La designación de Rada como hijo adoptivo de la ciudad de Cáceres más se parece a un capricho de la comisión gestora municipal, y en concreto de quien ejercía de alcalde, Narciso Peral. Actualmente, la concesión de este tipo de distintivos se realiza con un procedimiento reglado, con la apertura de un expediente informativo, en el que se recogen los méritos de la persona o institución que vaya a ser distinguida.
La concesión del título de honor como, por ejemplo, ser acreedor a la medalla de la ciudad, o ser acreedor al título de hijo adoptivo o hijo predilecto, solía tener la apariencia de un expediente sosegado en el que el proponente, ya fuera el acalde o el concejal de turno, hacía una glosa de los méritos que recaían en el distinguido, para después recogerse el parecer de los demás miembros de la corporación, que solían ser exegesis laudatorias, pero siempre guardando una distancia de cortesía que los propios textos administrativos, las actas redactadas por el secretario de turno, daban un hálito de pomposidad.
El acta ofrece dos elementos a considerar: es precipitada, de manera que no obedece a un procedimiento ordinario, y que esa precipitación puede considerarse como causa de nulidad.
En otras actas que premian a mandos militares, el relato del proponente (concejal o alcalde) responden a un relato argumentativo, más ordenado. En el acta de Rada, el relato es especialmente impulsivo, solamente tamizado por el redactor, por el “lenguaje forense” del secretario municipal.
El hecho, además, de que la “corporación municipal” solamente estuviera compuesta por los cinco miembros de la comisión gestora, reviste de falta de legitimidad la designación.
Concurren, pues, dos causas de nulidad del acta: la precipitación y la falta de legitimidad. Además, la propia precipitación excluye que no se cumpliera un trámite no obligatorio, pero sí preceptivo, de que se hubiera recabado, bien por el propio Rada o por la comisión gestora municipal, la anuencia de la autoridad militar superior a la del propio Rada.
Por los motivos reseñados, debería resolverse, previa aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, la anulación del acta y la consiguiente del nombramiento de Rada como hijo adoptivo.
Además, ya que la mayor parte de fusilados en as fechas de la navidad de 1937 fueron hombres y mujeres vecinos de la ciudad de Cáceres, el Ayuntamiento de Cáceres deberá instar ante la Justicia Militar la anulación de las sentencias dictadas por un tribunal militar en consejos de guerra que, al amparo del artículo 5 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.
El Ayuntamiento deberá arrogarse la representación, a petición de los familiares de quienes fueron represaliados en aquellas fechas concretas, suscribiendo un escrito, que, asumido por el pleno del municipio, se dirija a la justicia militar para hacer ejecutivo el artículo 5 de la ley de Memoria Democrática.
La intervención del ejército de tierra y de la guardia civil en las detenciones de aquellas fechas, fueron acompañadas por la actividad de delatores y chivatos, que, al mismo tiempo que la comisión gestora municipal “premiaba” con los honores de hijo adoptivo al sanguinario general Rada, esa misma gestora recaudaba fondos para retribuir las delaciones y señalamientos. Los fondos recaudados se entregaban a Rada, como autoridad militar, para su distribución entre los cómplices.
La implicación activa de la comisión gestora municipal en el desarrollo de los acontecimientos elimina cualquier atisbo de mantenerse al margen de los sucesos, y al ser los resultados de su participación la muerte de hombres y mujeres vecinos de la ciudad, elimina la legitimidad de dicha gestora, como ya hemos señalado con anterioridad, para otorgar honores y distinciones a los responsables directos, como el cruel general Rada, de dichas muertes.
Vale.
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