo o si, como sucedió con el obispo Jesús Domínguez, el prelado vive en un piso “normal” de la ciudad. Mirando a los edificios públicos, cabe preguntarse si el presidente de la Caja de Extremadura vive en el Palacio de Mayoralgo, o el de Diputación vive en cualquiera de los edificios de los que es propietaria la entidad que preside, o si el jefe del Ejército vive en el Palacio de Las Cigüeñas.
Los edificios públicos, a diferencia de los privados, deben ser accesibles en su inmensa mayor parte, a los ciudadanos, y aunque no es muy adecuado que grupos de turistas, por ejemplo, entren la sede de la Diputación en visita guiada, cualquier ciudadano que tenga que hacer gestiones pueda ver cómo es al tiempo que resuelve sus trámites.
Esto, desgraciadamente, no sucede en todos los edificios de titularidad pública de la ciudad antigua de Cáceres. Alguno se encuentra cautivo de su uso, de su destino, para goce privado. Es una anacronía en pleno siglo XXI el mantenimiento de un inmueble, con costes seguramente elevados, para uso privado de un funcionario público. No estamos en tiempos de mantener privilegios en razón del estado, sino en promover el uso público de aquellos bienes cuyos costes de mantenimiento recaen en los impuestos de todos los ciudadanos. Nadie debe plantear cuestión alguna sobre el derecho de propiedad de las administraciones públicas sobre bienes catalogados como Históricos, al contrario, es la mejor manera de garantizar su mantenimiento. Pero todos debemos ser capaces de entender que su uso privado genera, cuando menos dudas, sobre ¿quién vive ahí?
Vale.
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