Históricamente, en las democracias occidentales, se afirma que “la abstención siempre favorece a la derecha”. Y es cierto. Esto es así porque el voto universal (“un hombre, un voto”) es una conquista de las clases trabajadoras. Como lo fue la conquista del voto femenino por las mujeres. O lo que es lo mismo, frente al voto censitario (solamente podían votar los propietarios), está el voto universal. Los propietarios, los que estaban en el censo de propietarios, creen que la abstención les favorece. No solamente lo creen, sino que la promueven. Porque los no propietarios son, somos más. Y favorecer la abstención elimina contrincantes.
Campañas de desprestigio de la política como las que practican los medios neoconservadores o parafascistas en España, no tienen más destino que el de la desmovilización de la mayoría del electorado. Porque los propietarios (propietarios de la democracia, obviamente) sí acuden a votar, para salvaguardar sus derechos, su pertenencia al censo.
O campañas como la denominada #nolesvotes en las redes sociales, con claros instigadores, tienen como finalidad no la desmovilización general de los votantes, sino la desmovilización exclusivamente de las clases más desfavorecidas y, por su ámbito de desarrollo, de los jóvenes.
Creen los instigadores de la desmovilización que conseguir la abstención de grandes bolsas de población joven les favorece a corto plazo, pero su objetivo es a más largo plazo. El desprestigio de la política, del sistema democrático solamente favorece a los propietarios, de ahí que todos estén agrupados en torno a un partido político que se mueve más en términos de una sociedad mercantil que en términos del desarrollo social y democrático.
A los propietarios, a los que el derecho al voto les viene de herencia, de estar incluidos en el censo de propietarios, conseguir que quienes les arrebataron la capacidad de decidir renuncien, les motiva. Y en estos tiempos de crisis (que a ellos no les afecta) están tratando de alcanzar la renuncia total de las clases trabajadoras a intervenir en política.
Que el sistema de partidos no es perfecto, vale. Que la democracia, como decía Churchill, es el menos malo de los sistemas también. Pero renunciar a ejercer el derecho a decidir es una claudicación que los trabajadores, las clases medias no se pueden permitir. Y los jóvenes, menos.
Los jóvenes, los que más están sufriendo el azote de la crisis, tienen muchas opciones: echarse en brazos de la derecha censitaria y firmar su aniquilación política, renunciar a ejercer derechos democráticos y alcanzar la esclavitud económica, movilizarse en torno a colectivos reivindicativos o participar activamente en partidos democráticos de izquierdas para con su fuerza cambiarlos y llevarlos a que las conquistas sociales no pueden ser derrotadas.
No sirven el abandono, la renuncia o la claudicación, que es lo que buscan quienes se pregonan neoliberales y en realidad están tejiendo un sistema político y económico de perpetuación del voto censitario y la exclusión del voto de los asalariados, de los parados.
En España, la derecha económica, política y mediática no busca la ganancia en las urnas solamente, sino que está haciendo prisioneros a los colectivos más débiles, parados y jóvenes, para explotarlos en los nuevos campos de algodón.
Vale.
Archivos para November 30, 1999
Cuando aún faltan días para el comienzo de la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo de 2011, es tiempo de plantearse alguna reflexión. La primera y principal es que los ciudadanos, cuando ejercen su derecho al voto, nunca se equivocan. Votamos libremente, y votamos según nuestros intereses, afinidades y afectos. Y el resultado de las urnas es inapelable.
La segunda reflexión es que, al socaire del auge de las nuevas tecnologías, del uso cada vez más extendido de internet y de la importancia que tienen las redes sociales, junto con otras variables, la participación que reclaman los ciudadanos va más allá del día en que se celebran las elecciones. Los ciudadanos van modulando sus ganas de participar, incrementándose de unas elecciones a otras (con independencia de que, luego, el día de depositar el voto, se acuda o no al colegio electoral).
La tercera es algo que siempre se olvida: los ciudadanos no nos equivocamos nunca, pero somos responsables de que el ejercicio del gobierno (local, autonómico, estatal o europeo) lo ejerza uno u otro partidos. Porque ha sido, porque es nuestra decisión.
Los ciudadanos, cuando votamos, decidimos. Y no nos equivocamos. O eso creemos. Porque la responsabilidad que depositamos en quienes son objeto de nuestras preferencias no termina en la introducción de la papeleta en la urna. Esa responsabilidad continúa durante toda la legislatura.
Los ciudadanos, en definitiva, somos responsables, o corresponsables, de los actos de gobierno que se realizan en nuestro nombre y con el aval de nuestro voto.
La exigencia a los cargos públicos del recto ejercicio de los cargos para los que los elegimos también tiene una contrapartida: cuando durante una legislatura un gobierno (local, autonómico y local) adopta decisiones en contra de los intereses de los ciudadanos, no debe extrañarnos que quienes no votaron a ese gobierno reclame a los que sí lo votaron su parte de responsabilidad.
Ahora que se acercan unas elecciones, por tanto, debemos reflexionar si nuestro voto se mantiene fiel o se cambia. Debemos reflexionar sobre qué destino queremos darle a nuestro voto y cuáles son los valores que debemos tomar en consideración. Porque esa es otra: votamos según nuestros intereses, nuestras afinidades, nuestros afectos. Pero nunca debemos olvidar que con el voto depositamos una parte de nuestros valores, o que nuestros valores ciudadanos forman parte de la papeleta que introducimos en la urna.
En muchas ocasiones, y las encuestas demoscópicas se encargan de resaltarlo (para garantizarse un adecuado mercado empresarial, no por otra cosa), votamos a la contra. O lo que es lo mismo, se nos incita más a votar en contra de un determinado gobierno sin que sepamos bien si ese voto no se volverá contra nosotros.
Por eso, cuando se conozcan los resultados de las elecciones del 22M, habrá que felicitar a los partidos ganadores (que no son todos, aunque las noches electorales lo parezcan), a los votantes que han decidido ese resultado. Y al día siguiente de que se formen los gobiernos que resulten, éstos estarán sometidos a la crítica (más o menos acentuada en un período inicial de cortesía). Y los votantes, los ciudadanos que con su voto hayan contribuido a que se formen tal o cual gobierno deberán aprender que serán responsables, corresponsables, de las decisiones que esos gobiernos tomen.
No vaya a ser que, como sucede muchas veces, si a alguien se le dice, tras escucharle una crítica a un determinado cargo público, que tanta responsabilidad tiene ese cargo como el ciudadano que lo ha votado, nadie asuma esa responsabilidad. De ahí que votar a la contra, que votar en contra, acarree luego penalidades y vergüenzas que se podrían haber evitado.
Vale.
Hace unos días (11 de abril) posteaba en este mismo sitio sobre la única salida que le quedaba al candidato del Partido Gurtelar de Extremadura: convencer a sus correligionarios portugueses de derechas para que no paralizaran el proyecto del AVE en el país vecino, para conectar Lisboa con Madrid, lo que beneficiaría, sin ninguna duda, a esta tierra.
Mi post nacía de unas declaraciones de la protavoz del PSOE de Extremadur, y antes de conocer unas declaraciones del Secretario General de Extremadura del partido de la derecha, Fernando Manzano, en las que decía, según 20minutos.es: “El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, defenderá en una reunión que mantendrá «en los próximos días» con líderes del PSD portugués el carácter «primordial» del AVE para el «desarrollo» de Portugal, España y Extremadura, en un momento en el que «nunca estuvo más en el aire todo (sobre dicha infraestructura) que a día de hoy» (http://www.20minutos.es/noticia/1017416/0/).
Desde ese día, el presidente del partido derechista extremeño, José Antonio Monago, sigue sin entrevistarse con sus correligionarios portugueses, y ayer se conoció que el gobierno luso, en funciones, decidió terminar con el proyecto. Un gobierno en funciones porque la derecha portuguesa consiguió lo que intentó la derecha española: cargarse al gobierno. Hasta para eso es inútil la derecha presidida por el currante Mariano.
Hoy se ha conocido que el ministerio de “Fomento lanza la licitación de la línea de alta velocidad a Extremadura por más de 3.829 millones de euros, a través de la colaboración público-privada” (http://www.europapress.es/extremadura/noticia-fomento-lanza-licitacion-linea-alta-velocidad-extremadura-mas-3829-millones-euros-20110426142738.html).
Mientras que el gobierno socialista español sigue dando pasos adelante con el proyecto, el portugués, fagocitado por la derecha, ha decidido paralizarlo.
Y, a todo esto, el presunto líder (¿qué es un líder? ¿qué virtudes y capacidades debe reunir un líder? ¿cualquiera es líder por el hecho de ocupar un cargo?) de la extrema derecha en Extremadura sigue sin ser capaz de entrevistarse con sus correligionarios portugueses. Y no lo hace porque ya sabe la respuesta: no quieren ni oír hablar de semejante proyecto porque no creen en Europa, y, lo que es más grave, porque consideran que conectar Lisboa con Madrid les hará más dependientes de la economía española.
Al final de toda esta historia, es probable que Monago vaya a Elvas a hacer el paripé con algún dirigente de medio pelo portugués. Como mucho.
Y a comprar unas toallas.
Vale.
La máxima que titula este post no sé si será cierta o no, pero ayuda en muchas ocasiones a entender algunas cuestiones. Decía León Felipe que “para enterrar a los muertos, cualquiera vale, cualquiera, menos un sepulturero”.
En estos tiempos convulsos, en los que una crisis del modelo capitalista está fagocitando con fuerza cualquier posibilidad de resolverla si no es ahondando más en la brecha económica, que beneficia exclusivamente a los poderosos, la realidad nos está llevando a una situación en la que cualquier mercancía es buena para obtener beneficios, para engordar la cuenta de resultados.
También sucede en el campo de las ideas políticas y en la puesta en práctica de esas ideas. Los valores estables ya no sirven si no cotizan en bolsa: la razón, el criterio, la verdad… ya no sirven si no se traducen en beneficios económicos.
Las empresas que tienen negocios editoriales y de prensa (en cualquier soporte) anteponen la obtención de beneficios a cualquier cosa. Incluida la verdad. Algunas actúan con vehemencia y griterío, como el Grupo Intereconomía (con accionistas que pagaron el tamayazo), y que la Federación de Asociaciones de la Prensa consideran que no actúa conforme a los criterios éticos del periodismo, como si tal cosa existiera.
Otras, como el Grupo Vocento, heredero natural e ideológico de la Editorial Católica, considera que la verdad no existe, que es un instrumento al servicio de la contabilidad empresarial. Pero no grita como Intereconomía, sino que va distribuyendo por sus medios determinados argumentarios para extenderlos por el territorio, como si de una invasión militar se tratara. Ocupar el territorio para someter a los enemigos y favorecer a los amigos siempre le ha ido bien a la burguesía de Neguri.
En esta sibilina actuación del grupo Vocento nos encontramos ayer, 21 de abril, con un artículo en el Diario Las Provincias, cuyo arranque no puede ser más demoledor como declaración de principios: “La Justicia es demasiado importante como para que solo sepan de ella los jueces”. Esta afirmación ilustra la opinión sobre el asunto Troitiño. Aunque cita lo sucedido en su día con Josu Ternera, y la crítica a la Justicia pudiera entenderse razonable, no deja de ser curioso que un medio de comunicación afirme, sin pestañear, lo que dice el autor del artículo en su arranque.
En estos tiempos convulsos en los que el capitalismo salvaje sigue campando a sus anchas, cabe decir, sin pestañear: “La verdad es demasiado importante como para que solo sepan de ella los periodistas”. Porque dejar la verdad en manos de los periodistas es asumir que la verdad será ensuciada con la tinta con la que los dueños de los periódicos imprimen sus cuentas de resultados.
Claro que la Justicia debe estar en manos de los jueces y sólo de los jueces. Porque, al final, lo que el artículo en cuestión hace es justificar, por la vía de la omisión, la actuación de Trillo en el tema Troitiño.
¿Acaso cree el periodista que él lo haría mejor que los jueces? ¿Acaso afirma el periodista que él siempre dice la verdad cuando la verdad que pregona es la que le interesa a quien le paga?
Estamos muy acostumbrados a saber más que los demás. Y a demostrarlo día a día. Pero no es lo mismo lo que un ciudadano cualquiera diga en la barra de un bar, que lo que un medio de comunicación publique. El ciudadano, allá él con sus cosas. El medio de comunicación publica lo que le parece bien a la empresa, si eso produce beneficios. El periodista, simplemente, porque le pagan. La verdad, la realidad, el criterio, la razón… si caen del lado de lo que escribe o dice, bien. Si no, qué más da, lo que importa es el dinero.
Vale.
Tenía pensado no postear en algún tiempo, pero trasteando por la red me he tropezado con este comentario de José Antonio Monago en su muro del caralibro:
La portavoz del @psoeex me solicita que convenza al PSD de la bondad del AVE… Y no gobiernan los socialistas en Portugal? Y no decía Sócrates también que estaría el AVE en el 2010?… No puedo entender esta declaración de mi paisana…
Vayamos por partes. Y en algunos casos voy solamente a hacer referencias, sin acudir a hemerotecas.
En primer lugar, con motivo de las últimas elecciones portuguesas quedó meridianamente claro que el partido de derechas (como el Partido que en Extremadura preside Monago) portugués se presentaba ante su electorado con la pretensión de no seguir adelante con el proyecto del AVE que conectará Lisboa con Madrid. Ese partido de derechas perdió las elecciones.
En segundo lugar, con motivo de los sucesivos planes de ajuste llevados a cabo por José Sócrates, siempre se ha mantenido el proyecto de AVE, aunque en algún caso con algún retraso en su ejecución, pero con la vista puesta en la vertebración ibérica de la que la Alta Velocidad es un elemento indispensable. El partido de derechas portugués siguió manteniendo la eliminación del proyecto.
En ambos casos, Monago se dedicó a criticar al gobierno socialista sin tener agallas para dirigirse a sus correligionarios y exigirles, con igual contundencia al menos, que no desistieran del proyecto de Alta Velocidad.
Ahora, cuando el partido correligionario del que preside en Extremadura Monago ha conseguido lo que ni él ni su presidente nacional han sido capaces de alcanzar en España, Monago se muestra en grado sumo cínico.
La derecha portuguesa ha sido capaz, para asombro de Europa, de tumbar el gobierno de Sócrates, y, con ello, poner en gravísimo riesgo el proyecto de AVE ibérico, Monago es incapaz de alzar la voz. No le sale del cuerpo.
En un ejercicio de cinismo dice que en Portugal gobiernan los socialistas, cuando la derecha reaccionaria portuguesa ha conseguido la caída del gobierno y someter al país al chantaje del rescate.
El señor Monago no tiene ni agallas para ir a Elvas y decirle al presidente de la Cámara Municipal que no se preocupe, que habrá AVE. No. Sabe que el PSD portugués ha sido capaz de tumbar el gobierno de su país y venderlo para un rescate vergonzoso.
A Monago, en su cínica respuesta, en su respuesta cobarde, se le ve el plumero: el plumero de pertenecer a un partido de derechas, muy de derechas, que por la incapacidad de sus jefes nacionales no ha conseguido lo que pretendió en mayo de 2010: la caída del gobierno socialista.
A Monago habría que preguntarle si su partido, que tanto pide elecciones anticipadas, conoce el artículo 113 de la Constitución. Quizás nunca haya llegado hasta él.
A Monago habría que preguntarle si tiene algo que decirle a sus correligionarios portugueses para que ante la próxima contienda electoral, bajo el paraguas del chantaje, del rescate, sean capaces de incorporar a sus propuestas el proyecto ibérico vertebrador de la Alta Velocidad.
Pero para eso, Monago, no compra kinders.
Vale.
Aunque las apuestas, los deseos, las conjeturas eran múltiples antes del 2 de abril, el anuncio de Zapatero ante el Congreso Federal del PSOE ha tenido efectos devastadores, especialmente en todo el espectro de grises que conforman la derecha política y la derecha mediática. Esos efectos, además, han revelado enormes carencias democráticas en quienes, cuando les interesa, apelan a la Constitución, pero que, en realidad, ni siquiera se la han leído.
El anuncio de Zapatero no es institucional, no es un anuncio del Presidente del Gobierno, sino del Secretario General del PSOE ante el máximo órgano de su partido entre congresos. Por tanto, no afecta, desde el punto de vista institucional, a la Presidencia del Gobierno.
El anuncio de Zapatero es un anuncio democrático, dentro del funcionamiento democrático del PSOE, que cumple el mandato constitucional de que los partidos políticos deben funcionar con criterios de democracia interna. Ejemplo contrario, de funcionamiento no democrático, es el Partido Gurtelar, cuyo actual presidente accedió al cargo sin ningún procedimiento de democracia interna, o, lo que es lo mismo, sin cumplir la Constitución.
Con estas dos premisas, la rabia política que acumulan los dirigentes (iba a decir líderes, pero esa gente les faltan muchos peldaños para alcanzar ese nivel), los han llevado a asumir, ante el anuncio de Zapatero, un único argumento, que gritan y en ese griterío demuestran su incapacidad, su incompetencia y su resentimiento. Sólo quieren elecciones anticipadas. Y según lo dicen algunos, incluso que se les dé el gobierno sin elecciones.
Zapatero ha conseguido, en una sola frase, “no voy a ser candidato”, destrozar la única línea programática del Partido Gurtelar de cara a las elecciones de mayo. Ya no serán un plebiscito sobre Zapatero, ahora se necesitan programas electorales, candidatos que demuestren que, además de repetir como papagayos los argumentarios de Génova, S.A., tienen algo que decir y ofrecer. Acabado el plebiscito, comienzan los programas. De ahí que el argumentario de Génova, S.A., aumentado por los órganos de publicidad y propaganda del Consejo de Administración, se haya constituido en un Plan B de emergencia. Un plan B que pretende, únicamente, tapar las vergüenzas democráticas de unos consejeros que buscan el beneficio, utilizando para ello las gürteles de transmisión que sean necesarias.
Lo que demuestran los dirigentes gurteleros y lo que demuestran los directores (los propietarios) de los medios de comunicación que los imprimen con tintas de babosa es un absoluto desprecio (el desconocimiento ya era palpable) a la Constitución Española.
La derecha iracunda, cegada por las encuestas que se fabrican por sociedades anónimas, solamente quiere elecciones anticipadas, sólo quiere cargar la prueba sobre el Presidente del Gobierno y sobre el PSOE. Porque saben que, aplicando la Constitución, podrían reclamar de los presuntos triunfadores que acudan al artículo 113. Pero es pedirle lo imposible a un grupo de inútiles e incapaces dirigentes políticos que se comportan más como miembros de un consejo de administración.
Para el próximo premio VAMAR, el artículo 113 ni existe ni debería existir. Porque presentar una moción de censura requiere arrestos (castellano clásico), kinders (lenguaje políticamente correcto) o cojones (en extremeño, como le gusta al del morral). Y el presidente a dedazo no tiene ni capacidad política, ni arrestos para acudir al Congreso de los Diputados con una moción de censura. Arrestos que sí tuvieron Felipe González cuando se la presentó a Adolfo Suárez, y Antonio Hernández Mancha que hizo lo mismo con Felipe González. Y los dos, González y Hernández Mancha, sabían de antemano que sus mociones de censura no saldrían adelante porque no tenían votos suficientes. Pero los dos se sentían capacitados para hacerlo y para explicar a los ciudadanos esas capacidades, las propuestas que guiarían sus programas de gobierno si las mociones triunfaban.
Y todavía hay una diferencia mayor entre González y Hernández Mancha con Mariano: los dos sabían que los éxitos, también en política, sobre todo en política, se consiguen trabajando. Y Mariano ha demostrado un día sí y otro también que él no está hecho para trabajar. Que trabajar cansa, como se titula el blog de Isaac Rosa en Público. O que, en un tono más acorde con los niveles culturales de Mariano, “es una lata el trabajar”.
Es lamentable que empresas periodísticas publiquen medios que tienen como horizonte una presencia política y aupar al poder a alguien cuya capacidad de trabajo está fuera de toda duda: no tiene ninguna. Ni ganas, por supuesto. Y si ese es el jefe, a ver que puede esperarse de sus empleados.
Vale.
La todavía candidata de la derecha al Ayuntamiento de Cáceres, Elena Nevado, se ha reunido, acompañada por Valentín Pacheco, Joaquín Rumbo y Domingo Nevado con representantes de la Federación Empresarial Cacereña, organización que hace unos días criticó con dureza y con seguridad en los argumentos, la actitud de la derecha que representa Elena Nevado en el concurso del agua convocado por el Ayuntamiento de Cáceres.
Hoy tenemos una respuesta, la dada por Elena Nevado a la FEC para justificar la decisión de paralizar, primero, la resolución provisional del concurso, y para reclamar, después, por vía de una moción de urgencia, el desestimiento del concurso y el inicio de un nuevo proceso.
Cuando hablamos de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y cuando, sobre todo, estamos ante un caso práctico, hay que tener los argumentos sólidamente construidos, amparados en doctrina jurídica asentada y en jurisprudencia contrastada. No valen, no sirven, los argumentos que no llevan detrás aquello de “como establece el artículo” que sea, o “como se reconoce en la STS” que corresponda por analogía o similitud con el caso de que se trate. Fuera de todo esto, los argumentos exclusivamente políticos carecen de valor probatorio en un juzgado, y, en todo caso, su valor probatorio será el que tenga como resultado un acto administrativo impugnable.
Pues bien, en esta situación, la todavía candidata de la derecha y licenciada en derecho Elena Nevado ha expuesto a la FEC los argumentos jurídicos suficientes para haber promovido la aplicación del artículo 135 de la Ley de Contratos y haber conseguido, con el voto mamporrero del talibán Pavón, que el pleno acuerde el desestimiento del concurso y que deba iniciarse un nuevo procedimiento.
Paso, a continuación, a copiar, literalmente, lo que dice la sucursal de Monago en Cáceres, según publica ww.digitalextremadura.com recogiendo un comunicado emitido por la propia filial de la pedanía:
Primero: “Porque el comienzo del mismo [el concurso] se ha realizado con un año de retraso y dos prórrogas”.
Que yo sepa, el comienzo del concurso comienza con la aprobación de los Pliegos de Condiciones Técnicas y Económicas y su convocatoria pública. Lo que sucede antes, por ejemplo, la elaboración del Pliego, son trabajos previos. Respecto a las prórrogas, debe entenderse por la redacción del comunicado pepero, son las realizadas respecto del vigente contrato con Canal de Isabel II, actual concesionaria del servicio. Prórrogas perfectamente legales y que, además, han sido necesarias para garantizar la continuidad de la prestación del servicio. Si para la jurisconsulta Elena Nevado las prórrogas fueran ilegales, debería haberlas recurrido. Si no lo ha hecho, mejor haberse callado.
Además, la abogada Elena Nevado “olvida” que el Pliego de Condiciones se aprobó con su voto favorable. Un pequeño detalle que solamente demuestra que su voto o fue ignorante sobre la materia o fue inconsciente. Pero es algo consustancial al Partido Gurtelar, prefieren pasar por incompetentes antes que dar su brazo a torcer.
Segundo. Porque “el concurso se ha gestionado mal desde el principio hasta el fin, por parte del equipo de gobierno”.
Que yo sepa, las decisiones políticas, el trabajo político de un equipo de gobierno es sometido a control por la oposición, en tanto que los actos administrativos, además, están sometidos a su control, si procediera, por la jurisdicción contencioso-administrativa. O lo que es lo mismo. Si el partido de la derecha catovi ha observado mala gestión, su obligación ha sido durante toda la legislatura ejercer el control político. Y en el caso que nos ocupa, si las decisiones políticas del equipo de gobierno hubieran derivado, en el caso del concurso del agua, en actos administrativos contrarios a la ley, deberían haberlos recurrido conforme a derecho. Si no lo han hecho, es porque no se ha infringido la ley o porque, si se hubiera hecho, demuestran su incompetencia.
A todo esto, ningún argumento de doctrina jurídica ni de referencia jurisprudencial en torno al artículo 135 de la Ley de Contratos.
Tercero. Porque «hay tres empresas de las cuatro que se han presentado, que han estado en primer lugar para la adjudicación de la concesión del Agua”. Bueno, ¿y qué? La mesa de contratación ha ido haciendo sus trabajos, si se quiere mal que bien, y a lo largo de esos trabajos, a la vista de los diferentes informes técnicos, las puntuaciones de las empresas han ido variando. Por cierto, que una de las variaciones se debe a la expulsión que forzó la concejal del Partido Popular de Cáceres de la empresa gobernada por el Partido Popular de Madrid, Canal de Isabel II, y que el juzgado, ahora sí, qué mala suerte, obligó a readmitir.
Aquella exclusión le costó a la candidata tener que esconderse en el asunto y dejarle todo el marrón a V.P. (lo puso ella en su caralibro), que luego supimos que era Valentín Pacheco.
Finalmente, y como no viene en la información derivada del comunicado de prensa de la célula derechista, hay que referirse a la moción que presentó de urgencia en el pleno para forzar el desestimiento. La referencia es a la acusación a un funcionario de estar en el origen de las causas jurídicas (inexistentes, como los espías cospedalianos), y que hoy el talibán Pavón pone la guinda, al establecer una relación entre el trabajo de ese funcionario y el hecho de que su esposa trabaje en una de las empresas… que casualmente no merecería la adjudicación porque hay otra con mejores merecimientos.
Creo recordar que hace tiempo, en una cierta ciudad, un cierto concejal relacionó la suerte de un cierto músico de conservatorio que formaba parte de una determinada formación sinfónica gracias que el padre del citado músico era concejal del municipio que auspiciaba aquella formación sinfónica. Me gustaría saber la opinión del perfecto coherente Pavón sobre el asunto del músico.
Entre las tonterías del talibán Pavón, y la doctrina jurídica de altísimo nivel que nos brindan los sesudos juristas que inundan las listas de la filial de Celdrán en la pedanía cacereña, creo que los cacereños estamos alcanzando notables niveles de conocimientos en los campos musical, familiar y de la jurisdicción contencioso-administrativa… rama grouchista.
Vale.
“Todas las guerras son crueles, pero las guerras civiles lo son aún más”.
Ahora que Naciones Unidas ha decidido intervenir ante la represión llevada a cabo por Gadafi contra el pueblo libio, conviene hacer alguna matización. La primera, y fundamental, que cualquier guerra es un fracaso del hombre.
La segunda matización es que no existen guerras ni santas ni paganas, ni justas ni injustas. En todo caso, existen, por su extensión, guerras totales y guerras limitadas. Pero todo conflicto en el que las armas sustituyen a las palabras es una tremenda derrota de los hombres.
Dicho esto, la realidad, tozuda, nos demuestra que sabiendo que las guerras son crueles, que los conflictos armados comienzan pero nunca se sabe cuándo ni cómo acaban, aunque las estrategias prevean elementos limitados, debemos conocer cómo afrontar estas situaciones.
Ahora, la comunidad internacional (entendida como conjunto, no como suma) ha decidido una intervención militar limitada sobre el régimen de Gadafi. Limitada a la exclusión aérea para tratar de eliminar la capacidad represora del coronel libio y al embargo de armas (para que no pueda comprar más). La exclusión aérea se ha impuesto por la capacidad superior de la fuerza aérea norteamericana y el embargo se impone por mar con navíos de diversos países. La Resolución de la ONU no avala ningún tipo de invasión terrestre.
En este contexto, los pacifistas (utópicos, pero necesarios, muy necesarios) siguen gritando “no a la guerra”, el mismo grito que la derechona mediática recrimina tanto al partido en el gobierno como a todos aquellos que apoyaron las manifestaciones en contra de la decisión de Aznar en apoyo de su amigo Bush. No se trata de igualar, ni mucho menos, la nobleza (y un punto de ingenuidad utópica) pacifista, las dos versiones del “no a la guerra”, pero si constatar que el mismo grito aparece en dos puntos distintos, opuestos, del espectro sociológico.
En lo real, en los hechos que tenemos delante, en la resolución de la ONU (http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1973%20(2011)) encontramos la legitimidad internacional para la intervención, algo que en 2003 no existió. En ese año, a nivel nacional, Aznar atentó contra la constitución ante la pasividad (omisión de su deber) de los jueces del Tribunal supremo.
Ahora, la resolución de la ONU faculta para intervenir. Y en esa resolución se apoya la decisión del gobierno de contribuir, con otros países, a hacer cumplirla. Otra cosa es que la resolución haya llegado tarde, sea suficiente o insuficiente.
Vale.
En el Pleno del Ayuntamiento de Cáceres celebrado hoy, 17 de marzo de 2011, el Partido Gurtelar ha llevado al límite de lo legal el filibusterismo político. Ha propiciado que el Ayuntamiento renuncie a la celebración del contrato de suministro de agua y a desistir del procedimiento de adjudicación, diciendo que se basan en el artículo 139 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
La primera consecuencia será la de evaluar cuánto le va a costar el capricho de Elena Nevado a las arcas públicas, es decir, a las arcas de todos. Porque el artículo 139 de la ley determina que deberá compensarse a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, en la cuantía que se hubiera previsto en el Pliego o, en caso contrario, con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administración. O lo que es lo mismo: ¿cuánto cuestan los estudios técnicos y jurídicos de una contratación cuyo valor para el tiempo que estaba prevista la contrata es de 300 millones de euros? En el mejor de los casos, si solamente fuera el 1%, ya serían 3 milloncitos de nada. De nada, paga doña Elena.
La segunda, el Partido Gurtelar de Cáceres, o sea, doña Elena, deberá establecer sin ningún género de dudas cuál es la razón de interés público que impide resolver el concurso y adjudicar la contratación a Acciona (primera en puntuación), a Canal de Isabel II (segunda, en caso de no resolverse a favor de Acciona), etc. Porque cualquier razón de interés pública no puede ser motivada, originada o propiciada por ninguna de las empresas que han acudido a la licitación. Y si dichas empresas consideran que la razón esgrimida para no resolver no tiene un auténtico interés público podrán reclamar, y ganar, al Ayuntamiento indemnizaciones multimillonarias por daños y perjuicios.
Además, en caso de determinarse una causa de interés público debidamente justificada, ¿cuándo podría realizarse un nuevo procedimiento?
Estamos ante una situación que, sin duda, terminará por reventar judicialmente, porque la única “razón” que se esconde detrás de esta salvajada jurídica y de este atentado a los intereses públicos, es el ansía de Elena Nevado que piensa que va a ganar de calle las elecciones. Pero lo que está haciendo es ponerse delante de una corriente de agua que se la terminará llevando por delante.
Si en vez de considerarse lo previsto en el apartado 2 (renuncia a la celebración del contrato antes de la adjudicación) se plantea el asunto en base, exclusivamente, al desestimiento de continuar con el concurso, ¿cuál es la infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato? ¿No aprobó el Partido Gurtelar el pliego de condiciones? ¿No ha sido incluso el procedimiento, en algún momento, sometido a decisión judicial?
Si el Partido Gurtelar plantea el desistimiento en base a irregularidades deberá sustentarlas muy bien, deberá argumentarlas muy seriamente, porque, de entrada, las empresas puntuadas, especialmente Acciona (a quien debería adjudicarse provisionalmente, por ser la mejor valorada), y el Canal de Isabel II (que quedó en segundo lugar, y actualmente, como Acciona, en situación de indefensión legal) pueden recurrir las causas que se aleguen, e, incluso, interpretarlas lesivas desde el punto de vista económico, social y de la imagen pública de dichas empresas y emprender acciones legales, tanto civiles, como administrativas e incluso penales contra quienes les privan del derecho, conforme a la Ley, de obtener una resolución.
Por otra parte, el Partido Gurtelar debe detallar, una a una las irregularidades de todo tipo que parece que denuncia, y señalar el momento en que se han producido.
Ahora, también los técnicos municipales que han intervenido en el proceso se encuentran en situación de entredicho, no solamente desde la ética de su condición de funcionarios, sino desde la puesta en entredicho de sus capacidades profesionales para el ejercicio de los cargos que ocupan.
En la práctica, el Partido Gurtelar lo que ha hecho hoy, junto con el talibán de IH (Izquierda Hundida) es huir hacia adelante y tratar de evitar lo que ayer parecía claro (no había más que escuchar lo acojonado que estaba el actor secundario Pavón en un corte de sonido de la Cadena SER): la próxima presentación de demandas de Acciona y, probablemente, de Canal de Isabel II.
Vale.
Hace unos días, la diputada pepera Celia Villabolos aludió en tono despectivo a la enfermedad del vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. Esa alusión era una continuación natural del desparpajo mediático de los medios de comunicación al servicio, incluido el servicio previo pago, del Partido Gurtelar.
La exquisitez con la que la izquierda trató a Esperanza Aguirre contrasta con la desvergüenza de la extrema derecha mediática y de gente como Celia VillaBolos, pero la realidad es tozuda y esa desvergüenza tiene su precio.
El pasado viernes, a última hora de la tarde, las agendas de prensa para el sábado 12 de marzo recogían una convocatoria del Partido Gurtelar para un acto a celebrar en Talavera de la Reina, con la participación de la candidata a la presidencia de Castilla La Mancha y Secretaria General María Dolores de Cospedal, la presidenta de la comunidad de Madrid y de nuevo candidata, Esperanza Aguirre, y el candidato a la presidencia de Extremadura, José Antonio Monago. El tema era el AVE.
La señora Aguirre no asistió. Sencillamente, dio plantón a Cospedal y Monago.
En los discursos, según las referencias que he podido ver en los medios de comunicación, ninguno de los dos abandonados candidatos, Cospedal y Monago, aludió para nada a la ausencia de Esperanza Aguirre. La convocatoria no puede achacarse a los medios de comunicación. Esa convocatoria salió de la sede del Partido Gurtelar, de cualquiera de sus sedes. Y colocar a Esperanza en los carteles era un señuelo. Si la presidenta de la comunidad de Madrid no estaba en condiciones de asistir, Cospedal y Monago deberían haber consultado a la doctora Villabolos, que les podría haber explicado, por ejemplo, que a doña Esperanza le traía al pairo las chorradas que se montan dirigentes de medio pelo como Cospedal y Monago.
Quizás, también, la presidenta de la Comunidad de Madrid estará indignada con el Partido Gurtelar extremeño por la actuación de la candidata a la alcaldía de Cáceres en la contrata del servicio de agua, que ha puesto en entredicho la capacidad técnica y jurídica del Canal de Isabel II, y su solvencia empresarial.
Solamente el boletín oficial de Esperanza Aguirre, el ABC, por supuesto, se refería a que no habría podido asistir al encuentro debido a su reciente enfermedad. En Extremadura, el órgano oficial del comité central del Partido Gurtelar, el diario HOY, se refería a que la señora Cospedal había comido queso en Valdefuentes.
Lo que le sucedió el sábado al candidato Monago en Talavera de la Reina fue un plantón en toda regla por parte de Esperanza Aguirre. El que la presidenta de la Comunidad de Madrid no asistiera debido a su salud no puede tomarse en serio si aplicamos la doctrina Villabolos.
Vale.
Cerca de las retamas 