A raíz de la explosión de un reactor en la planta de IQOXE en el polígono Petroquímico de Tarragona, que causó tres muertos (dos trabajadores de la planta y un tercero como consecuencia de la onda expansiva), ocho heridos y múltiples daños, el Parlament de Catalunya creó una Comisión de Estudio para que se pudieran esclarecer en sede parlamentaria las causas del siniestro y obtener información para evitar situaciones iguales en el futuro.
Por dicha Comisión de Estudio pasaron diferentes expertos y a la misma fueron convocados los principales directivos de la fábrica siniestrada.
De hecho, fueron convocados en dos ocasiones los máximos responsables de la misma, sin que tuvieran a bien asistir al Parlament. Esas negativas no son más que una muestra de la mala calidad personal, profesional y social de quienes, aun no siendo obligatorio (no era una Comisión de Investigación) se sustraen a peticiones de quienes son depositarios de la soberanía popular, en este caso, de la Comunidad Autónoma.
Un medio de información generalmente moderado, tituló: “Nuevo esquinazo de Iqoxe a la comisión parlamentaria”, subtitulando “Los propietarios de la compañía, Ricardo Leal y José Luis Morlanes, delegan de nuevo en su abogado y un jefe de planta.”
Si no cambian mucho las cosas, estos empresarios serán quienes gestionen la puesta en marcha de una planta de hidrógeno verde, y a su bondad habremos de confiarnos en que actuarán mejor que en Catalunya.
Decía, literalmente, La Vanguardia el día 11 de noviembre de 2020, en información firmada por Sara Sans:
José Luis Morlanes. Núria Torres / ACN
La escena ha vuelto a repetirse. El relato de Iqoxe sigue a rajatabla el guión de los abogados. Mientras la causa siga bajo investigación judicial, los máximos responsables de la compañía que en enero registró el peor accidente de la historia del polígono petroquímico –no solo por las tres muertes y los ocho heridos, sino por el riesgo al que estuvo expuesta la población– no comparecerán públicamente.
El extremeño Ricardo Leal, propietario del grupo Cristian Lay, que adquirió el 85% de la actual Iqoxe hace seis años, y José Luis Morlanes, que según el Registro Mercantil tenía en enero el 15% restante, además de ejercer como director general, estaban citados ayer, por segunda vez, en la comisión parlamentaria. Y por segunda vez, delegaron su presencia en el abogado Javier Fontcuberta, y en Ferran Cabré, director de la planta de óxido de etileno y sin ninguna responsablidad en la de derivados, donde hubo la explosión.
Hace quince días, los representantes de la comisión de estudio –al no ser de investigación, las comparecencias no son obligatorias– suspendieron el testimonio del letrado y de Cabré porque habían solicitado a “directivos” y no asistieron ni Morlanes ni Rodríguez Prats, director de la planta. Ayer, estaban explícitamente citados Leal y Morlanes y de nuevo comparecieron Cabré y Fontcuberta, de quien no se aceptaron explicaciones.
Cabré, que prácticamente no contestó a ninguna de las preguntas que le formularon –ni sobre las presuntas sobrecargas de trabajo, ni sobre el informe de la consultora independiente DNV, ni sobre los fallos de los sistemas de seguridad–, reiteró los argumentos de la compañía: que el accidente era imprevisible, que superaron todas las inspecciones, que la sala de control (que no estaba bunkerizada y quedó totalmente destrozada) “era legal”. Insistió en que Iqoxe no volverá a usar la tecnología del reactor que estalló. Mientras, la compañía lleva meses trabajando en la puesta en marcha de la planta de derivados.
Vale.
Cerca de las retamas 