El sorprendente estallido del caso aislado de corrupción del Partido Popular, me refiero a las minucias de los negocietes de Carlos Montoro, que fue ministro de Hacienda de 2.000 a 2.004 bajo la presidencia de José María Aznar, y de 2.011 a 2.018, bajo la presidencia de Mariano Rajoy, ha sido durante un par de días la comidilla de los cenáculos y tertulias.
Pero ya pasada la sorpresa, ¡cómo va a ser que Montoro, heredero del milagro económico de Aznar, fuera siquiera un aprendiz de corrupto!
Un ministro de Hacienda, todo un señor ministro de Hacienda del gobierno del Reino de España haciendo leyes a medida. ¡Eso no es posible! En Ejpaña nunca ha ocurrido nada parecido, nunca, jamás, jamás!
Bueno, vamos a lo serio. ¿Qué leyes, qué normas de Hacienda, fueron cambiadas o creadas para beneficiar a los clientes del ministro Montoro?
Habrá que poner en cuarentena toda la normativa del Ministerio de Hacienda durante todo el tiempo en el que Montoro fue ministro, tanto con Aznar como con Rajoy. Incluyendo tanto las leyes de presupuestos como todas las leyes generales, no solamente las tributarias.
Porque lo que está en juego con la corrupción del Partido Popular es conocer no solamente el modus operandi del ministro, sino, también y sobre todo, ¿por qué Aznar y Rajoy no se enteraron de nada? O lo que es más grave, si Aznar y Rajoy sí lo sabían y lo permitieron. ¿A cambio de qué?
Ahora que el Partido Popular se lanza en tromba en contra de la llamada financiación singular para Cataluña, ¿con qué autoridad lo hacen? Porque lo que demuestra la corrupción ministerial del partido es que durante años ha funcionado una financiación singular para los clientes de Montoro.
Por ejemplo: ¿realizará la Comunidad Autónoma de Extremadura, que gobierna gracias al pacto vergonzante de María Guardiola con VOX, una auditoría de los quebrantos económicos que las normas vendidas y compradas por Montoro y sus clientes, han causado a las arcas de la región?
No sirve al Partido Popular decir que los “hechos” de Montoro que han estallado son de años pasados. No sirve porque ese quebranto económico se ha producido en el tiempo. Esto es. “Mejorar” la fiscalidad de grandes empresas, incluidas eléctricas, no se han producido por una sola vez, sino que se pueden haber asentado en la normativa aplicada durante años.
No solamente debe la Comunidad Autónoma auditar los quebrantos causados a la región, también las Diputaciones provinciales y los ayuntamientos deberán conocer esos quebrantos y elaborar una respuesta unitaria y contundente sobre ellos.
Tanto los Ayuntamientos como Diputaciones y Comunidad Autónoma, una vez conocidas las normas fiscales y/o tributarias, deberían personarse en la causa, tanto en los hechos conocidos hasta ahora y en los nuevos que se vayan conociendo, por perjuicios causados a las haciendas locales y regional.
Además, la Comunidad Autónoma debería extender su personación en defensa de los intereses particulares de todos y cada uno de los extremeños que hayamos sufrido quebrantos económicos como trato discriminatorio.
Vale.



