Cerca de las retamas

José Blanco, Secretario de Organización del PSOE inicia el 37 Congreso con un discurso reconociendo el trabajo de los militantes socialistas en todos los ámbitos, desde los cargos públicos a todos aquellos que en su trabajo ejercen de ello.
Y tiene un especial recuerdo, muy especial al compañero del alma Alfonso Perales, momento aplaudido por los asistentes, que hacen lo mismo cuando apuesta por más políticas de igualdad, representadas por Zapatero, por los valores socialistas que son válidos para el futuro, en contraposición a las apuestas liberales, neoliberales, de Mariano Rajoy.
Apuesta por un Congreso relevante para la sociedad, responder a los retos presentes, modelos de convivencia libre y segura, de cooperación internacional contra la pobreza.

Los administrativistas y los expertos en derecho urbanístico clasifican los convenios urbanísticos de múltiples maneras, según convengan a sus intereses, pero en la práctica, existen tres tipos, según se refieran a diversos estadios de la materia urbanística: de planeamiento, de desarrollo y de ejecución. Los de desarrollo y los de ejecución se plantean después de que la administración competente haya legislado, haya establecido las reglas del juego con la aprobación del Plan General.
Los convenios de planeamiento, que en algunas CC.AA. existen, enmarcados en determinadas circunstancias y con determinadas garantías, son, en la práctica la antesala de la corrupción cuando forman parte de ellos empresas privadas o personas físicas. Solamente cuando esos convenios urbanísticos forman parte de las relaciones interadministrativas, en el ámbito competencial respectivo, tienen la virtualidad de entrar en funcionamiento.
Los expertos en derecho urbanístico, sobre todo cuando se vinculan a eximios urbanistas para orientar algún desarrollo en el espacio, en el territorio, aparecen informes jurídicos que justifican los convenios entre privados y Administración, y generalmente en una línea que se enmarca en el derecho negativo: cuando en la norma autonómica no existen los convenios urbanísticos de planeamiento, se basan en que no están prohibidos. Error que nadie rebate porque suelen «cometerlo» grandes expertos. Sin embargo, el derecho español es derecho positivo y solamente se puede hacer lo que está regulado, lo que está previsto.
Los convenios urbanísticos de planeamiento son la forma exquisita de la corrupción, la forma exquisita por la que el particular pretende obtener lo que de modo ordinario no podría, la forma exquisita por la que, con contrapartidas exiguas, pero muy bien vendidas, los privados convencen a los representantes políticos de la bondad de sus propuestas, y los medios de comunicación se rinden ante las perspectivas de generación de negocio publicitario.
Esa corrupción nace de la falta de escrúpulos de quienes trazan rayas en el plano, de quienes señalan el primer número en la hoja de cálculo, de quienes retuercen la ley y la jurisprudencia por encargo, de la falta de capacidad crítica de los cargos públicos, del adormecimiento mediático de los ciudadanos… De ahí, luego, surgirán el «yo ya lo sabía», «se veía venir», «era vox pópuli«.
Los convenios urbanísticos de planeamiento, antesala de la corrupción, afortunadamente, no existen en la ley del suelo de Extremadura.
Vale.

Cuando vemos los planos coloreados, tan «diseñados» de un plan urbanístico, tenemos que tener presente que todo ese entramado de elementos comenzó con una raya en el plano y un número en una hoja de cálculo, y ni la línea en el plano ni el número en la hoja de cálculo son inocentes.
Cuando eximios urbanistas nos explican pormenorizadamente un plano, una unidad de ejecución, un sector ordenado, se olvidan de decirnos en qué punto comenzó la primera línea, por qué un determinado número aparece primero en la hoja de cálculo.
Cuando estos eximios urbanistas se reúnen con cargos públicos legos en la materia, les manifiestan las enormes ventajas de una ordenación que «cose la ciudad, de una ordenación «que presenta un nuevo modelo de ciudad, sostenible, integradora…», pero nunca les dicen en qué punto comenzaron a trazar la primera línea.
Ninguna línea en el plano es inocente, ningún primero número en la hoja de cálculo lo es, pero nunca los eximios urbanistas explican el porqué de esa línea, o de ese número: es su poder, el poder de determinar el modelo de una ciudad, el poder de determinar qué espacios serán beneficiados por su elección.
Hagan la prueba: tomen en sus manos una hoja en blanco, un lápiz y tracen una línea, sencilla, una recta, del tamaño que quieran, en cualquier parte de la hoja. Y comprobarán que no es inocente su elección. Y menos si a cada lado de la línea ponen un número del 1 al 10.
Vale.

Es habitual en declaraciones públicas tanto de cargos políticos como de empresarios del sector inmobiliario referirse a las cesiones obligatorias cuando hablan del 10% de los aprovechamientos lucrativos. Consideran, siempre, al igual que los medios de comunicación, que al realizarse un plan parcial los propietarios de los terrenos han de ceder gratuitamente al Ayuntamiento correspondiente el 10% del aprovechamiento lucrativo, urbanizado.
Sin embargo, en lo que se refiere al 10% del aprovechamiento lucrativo, en ningún caso es una cesión obligatoria que hayan de realizar los propietarios de terrenos en un plan parcial o cualquier figura urbanística similar.
Los propietarios de suelo no son propietarios de ningún aprovechamiento urbanístico hasta tanto por la administración actuante no ejerce la competencia urbanística, que es una actividad pública, puesto ningún particular, ningún propietario de suelo puede activar la transformación urbanística.
En realidad, y jurídicamente, la auténtica definición es que la administración, depositaria de la competencia para la actividad urbanizadora establece un aprovechamiento determinado para un ámbito determinado y otorga al titular de los terrenos correspondientes el derecho a apropiarse del 90% del aprovechamiento lucrativo, resultando el 10% restante en favor de la comunidad en compensación de las plusvalías generadas.
Por tanto, en ningún caso existen cesiones obligatorias del 10% del aprovechamiento lucrativo en favor del Ayuntamiento, sino que es el Ayuntamiento el que otorga en favor de los propietarios de los terrenos el derecho al 90% del aprovechamiento lucrativo.
Vale.

El arzobispo de Valladolid advierte de una «emergencia educativa». Y se queda tan ancho el dómine Cabra.
Como decían Jack el Destripador y Rufino el Carnicero: vayamos por partes. Part one: ¿cuántos colegios privados propiedad de la Iglesia en la archidiócesis de Valladolid se sostienen con dinero público? Bueno, pues para evitar la emergencia educativa, fuera el dinero público de los colegios del dómine.
Part dos: ¿Para qué tienen ecónomo o economista en la archidiócesis de Valladolid: para que los negocios educativos vayan bien o para invertir en Gescartera?
Part tres: Según el archiobispo, la emergencia educativa se debe a la asignatura Educación para la Ciudadanía. ¿Desde cuándo enseñar en la escuela los valores democráticos de la Constitución Española pueden ser una amenaza para la educación?
Ya está bien de tanta tontería: que de una puñetera vez se denuncie el concordato, que los curas y las iglesias se financien con lo que los feligreses depositan en los cepillos y los obispados con las donaciones de sus más pudientes esclavos.
Lo que es una amenaza para la educación es la pervivencia de la asignatura de Religión en las escuelas, al menos en las públicas. Si quieren catequistas, que los paguen, si quieren impartir doctrina, en los púlpitos, pero ya está bien seguir chupando de la teta del Estado, de los impuestos de todos, también de los no creyentes, de los agnósticos, de los ateos, para revestirse de ropajes bordados en oro y predicar la pobreza, ya está bien de coger el dinero de los cepillos y ser clientes preferentes de chiringuitos financieros como Gescartera.
Los curas, en sus iglesias, y si quieren opinar que opinen, pero por su cuenta y riesgo y no con el dinero de quienes cada vez más los están abandonando por fariseos.

Hace un año, el resultado electoral propició un cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Cáceres, que se concretó con la cooperación entre PSOE e IU y el apoyo de Foro Ciudadano.
El nuevo gobierno echó a andar con la hipoteca de un documento de revisión del Plan General Municipal aprobado por el PP el 4 de mayo anterior y que terminó siendo devuelto por la Junta de Extremadura a la vista de múltiples deficiencias.
Un Plan de Urbanismo municipal es un documento complejo en el que ninguna línea trazada en el plano, ningún número sometido a las reglas de cálculo ni ningún artículo normativo incluido en su memoria son inocentes Y esa complejidad requiere una lectura sosegada, incluso en varios períodos de tiempo distintos, marcando, precisamente, distancias respecto a líneas, números y normas.
En el caso del documento aprobado por el PP, y solamente por el PP, esa lectura sosegada nos va llevando a descubrir cuestiones que, incluso, los propios técnicos de la Junta de Extremadura pudieran haber detectado Por ejemplo, el caso del Ferial.
El tratamiento que la Revisión del PGM, redactado por una empresa de gran predicamento en el sector urbanístico, da a esos terrenos de titularidad municipal demuestra la falta de inocencia del documento, y la incompetencia de todos los concejales del PP que con su voto, el 4 de mayo de 2007, aprobaron su envío a Mérida para su aprobación definitiva.
Los terrenos de El Ferial, propiedad del municipio, esto es, de todos los cacereños, está clasificado en el PGOU de 1998 como suelo urbano, y calificado para Servicios Urbanos. En la Revisión del PGM, estos terrenos, con una superficie de unas 16 Has, incluidos los de la ITV, cedidos a la Junta de Extremadura, aparecen incluidos en el Sector 1.04, El Ferial, en el Plano número 3, “Clasificación del Suelo y Sistemas Generales. Calificación del Suelo Urbanizable”. Sin embargo, en el Plano número 4, “Gestión del Suelo Urbanizable”, aparecen, de nuevo, como Suelo Urbano.
Es decir, para el cómputo general del suelo urbanizable del Sector 1.04, El Ferial es urbanizable, y, cuando ese cómputo general se gestiona, esto es, se prevé su desarrollo y la correspondiente atribución de cargas y beneficios, ya no es urbanizable y, por tanto, no genera derechos urbanísticos para su propietario, el Ayuntamiento de Cáceres.
Los derechos urbanísticos que corresponderían a las 16 Has, aproximadas, de titularidad municipal alcanzarían los 60.774 m2 edificables, esto es, unas 480 viviendas. Estos derechos, en virtud del Plan redactado por sesudos arquitectos y urbanistas, y aprobado por conspicuos concejalillos del PP, desaparecen y el Ayuntamiento, todos los cacereños, nos quedamos sin ellos.
Sin embargo, las leyes y reglamentos están para algo, afortunadamente, aunque los urbanistas de Madrid, solos o en compañía de otros, las olviden y aunque el alcalde Saponi y sus muchachos demuestren su incompetencia.
Ya el Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales de 1955 establecía en su artículo 8 se refería a cómo afectan a los bienes municipales los planes y proyectos de ordenación urbana, y el mismo criterio, es decir, el de la incorporación al planeamiento, se mantiene el vigente Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales,
Estas normas, y otras, como la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, ya existentes cuando el PP aprobó el Plan General de Urbanismo, son las que han de aplicarse para que los terrenos del actual Ferial, incorporados al Sector 1.04 del Suelo Urbanizable, participen del reparto equitativo de cargas y beneficios, y gocen de la atribución de los derechos urbanísticos que les correspondan.
Los derechos urbanísticos, por tanto, deben ser restituidos en las modificaciones que el Ayuntamiento remita a la Junta de Extremadura, y los ciudadanos deben saber que quienes han gobernado la ciudad durante 12 años, en este caso concreto, han demostrado que son unos incompetentes.

Si uno escucha la radio, se sobresalta con las canciones, o descanciones, que cantaban los peperos a la puerta de su PP, entre insultos a Gallardón. Y si uno ve las imágenes, el sobresalto es completo: los PPeros quieren maría. O se han puesto hasta el culo de maría…
Las imágenes de televisión de los manifestantes contra Mariano Rajoy me han recordado al propio Mariano encabezando manifestaciones contra el gobierno socialista y escuchando la palabra traidor dirigida a Zapatero. La misma que el propio Rajoy espetó a Zapatero en el debate electoral respecto de las víctimas del terrorismo.
Aquellos polvos, Mariano, traen estos lodos. Sacar a la gente a manifestarse, trae estas consecuencias: le cogen gusto y ahora están con el mono. Ahora, cuando en el PP están a la greña, cuando los más radicales de la derecha extrema están tensando la cuerda, ahora, Mariano, estás tomando tu propia medicina.
Hoy, a las puertas de Génova 13, los manifestantes gritaban a Gallardón y a Mariano las mismas palabras que atronaban contra Zapatero. Pero, sobre todo, una. Han llamado traidores a los líderes del PP, los mismos que insultaban al presidente del gobierno con el beneplácito de Rajoy, esos mismos, ahora se revuelven. Eso pasa por utilizar las vísceras para hacer política, ahora las vísceras saltan a la cara de quienes no tuvieron capacidad ni inteligencia para apoyar al gobierno.
Y ahora, Mariano, ¿quién te apoya?
Vale.