Los estados occidentales, en aplicación de la doctrina Bush tras los atentados del 11-S, vienen aplicando una filosofía consistente en anteponer seguridad a libertad, de forma que justificándose en la seguridad se recortan derechos y libertades. Esta situación, a la que parece que quiere dar alguna solución la administración Obama, que al menos equilibre ambos criterios (es decir, que la seguridad no sea coartada para disminuir derechos y libertades), no tiene correlato en otros campos.
En estos momentos de grave crisis financiera (que nos ha abocado a una grave crisis económica en general), se ha puesto de manifiesto que la inexistencia de controles y la negligencia de los organismos reguladores (más bien de las personas que han de aplicar los criterios de supervisión) ha sido inversamente proporcional a los excesivos controles en materia de seguridad y a la disminución de derechos y libertades.
Los países occidentales están dando ligeros pasos en aumentar los controles financieros y en asegurar que la supervisión funciona. Mientras que los derechos y libertades individuales de las personas se han visto coartados para “garantizar” la seguridad, se ha permitido, consciente e inconscientemente, la desregulación de los mercados financieros y se han suprimido los controles.
Esta filosofía neoconservadora y ultraliberal en lo económico ha permitido comportamientos políticos que, en análisis filosófico, habrían sido calificados de neofascistas (lo son en Italia, con un gobierno dirigido por un sujeto como Berlusconi) de no ser por la fuerte presencia del capitalismo salvaje dominando todos los medios de comunicación.
Ahora, cuando esas teorías y prácticas ultraliberales se han demostrado culpables de la situación económica crítica, los estados buscan métodos para salir de ellas.
Lo mismo que a partir del 11-S se hizo creando registros de organizaciones terroristas, en algún caso con el sólo ánimo de aumentar controles políticos sobre organizaciones extraparlamentarias en algunos países o sobre movimientos antisistema, debería hacerse con los paraísos fiscales.
No se trata de “hacer una lista” con paraísos fiscales, sino de aislarlos y de aislar sus movimientos económicos para evitar que utilicen los medios y mecanismos financieros ordinarios para sus actividades delictivas.
En este sentido, el registro de paraísos fiscales debería tener la consideración de terrorismo económico y perseguir policialmente a todos aquellos individuos y organizaciones que los utilicen y prohibir expresamente cualquier transacción financiera con ellos.
Es evidente que es imposible aplicar estas restricciones, similares a las que se aplican sobre individuos y organizaciones terroristas, porque gran parte de los movimientos de capitales que se llevaron a cabo en los años de la administración Bush y sus satélites son, por un lado, los culpables de la actual situación financiera, y, por otro, fueron realizados, dirigidos, consentidos y aprobados por los mismos reguladores y supervisores del sistema. Los mismos que, sin duda, serán los encargados por los estados de reordenar la situación financiera.
Declarar a todos aquellos “paraísos fiscales”, ya sean estados (Liechtenstein, Mónaco, Barbados…) o lugares (Gibraltar, sin ir más lejos), como organizaciones terroristas financieras debería ser el primer paso. Y perseguir a todos aquellos individuos que los han venido utilizando en los últimos cinco años y los utilicen en la actualidad como incursos en delitos de terrorismo financiero intelectual debería ser una medida higiénica importante.
Seguro que los mismos dirigentes de bancos y entidades financieras y aseguradoras que han recibido ingentes cantidades de dinero para su salvación son los mismos que controlan los mayores y más fructíferos paraísos fiscales.
Vale.
En estos momentos de grave crisis financiera (que nos ha abocado a una grave crisis económica en general), se ha puesto de manifiesto que la inexistencia de controles y la negligencia de los organismos reguladores (más bien de las personas que han de aplicar los criterios de supervisión) ha sido inversamente proporcional a los excesivos controles en materia de seguridad y a la disminución de derechos y libertades.
Los países occidentales están dando ligeros pasos en aumentar los controles financieros y en asegurar que la supervisión funciona. Mientras que los derechos y libertades individuales de las personas se han visto coartados para “garantizar” la seguridad, se ha permitido, consciente e inconscientemente, la desregulación de los mercados financieros y se han suprimido los controles.
Esta filosofía neoconservadora y ultraliberal en lo económico ha permitido comportamientos políticos que, en análisis filosófico, habrían sido calificados de neofascistas (lo son en Italia, con un gobierno dirigido por un sujeto como Berlusconi) de no ser por la fuerte presencia del capitalismo salvaje dominando todos los medios de comunicación.
Ahora, cuando esas teorías y prácticas ultraliberales se han demostrado culpables de la situación económica crítica, los estados buscan métodos para salir de ellas.
Lo mismo que a partir del 11-S se hizo creando registros de organizaciones terroristas, en algún caso con el sólo ánimo de aumentar controles políticos sobre organizaciones extraparlamentarias en algunos países o sobre movimientos antisistema, debería hacerse con los paraísos fiscales.
No se trata de “hacer una lista” con paraísos fiscales, sino de aislarlos y de aislar sus movimientos económicos para evitar que utilicen los medios y mecanismos financieros ordinarios para sus actividades delictivas.
En este sentido, el registro de paraísos fiscales debería tener la consideración de terrorismo económico y perseguir policialmente a todos aquellos individuos y organizaciones que los utilicen y prohibir expresamente cualquier transacción financiera con ellos.
Es evidente que es imposible aplicar estas restricciones, similares a las que se aplican sobre individuos y organizaciones terroristas, porque gran parte de los movimientos de capitales que se llevaron a cabo en los años de la administración Bush y sus satélites son, por un lado, los culpables de la actual situación financiera, y, por otro, fueron realizados, dirigidos, consentidos y aprobados por los mismos reguladores y supervisores del sistema. Los mismos que, sin duda, serán los encargados por los estados de reordenar la situación financiera.
Declarar a todos aquellos “paraísos fiscales”, ya sean estados (Liechtenstein, Mónaco, Barbados…) o lugares (Gibraltar, sin ir más lejos), como organizaciones terroristas financieras debería ser el primer paso. Y perseguir a todos aquellos individuos que los han venido utilizando en los últimos cinco años y los utilicen en la actualidad como incursos en delitos de terrorismo financiero intelectual debería ser una medida higiénica importante.
Seguro que los mismos dirigentes de bancos y entidades financieras y aseguradoras que han recibido ingentes cantidades de dinero para su salvación son los mismos que controlan los mayores y más fructíferos paraísos fiscales.
Vale.
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