El Tribunal Constitucional, después de varios intentos sin lograr acuerdos mayoritarios entre sus miembros, ha conseguido dictar una Sentencia sobre el recurso interpuesto por el Partido Popular contra el Estatuto de Cataluña, en concreto, contra 124 de sus artículos.
Solamente se conoce el fallo, y es previsible que en la segunda semana de julio se conozca la Sentencia en su integridad, que al parecer tendrá unos 1.000 folios. Conocido el fallo, pero no los argumentos jurídicos, se ha convenido en todos los medios que el 95% del texto normativo catalán es constitucional.
Las reacciones, como era previsible, no se han hecho esperar, y tienen su vértice en la inmediata cita electoral catalana a celebrar en el próximo otoño. El 5% q ue no ha sido considerado constitucional por quienes tienen la última palabra en la interpretación de la norma suprema, ha desatado iras y puesto sordina, según los casos.
Estas reacciones son sincrónicas. Nacionalistas catalanes, incluidos algunos conversos, han montado en cólera. El Partido Popular ha puesto sordina y trata de hacer mutis por el foro.
No he visto interpretaciones diacrónicas. Me refiero a que el texto estatutario fue aprobado hace cuatro años, en un contexto diferente, totalmente, del actual. Contexto económico, social y político. La crisis económica se ha llevado por delante la política, y algunos, como el gobierno socialista presidido por Zapatero y algunos gobiernos socialistas autonómicos, están lentamente recuperando la prevalencia de la política sobre la economía, porque será la política la que tenga que tomar las decisiones que terminen con la crisis. Los mercados (el terrorismo financiero) han creado la crisis para su mejor beneficio, y no pueden ni deben ser ellos los que nos saquen de ella, porque lo harían preparando la siguiente.
La situación económica hace cuatro años era muy diferente a la actual. La política parecía dirigir la orientación de la convivencia, ajena a lo que se fraguaba en los mercados. En aquel contexto, seguramente la sentencia, cuyo fallo conocemos ahora, no habría tenido la respuesta, en muchos casos histérica, que ha tenido ahora.
A los catalanes, a los ciudadanos catalanes les preocupa su estatuto, claro, pero más les preocupa la situación económica y sus derivadas. En una balanza maniquea, los catalanes decidirían que hay que salir antes de la crisis que “resolver” la cuestión estatutaria. Porque no hay solución, no hay otra solución que acatar lo que dice el TC, guste o no. Otra cosa es que se pueda criticar o que, cuando se conozcan los fundamentos jurídicos de la sentencia, se plantee la fórmula para, siguiendo la interpretación que sólo al alto tribunal compete, se puedan recomponer aquellos aspectos en los que ahora, en un pírrico 5%, se ha incumplido la Constitución.
Mal hace el autoproclamado socialista José Montilla poniendo por delante un nacionalismo converso (ya se sabe, los peores son los conversos) de unos problemas económicos, sociales y laborales que la mera aplicación del Estatuto no pueden solucionar. Ahora, cuando Felipe González reclama, con toda la razón, que es la hora de la política, no se puede utilizar la simbología, por muy respetable que sea, que lo es, para quemar fuerzas necesarias, quemar energías que han de aplicarse a resolver problemas reales, de hoy y de mañana, y que afectan a los que debería, por ideología e historia, atender el socialismo.
Pero si para la posición política de José Montilla los cambios económicos producidos en los últimos cuatro años (que nos abocan incluso a un cambio de modelo económico y productivo) deberían hacerle reflexionar, la situación de fracaso e incuria en la que ha quedado el partido que presentó el recurso contra 124 artículos, no es menor. Pero, a diferencia de Montilla, ese partido, entonces llamado Partido Popular y hoy llamado Partido Gurtelar, enfangado de mierda y corrupción hasta las cejas de Mariano, ha tomado una dirección: la de poner sordina a su ridículo. Saben, porque también se presentan a las elecciones en Cataluña, que alimentar polémicas estatutarias les perjudica. No asumen el fracaso, porque la derecha siempre ha sido y será soberbia (no hay más que ver al muñidor del recurso, Federico Trillo), pero aprenden rápido.
En estos cuatro años, el gobierno de Cataluña, impulsor del Estatuto, debería estar aplicando todas sus energías a salir de la crisis económica, a atender a los más perjudicados, los trabajadores. El PSC debería pensar más, ahora, en socialdemocracia y menos en banderas y símbolos. Ya habrá tiempo de retomar esos símbolos, pero poniéndolos por delante, no van a terminar con los EREs de las multinacionales, ni con los despidos de trabajadores en empresas que quieren hacer caja, ni con concursos de acreedores como el de Sacresa.
En estos cuatro años, la derecha más reaccionaria y zángana de Europa ha hecho un gran ridículo con su recurso, y en estos cuatro años ha visto cómo un día sí y otro también los trajes de sus líderes, los coches de sus esposas, la financiación de sus campañas, está subiendo los niveles de hedor por las fachadas de Génova, 13. En estos cuatro años, además, hemos conocido la falta de voluntad de trabajo del presunto líder. Cuando hay que trabajar, el presunto líder de la derecha se borra, se esconde en la esquina de la plaza, a la sombra, no vaya a ser que le vean y le digan que tiene que arrimar el hombro.
En estos cuatro años, mientras que el Tribunal Constitucional era sometido a una presión indecente, asumida por sus miembros, a costa de un recurso de corte franquista de la concepción del Estado, el líder de la derecha ha ido aumentando sus capacidades de indolencia. Hoy ya puede ser considerado el VMR.
Los socialistas catalanes tienen la oportunidad de, acatando el fallo de la sentencia, preparar un programa electoral de futuro para los trabajadores, a los que debería ser capaz de ilusionar por la política y a los que debería ser capaz de ofrecer soluciones reales a una situación, la crisis económica, creada por el capitalismo salvaje, por el terrorismo financiero, y en ningún caso, por decisión del Tribunal Constitucional.
Solamente se conoce el fallo, y es previsible que en la segunda semana de julio se conozca la Sentencia en su integridad, que al parecer tendrá unos 1.000 folios. Conocido el fallo, pero no los argumentos jurídicos, se ha convenido en todos los medios que el 95% del texto normativo catalán es constitucional.
Las reacciones, como era previsible, no se han hecho esperar, y tienen su vértice en la inmediata cita electoral catalana a celebrar en el próximo otoño. El 5% q ue no ha sido considerado constitucional por quienes tienen la última palabra en la interpretación de la norma suprema, ha desatado iras y puesto sordina, según los casos.
Estas reacciones son sincrónicas. Nacionalistas catalanes, incluidos algunos conversos, han montado en cólera. El Partido Popular ha puesto sordina y trata de hacer mutis por el foro.
No he visto interpretaciones diacrónicas. Me refiero a que el texto estatutario fue aprobado hace cuatro años, en un contexto diferente, totalmente, del actual. Contexto económico, social y político. La crisis económica se ha llevado por delante la política, y algunos, como el gobierno socialista presidido por Zapatero y algunos gobiernos socialistas autonómicos, están lentamente recuperando la prevalencia de la política sobre la economía, porque será la política la que tenga que tomar las decisiones que terminen con la crisis. Los mercados (el terrorismo financiero) han creado la crisis para su mejor beneficio, y no pueden ni deben ser ellos los que nos saquen de ella, porque lo harían preparando la siguiente.
La situación económica hace cuatro años era muy diferente a la actual. La política parecía dirigir la orientación de la convivencia, ajena a lo que se fraguaba en los mercados. En aquel contexto, seguramente la sentencia, cuyo fallo conocemos ahora, no habría tenido la respuesta, en muchos casos histérica, que ha tenido ahora.
A los catalanes, a los ciudadanos catalanes les preocupa su estatuto, claro, pero más les preocupa la situación económica y sus derivadas. En una balanza maniquea, los catalanes decidirían que hay que salir antes de la crisis que “resolver” la cuestión estatutaria. Porque no hay solución, no hay otra solución que acatar lo que dice el TC, guste o no. Otra cosa es que se pueda criticar o que, cuando se conozcan los fundamentos jurídicos de la sentencia, se plantee la fórmula para, siguiendo la interpretación que sólo al alto tribunal compete, se puedan recomponer aquellos aspectos en los que ahora, en un pírrico 5%, se ha incumplido la Constitución.
Mal hace el autoproclamado socialista José Montilla poniendo por delante un nacionalismo converso (ya se sabe, los peores son los conversos) de unos problemas económicos, sociales y laborales que la mera aplicación del Estatuto no pueden solucionar. Ahora, cuando Felipe González reclama, con toda la razón, que es la hora de la política, no se puede utilizar la simbología, por muy respetable que sea, que lo es, para quemar fuerzas necesarias, quemar energías que han de aplicarse a resolver problemas reales, de hoy y de mañana, y que afectan a los que debería, por ideología e historia, atender el socialismo.
Pero si para la posición política de José Montilla los cambios económicos producidos en los últimos cuatro años (que nos abocan incluso a un cambio de modelo económico y productivo) deberían hacerle reflexionar, la situación de fracaso e incuria en la que ha quedado el partido que presentó el recurso contra 124 artículos, no es menor. Pero, a diferencia de Montilla, ese partido, entonces llamado Partido Popular y hoy llamado Partido Gurtelar, enfangado de mierda y corrupción hasta las cejas de Mariano, ha tomado una dirección: la de poner sordina a su ridículo. Saben, porque también se presentan a las elecciones en Cataluña, que alimentar polémicas estatutarias les perjudica. No asumen el fracaso, porque la derecha siempre ha sido y será soberbia (no hay más que ver al muñidor del recurso, Federico Trillo), pero aprenden rápido.
En estos cuatro años, el gobierno de Cataluña, impulsor del Estatuto, debería estar aplicando todas sus energías a salir de la crisis económica, a atender a los más perjudicados, los trabajadores. El PSC debería pensar más, ahora, en socialdemocracia y menos en banderas y símbolos. Ya habrá tiempo de retomar esos símbolos, pero poniéndolos por delante, no van a terminar con los EREs de las multinacionales, ni con los despidos de trabajadores en empresas que quieren hacer caja, ni con concursos de acreedores como el de Sacresa.
En estos cuatro años, la derecha más reaccionaria y zángana de Europa ha hecho un gran ridículo con su recurso, y en estos cuatro años ha visto cómo un día sí y otro también los trajes de sus líderes, los coches de sus esposas, la financiación de sus campañas, está subiendo los niveles de hedor por las fachadas de Génova, 13. En estos cuatro años, además, hemos conocido la falta de voluntad de trabajo del presunto líder. Cuando hay que trabajar, el presunto líder de la derecha se borra, se esconde en la esquina de la plaza, a la sombra, no vaya a ser que le vean y le digan que tiene que arrimar el hombro.
En estos cuatro años, mientras que el Tribunal Constitucional era sometido a una presión indecente, asumida por sus miembros, a costa de un recurso de corte franquista de la concepción del Estado, el líder de la derecha ha ido aumentando sus capacidades de indolencia. Hoy ya puede ser considerado el VMR.
Los socialistas catalanes tienen la oportunidad de, acatando el fallo de la sentencia, preparar un programa electoral de futuro para los trabajadores, a los que debería ser capaz de ilusionar por la política y a los que debería ser capaz de ofrecer soluciones reales a una situación, la crisis económica, creada por el capitalismo salvaje, por el terrorismo financiero, y en ningún caso, por decisión del Tribunal Constitucional.
Vale.
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