En estas fechas tan señaladas, la información no descansa, y si es información relevante sobre el proyecto de megamina de litio que un grupo de especuladores australianos quieren instalar en el paraje de Valdeflores, justo en el borde urbano de la ciudad de Cáceres, el descanso informativo no debe existir.

En los últimos tiempos hemos visto cómo a las tribulaciones en torno al presunto proyecto minero, se han ido sumando apoyos que vienen de un entorno presuntamente industrial.

En nuestra entrada en la que hacíamos referencia a que la bisutería no lo puede tapar todo, señalábamos la joint venture que pretenden formar la minera australiana, con su CEO Ramón al frente, con Enagás y con Alter Enersun, esto es, Cristian Lay.

Hablan de hidrógeno verde y otros conceptos de respeto (sobre el papel) al medio ambiente, que los hechos y los antecedentes se encargan de echar por tierra.

El 15 de octubre hacíamos referencia a dos investigaciones paralelas que llevaban a cabo los mossos d’esquadra a raíz de la explosión en IQOXE, complejo petroquímico de Tarragona, que causó dos muertes entre sus trabajadores, más otro en una localidad cercana, además de 8 heridos y bastantes daños. Y esa investigación llevó a otra.

Así, estos días hemos sabido que el Juzgado de Instrucción nº 1 de Tarragona ha cerrado la investigación de la planta situada en La Canonjía y abrirá juicio contra la empresa y sus directivos.

El diario EL PAÍS informa que el juzgado también tiene abierta la investigación principal por la explosión de 2020, que considera como presunta imprudencia grave y delito contra los trabajadores, y otra pieza separada sobre autorizaciones y licencias. Se han hecho registros, inspecciones e informes de toxicología, y se ha tomado declaración a 12 investigados aunque finalmente solo se ha procesado a cinco. Después del auto conocido este jueves, la jueza da diez días a las partes para que presenten escrito de acusación o bien pidan archivar la causa.

El auto conocido esta semana, que concluye con la investigación, los datos conocidos señalan directamente a varios directivos, a los que se les imputarán delitos contra el medio ambiente. Y, claro, qué pensar cuando algunos de esos directivos son los designados para velar por el medio ambiente junto con los especuladores australianos.

En la investigación judicial se señala que Iqoxe realizó vertidos de aguas contaminantes directamente al mar ideando un sistema para diluir las aguas residuales y alterar las analíticas. Así lo concluye el Juzgado de Instrucción 1 de Tarragona en la interlocutoria que cierra la investigación de la pieza separada por un supuesto delito contra el medio ambiente por los vertidos hechos desde la depuradora de la empresa. Relata que la planta, construida en 1995, no tenía «capacidad suficiente para depurar los residuos» y sostiene que los directivos de la empresa manipularon las aguas y uno de los tanques para superar las inspecciones de la Agència Catalana del Agua (ACA).

Las informaciones disponibles en torno al procedimiento judicial señalan una estrategia de ocultamiento de los vertidos al mar que el juez atribuye a los directivos de IQOXE se habría desarrollado en un contexto de aumento de producción y progresiva utilización de materiales difícilmente degradables, como los de la familia de los Metoxipolietilenglicoles (MPEG), además de enmascarar derrames utilizando productos desespumantes, y para ocultar los datos reales.

Esta práctica recuerda, y mucho, a los métodos utilizados en las obras de la desaladora de Escombreras, cuando el CEO Ramón Jiménez Serrano estaba en la estructura directiva de las empresas encargadas.

Ahora, directivos de IQOXE, que pertenece al mismo grupo empresarial de Alter Enersun, aparecen “cuidando” el medio ambiente.

¡Como para fiarse de ellos!.

El período investigado por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Tarragona comprende entre los años 2017 y el momento de la explosión a la planta situada en el término de La Canonja, el 14 de enero de 2020.

Ante «el elevado coste» que podrían suponer las inversiones necesarias para solucionar el problema de una depuradora poco preparada para recibir el volumen y tipo de aguas residuales producidos en la sección de derivados a consecuencia de la ampliación de los últimos años, apunta el juez, los responsables de Iqoxe optaron para verterlas. Mediante un ‘bypass’ se desvió la carga residual que llegaba a la planta hacia el canal que desemboca al Port de Tarragona, en una zona próxima en la playa de La Pineda.

El Juzgado continúa señalando que se tiró “directamente agua sin depurar en el canal de refrigeración, mayoritariamente por las noches y los fines de semana, para evitar ser detectados. Además, desde el año 2015, los responsables de la estación añadieron agua limpia a la salida de la depuradora proveniente del tanque contraincendios para diluirla.

El auto judicial detalla, pormenorizadamente, los procedimientos utilizados, que, a mi juicio, son relevantes de conocer en Cáceres, por la alianza urdida entre la minera australiana, Enagás y Alter Enersun, que se venden como referentes medioambientales.

Así, Para diluir las aguas residuales también se utilizó Aquamax, un producto que «produce un peligro crónico para el medio ambiente acuático» así como también «mortal para las personas en caso de ingestión y penetración a las vías respiratorias», según apunta el juez.

Cuando se derramaba al mar agua no tratada y salía espuma, se aplicaba este producto para disolverla. La operación se efectuaba mediante un tanque con aspersores o de forma manual vaciando directamente garrafas por parte de los operarios. Con la puesta en marcha de la planta U-3100, en 2017 la empresa incrementó más de un 300% la compra de este anulador de espuma.

Según se argumenta en la interlocutoria, las cantidades de contaminantes derramadas directamente habrían superado los límites anuales que permite el ACA y contribuyendo de forma «muy significativa a la contaminación de esta zona de la costa» así como al hecho que «el estado de calidad de esta masa de agua sea considerada como mala». Esto, añadido al uso de Aquamax, habría producido un «daño sustancial al medio», según el Instituto Nacional de Toxicología.

El hecho de que la depuradora no podía asumir los vertidos de la empresa recibidos y las aportaciones de productos derivados implicaba que los valores de las aguas residuales que salían por el colector submarino ofrecieran valores anómalos y se alteraban con productos nocivos. En este ámbito, el juez apunta que se puso en marcha la práctica de alterar analíticas para evitar sanciones y posteriores inspecciones.

Al cierre de la investigación, el juez ha imputado a José Luis Morlanes y José Manuel Rodríguez, accionista y director de Iqoxe, respectivamente, puesto que considera que «se estaría ante una conducta organizada y continuada de la empresa». También señala a Gerard Adrio, jefe del Departamento de Servicios Generales, tampoco de Seguridad, Medio ambiente, Prevención de Riesgos Laborales y Calidad y Manuel Montoro, responsable del laboratorio de la empresa. El juez cree que tuvo un «papel relevante dentro de la dinámica organizada de los vertidos de aguas residuales», igual que César Sanz, responsable de tecnología y del laboratorio.

Vale.