La entrada del partido fascista en el gobierno de Castilla y León modifica el panorama autonómico en España, conforme a lo previsto en el título VIII de la Constitución Española. Que un cargo ejecutivo de un gobierno autonómico manifieste expresamente que el partido al que representa tiene como objetivo programático la devolución de las competencias básicas de Sanidad y Educación al gobierno central, se entiende que mediante un informe razonado que especifique sin ningún género de dudas la incompetencia de la administración autonómica para asumir esas competencias, en este caso, la Junta de Comunidades de Castilla y León. El paso siguiente, sería promover un cambio constitucional suprimiendo el mencionado Título VIII.
Aunque ambas cuestiones, la devolución de competencias primero y la supresión del Título VIII después por parte de una Comunidad Autónoma serían muy complicadas, sí es necesario reconocer que el hecho de que por miembros del poder ejecutivo de esa Comunidad Autónoma no pueden establecerse relaciones de igualdad con los ejecutivos del resto de las CC.AA.
En realidad, la cuestión no es que pudiera haber relaciones de igualdad, sino algo mucho más importante, que esas relaciones entre las distintas CC.AA. estén sujetas al principio de lealtad constitucional.
Actualmente, cuando esos escenarios que plantea el partido fascista, no se han materializado porque en ninguna Comunidad, de las que ese partido tiene influencia política, las relaciones entre las distintas CC.AA. se realizan con normalidad, no exenta de las lógicas discrepancias en razón de cada materia de diálogo o negociación, incluso de cooperación, pero la disposición de una parte de un gobierno, de un ejecutivo regional a tratar de llevar adelante su programa político convertirán las muchas veces necesarias colaboración y cooperación en asuntos de mayor o menor importancia. Sin lealtad, no puede existir ni la colaboración ni la cooperación.
El presidente de Asturias, Adrián Barbón, ya ha expresado que recurrirá al veto de su comunidad sobre Castilla y León en aquellas materias en las que sean consejeros de Vox los que tengan en su comunidad la capacidad ejecutiva. El veto que plantea el presidente asturiano debería ser asumido y seguido por el resto de Comunidades Autónomas en las que el Título VIII de la Constitución Española no se encuentre en peligro, ni sea cuestionado para su desaparición.
El Partido Popular, ahora presidido por el falso moderado Feijóo, tiene una vital importancia para eliminar el furor fascista de sus socios de extrema derecha. Eso, o asumir, como parece, que los herederos de los ministros franquistas que aprobaban penas de muerte son tan extrema derecha o más que los “trabajadores” de Vox.
Vale.
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