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Animalada jurídica

cercadelasretamas —  febrero 6, 2010 — 1 Comentario

El pasado 29 de enero, la Comisión Regional de Urbanismo aprobó definitivamente, por unanimidad, el nuevo Plan General Municipal de Cáceres. Desde esa fecha, salvo una entrada “colateral”, he estado esperando a ver qué decía el PP desde la oposición.

De verdad, esperaba una reacción en el sentido de hacer valer que en la tramitación del documento, desde 2003, el mayor tiempo (cuatro años) fue con gobierno de la derecha local. O, como mucho, descalificar el documento para evitar que, como dijo el consejero de Fomento, sea conocido como el “plan Heras”.

Ayer, viendo los despachos de agencias, me sorprendió (¿o no?) que la portavoz del PP propusiera una nueva exposición pública y que ello supondría un retraso de dos meses en la entrada en vigor del documento aprobado definitivamente. Esperé a ver cómo se reflejaba en los medios escritos, con más reposo que las agencias, esa animalada jurídica.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Elena Nevado, al parecer licenciada en derecho, afirmó, sin pestañear que una nueva exposición pública solamente supondría un retraso de dos meses, ignorando (¿intencionadamente?) que la legislación urbanística establece que cuando un documento de planeamiento general se expone al público (concepto: participación ciudadana), ha de abrirse un período de presentación de alegaciones, que han de ser estudiadas por la administración actuante, y respondidas de manera motivada. Y eso, señora abogada, no puede hacerse en dos meses ni de coña.

Mi sorpresa no es tanto porque la portavoz de la derecha en el Ayuntamiento de Cáceres haga oposición (si supiera o supiese), sino porque lo haga despreciando las leyes. Seguramente, su apelación a una nueva exposición pública que retrasaría la entrada en vigor “solamente dos meses”, y al concepto de “seguridad jurídica”, sea, como parece, un guiño grosero a Izquierda Unida, buscando en el tremendista Pavón un aliado que le haga, como acostumbra, el trabajo sucio a la derecha. Pero lo manifestado por la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres es un grosero modo de llamar ignorantes a los ciudadanos… o de mostrar la ignorancia jurídica de quien ha hecho esas manifestaciones.

Mal que le pese a la abogada portavoz de la derecha, lo que dijo fue una grosería jurídica que, si quiere salvaguardar su profesión, debería aclarar que es una afirmación desesperada de carácter político, porque carece de cualquier argumento para sacar un poquito la cabeza en este asunto.

Vale.

Cuando está a punto de finalizar, según parece, el procedimiento para la aprobación definitiva del Plan General Municipal de Cáceres, se estudia el informe del Ministerio de Defensa, vinculante según establece la disposición adicional segunda de la Ley 8/2007, de Suelo, y en los medios de comunicación escritos (Diario HOY, del Grupo Vocento, y El Periódico Extremadura, Grupo Z) se trata la información desde una perspectiva que induce a los lectores a sacar conclusiones equivocadas. Es probable que el tratamiento periodístico requiera alguna economía de datos, pero no puede transmitirse la sensación de que Defensa actúa desde la arbitrariedad, porque no sería lógico.
En otras entradas de este blog he comentado que las noticias relacionadas con asuntos de la Defensa Nacional no tienen un tratamiento correcto (por ejemplo, la misión en Afganistán, o la sentencia del asesino de Carlos Palomino) por una falta de pedagogía pública en estos asuntos, por la falta de preparación de muchos líderes políticos (y sociales) en esta materia y, especialmente, por una aversión social hacia las fuerzas armadas como consecuencia de su identificación con la dictadura franquista.
En el caso de las limitaciones que el Ministerio de Defensa puede establecer en algunos espacios, y que, como el caso de Cáceres, afecta a desarrollos urbanísticos (y a intereses económicos importantes, no se olvide), el tratamiento de la información ha de tener un componente pedagógico y, sobre todo, que los periodistas conozcan las normas.
Seguramente, a los autores de las informaciones publicadas en el día de hoy les será más sencillo plantear que esas limitaciones vienen impuestas desde el franquismo y, por tanto, desde la arbitrariedad, que conocer que las leyes orgánicas que rigen la acción del Estado en materia de Defensa Nacional, la de 1980 y la vigente, de 2005, facultan al Estado para establecer limitaciones sobre los “derechos sobre los bienes propiedad de nacionales y extranjeros situados” en determinadas zonas, como es el caso del entorno del Campamento de Santa Ana.
Es verdad, por otra parte, que las informaciones publicadas no recogen opiniones de los responsables políticos municipales (ni del equipo de gobierno, socialista, ni de la oposición, el partido popular), y que, al menos, no existen opiniones que perjudiquen, desde el liderazgo social que corresponde a los representantes de los ciudadanos, pero la forma y los conceptos con los que se articulan las informaciones, inducen, sin duda, a fomentar la animadversión social hacia las fuerzas armadas.
También hay que decir que, no en este caso, pero sí en otros, cada vez menos, son las propias fuerzas armadas, a través de acciones de sus miembros las que apuntalan la creación y mantenimiento de opiniones sociales contrarias.
Vale.