La designación de Rada como hijo adoptivo de la ciudad de Cáceres más se parece a un capricho de la comisión gestora municipal, y en concreto de quien ejercía de alcalde, Narciso Peral. Actualmente, la concesión de este tipo de distintivos se realiza con un procedimiento reglado, con la apertura de un expediente informativo, en el que se recogen los méritos de la persona o institución que vaya a ser distinguida.
La concesión del título de honor como, por ejemplo, ser acreedor a la medalla de la ciudad, o ser acreedor al título de hijo adoptivo o hijo predilecto, solía tener la apariencia de un expediente sosegado en el que el proponente, ya fuera el acalde o el concejal de turno, hacía una glosa de los méritos que recaían en el distinguido, para después recogerse el parecer de los demás miembros de la corporación, que solían ser exegesis laudatorias, pero siempre guardando una distancia de cortesía que los propios textos administrativos, las actas redactadas por el secretario de turno, daban un hálito de pomposidad.
El acta ofrece dos elementos a considerar: es precipitada, de manera que no obedece a un procedimiento ordinario, y que esa precipitación puede considerarse como causa de nulidad.
En otras actas que premian a mandos militares, el relato del proponente (concejal o alcalde) responden a un relato argumentativo, más ordenado. En el acta de Rada, el relato es especialmente impulsivo, solamente tamizado por el redactor, por el “lenguaje forense” del secretario municipal.
El hecho, además, de que la “corporación municipal” solamente estuviera compuesta por los cinco miembros de la comisión gestora, reviste de falta de legitimidad la designación.
Concurren, pues, dos causas de nulidad del acta: la precipitación y la falta de legitimidad. Además, la propia precipitación excluye que no se cumpliera un trámite no obligatorio, pero sí preceptivo, de que se hubiera recabado, bien por el propio Rada o por la comisión gestora municipal, la anuencia de la autoridad militar superior a la del propio Rada.
Por los motivos reseñados, debería resolverse, previa aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, la anulación del acta y la consiguiente del nombramiento de Rada como hijo adoptivo.
Además, ya que la mayor parte de fusilados en as fechas de la navidad de 1937 fueron hombres y mujeres vecinos de la ciudad de Cáceres, el Ayuntamiento de Cáceres deberá instar ante la Justicia Militar la anulación de las sentencias dictadas por un tribunal militar en consejos de guerra que, al amparo del artículo 5 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.
El Ayuntamiento deberá arrogarse la representación, a petición de los familiares de quienes fueron represaliados en aquellas fechas concretas, suscribiendo un escrito, que, asumido por el pleno del municipio, se dirija a la justicia militar para hacer ejecutivo el artículo 5 de la ley de Memoria Democrática.
La intervención del ejército de tierra y de la guardia civil en las detenciones de aquellas fechas, fueron acompañadas por la actividad de delatores y chivatos, que, al mismo tiempo que la comisión gestora municipal “premiaba” con los honores de hijo adoptivo al sanguinario general Rada, esa misma gestora recaudaba fondos para retribuir las delaciones y señalamientos. Los fondos recaudados se entregaban a Rada, como autoridad militar, para su distribución entre los cómplices.
La implicación activa de la comisión gestora municipal en el desarrollo de los acontecimientos elimina cualquier atisbo de mantenerse al margen de los sucesos, y al ser los resultados de su participación la muerte de hombres y mujeres vecinos de la ciudad, elimina la legitimidad de dicha gestora, como ya hemos señalado con anterioridad, para otorgar honores y distinciones a los responsables directos, como el cruel general Rada, de dichas muertes.
En las tres entradas anteriores he señalado cómo se produjo la designación del represor Rada y Peral como hijo adoptivo de Cáceres, en los mismos días en los que el golpe de estado franquista supuso un dolorosísimo castigo para muchos y muchas cacereños y cacereñas.
La excusa de un complot, denominación que se dio a las escaramuzas que, al parecer, lideraba Máximo Calvo fue el asidero que sirvió para que en las navidades de 1937 fueran pasados por las armas y arrojados a una fosa común del cementerio de la ciudad 237 hombres y mujeres.
El ayuntamiento lo regía una comisión gestora, compuesta por cinco individuos nombrados a dedo por los propios militares sublevados, los mismos que corrieron, en cuanto tuvieron ocasión, a rendir pleitesía al máximo exponente de la represión.
Esos cinco individuos, puestos ahí para simular un gobierno municipal, no tenían, obviamente, ninguna seña representativa de los vecinos de la ciudad, que entonces contaba con unos 29.000 habitantes. Ni que decir tiene que fueron elegidos por la mayor afinidad o docilidad para con los militares golpistas.
Además, el día 27 de diciembre fusilaron a Antonio Canales, que fue el último alcalde elegido democráticamente, en unas elecciones en las que ninguno de los miembros de la comisión gestora hubiera podido hacerle sombra.
Antonio Canales hizo entrega del Ayuntamiento a Manuel Plasencia, según consta en acta de 21 de julio de 1936, transcrita en otra acta municipal de 24 de julio. Es curiosa la manera de colaboración de las derechas, la CEDA, con los golpistas, porque según el acta de 21 de julio, la personación de autoridad militar en el Ayuntamiento se hace acompañado ya del que era concejal por la CEDA, Manuel Plasencia. Se produce la destitución de Canales, señalando este dos cuestiones: que era alcalde por elección democrática y que no tiene más remedio que ceder la alcaldía, que se hace por la fuerza.
Por otra parte, según se establecía en el bando militar, en los ayuntamientos debían establecerse comisiones gestoras, por supuesto a complacencia de los golpistas, pero que, sin embargo, carecían de directrices de competencias y capacidades jurídicas y administrativas, por lo que la inmensa mayoría asumían gestionar los ayuntamientos sin garantías de ningún tipo para los administrados.
Esto último, que parece una obviedad tal y como se sucedieron los hechos y tal y como se sucederían a continuación, no lo es, por cuanto los militares se reservaron, en el caso de Cáceres, algunos cargos importantes, gobernador civil, por ejemplo, y permitieron que sus correligionarios civiles (de la CEDA y similares) ejercieran las competencias municipales, pero estrechamente vigilados.
De hecho, la impunidad con la que actuaron en contra de los vecinos de la ciudad, palmariamente demostrada en los fusilamientos de las navidades de 1937, fue una muestra. Ninguno de los concejales/gestores abrió la boca ni siquiera para preguntar, y en las actas municipales no hay rastro de los fusilamientos.
Las comisiones gestoras acogieron a los concejales de derechas, sumisos, cuando no alborozados, con el golpe de estado. La comisión gestora de Cáceres estaba formada por quien detentaba la alcaldía robada con las armas y la fuerza de las armas y cuatro concejales de derechas que no sintieron ninguna duda en sumarse gozosos al golpe de estado.
Este gobierno (¿?) municipal fue el que adoptó el acuerdo de nombrar al criminal Rada como hijo adoptivo de la ciudad, sin tomar en consideración a los vecinos y vecinas pasados por las armas y arrojados a la fosa común abierta junto al muro del cementerio.
Un acuerdo que debe ser anulado por ser ilegal a todos los efectos, como demostraremos en la próxima entrada de esta serie.
El día antes de la sesión y nombramiento de Rada como hijo adoptivo, el 28 de diciembre, fueron detenidas muchas personas, muchos cacereños, muchos inocentes, hasta doscientos, a los que se ordenó, en sumarísimos consejos de guerra, fusilar, todo ello por orden del propio Rada.
Las sentencias a muerte se ejecutaron inmediatamente en el campo de tiro de pistola del cuartel Infanta Isabel, incluida la de mi tía abuela, una “peligrosa” conspiradora de 23 años, Dionisia Sánchez Martín, hermana de mi abuelo, que había venido de su localidad natal, Junciana, en Ávila, para ayudar a mi abuela Ramona a cuidar a los hijos.
También, el valiente Rada y sus esbirros detuvieron, precisamente, a Ramona Navarro Bravo, mi abuela, que estaba embarazada de siete meses, cuya condena rezaba: “Su ejecución tendrá lugar transcurridos 40 días desde el alumbramiento, continuando mientras tanto detenida en la Casa de Maternidad a la que será trasladada con las precauciones debidas. Se ordena al director del Hospital nº 1 donde está situada dicha Casa que avise tan pronto como el alumbramiento tenga lugar a los efectos de ejecución”.
Seguramente, con la lectura de este acta personal podrán los lectores de la misma, hacerse una idea de la catadura moral de los miembros de la gestora y del propio Rada.
El Extremadura, diario de Acción Católica, insertaba un escrito oficial del alcalde Narciso Maderal, bajo el antetítulo “Después del complot”, hacía “un llamamiento a todos los cacereños”. El alcalde jaleaba la valentía de Rada dando fin al complot, e incluía los siguientes párrafos: “pero la generosidad y patriotismo tantas veces puesto a prueba en Cáceres y todos los pueblos de la provincia, reclaman una nueva demostración expresiva de su españolismo y adhesión a la causa que encarna el Generalísimo Franco, mediante el premio que se merecen los que tuvieron el valor cívico de servir los altos intereses de la Patria, poniendo en conocimiento de la autoridad superior militar, todo cuanto se tramaba.
A todos se les debe una recompensa y para ello me permito hacer un llamamiento a todos los cacereños, a fin de que se suscriban con las cantidades que en buena voluntad les aconseje, cuyos donativos recibiré en mi despacho, para hacer entrega de la cantidad que se recaude a la autoridad militar, quien después la distribuirá en la forma que mejor le parezca”.
En las fechas siguientes, el Extremadura, diario de Acción Católica fue dando cuenta de las donaciones recibidas destinadas a los delatores del presunto complot.
La delación, pura y dura, por recibir recompensas económicas, sirvió para que los voluntarios a buscar su óbolo afinaran su interés, aun sabiendo (o quizá por ello), que cualquier nombre que pusieran en la mesa del sanguinario Rada sería sometido a un juicio sumarísimo, que terminaría con condena a muerte y a ser pasado por las armas en el campo de tiro de pistola del cuartel del regimiento Argel.
La desnudez del acta de la gestora municipal y el entusiasmo con el que el diario de acción católica recogía cualquier información de ensalzamiento de los golpistas y, sobre todo, su odio, el odio que destilaban sus páginas contra los rojos, los leales a la República no dejan lugar a dudas.
Esta página, y otras muchas como esta forman parte de los méritos que se concitan para que el diario de Acción Católica haya sido recompensado por la Junta de Extremadura con la medalla de la región.
La actuación de la comisión gestora del Ayuntamiento no dejaba lugar a ninguna duda en cuanto al posicionamiento de la gestora, y más cuando el alcalde Antonio Canales había sido ejecutado el día 25, solo cuatro días antes. La condena a muerte de Canales fue ratificada por Francisco Franco directamente, tras sucesivas apelaciones y gestiones de vecinos de la ciudad de todo signo.
El profesor Chaves, autor de “Tragedia y represión en Navidad”, considera que de no haber mediado el supuesto complot de Máximo Calvo, la sentencia de Canales no se habría cumplido.
Por otro lado, el complot, el presunto complot urdido por Máximo Calvo no fue sino la excusa para cumplir con las previsiones de los golpistas. Hasta las Navidades de 1937 la ciudad de Cáceres no había sido especialmente sometida a un estado de terror, y la provincia no se había visto especialmente sacudida por tropelías y abusos de los insurrectos. Esto no quiere decir que cualquier ejecución en cualquier pueblo no fuera traumática. Las sacas, los paseos hasta, por ejemplo, la mina de La Paloma (Zarza la Mayor), sí iban en ese sentido.
Aquel 29 de diciembre de 1937 fue, sin duda, un día infame, que además fue el arranque de otros muchos que le seguirían.
El llamamiento del alcalde golpista se tradujo en un reguero de aportaciones, unas de vecinos de la ciudad sin especial significación, otras de personas conocidas de sectores del comercio, los almacenes y otros. Es conocido que en muchas empresas los propietarios obligaban a sus empleados a hacer donaciones.
Por otro lado, es necesario recordar que el propio comunicado del alcalde golpista señalaba que lo recaudado se entregaría a Rada (“la autoridad militar”), quien se encargaría de distribuirla, es decir, de pagar a los delatores.
Los que ocuparon la alcaldía encaramados a los traidores al orden constitucional, y solo cuatro días después del fusilamiento del alcalde legítimo, convertidos en recaudadores de fondos para pagar a convecinos entregados a la delación. Todo muy edificante.
La primera relación de donantes estaba encabezada por el alcalde golpista, Narciso Maderal, fue publicada el día 30 de diciembre bajo el título “Nobleza obliga”, y el subtítulo esclarecedor de “para premiar a los que denunciaron el complot”.
La lista de donantes para pagar a los delatores tiene nombres conocidos, como el Bazar El Siglo, con 25 pesetas, o sucesores de Víctor García, con 500 pesetas. También Gabino Muriel (miembro de la gestora municipal), con 100 pesetas, o el restaurante Patete, con otras 100, y Edmundo Cordero, de “El Mercantil”, con 50 pesetas.
Aquel mismo día 30 de diciembre, el periódico de la acción católica recoge en su primera página la referencia al nombramiento de Rada como hijo adoptivo de la ciudad y a la convocatoria de una manifestación en su honor y de gratitud que estaría encabezada por el alcalde golpista.
El día 31 de diciembre de 1937 la “información” era la misma: seguían publicándose felicitaciones al criminal Rada, y también relaciones de súbditos que hacían aportaciones económicas para que por la autoridad militar se recompensara a chivatos y delatores.
La relación de ese día comenzaba con un saldo anterior de 4.340,25 pesetas, siendo al final de la relación publicada de 6,730 pesetas. En esa relación aparecen apellidos “ilustres” de la ciudad, como Murillo, Bernal, Leal Ramos, Carretero, Gómez Saucedo, Hurtado Muro…
Mientras esto sucedía, mientras los cacereños pasaban por el ayuntamiento ocupado por los golpistas para apoyar la delación, seguían produciéndose sentencias de muerte que eran ejecutadas rápidamente. Entre esas sentencias estaba la de Ramona Navarro Bravo, citada al comienzo de este escrito.
Manuela Canales Duque, Antonio Moreno Moreno, Samuel García Malafé, Pedro González Agudo, Isidra Gómez Jiménez, Ángela Navarro Díaz, Dionisia Sánchez Martín, Aniceto Adrián Álvarez y Manuel Álvarez Calderón fueron los pasados por las armas el día 31.
Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.
Artículo 15. Derecho de las víctimas a la verdad.
(…)
3. En el fomento de la investigación histórica sobre los aspectos señalados en el apartado anterior, en cumplimiento del mandato establecido en el artículo 44.2 de la Constitución, se tendrá en cuenta el papel esencial que desempeña el debate histórico para la formación de una conciencia histórica adecuada a la dignidad de los ciudadanos de una sociedad libre y democrática y la contribución al mismo de las conclusiones que sean resultado de la aplicación en la verificación e interpretación de los hechos de los usos y métodos característicos de la ciencia historiográfica. Ello se entenderá sin perjuicio de la incertidumbre consustancial al citado debate que deriva del hecho de referirse a sucesos del pasado sobre los que el investigador puede formular hipótesis o conjeturas al amparo de la libertad de creación científica reconocida en el artículo 20.1.b) del Texto Fundamental.
Ya decíamos en el capítulo I de esta serie que el día 29 de diciembre pareció ser una jornada tranquila, salvo las ejecuciones citadas antes, sin nuevas detenciones, sin nuevos juicios sumarísimos. Sin embargo, fue un día nefasto para gran parte de los vecinos acuciados y acosados por una hiperactividad represora bajo el mando cruel de Rada.
Se transcribe a continuación el encabezado de sesión y la parte dispositiva de la sesión de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Cáceres de 29-12-1937, en la que se acordó nombrar hijo adoptivo de la ciudad al general de Rada.
En esta Capital de Cáceres y siendo las doce horas y veinte minutos del día veintinueve de Diciembre de mil novecientos treinta y siete, segundo año triunfal, y en sus Casas Consistoriales, bajo la Presidencia del señor Alcalde, Don Narciso Maderal Vaquero, con asistencia de los vocales Don Eleuterio Sánchez Manzano, Don Fernando Vega Bermejo, Don Gabino Muriel Espadero y Don Marcos Mariño Báez, y el Secretario de la Corporación que suscribe, celebró, en primera convocatoria, la sesión semanal ordinaria señalada para este día, para la Comisión Gestora del Excmo. Ayuntamiento.
(…)
Continúa la Presidencia expresando a la Corporación, que es su propósito y lo supone de la Gestora, agradecer oficialmente la actitud y labor patriótica que tan beneficiosos resultados han producido, en la seguridad y tranquilidad del vecindario, del Excmo. Señor General de esta División Don Ricardo de Rada y Peral, que con energía y rapidez ha sabido extrangular lo que por el Movimiento sedicioso se trataba. Que esta gratitud debe, a su juicio, constar en acta su labor y en la que ha sabido el señor Rada traer al vecindario la tranquilidad de sus espíritus y la seguridad de sus vidas y haciendas, debe constar muy especialmente en acta y propone que, además de ello, como reconocimiento hacia él se le nombre Hijo Adoptivo de la Ciudad de Cáceres, título que debe extenderse, en forma meramente oficial, sino en artístico documento, cuyos gastos serán satisfechos exclusivamente por el Ayuntamiento, sin otra intervención económica.
El Sr. Vega Bermejo, dice que creyendo interpretar el sentimiento de los miembros de la Gestora, en estas circunstancias que están todos perfectamente de acuerdo y compenetrados con la Presidencia y que por tanto prestan su conformidad con verdadera complacencia, en que conste en acta la satisfacción de la Comisión, por la actitud del Excmo. señor General de la División señor Rada y por consideración especialísima se le nombre Hijo Adoptivo de Cáceres en virtud de los hechos que todos conocemos. Acordándose por aclamación, por la Comisión Gestora, aceptar las propuestas de la Presidencia.
Esta manifiesta que debe, levantada esta sesión y sin pérdida de tiempo alguno visitar al Excmo. Señor General, para personalmente y por todos los Gestores, con su Presidencia, notificarle los acuerdos recaídos. La propuesta es aceptada y la Presidencia con las frases del !España-una- España-grande- España libre- Arriba España! levanta la sesión, siendo las doce horas y cincuenta y cinco minutos, habiéndose invertido en la misma treinta y cinco minutos, de todo lo cual como Secretario doy fé:
Sobre esta negra historia se puede consultar (“Tragedia y represión en Navidad. Doscientos republicanos fusilados en Cáceres por el ejército franquista en 1937” Pag. 236. Julián Chaves Palacios. Ed. Institución Cultural El Brocense. Excma. Diputación Provincial de Cáceres, 2008).
He querido transcribir el acta que consta en el Archivo Municipal, para dejar desnudos los deseos de quienes estaban al frente del Ayuntamiento, deseos para complacer al sanguinario Rada, rendirle pleitesía, vergonzosa pleitesía.
Los militares sublevados que tiñeron de sangre la navidad de 1937 en Cáceres cumplían con las órdenes que gustosamente recibían cuando en la ciudad nunca hubo un frente de guerra, pero que necesitaban aterrorizar a la población. Además, necesitaron que las llamadas autoridades civiles estuvieran a su altura, a la altura de los sublevados.
En lo que concierne al “trabajo” de los militares y guardias civiles pudiéramos decir que a partir de los fusilamientos que aterrorizaron a la ciudadanía, excepto a los que vieron en ellos la venganza que deseaban contra los republicanos, daban por cumplida la vendetta. De hecho, el único acto de la guerra refrescado alguna vez fue el bombardeo del palacio de Mayoralgo que afectó también a una salida de misa, nunca los masivos fusilamientos, ni siquiera el del alcalde Canales.
Pero sí es preciso recordar qué hicieron las “fuerzas vivas”, nunca mejor dicho, tras arrastrarse como babosas a los pies de Rada. Porque la apariencia de normalidad en una ciudad que nunca fue frente de guerra debía continuar en los años siguientes. El golpe de estado debía continuar.
Ahora, cuando en 2025 recorremos las calles de cualquier ciudad y repasamos, mentalmente, su callejero, podemos entresacar algunos elementos que nos señalan hitos relevantes de la historia.
El desarrollo urbano de Cáceres puede atisbarse repasando su callejero y pensando por qué algunos topónimos se han fosilizado en él, y cómo otros nombres dan contenido a la trama urbana. Como en cualquier otra capital de provincia.
Algunas calles cambiaron hace tiempo su denominación, otras son nuevas calles con nuevos nombres, y todas con su puntito, o su puntazo, de historia.
Estoy seguro que si preguntamos a vecinos de la ciudad sobre el nombre de la calle en la que viven y los méritos que la denominación haya podido presentar para ello, nos encontraremos con que habrá quienes no tengan idea de ello, y otros, en cambio, conocerán su historia.
Esto sucederá sobre todo cuando esas denominaciones respondan a nombres y apellidos de gentes que vivieron en épocas o años anteriores. Incluso, muchas veces sucede que de un mismo hecho histórico (local o nacional) surgen varias denominaciones.
En el caso de la ciudad de Cáceres, nos fijamos en uno de los hechos más trascendentales de la guerra civil. Nos referimos a las Navidades de 1937, que se saldaron con el asesinato de 237 civiles, hombres y mujeres. Unos hechos duros y dolorosos para las familias afectadas, que a lo largo de los años vienen siendo los más recordados de la guerra.
A partir del 27 de diciembre de 1937, los militares golpistas, al mando del gobernador militar Rada Peral, redoblan su ofensiva sobre distintos grupos sociales, al haber detectado la presencia en Cáceres de Máximo Calvo, alcalde de Cadalso, y creer que lo detendrían enseguida.
Sin embargo, la detención no se producía, pero los registros en viviendas, las detenciones de ciudadanos, hombres y mujeres, se sucedieron a partir de ese momento.
Durante los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre se realizaron múltiples detenciones, y desde la capitanía de la VII División (Valladolid), a la que pertenecía Cáceres, se destinó a la ciudad al Comandante Ricardo Fajardo, para que estuviera al frente de los distintos procedimientos que se seguirían. Parece que Fajardo fue instructor en 1921 con motivo del Desastre de Annual.
A medida que las pistas o delaciones iban acercándose o alejándose de Máximo Calvo, los sublevados, bien soldados o guardias civiles o falangistas, buscaban aumentar el terror entre la población. Visitaban las viviendas una, dos, tres veces en pocas horas, preguntando por alguien de la casa, intentando que los moradores se pusieran nerviosos, se contradijeran, para apuntar lo que pudiera resultarles significativos.
Cuando buscaban por el pequeño caserío del barrio de San Marquino, confirmaron que en alguna de sus casas podía haber estado en días anteriores oculto Máximo. No tenían más información, pero la creencia de que por allí había estado el alcalde de Cadalso, redobló el interés por las familias, o por algunos de sus integrantes, lo que, a base de delaciones les fue revelando algo en lo que fijarse.
El periódico de Acción Católica, ferviente propagador de los designios de los militares golpistas, incluyó en su primera página de la edición del 28 de diciembre, una crónica de los asesinatos cometidos, día a día, por los sublevados, con la “cobertura” de un tribunal de guerra permanente y de urgencia que, farsas de juicios, iba condenando, uno a uno, a muchos cacereños, hombres y mujeres que no podían defenderse, incluso porque los que actuaban bajo el nombre de defensas, no decían nada, o asentían, a las acusaciones de que eran objetos los reos, porque en realidad pertenecían a la misma calaña.
Así, mientras la guardia civil buscaba a Máximo Calvo por las cuatro casas de San Marquino, se llevaban presos o pacíficos vecinos, como en los días siguientes hicieron en la calle de la Pulmonía, cuando ubicaron en alguna casa de dicha vía al alcalde de Cadalso. Si cabe, en dicha calle actuaron con mayor saña contra sus vecinos y vecinas.
El Extremadura de 28 de diciembre, al que antes me refería, publicaba una información de cómo venía actuando el tribunal de urgencia, consejo de guerra permanente.
El 25 de diciembre de 1937, día de Navidad, a las trece horas y treinta minutos fueron juzgados nueve hombres, y condenados a muerte, siendo pasados por las armas a las dieciocho treinta. El lugar: el campo de tiro de pistola del Regimiento Argel 27. Junto a estos nueve fueron fusilados otros veinticinco presos que ya había sido juzgados en fechas anteriores.
El 26 de diciembre de 1937 fueron juzgados y condenados a muerte otros diez, que fueron fusilados a las ocho horas del día siguiente. Hubo dos fusilamientos más, condenados en otro consejo de guerra.
La información de Acción Católica termina con el siguiente párrafo:
“Igualmente, y en consejo de Guerra permanente celebrado en esta plaza en el día 27 del actual, a las trece horas, se ha dictado sentencia imponiendo la pena de muerte al paisano Francisco Naranjo Pérez, la cual se ha llevado a efecto a las 17 horas, siendo pasado por las armas en el campo de tiro de pistola del Regimiento de Infantería de Argel indicado individuo”.
El día 29 de diciembre parece ser que no hubo ni detenidos ni sesiones del tribunal de urgencias, aunque la sensación de terror persistía, que era en gran medida, lo que buscaban las acciones ordenadas por Rada. Y esto era así porque los procesados en días anteriores seguían pesando sobre una población civil que había apoyado a la República. No hay que olvidar que hacía escasos tres días que habían sido fusilados el alcalde de Cáceres y el presidente de la Diputación, entre otros ciudadanos.
De hecho, el mismo día 29 fueron asesinados seis ciudadanos más: Norberto Holguín Canales, Cándido Holguín Canales, ambos de Navas del Madroño, Joaquina Redondo Mena, Daría González Revilla, Isabel Santillana Fernández y Narciso Enrique Santillana Fernández, los cuatro vecinos de Cáceres capital.
En 1937 la población de Cáceres era alrededor de 29.000 habitantes, sin contar los militares. Los movimientos de militares, guardias civiles, falangistas, unos buscando a Máximo Calvo, otros cumpliendo la finalidad necesaria para los golpistas, la de aterrorizar a la población. La historia de estar buscando al alcalde de Cadalso por San Marquino, una zona demasiado pequeña, no debía suponer ningún progreso para los golpistas. Cuando los días 25 y 26 de diciembre centraron sus pesquisas por la calle Gómez Becerra, aumentaron sus esfuerzos.
Plano de Cáceres. 1931. SIG-CÁCERES. Ayto. Cáceres.
No hay que olvidar que ya conocían la zona (no por su situación física) porque en la manzana en la que luego detectaron a Máximo Calvo, una de sus esquinas era la confluencia de Gómez Becerra con la calle Libertad (luego bautizada como Hermandad).
La muerte de Máximo Calvo, lejos de calmar los ímpetus de los pelotones de insaciables buscadores de presuntos conspiradores, siguieron presuntos conjurados contra los golpistas.
Si comparamos los planos de la ciudad de Cáceres de 1931 y 1942, las diferencias en crecimiento de los barrios, de las calles de la ciudad, resultan muy poco significativas. La calle Gómez Becerra solamente tenía un corto acerado en la margen derecha, con dos viviendas, una el conocido chalet de los Pomet Correa, mientras que la acera izquierda llegaba en 1931 hasta al menos el número 27, siendo entre el 21 y 23 donde hacía esquina con la ya citada calle de la Libertad.
Para muchos cacereños de entonces, y especialmente para los vecinos de Gómez Becerra, era un punto de orgullo, porque era en la Libertad, en su primera casa de la derecha vivía Antonio Canales González, alcalde de Cáceres hasta el golpe de estado. Un alcalde cuya detención causó en algunos ambientes de la ciudad verdadera sorpresa, y más cuando se conoció que fue condenado a muerte, fueron muchos e importantes vecinos los que intercedieron por su vida. Las sucesivas apelaciones culminaron con la ratificación expresa de Franco de la pena de muerte, cuya ejecución coincidió, trágicamente con la furia represora desatada por Rada.
Coincidiendo con la alegría de familiares de republicanos de Zarza la Mayor arrojados a la mina de La Paloma, se conoció que el PP de María Guardiola (mala vergüenza) se había arrodillado ante Box para derogar la Ley de Memoria Democrática.
Mala memoria, la de olvidar lo que dijo tras las elecciones de 2023, de que no pactaría nunca con Box ni Box entraría en un gobierno presidido por ella. Pero claro… la señora Guardiola no había ganado las elecciones, su lista fue la segunda más votada y no tuvo más remedio que comerse sus palabras, su conciencia, su vergüenza y echarse en brazos de la otra ultraderecha. Hay quien dice que su pacto vergonzante perjudicó a su partido en las elecciones del 23J de 2023.
Ahora, otra vez, acude al reclinatorio a postrarse ante sus colegas fachas de Box para que le den vidilla abrochada a la poltrona.
A la señora Guardiola sí me gustaría preguntarle en qué parte de su memoria, mala memoria, su vergüenza, mala vergüenza, o su conciencia, mala conciencia, cabría entender una sentencia de un tribunal militar sumarísimo que dijera que se condena a una mujer a la pena de muerte, la misma que a otras varias mujeres.
Qué ralea de vergüenza, conciencia, memoria podría sentir la señora Guardiola si, a continuación, justamente a continuación de la sentencia los verdugos escribieran, al constatar su avanzado estado de gestación:
“Su ejecución tendrá lugar transcurridos 40 días desde el alumbramiento, continuando mientras tanto detenida en la Casa de Maternidad a la que será trasladada con las precauciones debidas. Se ordena al director del Hospital nº 1 donde está situada dicha Casa que avise tan pronto como el alumbramiento tenga lugar a los efectos de ejecución”.
Por sentencias como la citada, si la señora Guardiola tuviera un ápice de vergüenza, de conciencia, podría darnos su opinión sobre la Ley que junto con sus correligionarios fascistas derogan. Si la tuviera. La vergüenza, digo.
¿Podría alcanzar la señora Guardiola la angustia de la familia de aquella mujer de 33 años pendiente de tener su cuarto hijo para ser asesinada después?
Porque, seguramente, ella y sus camaradas del fascio, estarían muy de acuerdo con el tremendo valor que los regidores del Ayuntamiento de Cáceres le echaron al asunto y, reunidos en los mismos días que el tribunal de asesinos dictaba sentencias de muerte, y acordaron otorgar al asesino jefe el honor de ser nombrado Hijo Adoptivo de la ciudad.
Aquellos gestores municipales respondían a los apellidos Maderal, Sánchez Manzano (con calle en Cáceres), Vega Bermejo, Gabino Muriel, Mariño… y aquel nombramiento de tanto honor no ha sido derogado nunca. Nunca.
Si lee este escrito (suponiendo que sepa leer) la señora Guardiola, ¿podría contestar?
Este titular no lo digo yo, sino diversos reportajes que, al socaire de fotos antiguas, viene publicando el periódico fundado por la iglesia católica durante la dictadura de Primo de Rivera.
De hecho, el último reportaje de esta traza, que no ayuda en absoluto a la candidatura de Cáceres a capital europea de la cultura, lleva como título una frase que, al parecer, el dictador hizo llegar al hacedor de asesinatos en la ciudad, Luna: “Cáceres es de lo mejor de España”.
Señala el analfabeto histórico que firma la entrega que en 1939 aquella frase del general Onlyegg se la dijo a Luna al informarle de que se iban a construir unos pantanos (Rosarito, Gabriel y Galán), que, por cierto, habían sido proyectados por la II República.
Pero si queremos hacer gala de la importancia de la ciudad, de sus valores históricos y culturales, publicar continuamente “recuerdos” de ese tipo, de esa jaez, sin que todavía se hayan restañado las heridas de cuántos cacereños fueron asesinados por “los buenos”, podemos jugar.
Porque ese traer a la portada fotos antiguas que rememoren las hazañas bélicas de Franquito y sus moritos, es un juego al que podemos jugar todos.
Recomiendo al director o directora del Extremadura que publique en esa serie anecdótica sobre lo bonito que fue el paso del fascismo por esta tierra la primera página de su edición del 1 de enero de 1938.
En concreto, que resalte un recuadro de la misma en el que se inserta una llamada (incluida la del periódico, of course) para concentrarse en la plaza del “General Mola” para vitorear a “su general”.
Esos vítores ya se habían escrito el 29 de diciembre de 1937 por la Comisión Gestora del Ayuntamiento: “bajo la Presidencia del señor Alcalde Don Narciso Maderal Vaquero, con asistencia de los vocales Don Eleuterio Sánchez Manzano, Don Fernando Vega Bermejo, Don Gabino Muriel Espadero y Don Marcos Mariño Báez, y el Secretario de la Corporación que suscribe, celebró, en primera convocatoria, la sesión semanal ordinaria señalada para este día, para la Comisión Gestora del Excmo. Ayuntamiento.”
¿Qué tenía de especial ese llamamiento y el acta a la que pertenece el párrafo anterior? En concreto, agradecer al general Rada los 247 asesinatos cometidos por las hordas franquistas sobre cacereños, que fueron pasados por las armas en las navidades de 1937, cuatro días antes de acto glorioso.
Animo a El Periódico Extremadura a que siga publicando cuantos más reportajes de esa jaez y similares, porque así harán más fácil el trabajo de quienes no tendremos reparo alguno de enmendar aquello de capital europea de la cultura. Sobre todo porque el Ayuntamiento (en su conjunto) no hace nada por explicar lo sucedido.
Por ejemplo, que se repase el acta a la que me he referido más arriba, y por la que se declaró al general Rada hijo adoptivo de la ciudad precisamente por la represión llevada a cabo durante esas navidades.
Quiero recordar que ese acta nunca ha sido impugnada y, por tanto, como acto administrativo sigue vigente. Cáceres tiene como hijo adoptivo a un asesino.
(O por qué María Guardiola -VOX- no eleva la emergencia por incendio al nivel 3).
La magnitud de los incendios que estas fechas asolan Galicia, Castilla y León y Extremadura especialmente, ha desnudado dos realidades: la precariedad de los bomberos forestales y la no menos precaria gestión de los recursos.
Las tres CCAA más azotadas por la “campaña de incendios 2025” están gobernadas (eso dicen) por el PP, que ha dado muestras, en principio, de ignorancia, y, por boca de su jefe, Núñez Feijóo, de patente mala fe.
Las primeras declaraciones de Feijóo fueron en el sentido de que ante una emergencia incendiaria, el Gobierno de la Nación estaba dejando solas a las CCAA y la UME. Como si la UME no tuviera nada que ver con el Gobierno. Una declaraciones reverberadas por los medios afines a la derecha (todos) y que en un día consideró que eran asentadas, para pasar a un nuevo argumento, un siguiente escalón. El del Ejército.
Porque veamos. Según los protocolos de emergencias en nuestro país, el Nivel 1 es el que atribuye a las CCAA su plena capacidad y competencia para intervenir. En el nivel 2, Comunidad Autónoma solicita el apoyo de la UME, y es el nivel en el que estamos. Los niveles de emergencia 1, 2 y 3 son declarados por la C.A.
Ninguna de las tres CCAA más afectadas por los incendios ha pedido pasar a declarar el Nivel 3 de Emergencia.
De hecho, fue el propio Feijóo el que pidió la intervención del Ejército, con unas declaraciones muy precisas, en las que pedía que se implicaran más ministerios y el Ejército, pero sin mencionar el Ministerio de Defensa. Y, todo seguido, los presidentes autonómicos de Extremadura, Castilla y León y Galicia han repetido que el Ejército “se incorpore a las tareas, pero sin citar al Minisdef.
¿Qué sucede? Lo que sucedió con la DANA de Valencia.
Para que se desplieguen el Ejército y otros medios del Estado es necesario que las CCAA activen el Nivel 3 del protocolo de emergencias, y ninguna de las tres lo ha activado.
Es curioso que en las constantes ruedas de prensa de los Consejeros de las CCAA afectadas, ningún periodista les haya preguntado por qué no declaran el Nivel 3, que no solo activaría y se desplegaría el Ejército, más allá de las labores de apoyo que diversas unidades militares vienen haciendo en el apoyo logístico a la UME.
La respuesta es muy sencilla y está en la omisión deliberada al Ministerio de Defensa que hace Feijóo: el Nivel 3 de emergencias traspasa, automáticamente, la gestión al Estado, que a través del Gobierno, podrá radicarla en el Ministerio del Interior (sería lo normal) o en el de Defensa, si la situación así lo requiriera.
Pero Feijóo no quiere y ha dado orden a sus monaguillos (Guardiola, Mañueco y Rueda) de que no declaren el nivel 3.
Porque una vez traspasada la gestión de la emergencia al Estado se acabarían las ruedas de prensa “improvisadas” de Feijóo a pie de fuego y se acabarían los canutazos criticando al Gobierno.
Incluso se acabarían los puestos de mando a 17 km del fuego más cercano, para nuevas comparecencias de prensa y salir pitando a un almuerzo en un reservado del club de golf de Ponferrada.
Si las CCAA más afectadas declararan, a pesar de Feijóo, el Nivel 3 de emergencia, todo sería más fácil, aunque el daño, el cuantioso daño, ya estará hecho.
El sorprendente estallido del caso aislado de corrupción del Partido Popular, me refiero a las minucias de los negocietes de Carlos Montoro, que fue ministro de Hacienda de 2.000 a 2.004 bajo la presidencia de José María Aznar, y de 2.011 a 2.018, bajo la presidencia de Mariano Rajoy, ha sido durante un par de días la comidilla de los cenáculos y tertulias.
Pero ya pasada la sorpresa, ¡cómo va a ser que Montoro, heredero del milagro económico de Aznar, fuera siquiera un aprendiz de corrupto!
Un ministro de Hacienda, todo un señor ministro de Hacienda del gobierno del Reino de España haciendo leyes a medida. ¡Eso no es posible! En Ejpaña nunca ha ocurrido nada parecido, nunca, jamás, jamás!
Bueno, vamos a lo serio. ¿Qué leyes, qué normas de Hacienda, fueron cambiadas o creadas para beneficiar a los clientes del ministro Montoro?
Habrá que poner en cuarentena toda la normativa del Ministerio de Hacienda durante todo el tiempo en el que Montoro fue ministro, tanto con Aznar como con Rajoy. Incluyendo tanto las leyes de presupuestos como todas las leyes generales, no solamente las tributarias.
Porque lo que está en juego con la corrupción del Partido Popular es conocer no solamente el modus operandi del ministro, sino, también y sobre todo, ¿por qué Aznar y Rajoy no se enteraron de nada? O lo que es más grave, si Aznar y Rajoy sí lo sabían y lo permitieron. ¿A cambio de qué?
Ahora que el Partido Popular se lanza en tromba en contra de la llamada financiación singular para Cataluña, ¿con qué autoridad lo hacen? Porque lo que demuestra la corrupción ministerial del partido es que durante años ha funcionado una financiación singular para los clientes de Montoro.
Por ejemplo: ¿realizará la Comunidad Autónoma de Extremadura, que gobierna gracias al pacto vergonzante de María Guardiola con VOX, una auditoría de los quebrantos económicos que las normas vendidas y compradas por Montoro y sus clientes, han causado a las arcas de la región?
No sirve al Partido Popular decir que los “hechos” de Montoro que han estallado son de años pasados. No sirve porque ese quebranto económico se ha producido en el tiempo. Esto es. “Mejorar” la fiscalidad de grandes empresas, incluidas eléctricas, no se han producido por una sola vez, sino que se pueden haber asentado en la normativa aplicada durante años.
No solamente debe la Comunidad Autónoma auditar los quebrantos causados a la región, también las Diputaciones provinciales y los ayuntamientos deberán conocer esos quebrantos y elaborar una respuesta unitaria y contundente sobre ellos.
Tanto los Ayuntamientos como Diputaciones y Comunidad Autónoma, una vez conocidas las normas fiscales y/o tributarias, deberían personarse en la causa, tanto en los hechos conocidos hasta ahora y en los nuevos que se vayan conociendo, por perjuicios causados a las haciendas locales y regional.
Además, la Comunidad Autónoma debería extender su personación en defensa de los intereses particulares de todos y cada uno de los extremeños que hayamos sufrido quebrantos económicos como trato discriminatorio.
En el pleno del Congreso de los Diputados del 9/07/2025, el presidente del Partido Popular acusó al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser partícipe a título lucrativo de unos negocios de saunas y prostitución del padre de la esposa de Sánchez. El suegro de Sánchez falleció tiempo atrás.
Por cierto, no existe ninguna evidencia o prueba judicial para sostener esa acusación.
Es de esperar que cuando se recuerde, con pruebas y evidencias, a Alberto Dorado Feijóo de los casos de partícipe a título lucrativo que le rodean, no se asuste. A él, personalmente, y a su partido.
Delimitando la cronología de la amistad, íntima amistad, de Alberto con Marcial Dorado, y superponiendo el período de tiempo que cubra la amistad, con los hechos probados que aparecen en las sentencias condenatorias a las que Marcial se hizo acreedor, podremos, sin duda, acusar a Alberto de ser partícipe a título lucrativo de los negocios criminales de su amigo.
La sentencia de la Gürtel, la que desalojó al PP del gobierno con la moción de censura, estableció dos verdades judiciales: una, que el Partido Popular fue definido como organización criminal y, por ello, fue condenado como partícipe a título lucrativo.
La acusación de Alberto Dorado Feijóo al presidente del Gobierno, además, deja en muy mal lugar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, ya que su pareja, con la que convive, en un lujoso dúplex, se enfrenta a dos procesos judiciales, uno por fraude fiscal y otro por delitos societarios, y que podría ser condenado, lo que daría lugar a que ella fuera tildada de partícipe a título lucrativo. Con pruebas y evidencias.
Pero hay más, mucho más. Los tabloides de la derecha, incluso con grapa, cada vez que el PSOE se refiere a la corrupción del PP, señalan, como hacen los dirigentes de la organización criminal (STS Gürtel), a que esos casos son antiguos. Vale. Aceptamos juntaletras como periodistas.
Al remontarse al pasado del presidente del Gobierno para señalarlo como “partícipe a título lucrativo” de unos negocios, que se sepa, absolutamente legales, de un señor ya fallecido, los ciudadanos, espectadores del esperpéntico ridículo de Feijóo en el Congreso de los Diputados, a recordar que el padre político de la organización criminal (STS Gürtel), Manuel Fraga Iribarne, fue responsable de los criminales asesinatos de los trabajadores de Vitoria, de 3 de marzo de 1976, y que los dirigentes del PP y los militantes, que nunca, nunca, condenaron aquellos hechos, son partícipes a heredaron del fundador de la organización criminal.
Podríamos seguir, así, reseñando uno tras otro los hechos criminales que se pueden atribuir al PP en su condición de partícipe a título lucrativo…
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