Cerca de las retamas

En diciembre de 2022 se publicó en el DOE el anuncio referido al sometimiento a información pública de la mina de “Las Navas”, en la zona de Cañaveral.

Ahora estamos pendientes de que suceda lo mismo (el tiempo no se sabe) con la petición de pase a concesión directa de la presunta mina de Valdeflores, en Cáceres capital.

Dado que desconocemos, al menos yo, el contenido de la documentación que presente alguna de las sociedades que están acogidas al sicariato lítico de Cáceres, vamos a plantear en qué consisten los distintos elementos de la planta de beneficio de Las Navas y lo que conocemos de lo que hasta ahora han planteado sobre la de Valdeflores.

La diferencia sustancial es que en Cáceres plantean una sola nave de 10 hectáreas de superficie (100.000 m2), por lo que las referencias que aparecen en el anuncio sobre Las Navas, han de entenderse sometidas a una sola planta, una sola instalación.

Para que los de Valdeflores planteen una sola instalación, deberían presentar un proyecto, dentro del conjunto de la documentación, redactado por técnico o técnicos cualificados, singularmente, Ingenieros de Organización Industrial que justifiquen de modo adecuado que todos los elementos industriales funcionan dentro de una sola instalación, cómo interactúan entre sí, y cómo se complementan sin producir, ni siquiera en la valoración teórica, interacciones que pudieran resultar peligrosas.

Por ello, en el capítulo de infraestructuras e instalaciones de la información pública de Las Navas, se señala que conforman la planta de beneficio “las siguientes áreas:

(las áreas numeradas se corresponden con las grafiadas en planos) Área 010: Trituración. Área 020: Molienda. Área 30: Concentración gravimétrica.

Área 100: Mezcla, peletizado y calcinación.

¿Por qué cuando en el documento inicial de Valdeflores se plantea una sola nave de beneficio de 10 Has, en la que tendrían cabida todos los procesos, infraestructuras, instalaciones, maquinarias, etc.? La razón es sencilla: señalar, como en alguna reunión del jefe del sicariato con ciudadanos, que todo sería un proceso estanco, perfectamente sellado, y que produciría CERO emisiones. Algo que, si lo mantienen en la documentación por conocer, requeriría lo que he indicado antes, un proyecto redactado por ingenieros de organización industrial que avalen esa afirmación de emisiones CERO.

De hecho, en “Las Navas” el proceso de trituración (Área 010) no está incluida en un edificio. Formarían una sola edificación las áreas de molienda (020), concentración gravimétrica (030) y mezcla, peletizado y calcinación (100). Estas tres áreas serían el edificio principal, con dos hornos rotativos de calcinación.

En la información de “Las Navas” se señalan que las distintas áreas se distribuyen en varias edificaciones e infraestructuras, que enumeramos a continuación, en un afán meramente descriptivo.

Edificio de hidrometalurgia; Edificio de oficinas; Edificio de laboratorio; Edificio taller y almacén; Edificio cobertizo punto limpio; Edificio caseta de control; Edificio almacén producto terminado; Sala CCM; Sala centros de transformación; Sala grupo electrógenos; Sala aire comprimido; Sala de calderas. Se proyecta instalar dos calderas de vapor, utilizando gas natural como combustible; y tres calderas de aire caliente, también a gas natural;  Edificio de reactivos: área 800; Cobertizo filtros prensa; Balsas de proceso: 2 balsas de agua de proceso interconectadas entre sí; Estación de depuración y regeneración de aguas residuales;  Estación de regulación y medida; Instalación de baja tensión; Instalación contra incendios; Instalación de aire comprimido;  Instalación de generación de vapor; Instalación de equipos a presión; Instalación de climatización; Almacenamiento de gasóleo exterior y aéreo; Almacenamiento y distribución de agua: dos circuitos de agua independientes (cir­cuito de agua fresca y circuito de agua de proceso), con depósitos de almacenaje de agua de volumen suficiente para afrontar picos puntuales de uso.

Como puede apreciarse, son múltiples infraestructuras, instalaciones, equipamientos que pueden funcionar “bajo el mismo techo” y otros que a simple vista parecen ser incompatibles en su funcionamiento entre ellos.

La propuesta de estudio de impacto ambiental de Valdeflores, además de todos los elementos requeridos por la ley de 2015 y otras normas, debe incluir la definición de la nave de beneficio tal como figura en el documento inicial, un todo hermético y compacto, y como tal, sometido a información pública, con la finalidad de que una vez obtenidos todos los plácemes, no se puedan “desgajar” edificios, cobertizos, instalaciones… que sometidos al estudio de impacto ambiental su definición de manera desgajada (como se hace en Las Navas) impida la elusión de obligaciones y de definición de su interacción con el medio ambiente.

Nos vemos en la información pública de Valdeflores (… si es que llega a plantearse).

Vale.

Durante los años 60 y 70 del pasado siglo se produjo la mayor emigración de extremeños tanto a otras regiones de España como al extranjero. Uno de los puntos de destino de un gran numero de aquellos emigrantes fue el País Vasco, y, concretamente, a Vitoria, donde confluyeron extremeños de varias localidades, siendo Brozas una de ellas.

Familias enteras de broceños o brocenses fueron a buscar un mejor horizonte laboral a Vitoria (como fueron de Deleitosa, Aldeacentenera…). El éxodo extremeño, propiciado por el propio régimen franquista es una rémora que aun hoy nos atenaza. En aquellos años la región extremeña perdió una gran parte de la fuerza productora y también de la fuerza reproductora.

Uno de aquellos paisanos de Brozas fue, con su familia, Romualdo Barroso Chaparro, en 1975-1976 encontró trabajo en la empresa de maquinaria agrícola Agrator, una empresa que aún hoy existe.

Imagen del entierro de los 5 obreros asesinados en la iglesia de San Francisco (Vitoria)

el 3 de marzo de 1976.

Durante los primeros meses de 1976, mientras trabajaba en Agrator, Romualdo libraba sus primeras luchas sindicales, cuando miles de trabajadores de diversas empresas, luchaban por sus derechos, cuando el régimen seguía siendo lo que fue, una maquinaria represora. Los trabajadores de Forjas Alavesas fueron, por su número y su compromiso, un ejemplo para los años siguientes.

El 3 de marzo de 1976, los trabajadores en huelga habían convocado asambleas, que tuvieron su lugar culminante en la iglesia de San Francisco. Hasta entonces, era muy extraño que el régimen ordenara a la policía armada, a los grises, que intervinieran en “recintos sagrados”.

Sin embargo, aquel día de marzo, cuando la iglesia de San Francisco, en el barrio vitoriano de Zaramaga, se encontraba repleta de gente, de trabajadores en huelga, con otra muchedumbre en el exterior, la policía armada, los grises, entraron a tiros en la plaza para dispersar a los concentrados y desde allí, también a tiros entraron en la propia iglesia.

Los disparos a matar de los policías del régimen fascista acertaron en muchos trabajadores, dejando un buen número de heridos y cinco trabajadores asesinados.

Entre los asesinados se encontraba Romualdo, el broceño trabajador de Agrator. Tenía 19 años de edad. Tenía toda la vida por delante y fue segada por un disparo represor.

En aquellas fechas era ministro de la Gobernación Manuel Fraga Iribarne y ministro de Relaciones Sindicales Rodolfo Martín Villa. Ninguno de los dos, por supuesto, asumió responsabilidad alguna en la orden dada a la policía armada de entrar en la Iglesia de San Francisco a tiro limpio, ninguno de los dos asumió responsabilidad alguna en los asesinatos de los cinco trabajadores, entre ellos, nuestro paisano de Brozas, el joven Romualdo.

Manuel Fraga Iribarne fundó, con otros correligionarios suyos, lo que ahora es el Partido Popular, un partido sobre el que sobrevuela la sangre de aquellos trabajadores, compañeros de Romualdo en las asambleas de San Francisco. Fraga murió hace unos años.

Rodolfo Martín Villa no fundó el PP, pero fue con la UCD ministro del Interior (jefe de la policía que había perpetrado la matanza de la iglesia del barrio vitoriano de Zaramaga) y a día de hoy, incluso mediando requerimiento de la jueza argentina Salvini, no ha rendido cuentas ante la justicia por aquella matanza.

Placa en el barrio de Errekealor (su barrio de Vitoria) en memoria de Romualdo Barroso Chaparro

Hoy, 20 de febrero de 2024, la universidad de Extremadura ha convocado una mesa redonda para conmemorar los 50 años de la creación de la facultad de Derecho, una mesa redonda en el Museo Helga de Alvear.

Hoy, con la afrenta de tener en la Universidad de Extremadura al responsable del asesinato de Romualdo, la universidad se ha hecho más pequeña, la facultad ha regresado a aquellos tenebrosos años en los que la “mafia local” la controlaba y hacía la vida imposible a los magníficos expertos que caían primero en el edificio Valhondo y después en la Generala.

Hoy, el Museo Helga de Alvear ha dejado de ser lo grande a que aspiraba ser y se ha convertido en covacha que acoge al responsable político del asesinato de nuestro paisano Romualdo. Un día que será por siempre, baldón en el devenir del Museo.

Vale.

Ahora que la empresa bursátil australiana ha anunciado que ha solicitado de la Junta de Extremadura el pase a concesión directa de la supuesta / presunta mina de litio de Valdeflores, conviene recordar el último movimiento (conocido) surgido desde el Ayuntamiento de Cáceres (me refiero, claro está, a un informe urbanístico, en dos partes, una de compatibilidad y otra de no incompatibilidad.

Fue aquel informe técnico sobe el que el alcalde afirmó no tener nada que ver y que le sirvió para afirmar que lo que escribieran los técnicos bien escrito estaría. Vamos, que se marcó un dontancredismo de manual.

El informe señalaba que la mina subterránea, que se desarrollaría hacia el centro de la tierra, partiendo de una distancia de 40 metros por debajo del suelo actual.

Es de suponer que la especuladora australiana acompañará a su propuesta o lo que sea, de una solución de aislamiento del entrono de la mina que quedará delimitada por un cerramiento de alambrada, de una altura suficiente y de una distancia perimetral adecuada.

Dado que a raíz del informe de los técnicos y jurídicos municipales, se extraía la información aparecida en la prensa que la mina podría estar varias plantas por debajo del suelo natural, como si fueran varias plantas de aparcamiento.

Lo de las plantas de parking en el subsuelo es algo que he leído en algunos documentos doctrinarios, referidos a resolver teóricamente el problema urbanístico de a quién corresponde la propiedad y el aprovechamiento de subsuelo.

Esta analogía del uso urbanístico del subsuelo con el aprovechamiento de ese subsuelo para actividades extractivas no cuadra con una realidad cuya solución no aparece en los textos teóricos.

La envergadura de la presunta mina, conforme aparece señalada en el documento inicial era de unos 380 por 300 metros. En aquel documento se hacía alusión a un cerramiento de seguridad.

Bueno, pues siguiendo los “razonamientos” del informe urbanístico y jurídico del Ayuntamiento de Cáceres y de los documentos doctrinales, creo que sería innecesario un cerramiento perimetral de la mina, de esos 380 x 300 metros ya que si tenemos en consideración que el suelo natural actual tendría una altura de 40 metros, no existe ninguna actividad agrícola o ganadera que pudiera interferir con las labores extractivas a desarrollar a tanta profundidad.

Del mismo modo, algunas actividades lúdicas, de ocio o recreo que habitualmente se realizan, como paseos, espárragos, senderismo de grupos de ciudadanos, paseos fotográficos, etc., no requerirían que los terrenos que en superficie estén situados sobre la vertical de la mina estuvieran alambrados, ya que ni siquiera las raíces de las encinas o de cualquiera de otras de las especies arbóreas o arbustiva, alcancen más de los 40 metros de profundidad.

Hicieron bien los técnicos jurídicos y urbanísticos en señalar que las actividades extractivas que habrían de desarrollarse a partir de los 40 metros de profundidad hacia abajo no son incompatibles con el planeamiento urbanístico.

Al fin y al cabo, estaríamos hablando de cinco o seis plantas de un aparcamiento subterráneo, que no necesitaría de medidas distintas a las de cualquier parking de la ciudad.

Cuando he ido comprendiendo, tanto a través del informe municipal como de textos doctrinales, he llegado a la conclusión de que las actividades de la mina subterránea no molestarían ni a las margaritas de esta primavera adelantada.

Vale.

La empresa “Infinity Lithium Corporation”, sociedad bursátil, ha solicitado de la Junta de Extremadura el pase a concesión de la explotación de la mina de Valdeflores, en la que han encontrado litio.

La primera reacción pública a la noticia ha sido, por buscada, la del alcalde de la ciudad, Rafael Mateos (PP). Y creo que ha sido una respuesta un tanto extraña: el alcalde pide “transparencia” en el proceso. Curioso, muy curioso.

Como ciudadano, no entiendo el porqué de esa petición de transparencia de la primera autoridad local, a no ser que se dieran por buenas algunas paradojas.

La primera paradoja sería que el alcalde se estuviera dirigiendo a los titulares de la empresa australiana (Infinity Lithium Corporation) o a los del sicariato cacereño (Extremadura New Energies), algo que me resulta extraño pues ya son varias las veces que en la página web de la matriz se han hecho suficientes alusiones al buen rollo con las autoridades regionales y locales. No creo que ni desde Perth ni desde el sicariato se planteen siquiera esconder información alguna, y se descarta que el alcalde de Cáceres se refiera a los promotores cuando reclama transparencia.

La segunda paradoja sería que el señor alcalde pudiera referirse a los ciudadanos, individuales o en colectivo, venimos manifestando nuestra oposición a que la mina termine autorizándose. No sería de recibo que la primera autoridad local exigiera transparencia a los administrados.

La tercera paradoja, en la reclamación de transparencia por el alcalde de la ciudad sería sobre los técnicos y jurídicos del propio Ayuntamiento, algo que sería inaudito y no daría lugar más que a chanzas y coplillas carnavaleras.

La cuarta paradoja estaría en saber si el alcalde de Cáceres, del Partido Popular, reclama transparencia a la Junta de Extremadura, gobernada por el propio Partido Popular, teniendo, como se ha demostrado a lo largo de los ocho meses de que el mismo partido gobierne (con la necesaria colaboración de VOX), una perfecta sintonía y amistad, tanto política como personal, entre ambos gobiernos.

Hay, todavía, una paradoja más, y es que el señor Mateos haya hecho esas declaraciones mirándose al espejo y se haya propuesto exigirse transparencia, lo que sin duda puede ser peligroso si eso sucede mientras se afeita, no vaya a ser que se haga algún corte.

La transparencia, señor alcalde, la exigimos los ciudadanos, y se la exigimos a usted, como titular del Ayuntamiento, en cuya sede y por cuyos técnicos se deben emitir informes que pueden decantar o no las decisiones futuras sobre la mina, tras estudiar los contenidos del proyecto presentado, en todos sus términos.

La transparencia, señor alcalde, la exigimos también a todas las decisiones que emanen de la Junta de Extremadura, que debe poner a disposición de los administrados todos aquellos informes que se emitan por los técnicos competentes (si los hubiera) en las diversas materias.

Vale.

Dicen que la política es el arte de lo posible. O, también, como hace la Real Academia de la Lengua, “la actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo” (acepción 9ª).

La amnistía que en estos meses forma parte del paisaje político de nuestro país concita a su alrededor múltiples opiniones, de todo tipo, de cualquier pelaje, de cualquier ángulo del llamado espectro político. Y ello me mueve a dar mi modesta opinión.

En primer lugar, se achaca al actual Presidente del Gobierno que no manifestara antes de los dos últimos llamamientos electorales (municipales y autonómicas de mayo y generales de mayo de 2023) si estaba dispuesto a amnistiar a los autores del llamado procés catalán, culminado en 2017 con la efímera DUI (Declaración Unilateral de Independencia) y la huida de Carles Puigdemont en el maletero de un coche. Claro, que en campaña electoral los programas se limitan a plantear cuestiones que teóricamente están a su alcance en caso de gobernar.

Sucede que, cada vez más, las coaliciones gubernamentales, en todos los estratos de la actividad política (local, autonómica o nacional) son imprescindibles para el gobierno de ayuntamientos, autonomías y gobierno central. Ello hace que los partidos políticos se ven en la necesidad de acordar para hacer viable la gobernabilidad, cediendo cada grupo de la coalición en beneficio del conjunto, o renunciando a determinadas opciones para propiciar los acuerdos.

En este contexto, la formación del actual gobierno de PSOE + Sumar, apoyado por el resto de grupos parlamentarios, excepto P y Vox, responde a ello. Cada partido que ha apoyado esa mayoría parlamentaria (en equilibrio constante) ha planteado y obtenido cesiones o contrapartidas, siendo el propio gobierno el que obtiene la mayor ventaja, que es la dirección política de la nación, conforme determinan la Constitución y las leyes.

El PSOE, con su Secretario General al frente, ha negociado con todos, y especialmente, por la deriva informativa que el asunto ha supuesto, la posibilidad de conceder una amnistía para los incursos en el procés. Esa negociación culminó en sede parlamentaria con el rechazo del proyecto de ley de amnistía al votar en contra, precisamente, el grupo de Junts per Catalunya, cuyos dirigentes serían los máximos beneficiarios (junto con ERC) de la medida de gracia.

Llegados a este punto, se puede afirmar que la cuestión se ha negociado con la transparencia necesaria, plasmada en el proyecto de ley y en su debate y sometimiento a enmiendas, pero no ha prosperado. Es decir, que los pasos intermedios de la negociación, bajo la necesaria discreción, han aparecido y han salido a la luz donde se plantea la soberanía popular, en el Congreso de los Diputados.

Todo ello, todo lo anteriormente expuesto, sometido a un bombardeo constante de las soflamas del Partido Popular y sus correligionarios de Vox, adobadas con grandes dosis de titulares y terceras páginas de todos los medios de comunicación (salvo las excepciones de todos conocidas) que machaconamente han atacado y atacan al Presidente del Gobierno y al partido del que es Secretario General, con llamamientos a salir a la calle, al golpismo decimonónico (“el que puede hacer que haga”, que dijo el que saliva con ser presidente de la III República), a rezos (¿para qué?), a rodear brazo en alto la sede de Ferraz.

Pero, lo que son las cosas. Hace escasos días, Carles Puigdemont, el del maletero, dijo, refiriéndose al Partido Popular, que la situación actual no habría sucedido (lawfare incluido) de haber aceptado la propuesta de hacer a Núñez Feijóo presidente del gobierno. Y que, en consecuencia, se sabría qué es lo que el líder interino de la derecha le habría ofrecido para buscar su apoyo.

Antes de que el tal Puigdemont (más de derechas que donde se encuentran los aseos de los bares) pudiera hacer pública su versión, la dirección de Génova ha sacado un argumentario en el que reconocen las negociaciones, que estuvieron negociando una amnistía, o que negociaron el indulto para el Molt Honorable Carles, todo ello para conseguir la “reconciliación” en Cataluña.

Y ahora, a una semana vista de las elecciones gallegas, el todavía amigo del narco Marcial Dorado (tiene que desmentir esa amistad sin dejar lugar a dudas), se enfrenta a su propio descrédito, por haber ocultado esas negociaciones, por haber ocultado por qué fracasaron, y por qué solamente cuando se ha visto amenazado por la versión que pudiera dar Puigdemont, se ha atrevido a reconocer. Por supuesto que no lo hace en primera persona, sino mediante un argumentario.

En el fiel de la balanza, de un lado, la actitud del Secretario General del PSOE, y de su grupo parlamentario, que han llevado hasta el final mismo, hasta la votación en el Congreso, los resultados de los acuerdos y desacuerdos que se reflejan en el proyecto de ley de amnistía. Y del otro, la actitud rácana, miedosa, de un falso líder político que no se atreve a dar la cara y que pretende que un lacayo suyo herede su poltrona gallega pare él seguir guardando la suya de Génova.

¡Bien harían los gallegos de darle una patada en el culo a Rueda, con efecto expansivo en el trasero de Núñez Feijóo!

Vale.

En la Asamblea de Extremadura, el Partido Popular, esto es, María Guardiola, ha incluido una enmienda de Vox en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2024, en una cuantía de 100.000 € (exactamente igual que, por ejemplo, ha sucedido en la Región de Murcia) con la siguiente justificación:  Ante los ataques constantes a la unidad nacional, el estado de derecho y las instituciones españolas, es urgente comenzar a desarrollar desde las instituciones las acciones precisas para proteger la unidad nacional como pilar y fundamento del Estado.

Parece ser que las instituciones españolas están siendo atacadas con saña. Como, por ejemplo, la monarquía, a la que según Vox y su seguidista María Guardiola, hay que defender de los ataques que ellos mismos desataron contra Felpudo VI cuando este “no se negó” a nombrar a Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno.

Es un ejemplo solamente. Hay muchos ataques más. Sirva de ejemplo la calificación del Presidente del Gobierno y del propio Gobierno como ilegal e ilegítimo. Un presidente elegido y nombrado conforme determina la propia Constitución.

Fomentar las algaradas en contra del PSOE (los socialistas se lo habrán buscado) en la calle Ferraz, con pancartas como “la Constitución es anticonstitucional” también forma parte del paisaje. Supongo que entre las acciones precisas que pretenden subvencionar desde el gobierno de los principios de María Guardiola se encuentran la compra masiva de banderas, con un porcentaje de banderas con el aguilucho, para surtir a los que se manifiestan contra un gobierno legal y legítimo. También, organizar manifestaciones en diversos puntos del país en contra de ese gobierno.

Otras acciones precisas pueden ser la de afianzar el diagnóstico médico del cáncer del Tribunal Constitucional, o seguir manteniendo en el machito a los jueces caducados del CGPJ, o barbaridades similares. O los vómitos de Corín Tellado.

He tenido que leer otra vez el Estatuto de Autonomía de Extremadura para buscar en qué artículo, en qué epígrafe, la Comunidad Autónoma tiene atribuidas competencias (delegadas, traspasadas, propias…) que amparen que se pueden realizar “acciones precisas” para “proteger la unidad nacional”. Si así fuera, tendría acomodo legal la partida presupuestaria, pero en ningún caso el Ejecutivo regional dispone de esa competencia, y, por tanto, cualquier gasto presupuestario está y estaría fuera de la legitimidad.

Otra cosa es que María Guardiola y sus María-chis se plieguen, como lo están haciendo, a la paranoia de los voxeros. Porque una cosa son los artículos de opinión, los debates políticos en los que tienen cabida, ¡faltaría más! esas soflamas, pero en cuestión de números, de euros contantes y sonantes, no pueden ampararse.

Si quieren realizar “acciones precisas” para putodefender la unidad nacional, que las hagan de su bolsillo y no convertir los presupuestos de toda la Comunidad Autónoma (y de todos sus habitantes) en un monedero para sus gastos corrientes.

Vale.

Es habitual, en las ediciones digitales de los periódicos, singularmente “de provincias”, observar cómo los espacios comprados por empresas para trasladar sus mensajes comerciales y darles las apariencias de informaciones, de noticias, de veracidad.

En Cáceres ya tuvimos una singular campaña con la empresa sucursal de la minera australiana Infinity Lithium, que se publicitaba buscando la llamada licencia social para su proyecto de mina de litio prácticamente en el casco urbano de la ciudad.

Sin embargo, en fechas recientes he observado la introducción de un nuevo modelo de “información”. Lo he denominado como titulo este post: “Entrevistas al peso”.

Si se es un asiduo lector de medios digitales, trasuntos a su vez, de sus versiones en papel, habrá observado que cada día las noticias, las pestañas, van cayendo y van siendo sustituidas por informaciones nuevas, y, en el mejor de los casos, hay algunas que se mantienen más tiempo, eso sí, bajo la pestaña de “lo más leído”.

Ha sido “El Periódico Extremadura” el que ha incorporado por estos lares las entrevistas al peso.

Se trata de una entrevista con el concejal de economía y hacienda del Ayuntamiento de la ciudad, sin duda el edil del PP menos conocido en la ciudad. Su “entrevista” fue publicada el 30 de diciembre de 2023, y aún hoy la pestaña que abre la entrevista sigue activa, a 7 de enero.

La entrevista, fruto de un aparente desayuno de trabajo, está firmada por un “redactor comercial”, aunque leyéndola no queda claro si las preguntas están formuladas por el periodista, o por el redactor comercial que firma la entrevista.

De hecho, en alguna de las fotografías que ilustran la entrevista, aparecen tanto un redactor con experiencia del medio, así como alguna persona “del grupo del Partido Popular”, dos concejalas del mismo grupo y otras personas a las que no ubico en dicho partido.

Que un periódico local, de una capital de provincia tenga alguna debilidad por el partido que gobierna el Ayuntamiento de la capital no resulta extraño.

Tampoco puede resultar extraño que por el equipo de gobierno local se utilicen todas las estrategias de seducción para recibir un tratamiento informativo favorable.

Lo que sí podría resultar llamativo es si la reserva de espacio para la entrevista comercial, fuera, como parece, un espacio digital por varios días, para la emisión continuada de las necesidades publicitarias del partido que cogobierna, con la extrema derecha de Vox, en el Ayuntamiento de Cáceres.

Vale.

El 27 de diciembre de 1937 tuvieron en Cáceres los fusilamientos de más de 250 personas, sometidas a juicios sumarísimos, sin posibilidad de defensa alguna, detenidas en las fechas de la Navidad, para someter a la población al yugo de la violencia y al sojuzgamiento de las armas y de la venalidad de quienes servían al fascismo representado en la ciudad por el carlista navarro Ricardo de Prada. Más so menos, este es un resumen de su biografía:

Rada y Peral, Ricardo de: Militar español. Combatiente en la guerra del Rif, carlista, inspector general de requetés durante el período republicano. Conspirador antirrepublicano de la UME y golpista en 1936. Durante la Guerra Civil luchó en las filas franquistas al mando de diversas unidades. Tras ella, ostentó diversos cargos en la dictadura como vocal del Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo, comandante general de Melilla o capitán general de la II Región Militar.

(…) Continúa la Presidencia expresando a la Corporación, que es su propósito y lo supone de la Gestora, el agradecer oficialmente la actitud y labor patriótica que tan beneficiosos resultados han producido, en la seguridad y tranquilidad del vecindario, del Excmo. Señor General de esta División Don Ricardo de Rada y del Peral, que con energía y rapidez ha sabido extrangular [sic] lo que por el Movimiento sedicioso se trataba. Que esta gratitud, debe, a su juicio, constar en acta su labor y en la que ha sabido el señor Rada traer al vecindario la tranquilidad de sus espíritus y la seguridad de sus vidas y haciendas, debe constar muy especialmente en acta y propone que, además de ello, como reconocimiento hacia él se le nombre Hijo Adoptivo de la Ciudad de Cáceres, título que debe extenderse no, en forma meramente oficial, sino en artístico documento, cuyos gastos serán satisfechos exclusivamente por el Ayuntamiento, sin otra intervención económica.

El señor Vega Bermejo dice que, creyendo interpretar el pensamiento de los miembros de la Gestora, en estas circunstancias que están todos perfectamente de acuerdo y compenetrados con la Presidencia y que prestan su conformidad, con verdadera complacencia, en que conste en acta la satisfacción de la Comisión, por la actitud del Excmo. Señor General de División señor Rada y por consideración especialísima se le nombre Hijo Adoptivo de Cáceres, en virtud de los hechos que todos conocemos. Acordándose por aclamación, por la Comisión Gestora, aceptar las propuestas de la Presidencia.

Esta manifiesta que debe, levantada esta sesión y sin pérdida de tiempo alguno visitar al Excmo. Sr. General, para personalmente y por todos los Gestores con su Presidencia notificarle los acuerdos recaídos. La propuesta es aceptada y la Presidencia, con las frases de ¡España-una España-grande España-libre -Arriba España! Levanta la sesión, siendo las doce horas y cincuenta y cinco minutos, de todo lo cual como Secretario doy fé.

Sería muy conveniente, mejor dicho, necesario, que por acuerdo plenario del Ayuntamiento democrático, se adoptara el acuerdo de anular este nombramiento de hijo adoptivo, y que por el propio Ayuntamiento se adoptara un acuerdo trasladando, de modo oficial, a las familias de los fusilados en la Navidad de 1937, el pesar municipal por los asesinatos, además de anular, de modo expreso, el acuerdo, al tiempo que se remita a los archivos militares en los que pudieran constar referencias al mismo, para que se anulen, incluida la hoja de servicios de Rada.

Vale.

Sostiene Javier Cercas en un celebrado artículo (dime quién y por qué lo celebra) que “tenemos una clase política cínica, irresponsable y envenenada por el poder, que no trabaja para unirnos sino para separarnos, que considera el engaño un instrumento legítimo, y pueril la mínima exigencia ética”.

Pues yo no celebro su artículo, al socaire de la amnistía, de la que dice, como la derecha furibunda que se opone a la misma, que lo que hace no es perdonar, sino borrar el delito.

Leyendo esa sarta de descolgamientos de los argumentos más liberales de los savateros, y leyéndola hoy, un 27 de diciembre en Cáceres, me gustaría saber si el señor Cercas considera si la amnistía es un engaño. Me refiero a la amnistía de 1978, si la considera un engaño. Porque el concepto jurídico es el mismo, pero los hechos que aquella amnistía borró, si los delitos que aquella amnistía borró lo fueron mediante un engaño.

Quiero recordar al señor Cercas que en las navidades de 1937 fueron pasados por las armas más de 300 cacereños y cacereñas, tras unos juicios sumarísimos, sin, por supuesto, garantías ningunas. Hoy la amnistía que se plantea cuenta con todas las garantías del estado derecho, ese que parece que no le gusta al protestante.

Porque sería muy ilustrativo conocer la opinión, el hartazgo del señor Cercas cuando se concedió la amnistía del 78, sería de mucho interés saber si cuando se aprobó la ley del 78 habíamos tocado fondo. Él, no creo.

Sí, a mí me gustaría conocer la opinión política, adornada de verbo florido, del señor Cercas para recordar cómo mi madre, Rosario, hablaba de su tía Dionisia, que con 23 años fue fusilada. Mi madre, cada vez que la recordaba, veía sus ojos bañados en lágrimas. El único “delito” que cometió mi tía abuela Dionisia fue venir a Cáceres desde un pueblo muy pequeño de Ávila, Junciana, para cuidar a los hijos de su hermano Casimiro y la mujer de este, Ramona.

Aquel delito fue borrado por la amnistía del 78 sin que los sobrinos y sobrinos nietos hayamos recibido ninguna mínima reparación.

Aquel delito del juicio sumarísimo que condenó a Dionisia fue premiado por el Ayuntamiento de Cáceres nombrando al carnicero que ejecutó las más abyectas tropelías hijo predilecto de la ciudad. Nombramiento que puede consultarse en las hemerotecas y que consta en los libros de actas. Aquel carnicero se llamaba Rada.

Aquel delito del juicio sumarísimo también alcanzó a mi abuela Ramona, a la cuñada de Dionisia, y los criminales que lo ejecutaron a las órdenes de Rada, y con el patrocinio de la burguesía golpista que allanó el Ayuntamiento, también fue condenada a muerte. El mismo día, a la misma hora que lo era la hermana de su marido, mi abuelo.

Tendría algo que decir el señor Cercas de la amnistía que ahora se plantea, sin un solo derramamiento de sangre, sin otro afán que el de recuperar la concordia, sabiendo que quedarán restos de maximalistas que serán fácilmente reconducidos.

El señor Cercas, al que tanto le gustan según que historias y las viste de verbos y oraciones subordinadas, probablemente nunca se haya topado con una condena a muerte como la impuesta a mi abuela Ramona.

El tribunal, remedo de tribunal, condenó a Ramona a muerte, pero suspendió su ejecución por hallarse embarazada. Esta circunstancia no fue óbice para que los asesinos sentenciadores escribieran: “Su ejecución tendrá lugar transcurridos 40 días desde el alumbramiento, continuando mientras tanto detenida en la Casa de Maternidad a la que será trasladada con las precauciones debidas. Se ordena al director del Hospital nº 1 donde está situada dicha Casa que avise tan pronto como el alumbramiento tenga lugar a los efectos de ejecución”.

Vale.

El diccionario de la R.A.E. define el periodismo como la “actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento, interpretación y difusión de informaciones a través de cualquier medio escrito, oral, visual o gráfico”.

Bien es cierto que son muchos los escritores y/o periodistas que han sentenciado sobre el llamado, mal llamado, cuarto poder. Algunas como “Ser un empleado de un medio para contar la verdad del dueño en lugar de la tuya, es algo terrible”, que dijo Luis del Olmo, o la que pronunció un referente del periodismo, Kapucinsky, “Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante.”

A mí, particularmente, me gusta una frase atribuida a George Orwell: El periodismo publica lo que alguien no quiere impreso; todo lo demás son relaciones públicas. Y me gusta porque para llevar adelante esta máxima se crearon los gabinetes de prensa.

En la ciudad de Cáceres, desde hace unos años se viene dando una batalla desigual, que en los últimos meses ha incluso desnivelado los equilibrios entre partidarios y detractores de una mina de litio de grandes proporciones a colocar a poco más de un kilómetro de la ciudad.

En la práctica se está produciendo lo que en términos bélicos se denomina una guerra asimétrica, con un fuerte “ejército” de prensa favorable, muy favorable, a la instalación de la mina, y un cada vez más creciente número de cargos públicos, singularmente en la derecha del modelo social, ante el silencio de quienes en la izquierda deberían ser los más favorables a las protecciones social, medioambiental y cultural.

En este paisaje no pasan desapercibidas noticias como que ha sido elegido un nuevo presidente de los periodistas de Cáceres, en concreto un periodista que junto con otros dos, desalojados de gabinetes de prensa de la Junta de Extremadura, crearon una empresa dedicada a la “comunicación empresarial y política”. De los tres, en verano uno salió catapultado a la cuadra de redondo.

Ahora, la asociación de periodistas de Cáceres tiene en su directiva a dos de los creadores de ese gabinete, uno en la presidencia y otro como tesorero.

Además, la empresa australiana es cliente de ese “gabinete”, como lo es también el lobby de rasmusen global, que opera en Bruselas y al que la empresa australiana ha recurrido para apretar la pinza sobre el litio.

Ante un periodismo vendido al único postor, los ciudadanos de Cáceres se sienten indefensos, porque no tienen capacidad económica para ni siquiera equilibrar fuerzas, y solamente el tesón, y, sobre todo, la capacidad técnica y científica de profesores, profesionales y agentes libres (como en la NBA) plantan cara al dinero.

Pero como en todos los órdenes da la vida, y en el que rodea las decisiones políticas, engrasadas o no con papel moneda, terminará imponiéndose la razón ante la sinrazón de una aventura económica que puede llevar a la ruina a la ciudad, a los poco más de 96.000 habitantes, y a la riqueza a los dueños de la grasa, la mierda y el desperdicio.

Vale.