Los que tenemos ya cierta edad, muchos de los que tenemos ya cierta edad, recordamos cómo fue la caída de Adolfo Suárez, y las consecuencias que tuvo. Porque tal parece que quienes ahora son los corifeos contra el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez, están reeditando las artimañas que en 1981, sus padres ensayaron, con éxito, contra Adolfo Suárez.

Suárez no dimitió de su cargo si no fue por las terribles presiones, de todo tipo, que se cernieron sobre él, y que finalmente se lo llevaron por delante, y con ello, el cuasi fallido golpe de Estado. Digo cuasi fallido porque, aunque en los años siguientes, ya con gobiernos socialistas, quedaron claras, muy claras, las limitaciones del poder político: el Ejército, la Iglesia, la Judicatura, la Corona y el Franquismo resultaron las ganadoras de aquel envite.

Ahora, en 2024, se repite la historia (no hemos aprendido nada) y se cumple aquello de que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Es verdad que en esta ocasión ha sido necesario que la intocable Judicatura haya dado un paso al frente y se haya constituido en el la punta de lanza envenenada contra el poder político.

Ahora, en 2024, son los hijos de aquellos que en 1981 frenaron cualquier atisbo de democracia plena y nos dejaran solamente algunas líneas de democracia formal. Los de ahora no tratan de frenar, si consiguen la caída de Pedro Sánchez, un camino hacia una democracia más completa, sino cortar de raíz siquiera una apariencia de democracia formal.

Los de 1981 y los de ahora, los de 2024, han mamado de la misma teta: el fascismo, y ahora trata de recoger frutos.

En 2008, la revista “Cahiers de civilisation españole contemporaine” se publicó un artículo de Pierre-Paul Gregorio, titulado “Los inicios del cerco a Adolfo Suárez y sus primeras repercusiones en la prensa madrileña” cuyo resumen extraído de la misma revista dice lo siguiente:

Se trata de poner en perspectiva la oposición creciente que Adolfo Suárez tuvo que arrostrar desde septiembre 1977 hasta septiembre de 1980, y que tuvo su origen en muy diversos sectores de las elites nacionales del momento. A través del encadenamiento de diferentes acontecimientos, sin duda inconexos entre sí en un primer tiempo, se va a ir creando en la España de la Transición un sentimiento de hastío y de rechazo hacia el Presidente electo. El estudio se cierra en el momento de la formación del último gobierno liderado por Adolfo Suárez. En otras palabras, cuando esa «cacería» de la que hablaba «Cándido», empezó a cobrar mayor amplitud. Por ello, a través de las líneas que siguen, intentamos trazar el panorama que condujo, precisamente, a ese proceso de desestabilización que acabaría, de manera no forzosamente deseada por algunos actores del mismo, en la intentona del 23-F. Y todo ello, empezando a señalar el papel que algunos periódicos –El Alcázar y, en mucho menor medida, Ya y ABC– pudieran haber tenido en tales premisas.

La lectura del mencionado resumen es tan clara respecto a la situación actual que es por sí mismo definitoria, y nos lleva a una conclusión: los mismos fascistas de entonces vuelven en 2024. Y están a un tris de conseguir lo que llevan propugnado.

Vale.

Hace unos días se anunciaba, otra vez, un acuerdo del Ayuntamiento de Cáceres con la CHT, Confederación de Aguas del Tajo, para dos asuntos importantes: la nueva depuradora y el proyecto de regeneración de la Ribera del Marco.

Ambas cuestiones vienen de antiguo y sobre ellas sobrevuela una decisión, realmente injusta, de la CHT por la que no se considera El Calerizo de Cáceres como una masa de agua, lo que en la práctica deja sin protección al origen mismo de la ciudad, puesto que El Calerizo es el sustrato sobre el que emergen la ciudad Monumental, Patrimonio de la Humanidad, y un enorme valor prehistórico como Maltravieso y las demás cuevas que asientan sus salas bajo la piedra caliza y sobre la “mina” de agua.

Cuando se producen lluvias más o menos fuertes, llega hasta El Marco (aliviadero principal del Calerizo), aguas encauzadas en el llamado Regato de la Plata, aguas superficiales que se funden, justo en El Marco con las que surgen en el aliviadero, en el punto en el que se sitúa el nacimiento de la Ribera. Algunos lo llaman Fuente del Rey, los más puristas y tradicionalistas.

Sin embargo, quienes hemos corrido por el lecho de la Ribera prácticamente seco en verano porque el aliviadero del Marco, o los otros, como el del Sapillo, no afloraban agua, en los tiempos en los que la ciudad se abastecía exclusivamente de los pozos situados en el Espíritu Santo (dos fuera de lo que ahora se llama Cerca de don Jorge) y dos dentro, separados entre sí 70 metros, vemos ahora cómo durante todo el año la Ribera lleva agua, y bastante más de la que aflora, tímidamente, bajo el muro del Marco.

En un tiempo, y en base a determinadas informaciones que pude conocer, señalé que la Ribera llevaba, lleva, abundante agua, y pensé en que el verdadero nacimiento de la vena de agua que riega el cuerpo de la ciudad, ya no estaba en el aliviadero del Marco, ni en el del Sapillo (sepultado bajo la losa de hormigón del almacén de UDACO), ni en el del Arropez, ni mucho menos en el de los Caños de Santa Ana, este arrasado por las extracciones de agua de las minas de fosfatos de Segismundo Moret (premiado por ello con una calle de la “capital” y un topónimo del extrarradio).

Aquella percepción de cambiar el lugar del nacimiento de la Ribera a lo más profundo del Palacio de Congresos, donde se colocó una bomba hidráulica de extracción e impulsión de agua, cuyo vertido al cauce de la Ribera se aprecia directamente, me ha sido actualizada tras conocer algún detalle más. No sólo se vierten al cauce las aguas extraídas del Palacio de Congresos, sino que alguna (al menos una, a la espera de cuantificar el número) de las promociones de viviendas erigidas en lo que fue la Huerta del Conde tiene colocada su bomba de achique y extracción de agua, con vertido directamente al cauce.

Y no parece que las aguas que se extraen de la promoción que tiene colocada la bomba extractora sean de escaso caudal, ya que los propietarios de la misma están tratando de colocar una instalación de paneles solares para que la energía eléctrica que produzcan les abarate la factura eléctrica que genera la bomba extractora.

La referencia que hice al principio del “proyecto” de regeneración de la Ribera tiene mucho que ver con algo que, de producirse en los términos de lo publicado en prensa sobre las declaraciones políticas, olvidarán el principal problema.

Primero, la necesidad de que una vez por todas se declare el Calerizo como masa de agua, cuya protección hidrológica, geológica e histórica, ha de salvaguardarse.

Segundo, el conocimiento de cuántos puntos de extracción de agua similares al del Palacio de Congresos y a la promoción de viviendas citadas existen sobre el Calerizo, y, sobre todo, la cuantificación de cuánta agua sale del mismo y que en la práctica termina perdiéndose, puesto que a la vista de cuál es el caudal apreciable de la Ribera, parece mucha más de la que pueden asumir los tramos de huertas asentadas en los márgenes de la misma.

Vale.

En las dos primeras décadas de este siglo, tuve la ocasión de leer, aunque fuera de pasada, artículos teóricos o de proyección teórica sobre cómo serían en el futuro los conflictos armados, las guerras. Y en ese contexto, los conflictos asimétricos serían, serán, son, los más reconocibles.

Un primer concepto de asimetría de conflictos (guerras) sería el enfrentamiento entre un ejército regular con otro irregular. Históricamente, España tenía alguna experiencia en las guerras del Norte de África, cuando el Ejército regular español se enfrentaba a las cábilas árabes.

Otro concepto de la asimetría que se estudiaba era el enfrentamiento entre dos ejércitos regulares, pero con una evidente diferencia de poderío militar, económico y geopolítico, de manera que la guerra se vería desde fuera primero como inevitable, y después con una evidente victoria del ejército más fuerte, más poderoso.

Hemos llegado en este 2024 con dos guerras asimétricas evidentes: la guerra de Gaza y la guerra de Ucrania. De cómo se desarrollen ambas, la comunidad internacional podrá alcanzar un mayor o menor grado de pacificación.

En orden temporal, primero fue la guerra de Ucrania, con la invasión, el intento de invasión de Ucrania por parte del poderoso ejército ruso. La invasión rusa de Ucrania, ​ también denominada guerra de Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022, constituye una escalada de la guerra ruso-ucraniana que comenzó tras los sucesos del Euromaidán en 2014. 

En principio, la opinión internacional sería que si Ucrania se enfrentaba al invasor ruso, solamente con sus medios, la guerra sería muy rápida. Una de las excusas del presidente Putin para invadir Ucrania era que el país ucraniano se estaba echando en manos de la OTAN y EEUU. La debilidad  de las fuerzas ucranianas ante Rusia se fue compensando con el apoyo material (armamento y equipos) de los países europeos y los EEUU. Lo que parecía un rápido conflicto, se ha estabilizado dos años después de su inicio, pero se desconoce cómo evolucionará en el futuro.

A comienzos de octubre de 2023 (en concreto, el día 7) un amplio ataque de comandos de Hamás sobre Israel dio como resultado la captura por las milicias palestinas de un buen número de rehenes, y una durísima respuesta de las fuerzas armadas israelíes, que desde dicha fecha han causado unos 35.000 muertos entre los gazatíes, de los cuales unos 16.000 son niños.

La crueldad de Israel en su respuesta al ataque de Hamás está, aunque lentamente, y con altibajos, a que la opinión pública internacional y los gobiernos occidentales traten, con más o menor fuerza de influencia, de que Israel frene en su venganza y se puedan sentar las bases para la única solución política posible: la creación de los dos Estados, uno israelí y el otro palestino.

Tanto en la guerra de Ucrania como en el caso de Israel-Gaza, su enquistamiento en el tiempo pudiera ser (o no) un principio de resolución, pero la diplomacia camina sobre la inestable cuerda de equilibrios cuya explosión pudiera resultar fatal. Por ejemplo, el cruce de ataques entre Israel e Irán podrían llevar, en función de si se repiten y escalan, a la intervención de países occidentales.

En el caso de Ucrania, el cambio de aportaciones de armamento y material desde la UE y EEUU por la presencia de tropas europeas y de la OTAN sobre el terreno (como ha pedido Emmanuel Macron) podría aumentar exponecialmente la dureza de la guerra.

Vale.

Durante todo el tiempo que unos especuladores australianos llevan dando porc… todas partes para tratar de conseguir llevar “su proyecto” al mejor de los términos, esto es, a venderlo al mejor postor cuando hayan obtenido los permisos necesarios para poner en práctica la explotación minera, han sido dos líneas de actuación llevadas a cabo: primero, con la “incorporación” a su sicariato en Cáceres de diversos ejecutivos (Benjumea, ex de Abengoa, Cayetano Polo, exconcejal por Ciudadanos…) hasta encontrar a un exejecutivo de Acciona y antes perteneciente a la cuadra de Florentino Pérez. La segunda, tratar de afianzar en la bolsa australiana (Perth) las acciones de la empresa matriz, Infinity Lithium, a su vez heredera por cambio de denominación de Playmouth Minerals, de infausto recuerdo en Dover, Inglaterra.

Mientras que desde el sicariato de Cáceres han venido cumpliendo las instrucciones recibidas, especialmente la consecución, a cualquiera precio, de la “licencia social” para el proyecto, la matriz se esfuerza en conseguir la licencia bursátil que permita a los especuladores encontrar el mirlo blanco que compre la aventura, a ser posible justo cuando obtengan el permiso de explotación.

En noviembre de 2023, los diarios económicos se hacían eco de que la matriz bursátil estaba en venta, y que sus directivos habían contratado a la división de asesoramiento en fusiones y adquisiciones (M&A) de Macquarie Capital para buscar socios con los que financiar la explotación de la gran reserva de litio de Cáceres (Extremadura) (https://www.expansion.com/empresas/2023/11/10/654d577ae5fdea46208b4667.html). Pero parece que no hay avances.

Igualmente, no parece que haya avances en la “licencia social”, porque la resistencia de los ciudadanos que están en contra del proyecto son cada vez más numerosos, con mayor determinación de actuar en contra de posibles futuras autorizaciones.

Por ello, mientras que la “licencia social” se dirime ante las instancias políticas de la ciudad y región (y también ante los Tribunales), la andadura en la bolsa australiana tampoco invita a Infinity Lithium Ltd a lanzar cohetes de explosivos a granel.

Al día de la fecha (29 de marzo de 2024), este es el retrato sincrónico que ofrecen las acciones de la matriz australiana.

Vale.

Todos hemos oído hablar de la lentitud de la Justicia en España, e, incluso, algunos la han sufrido y otros se han beneficiado (prescripciones de por medio), y, sin embargo se mueve, como diría el propietario de una conocida sala madrileña.

En marzo de 2020, la jueza titular del número 5 de los tribunales de Murcia dictó un auto por el que se elevaban a procedimiento abreviado las diligencias de investigación 149/2014, con una extensión de 11.000 folios, realizadas por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de la Comunidad de Murcia. El Fiscal que llevó a cabo dichas diligencias fue José Luis Manzanera, que en la actualidad es el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

El auto de la Jueza de marzo de 2020 otorgaba un plazo de treinta días para que la fiscalía y/o las acusaciones particulares plantearan si se precisaban practicar más diligencias.

Así, llegamos a marzo de 2024, cuando la misma jueza estableció en un auto dictado el 6 de febrero pasado un plazo a vencimiento el día 14 de marzo, esto es, ayer mismo, para que la Fiscalía, la acusación popular y los procesados para que soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento.

En próximas fechas, la magistrada dictará otro auto que, si no modifica o requiere aún más diligencias, determinará la conclusión efectiva del sumario, que estará listo para fijar la celebración del juicio oral.

De lo conocido hasta ahora, y tras los cuatro años transcurridos desde marzo de 2020, no ha habido modificaciones por parte del tribunal en lo que se refiere a los procesados en la causa, ni a los delitos de los que se les acusa.

Hasta ahora, La magistrada ha tenido en cuenta los informes de la Intervención General, de la División de Intervención y Fiscalización, de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma y el elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción (UDEF-BLA) del Cuerpo Nacional de Policía.

Hay que recordar que el sumario de la depuradora fue dividido en dos. La Sal I y La Sal II. El segundo es el que afecta exclusivamente al que era presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia cuando la depuradora se adjudicó, Ramón Luis Valcárcel, para el que la fiscalía y la acusación piden más de diez años de cárcel, otros tantos de inhabilitación y una fianza de 74,1 millones de euros por responsabilidades económicas.

En La Sal I están procesadas diecinueve personas, desde un vicepresidente de la Comunidad Autónoma hasta un conocido cacereño “de adopción”, Ramón Jiménez Serrano, protector de los medios de comunicación locales, benefactor del Cáceres de baloncesto, de la Leb Plata, o mecenas del cine de los hermanos Rebóllez.

Pronto se sabrá, si no hay más dilaciones, cuáles serán las peticiones de la fiscalía, la acusación popular y, por supuesto, las de los procesados, que pedirán, por supuesto, la libre absolución. Aunque sea subterránea.

Vale.

De todos es conocido que Feijóo no es el mejor orador porque no quiere y que su fuente más fiable, quizás su única fuente de información es el teletipo. También parece que los años adolescentes en su Galicia natal dedicados, con fruición científica, a conocer la reproducción de los conejos, le dejaron el cerebro algo tocado.

El último sucedido del Noquiero amigo y mucho amigo de un narcotraficante ha tenido lugar en Córdoba. Ha sido con motivo de unos ejercicios espirituales dedicados a la divina igualdad de los españoles, cuando Núñez Feijóo (a) Elnoquiero se hallaba flosando la riqueza y variedad patria, los paisajes, los rasgos distintivos de cada territorio, cuando al llegar a Extremadura ha señalado que esta tierra también es verde, tanto como Galicia, Asturias y Cantabria, y ha tirado de la original metáfora del mar de encinas.

Y entonces ha saltado la liebre. Ha recordado que han pasado 45 años para que Extremadura llegara a tener una mujer al frente de la autonomía. Han sido necesarios, Elnoquiero dixit, esos 45 años para que una mujer, María Gallardo, consiguiera formar gobierno con el apoyo, eso sí, de los fascistas.

El auditorio, selecto, de los convocados al retiro religioso, ha comenzado a murmurar, y tras el deán, María Guardiola, ha protestado, sin alzar mucho la voz, y dirigiéndose, según las imágenes, más a Mañueco que a Feijóo, ha corregido al oficiante.

¿Qué ha sucedido, entonces? ¿Qué puede haber llevado a tan seguro orador a confundirse? He podido leer, de pasada, que la confusión de Gallardo por Guardiola se ha debido a confundir el apellido de la presidenta de la Junta de Extremadura con el del Gallardo vicepresidente castellano leonés. Y no es así.

La culpa de esa confusión la ha tenido un teletipo y la tardanza de su equipo de asesores de traducir las informaciones que llegan constantemente a la calle Génova, servidas por las diferentes agencias de prensa, y que son recogidas en la sala de prensa del Partido Popular.

Seguramente, alguno de los asesores de cabecera de Elnoquiero, ha mezclado algunos teletipos llegados desde Castilla y León y Extremadura. De Castilla y León llegan al PP muchos dando cuenta de la hiperactividad del vicepresidente Gallardo, cuyas múltiples competencias y capacidades son proverbiales. De
Extremadura son menos los que llegan, y son los que dan cuenta de la actividad de María Guardiola, de la escasa actividad, salvo la de dedicar un par de volcados de pienso diario para los periodistas, sobre la mala herencia recibida.

Y entre los múltiples teletipos castellano leoneses, se ha colado alguno de Extremadura, y quizás sea el despacho de la agencia Mencheta dando cuenta del triunfo de un Gallardo en las primarias del PSOE.

De las fastuosas homilías de los ejercicios espirituales de Córdoba sobre la igualdad de los españoles solamente nos queda saber si María Guardiola se ha pagado el viaje con cargo a la partida de los 100.000 euracos que Vox, sus jefes en la Junta de Extremadura, le ordenaran llevar a los presupuestos de la comunidad para defender la unidad nazional.

Vale.

Cuando menos se espera, salta la liebre. Y hoy la liebre parece que ha saltado en el Ayuntamiento de Cáceres. Según se publica en la prensa de última hora, se ha comenzado a ver las propuestas de empresas que quieren organizar corridas de toros en la ciudad.

Al parecer, y solamente digo al parecer, son dos las empresas que han presentado documentación. Una se llama “Iberia Toros” y la otra “Lances de Futuro”. Hasta ahí normal.

Pero la liebre parece que tiene pocos papeles. La primera, “Iberia Toros” tiene su domicilio social en la Plaza del Padre López, nº 2, 2º H, Código Postal 06.003, Badajoz. La segunda, “Lances de Futuro”, se domicilia en la Avda. de la República Argentina, nº 12, Entreplanta Izquierda, en Sevilla.

Dos empresas distintas para un contrato verdadero. O no.

Puede que no sean dos empresas muy distintas, que quizás tengan algo en común, algo más de dedicarse al mundo taurino. “Iberia Toros, S.L.” tiene un CIF, este: B04954772, mientras que “Lances de Futuro, S.L.” tiene este: B91601435.

Dos empresas distintas para un contrato verdadero. O no.

El Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) puede ser consultado de modo gratuito en la web de la Agencia Estatal del B.O.E., y también hay empresas que ponen a disposición de los interesados de modo gratuito los datos básicos de las empresas, y, también, otros informes que ya son de pago.

Bueno, pues sin tener que pagar nada, entre los datos básicos a que más recurren los curiosos, incluidos periodistas, está la relación de cargos societarios, para saber cómo se mueven consejeros, administradores, y otra fauna.

Bueno, pues tenemos dos empresas distintas para un contrato verdadero. O no.

Parece que no, porque buscando, sin mucho esfuerzo, los datos básicos de las dos empresas distintas que quieren el contrato verdadero de la Plaza de Toros de Cáceres, nos muestran unas curiosidades curiosas.

Vale.

En diciembre de 2022 se publicó en el DOE el anuncio referido al sometimiento a información pública de la mina de “Las Navas”, en la zona de Cañaveral.

Ahora estamos pendientes de que suceda lo mismo (el tiempo no se sabe) con la petición de pase a concesión directa de la presunta mina de Valdeflores, en Cáceres capital.

Dado que desconocemos, al menos yo, el contenido de la documentación que presente alguna de las sociedades que están acogidas al sicariato lítico de Cáceres, vamos a plantear en qué consisten los distintos elementos de la planta de beneficio de Las Navas y lo que conocemos de lo que hasta ahora han planteado sobre la de Valdeflores.

La diferencia sustancial es que en Cáceres plantean una sola nave de 10 hectáreas de superficie (100.000 m2), por lo que las referencias que aparecen en el anuncio sobre Las Navas, han de entenderse sometidas a una sola planta, una sola instalación.

Para que los de Valdeflores planteen una sola instalación, deberían presentar un proyecto, dentro del conjunto de la documentación, redactado por técnico o técnicos cualificados, singularmente, Ingenieros de Organización Industrial que justifiquen de modo adecuado que todos los elementos industriales funcionan dentro de una sola instalación, cómo interactúan entre sí, y cómo se complementan sin producir, ni siquiera en la valoración teórica, interacciones que pudieran resultar peligrosas.

Por ello, en el capítulo de infraestructuras e instalaciones de la información pública de Las Navas, se señala que conforman la planta de beneficio “las siguientes áreas:

(las áreas numeradas se corresponden con las grafiadas en planos) Área 010: Trituración. Área 020: Molienda. Área 30: Concentración gravimétrica.

Área 100: Mezcla, peletizado y calcinación.

¿Por qué cuando en el documento inicial de Valdeflores se plantea una sola nave de beneficio de 10 Has, en la que tendrían cabida todos los procesos, infraestructuras, instalaciones, maquinarias, etc.? La razón es sencilla: señalar, como en alguna reunión del jefe del sicariato con ciudadanos, que todo sería un proceso estanco, perfectamente sellado, y que produciría CERO emisiones. Algo que, si lo mantienen en la documentación por conocer, requeriría lo que he indicado antes, un proyecto redactado por ingenieros de organización industrial que avalen esa afirmación de emisiones CERO.

De hecho, en “Las Navas” el proceso de trituración (Área 010) no está incluida en un edificio. Formarían una sola edificación las áreas de molienda (020), concentración gravimétrica (030) y mezcla, peletizado y calcinación (100). Estas tres áreas serían el edificio principal, con dos hornos rotativos de calcinación.

En la información de “Las Navas” se señalan que las distintas áreas se distribuyen en varias edificaciones e infraestructuras, que enumeramos a continuación, en un afán meramente descriptivo.

Edificio de hidrometalurgia; Edificio de oficinas; Edificio de laboratorio; Edificio taller y almacén; Edificio cobertizo punto limpio; Edificio caseta de control; Edificio almacén producto terminado; Sala CCM; Sala centros de transformación; Sala grupo electrógenos; Sala aire comprimido; Sala de calderas. Se proyecta instalar dos calderas de vapor, utilizando gas natural como combustible; y tres calderas de aire caliente, también a gas natural;  Edificio de reactivos: área 800; Cobertizo filtros prensa; Balsas de proceso: 2 balsas de agua de proceso interconectadas entre sí; Estación de depuración y regeneración de aguas residuales;  Estación de regulación y medida; Instalación de baja tensión; Instalación contra incendios; Instalación de aire comprimido;  Instalación de generación de vapor; Instalación de equipos a presión; Instalación de climatización; Almacenamiento de gasóleo exterior y aéreo; Almacenamiento y distribución de agua: dos circuitos de agua independientes (cir­cuito de agua fresca y circuito de agua de proceso), con depósitos de almacenaje de agua de volumen suficiente para afrontar picos puntuales de uso.

Como puede apreciarse, son múltiples infraestructuras, instalaciones, equipamientos que pueden funcionar “bajo el mismo techo” y otros que a simple vista parecen ser incompatibles en su funcionamiento entre ellos.

La propuesta de estudio de impacto ambiental de Valdeflores, además de todos los elementos requeridos por la ley de 2015 y otras normas, debe incluir la definición de la nave de beneficio tal como figura en el documento inicial, un todo hermético y compacto, y como tal, sometido a información pública, con la finalidad de que una vez obtenidos todos los plácemes, no se puedan “desgajar” edificios, cobertizos, instalaciones… que sometidos al estudio de impacto ambiental su definición de manera desgajada (como se hace en Las Navas) impida la elusión de obligaciones y de definición de su interacción con el medio ambiente.

Nos vemos en la información pública de Valdeflores (… si es que llega a plantearse).

Vale.

Durante los años 60 y 70 del pasado siglo se produjo la mayor emigración de extremeños tanto a otras regiones de España como al extranjero. Uno de los puntos de destino de un gran numero de aquellos emigrantes fue el País Vasco, y, concretamente, a Vitoria, donde confluyeron extremeños de varias localidades, siendo Brozas una de ellas.

Familias enteras de broceños o brocenses fueron a buscar un mejor horizonte laboral a Vitoria (como fueron de Deleitosa, Aldeacentenera…). El éxodo extremeño, propiciado por el propio régimen franquista es una rémora que aun hoy nos atenaza. En aquellos años la región extremeña perdió una gran parte de la fuerza productora y también de la fuerza reproductora.

Uno de aquellos paisanos de Brozas fue, con su familia, Romualdo Barroso Chaparro, en 1975-1976 encontró trabajo en la empresa de maquinaria agrícola Agrator, una empresa que aún hoy existe.

Imagen del entierro de los 5 obreros asesinados en la iglesia de San Francisco (Vitoria)

el 3 de marzo de 1976.

Durante los primeros meses de 1976, mientras trabajaba en Agrator, Romualdo libraba sus primeras luchas sindicales, cuando miles de trabajadores de diversas empresas, luchaban por sus derechos, cuando el régimen seguía siendo lo que fue, una maquinaria represora. Los trabajadores de Forjas Alavesas fueron, por su número y su compromiso, un ejemplo para los años siguientes.

El 3 de marzo de 1976, los trabajadores en huelga habían convocado asambleas, que tuvieron su lugar culminante en la iglesia de San Francisco. Hasta entonces, era muy extraño que el régimen ordenara a la policía armada, a los grises, que intervinieran en “recintos sagrados”.

Sin embargo, aquel día de marzo, cuando la iglesia de San Francisco, en el barrio vitoriano de Zaramaga, se encontraba repleta de gente, de trabajadores en huelga, con otra muchedumbre en el exterior, la policía armada, los grises, entraron a tiros en la plaza para dispersar a los concentrados y desde allí, también a tiros entraron en la propia iglesia.

Los disparos a matar de los policías del régimen fascista acertaron en muchos trabajadores, dejando un buen número de heridos y cinco trabajadores asesinados.

Entre los asesinados se encontraba Romualdo, el broceño trabajador de Agrator. Tenía 19 años de edad. Tenía toda la vida por delante y fue segada por un disparo represor.

En aquellas fechas era ministro de la Gobernación Manuel Fraga Iribarne y ministro de Relaciones Sindicales Rodolfo Martín Villa. Ninguno de los dos, por supuesto, asumió responsabilidad alguna en la orden dada a la policía armada de entrar en la Iglesia de San Francisco a tiro limpio, ninguno de los dos asumió responsabilidad alguna en los asesinatos de los cinco trabajadores, entre ellos, nuestro paisano de Brozas, el joven Romualdo.

Manuel Fraga Iribarne fundó, con otros correligionarios suyos, lo que ahora es el Partido Popular, un partido sobre el que sobrevuela la sangre de aquellos trabajadores, compañeros de Romualdo en las asambleas de San Francisco. Fraga murió hace unos años.

Rodolfo Martín Villa no fundó el PP, pero fue con la UCD ministro del Interior (jefe de la policía que había perpetrado la matanza de la iglesia del barrio vitoriano de Zaramaga) y a día de hoy, incluso mediando requerimiento de la jueza argentina Salvini, no ha rendido cuentas ante la justicia por aquella matanza.

Placa en el barrio de Errekealor (su barrio de Vitoria) en memoria de Romualdo Barroso Chaparro

Hoy, 20 de febrero de 2024, la universidad de Extremadura ha convocado una mesa redonda para conmemorar los 50 años de la creación de la facultad de Derecho, una mesa redonda en el Museo Helga de Alvear.

Hoy, con la afrenta de tener en la Universidad de Extremadura al responsable del asesinato de Romualdo, la universidad se ha hecho más pequeña, la facultad ha regresado a aquellos tenebrosos años en los que la “mafia local” la controlaba y hacía la vida imposible a los magníficos expertos que caían primero en el edificio Valhondo y después en la Generala.

Hoy, el Museo Helga de Alvear ha dejado de ser lo grande a que aspiraba ser y se ha convertido en covacha que acoge al responsable político del asesinato de nuestro paisano Romualdo. Un día que será por siempre, baldón en el devenir del Museo.

Vale.

Ahora que la empresa bursátil australiana ha anunciado que ha solicitado de la Junta de Extremadura el pase a concesión directa de la supuesta / presunta mina de litio de Valdeflores, conviene recordar el último movimiento (conocido) surgido desde el Ayuntamiento de Cáceres (me refiero, claro está, a un informe urbanístico, en dos partes, una de compatibilidad y otra de no incompatibilidad.

Fue aquel informe técnico sobe el que el alcalde afirmó no tener nada que ver y que le sirvió para afirmar que lo que escribieran los técnicos bien escrito estaría. Vamos, que se marcó un dontancredismo de manual.

El informe señalaba que la mina subterránea, que se desarrollaría hacia el centro de la tierra, partiendo de una distancia de 40 metros por debajo del suelo actual.

Es de suponer que la especuladora australiana acompañará a su propuesta o lo que sea, de una solución de aislamiento del entrono de la mina que quedará delimitada por un cerramiento de alambrada, de una altura suficiente y de una distancia perimetral adecuada.

Dado que a raíz del informe de los técnicos y jurídicos municipales, se extraía la información aparecida en la prensa que la mina podría estar varias plantas por debajo del suelo natural, como si fueran varias plantas de aparcamiento.

Lo de las plantas de parking en el subsuelo es algo que he leído en algunos documentos doctrinarios, referidos a resolver teóricamente el problema urbanístico de a quién corresponde la propiedad y el aprovechamiento de subsuelo.

Esta analogía del uso urbanístico del subsuelo con el aprovechamiento de ese subsuelo para actividades extractivas no cuadra con una realidad cuya solución no aparece en los textos teóricos.

La envergadura de la presunta mina, conforme aparece señalada en el documento inicial era de unos 380 por 300 metros. En aquel documento se hacía alusión a un cerramiento de seguridad.

Bueno, pues siguiendo los “razonamientos” del informe urbanístico y jurídico del Ayuntamiento de Cáceres y de los documentos doctrinales, creo que sería innecesario un cerramiento perimetral de la mina, de esos 380 x 300 metros ya que si tenemos en consideración que el suelo natural actual tendría una altura de 40 metros, no existe ninguna actividad agrícola o ganadera que pudiera interferir con las labores extractivas a desarrollar a tanta profundidad.

Del mismo modo, algunas actividades lúdicas, de ocio o recreo que habitualmente se realizan, como paseos, espárragos, senderismo de grupos de ciudadanos, paseos fotográficos, etc., no requerirían que los terrenos que en superficie estén situados sobre la vertical de la mina estuvieran alambrados, ya que ni siquiera las raíces de las encinas o de cualquiera de otras de las especies arbóreas o arbustiva, alcancen más de los 40 metros de profundidad.

Hicieron bien los técnicos jurídicos y urbanísticos en señalar que las actividades extractivas que habrían de desarrollarse a partir de los 40 metros de profundidad hacia abajo no son incompatibles con el planeamiento urbanístico.

Al fin y al cabo, estaríamos hablando de cinco o seis plantas de un aparcamiento subterráneo, que no necesitaría de medidas distintas a las de cualquier parking de la ciudad.

Cuando he ido comprendiendo, tanto a través del informe municipal como de textos doctrinales, he llegado a la conclusión de que las actividades de la mina subterránea no molestarían ni a las margaritas de esta primavera adelantada.

Vale.