La publicación en los primeros días de este 2025 de informaciones según las cuales la Junta de Extremadura ha requerido a los especu…promotores de una mina de litio a menos de un kilómetro de la ciudad de Cáceres, parece que algo hubiera podido cambiar sobre el asunto.
Según lo publicado, la Junta de Extremadura da un plazo de SEIS meses a los promotores para que presenten la documentación requerida para subsanar las deficiencias observadas por los técnicos autonómicos.
Seis meses a los que habrá que sumar el tiempo de la Administración regional empleará en volver a estudiar el proyecto. Así, bien pudiéramos cifrar en al menos otros seis meses, a los que añadir un período de información pública, más corto de lo habitual y necesario, como consecuencia de la declaración PREMIA del proyecto y decretada por la propia Junta de Extremadura.
En esta situación, los plazos citados retrasan las previsiones del proyecto como mínimo un año, lo que, sin duda, hace que se abran algunos escenarios posibles.
Uno, que los promotores se empecinen en seguir adelante con sus pretensiones, a sabiendas de que se trata de una opción inviable.
Uno bis, que los promotores se empecinen en seguir adelante a la espera y con la esperanza de encontrar un comprador de bienes y derechos, aunque llevan intentándolo desde finales de 2023, sin ningún resultado.
Dos, la opción que tiene la Junta de Extremadura de anular todo el procedimiento. Sería esta la opción de que sean los promotores los que renuncian a continuar sobre el asunto, algo impensable desde el punto de vista de la avaricia de los especuladores australianos. Una retirada de éstos sería la mejor solución para la ciudad y la región.
Tres, la opción de que la Junta de Extremadura declare la anulación de todo el procedimiento. Esta opción daría motivos de alegría a los australianos.
En la situación actual, con el retraso ya acumulado, más el derivado de la decisión de la Junta de Extremadura de requerir la subsanación de deficiencias del proyecto, no sería de extrañar que los promotores prefirieran, a falta de una venta aunque fuera de mínimos, que el proyecto fuera rechazado por la Administración.
También es cierto que el rechazo de la Administración debería estar muy bien fundamentada para evitar sorpresas jurídicas y económicas. Cuantiosas.
De todas formas, es necesario recalcar que la declaración PREMIA del proyecto minero fue, cuando menos, precipitada. Más aún, imprudente, a la vista de las objeciones señaladas por los técnicos de la Administración, que a día de hoy no podría ser aprobado.
Y esta imprudencia es, por otra parte, la garantía con la que cuentan los promotores de tener al malGobierno de la Junta de Extremadura maniatado y sujeto a no poder resolver el asunto si no es enfrentándose a fuertes indemnizaciones.
Vale.
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