Cuando nos enfrentamos ante un plan general de urbanismo nuestros ojos se dispersan ante un cúmulo completo de rayas, tramas, símbolos… pero hay elementos que tenemos que tomar en consideración.
Fundamentalmente, cabe plantearse un concepto de partida para entender el urbanismo: ninguna línea, ninguna raya que se haga en el plano es inocente. Ni siquiera las que pueda hacer uno mismo.

Cuando vemos los planos coloreados, tan «diseñados» de un plan urbanístico, tenemos que tener presente que todo ese entramado de elementos comenzó con una raya en el plano y un número en una hoja de cálculo, y ni la línea en el plano ni el número en la hoja de cálculo son inocentes.
Cuando eximios urbanistas nos explican pormenorizadamente un plano, una unidad de ejecución, un sector ordenado, se olvidan de decirnos en qué punto comenzó la primera línea, por qué un determinado número aparece primero en la hoja de cálculo.
Cuando estos eximios urbanistas se reúnen con cargos públicos legos en la materia, les manifiestan las enormes ventajas de una ordenación que «cose la ciudad, de una ordenación «que presenta un nuevo modelo de ciudad, sostenible, integradora…», pero nunca les dicen en qué punto comenzaron a trazar la primera línea.
Ninguna línea en el plano es inocente, ningún primero número en la hoja de cálculo lo es, pero nunca los eximios urbanistas explican el porqué de esa línea, o de ese número: es su poder, el poder de determinar el modelo de una ciudad, el poder de determinar qué espacios serán beneficiados por su elección.
Hagan la prueba: tomen en sus manos una hoja en blanco, un lápiz y tracen una línea, sencilla, una recta, del tamaño que quieran, en cualquier parte de la hoja. Y comprobarán que no es inocente su elección. Y menos si a cada lado de la línea ponen un número del 1 al 10.
Vale.

Al comienzo de la presente legislatura, en la primera reunión del grupo parlamentario popular, un diputado solicitó de sus compañeros el apoyo ante las circunstancias que se le presentaban: un tal Federico Trillo. Reclamaba el apoyo de sus compañeros ante la situación jurídica y el cariz que estaba y está tomando el caso del YAK-42.
Ahora, cuando Mariano Rajoy repite presidencia del PP tutelada por Aznar, incluye en la Junta Directiva Nacional a Federico Trillo como ¿responsable? de Justicia y Libertades Públicas. ¿Cómo va a ser responsable de Justicia del primer partido de la oposición un sujeto que si la Justicia española fuera como debe estaría procesado por su responsabilidad material en el accidente de un avión contratado por el Ministerio que él dirigia? ¿Qué responsabilidad puede tener un individuo que, en un ámbito como el militar, no tuvo agallas suficientes para asumir la que le correspondía políticamente?
Parece claro que al colocar Rajoy a Trillo como responsable del área de Justicia de su partido está respondiendo a la llamada de socorro que lanzó el exMinistrillo, porque desde ese puesto puede influir, puede tener capacidad intimidatoria sobre una justicia que en España necesita una reforma radical, sobre una justicia que en España protege a los suyos: y los suyos son los de derechas, les guste o no les guste que se lo recordemos.
Parece claro que Rajoy pretende provocar a la Justicia para que no avance en las investigaciones (¿de verdad hace falta investigar algo más sobre el YAK-42?) y no se le ocurra imputar al eximio Federico Trillo.
Vale.
En cualquier momento que los medios de comunicación informan sobre recalificación o reclasificación de terrenos, de modo inmediato se activan los mecanismos que, finalmente, conducen a su asociación con corrupción. Sin embargo, no todas las recalificaciones o reclasificaciones conducen a ello, más bien al contrario: la mayor parte de las modificaciones urbanística, la inmensa mayor parte no tienen nada que ver con esa asociación.
Se ha atribuido a los conceptos de reclasificación y recalificación un valor negativo, que, sin duda, no les corresponde. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cualquier Plan de Urbanismo de carácter general no es más que un compendio enorme de reclasificaciones y recalificaciones, y que está sometido a múltiples y variados controles, entre los que está de manera muy importante la participación ciudadana, que raramente se ejerce. Es más, la participación ciudadana, salvo la ejercida por diversos colectivos generalmente conservacionistas, solamente se ejerce para que los particulares, ya sean individuales o empresas, procuren que sus propiedades obtengan los mayores rendimientos urbanísticos.
Hay quienes desde el ejercicio de la acción política, cuando oyen la palabra reclasificación se echan mano al teléfono del juzgado, o les da un sarpullido, o sienten los mismos deseos que Goebbels.
Es preciso diferenciar de las reclasificaciones fundadas en el ejercicio privado del derecho de propiedad, incluido en este derecho el de las empresas sobre terrenos de su propiedad o de su interés, que son las que en ocasiones conducen al término corrupción, que aquellas modificaciones del planeamiento, por la vía de la reclasificación o la recalificación, en las que los intereses generales de carácter público procuran la mejora de determinados servicios, dotaciones o equipamientos públicos, incluso en el supuesto de que con estas modificaciones algún interés privado quede mejorado. Para este segundo caso, los controles públicos son esenciales y la participación ciudadana, también.
En la ciudad de Cáceres, por ejemplo, con motivo de cubrir una necesidad social, cual es la construcción de un nuevo Centro de Educación Especial, se hace necesario que por los propietarios de los terrenos del actual, PROA, y que son los que sufragarán la construcción del nuevo centro, se obtengan unos beneficios que compensen las inversiones a realizar en el nuevo centro. Para ello, la vía será la de incluir en la Revisión del Plan General usos residenciales lucrativos para los terrenos del actual centro, si bien condicionados por algunas variables que acomodarán la recalificación al interés público: la tipología de las viviendas estará sometida a cualquiera de los tipos de protección previstos en la Ley del Suelo de Extremadura, y el Ayuntamiento deberá obtener compensaciones, más allá del 10% sobre el uso lucrativo, como son la cesión gratuita del Pabellón Polideportivo cubierto, existente en el Centro actual y el edificio de este Centro. Con ello se conseguirá que la zona disponga de un Pabellón polideportivo del que actualmente carece, y de un edificio de grandes dimensiones en el que podrán tener cabida múltiples y variadas actividades, consiguiéndose así una dotación esencial y absolutamente necesaria que el Ayuntamiento, en su precariedad económica, no podría llevar a cabo.
Por ello, cuando se habla de reclasificación o recalificación, siempre es preciso tener en cuenta cuáles son los beneficios públicos, las compensaciones públicas, que en este caso son considerables, con el añadido muy importante, abolutamente importante, de que se conseguirá un nuevo y moderno Centro de Educación Especial que mejore las condiciones, deplorarables, del existente.
Vale.

Es habitual en declaraciones públicas tanto de cargos políticos como de empresarios del sector inmobiliario referirse a las cesiones obligatorias cuando hablan del 10% de los aprovechamientos lucrativos. Consideran, siempre, al igual que los medios de comunicación, que al realizarse un plan parcial los propietarios de los terrenos han de ceder gratuitamente al Ayuntamiento correspondiente el 10% del aprovechamiento lucrativo, urbanizado.
Sin embargo, en lo que se refiere al 10% del aprovechamiento lucrativo, en ningún caso es una cesión obligatoria que hayan de realizar los propietarios de terrenos en un plan parcial o cualquier figura urbanística similar.
Los propietarios de suelo no son propietarios de ningún aprovechamiento urbanístico hasta tanto por la administración actuante no ejerce la competencia urbanística, que es una actividad pública, puesto ningún particular, ningún propietario de suelo puede activar la transformación urbanística.
En realidad, y jurídicamente, la auténtica definición es que la administración, depositaria de la competencia para la actividad urbanizadora establece un aprovechamiento determinado para un ámbito determinado y otorga al titular de los terrenos correspondientes el derecho a apropiarse del 90% del aprovechamiento lucrativo, resultando el 10% restante en favor de la comunidad en compensación de las plusvalías generadas.
Por tanto, en ningún caso existen cesiones obligatorias del 10% del aprovechamiento lucrativo en favor del Ayuntamiento, sino que es el Ayuntamiento el que otorga en favor de los propietarios de los terrenos el derecho al 90% del aprovechamiento lucrativo.
Vale.

El arzobispo de Valladolid advierte de una «emergencia educativa». Y se queda tan ancho el dómine Cabra.
Como decían Jack el Destripador y Rufino el Carnicero: vayamos por partes. Part one: ¿cuántos colegios privados propiedad de la Iglesia en la archidiócesis de Valladolid se sostienen con dinero público? Bueno, pues para evitar la emergencia educativa, fuera el dinero público de los colegios del dómine.
Part dos: ¿Para qué tienen ecónomo o economista en la archidiócesis de Valladolid: para que los negocios educativos vayan bien o para invertir en Gescartera?
Part tres: Según el archiobispo, la emergencia educativa se debe a la asignatura Educación para la Ciudadanía. ¿Desde cuándo enseñar en la escuela los valores democráticos de la Constitución Española pueden ser una amenaza para la educación?
Ya está bien de tanta tontería: que de una puñetera vez se denuncie el concordato, que los curas y las iglesias se financien con lo que los feligreses depositan en los cepillos y los obispados con las donaciones de sus más pudientes esclavos.
Lo que es una amenaza para la educación es la pervivencia de la asignatura de Religión en las escuelas, al menos en las públicas. Si quieren catequistas, que los paguen, si quieren impartir doctrina, en los púlpitos, pero ya está bien seguir chupando de la teta del Estado, de los impuestos de todos, también de los no creyentes, de los agnósticos, de los ateos, para revestirse de ropajes bordados en oro y predicar la pobreza, ya está bien de coger el dinero de los cepillos y ser clientes preferentes de chiringuitos financieros como Gescartera.
Los curas, en sus iglesias, y si quieren opinar que opinen, pero por su cuenta y riesgo y no con el dinero de quienes cada vez más los están abandonando por fariseos.

Hace un año, el resultado electoral propició un cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Cáceres, que se concretó con la cooperación entre PSOE e IU y el apoyo de Foro Ciudadano.
El nuevo gobierno echó a andar con la hipoteca de un documento de revisión del Plan General Municipal aprobado por el PP el 4 de mayo anterior y que terminó siendo devuelto por la Junta de Extremadura a la vista de múltiples deficiencias.
Un Plan de Urbanismo municipal es un documento complejo en el que ninguna línea trazada en el plano, ningún número sometido a las reglas de cálculo ni ningún artículo normativo incluido en su memoria son inocentes Y esa complejidad requiere una lectura sosegada, incluso en varios períodos de tiempo distintos, marcando, precisamente, distancias respecto a líneas, números y normas.
En el caso del documento aprobado por el PP, y solamente por el PP, esa lectura sosegada nos va llevando a descubrir cuestiones que, incluso, los propios técnicos de la Junta de Extremadura pudieran haber detectado Por ejemplo, el caso del Ferial.
El tratamiento que la Revisión del PGM, redactado por una empresa de gran predicamento en el sector urbanístico, da a esos terrenos de titularidad municipal demuestra la falta de inocencia del documento, y la incompetencia de todos los concejales del PP que con su voto, el 4 de mayo de 2007, aprobaron su envío a Mérida para su aprobación definitiva.
Los terrenos de El Ferial, propiedad del municipio, esto es, de todos los cacereños, está clasificado en el PGOU de 1998 como suelo urbano, y calificado para Servicios Urbanos. En la Revisión del PGM, estos terrenos, con una superficie de unas 16 Has, incluidos los de la ITV, cedidos a la Junta de Extremadura, aparecen incluidos en el Sector 1.04, El Ferial, en el Plano número 3, “Clasificación del Suelo y Sistemas Generales. Calificación del Suelo Urbanizable”. Sin embargo, en el Plano número 4, “Gestión del Suelo Urbanizable”, aparecen, de nuevo, como Suelo Urbano.
Es decir, para el cómputo general del suelo urbanizable del Sector 1.04, El Ferial es urbanizable, y, cuando ese cómputo general se gestiona, esto es, se prevé su desarrollo y la correspondiente atribución de cargas y beneficios, ya no es urbanizable y, por tanto, no genera derechos urbanísticos para su propietario, el Ayuntamiento de Cáceres.
Los derechos urbanísticos que corresponderían a las 16 Has, aproximadas, de titularidad municipal alcanzarían los 60.774 m2 edificables, esto es, unas 480 viviendas. Estos derechos, en virtud del Plan redactado por sesudos arquitectos y urbanistas, y aprobado por conspicuos concejalillos del PP, desaparecen y el Ayuntamiento, todos los cacereños, nos quedamos sin ellos.
Sin embargo, las leyes y reglamentos están para algo, afortunadamente, aunque los urbanistas de Madrid, solos o en compañía de otros, las olviden y aunque el alcalde Saponi y sus muchachos demuestren su incompetencia.
Ya el Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales de 1955 establecía en su artículo 8 se refería a cómo afectan a los bienes municipales los planes y proyectos de ordenación urbana, y el mismo criterio, es decir, el de la incorporación al planeamiento, se mantiene el vigente Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales,
Estas normas, y otras, como la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, ya existentes cuando el PP aprobó el Plan General de Urbanismo, son las que han de aplicarse para que los terrenos del actual Ferial, incorporados al Sector 1.04 del Suelo Urbanizable, participen del reparto equitativo de cargas y beneficios, y gocen de la atribución de los derechos urbanísticos que les correspondan.
Los derechos urbanísticos, por tanto, deben ser restituidos en las modificaciones que el Ayuntamiento remita a la Junta de Extremadura, y los ciudadanos deben saber que quienes han gobernado la ciudad durante 12 años, en este caso concreto, han demostrado que son unos incompetentes.

Si uno escucha la radio, se sobresalta con las canciones, o descanciones, que cantaban los peperos a la puerta de su PP, entre insultos a Gallardón. Y si uno ve las imágenes, el sobresalto es completo: los PPeros quieren maría. O se han puesto hasta el culo de maría…
Las imágenes de televisión de los manifestantes contra Mariano Rajoy me han recordado al propio Mariano encabezando manifestaciones contra el gobierno socialista y escuchando la palabra traidor dirigida a Zapatero. La misma que el propio Rajoy espetó a Zapatero en el debate electoral respecto de las víctimas del terrorismo.
Aquellos polvos, Mariano, traen estos lodos. Sacar a la gente a manifestarse, trae estas consecuencias: le cogen gusto y ahora están con el mono. Ahora, cuando en el PP están a la greña, cuando los más radicales de la derecha extrema están tensando la cuerda, ahora, Mariano, estás tomando tu propia medicina.
Hoy, a las puertas de Génova 13, los manifestantes gritaban a Gallardón y a Mariano las mismas palabras que atronaban contra Zapatero. Pero, sobre todo, una. Han llamado traidores a los líderes del PP, los mismos que insultaban al presidente del gobierno con el beneplácito de Rajoy, esos mismos, ahora se revuelven. Eso pasa por utilizar las vísceras para hacer política, ahora las vísceras saltan a la cara de quienes no tuvieron capacidad ni inteligencia para apoyar al gobierno.
Y ahora, Mariano, ¿quién te apoya?
Vale.

El juez Marlaska ha solicitado al Tribunal Supremo que se pronuncie sobre la posible imputación de Trillo por el caso del Yak-42, y que ese pronunciamiento sea antes del 26 de mayo próximo porque en esa fecha podría prescrbir el caso para el ex-ministro.
La reacción de Trillo ha sido la que se esperaba: esparcir insultos. Con motivo de la primera reunión del grupo parlamentario del PP en esta legislatura, el ministrillo valiente de Perejil pidió a sus correligionarios apoyo ante la que se le avecinaba.
Cuando ha conocido la petición del juez Marlaska, tibia, por otra parte, ha dicho dos cosas que honran a Trillo en su condición de demócrata. La primera, que hay algún indeseable que se está apoyando en las víctimas del Yak-42 para perseguirle, y la segunda, que él, Trillo, no ha atacado a sus antecesores en el Ministerio.
El indeseable sería, sin duda, José Bono, cuando su comportamiento de cara a los familiares de los fallecidos en el accidente ha sido de apoyo y ayuda, que, en algunos momentos, ha sido incluso criticada por no ser todo lo contundente que debió serlo.
En cuanto a los antecesores de Trillo en el Ministerio, haría bien el Ministrillo de Perejil en no poner el retrovisor, no vaya a ser que se recuerden algunos aspectos muy interesantes. Por ejemplo, la oposición del PP a una Ley que permitía «rehabilitar» a los militares de la UMD, pero que se hizo de manera que a todos aquellos que habían pasado a acciones políticas podrían reclamar su reingreso, ascenso y pase a la reserva de inmediato. El PP se opuso a esa Ley, se opuso con todas su fuerzas, pero la primera petición que se tramitó fue la de Trillo, que había colgado el uniforme para ser asesor jurídico del PP.
También sería interesante que Trillo no pusiera el retrovisor para no recordar algún que otro episodio en sus relaciones con las FAS.
Y, finalmente, hay que recordar que el ministrillo de Perejil no ha tenido la gallardía «militar» de asumir sus responsabilidades políticas, y ha dejado a los militares a los pies de los caballos, con independencia de que estos pudieran tener responsabilidades en el asunto. Pero Trillo, como primer jefe de los militares debió responder por ellos, con la mejor respuesta: debió dimitir en su momento y debió abandonar la política después, porque, con la que está cayendo en el PP ahora, si el Tribunal Supremo actúa como debe, le imputa por homicidio imprudente, a ver qué hace Mariano, que cada vez parece más Marianico el Corto.
Vale.

Algunos culturetas de la ciudad de Cáceres andan estos días reclamando que Cáceres cuente con un MBA, Museo de Bellos Antes, digo, Museo de Bellas Artes. Y lo reclaman sin norte ni sur, sin orientación… sin brújula, como perdidos en los perales inexistentes e inanes.
Reclaman un Museo para exponer ¿qué? En primer lugar, un Museo requiere la previa existencia de fondos suficientes, no para llenar cuatro paredes, sino para llenar cuatro paredes y un fondo rotatorio para llenar esas cuatro paredes cuatro veces.
Los coleccionistas privados de arte, si es que existen más allá del clemente césar, no se sabe cuántos son, cuántas obras atesoran y si están dispuestos a cederlas al Museo. Las instituciones públicas disponen de algunas obras, pera decorar salones de plenos, salas de consejos de administración y poco más.
Antes de reclamar un Museo, antes, habrá que disponer de un adecuado catálogo de obras, de una adecuada base de datos de coleccionistas privados, o de cuadros en poder de algunos particulares o entidades privadas o públicas que estuvieran en disposición de ser cedidos temporalmente al Museo.
Esta megalomanía por los museos ha llevado, incluso, a que el Pleno del Ayuntamiento reclame el destino del Hospital Provincial Nuestra Señora de la Montaña para Centro Cultural cuando se inaugure el nuevo Hospital. Se supone, cuando menos, que esta propuesta habrá sido consultada o puesta en conocimiento del dueño, la Diputación. Y se supone que quien haya parido la ¿idea? conocerá las características arquitectónicas del Hospital Provincial y habrá tenido la precaución de tantear al menos los costes de conversión en Centro Cultural. Pero me temo que no.
Además, antes que el Hospital deje de serlo, sería bueno, muy bueno, plantear un programa conjunto con Diputación, tanto para ese edificio como para los demás inmuebles propiedad de la Institución Provincial, porque, estudiándolos, a lo mejor resulta más interesante que todas las dependencias provinciales se ubiquen en el Nuestra Señora de la Montaña y sean esos inmuebles, algunos situados en pleno corazón monumental, los que puedan ser destinados a usos culturales. ¿No pensaron este posibilidad antes del pleno?
Vale.

El señorito Arenas, el perdedor andaluz, se despacha con unas declaraciones sobre aspectos que interesan a los extremeños: Arenas (PP) defiende que Huelva necesita «tuberías blancas con agua y no las negras vinculadas a otras aportaciones». Vamos, que Arenas movedizas dice que Refinería, en Extremadura, no. Este fulano, perdedor de perdedores, no quiere que los extremeños podamos disponer de una estructura industrial que, en cambio, sí fomenta y desea para Huelva.
Este señorito andaluz quiere que su cortijo esté pringado de mierda, y en eso coincide con los de I(d)U, Izquierdosos desunidos, y con ecologistas varios, así como con varios peritos industriales y similares que tienen nóminas de Sevillana y de empresas asociadas a CEPSA.
Este señorito andaluz, que pierde elecciones tras elecciones se mete donde no le llaman. A este señorito andaluz, en realidad, le da igual que por Huelva pasen tuberías blancas o negras, mientras le sigan llegando a caso jamones por la jeró, y le sirvan comentarios como el que ha hecho hoy para sacar la cabeza del agujero de la derrota.
Perdedor el señorito Arenas coincide con otro perdedor, el señorito Floriano, que huye de Extremadura después de volver a perder por goleada unas elecciones. Arenitas no huye de Andalucía porque en otro sitio no le recogen.
El señorito Arenas, el perdedor, también perderá esta vez. Y seguirá discurriendo su discurso por las cloacas de la derrota.
Vale.