Noticias de Perth.

En las últimas fechas hemos conocido dos informaciones relevantes sobre el asunto de la presunta mina de litio.

Una noticia, comenzando por la más reciente, ha sido el conocimiento de que el Ayuntamiento de Cáceres ocultó algunos informes sobre el documento de alcance, entre finales de 2022 y comienzos de 2023, presentado por la minera. El asunto, destapado por Podemos, pone de relieve que el Ayuntamiento ha podido elegir qué informes tramitar y cuáles no. Una decisión política que dilucidar políticamente, pero que no debe convertirse a mi juicio en una cortina que ciegue los legítimos intereses de los ciudadanos contrarios a la mina. Entre otras cosas, porque servirán para desviar el tiro a la diana, que no es otro que impedir la construcción de la mina. Eso sí, los informes conocidos ahora serán, deben ser, muy útiles al objetivo deseado de no permitir la mina.

La otra noticia, la de unos presuntos recortes presupuestarios de la empresa Infinity Lithium Corporatium Ltd, la de la dimisión en diferido de su jefe, Ryan Parkin, a finales de noviembre, y la de derivar la totalidad de la gestión a la “parte” española, esto es, al sicariato de Cáceres.

He dejado reposar esta noticia proveniente de Perth para analizar los flecos que han aparecido tras el anuncio. Y, por supuesto, hacer una lectura que clarifique los intrincados motivos por los que Ryan Parkin anuncia que dimite a finales de noviembre, los circunloquios para justificar según qué cosas de los recortes, el precio del litio, y las razones para descargar la responsabilidad total de la gestión en el sicariato de Cáceres.

Parece (digo parece) que Parkin se baja del vagón en marcha, sin dar explicaciones de qué equipaje deja o qué equipaje se lleva. Porque una dimisión así debería ir acompañada de palabras como bonus, warrants o similares. Porque “de gratis” no se irá, además de que su esposa dispone de un paquete de acciones.

En cuanto al precio del litio, no es una cuestión reciente, de una semana atrás, sino que lleva siendo noticia de su caída a lo largo de meses. Y, en todo caso, los recortes anunciados deberían recorrer las cuentas de la empresa, pero siguen manteniendo una inversión de 1.400 millones y de 700 puestos de trabajo.

La tercera pata de la información, la de derivar toda la gestión a la filial de Cáceres, al sicariato.

Esta tercera pata ha comenzado inmediatamente a actuar, y lo ha hecho por una cuestión de estrategia empresarial, porque, a pesar de su pasado, Ramón Jiménez tiene mente de tiburón de los negocios.

Su primera actuación ha sido transmitir en una entrevista masaje en el HOY, con su periodista de cabecera, que ya tienen invertidos 20 millones de euros. La cantidad no es aleatoria, sobre todo si la comparamos con la inversión total de los 1.400 millones. Esa cantidad tiene su porqué.

Hay que tener en cuenta que ya tienen en su zurrón los 18,8 millones de euros del PERTE-VEC graciosamente concedido por el Gobierno de España, por lo que los 20 millones “ya invertidos” es la cantidad de dinero que esperan obtener si el proyecto no sale adelante.

Están cubriendo la salida. Porque si el proyecto no cuaja por cuestiones administrativas, por incapacidad de las administraciones (Ayuntamiento y Junta de Extremadura), es decir, por razones ajenas a los promotores, solamente la ya publicada distinción PREMIA los premia y tienen derecho a ser indemnizados.

Vale.