El DOE de 24 de junio anunció la concesión del premio PREMIA a la supuesta empresa minera australiana, en un, a mi juicio, proceder muy imprudente por parte del malGobierno de la Junta de Extremadura.
El propio decreto de concesión del PREMIA establece, de conformidad con la norma que regula (¿?) este tipo de negocios, la vigencia de la norma, las obligaciones de los premiados, los plazos que tienen que cumplir y cuáles serían las penalidades a las que se hicieran acreedores en caso de no cumplir esos plazos.
El apartado sexto del decreto establece que “el presente decreto producirá efectos desde la fecha de su otorgamiento por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. No obstante, el mismo deberá ser objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura”.
A los efectos de los plazos que el propio decreto establece, y dado que los documentos que ha sido posible, en mi caso, conocer, están fechados en mayo de 2024, tomaremos como fecha de presentación de la documentación del proyecto que ha recibido la calificación de PREMIA por el Consejo de malGobierno de la Junta de Extremadura, el día 31 de mayo, y la segunda referencia de plazos en el día 24 de junio, fecha en la que se hizo público el acuerdo ejecutivo.
Es a partir de esas fechas cuando pueden comenzar a computarse los plazos. Obviamos que por los promotores se presentó la solicitud de declaración PREMIA el 5 de diciembre de 2023, bajo la denominación de CASTILLA MINING, S.L., una de las sociedades que manejan los australianos para sus intereses. Que tardara la administración autonómica 6 meses desde dicha solicitud hasta su aprobación, no es algo que esté explicado en ningún documento conocido, aunque más bien parece que se reclamó la presentación de un proyecto más o menos “decente”.
Cuando se ha conocido que la administración autonómica ha reclamado a la empresa promotora documentación adicional importante. Tanto como para que la web del sicariato de Cáceres (www.extremaduranewenergies.com) señale en el comunicado sobre la renuncia al PERTE (y a su pasta) que por la Junta “se ha dado a la empresa un plazo de hasta 6 meses con posibilidad de una prórroga de tres meses más.” Sin embargo, en la sede central, se dice “the Company has been given up to 9 months to complete and submit this additional information”. Parece lo mismo, pero no lo es.
Ante esta situación, y tras constatarse la imprudencia en la declaración PREMIA, la Junta de Extremadura se encuentra en la tesitura de marcar los plazos que se recogen en el Decreto, y aplicarlos tal cual, lo que haría decaer de facto esa declaración tan precipitada, o contemporizar con la empresa y dejarlo correr.
Aunque, en realidad, no está claro, ni mucho menos, que el malGobierno de la Junta de Extremadura pueda hacer caer el “proyecto” deliberadamente o seguir adelante.
Y según la decisión que adopte, habría que echar mano a la llave de la caja, no vaya a ser que vuele con destino a Subiaco.
Vale.
Cerca de las retamas 