Mientras la Junta de Extremadura se instalaba en aquello de que adecuaría la norma a lo determinado en la sentencia del TC, a la empresa le beneficiaría fijo su postura de inmediato, y por los sucedidos posteriores, marcó el paso al Gobierno de María Guardiola.
La posición de la empresa australiana, que impulsa el proyecto de una mina de litio en Cáceres ciudad, queda muy clara: la sentencia no afecta para nada a su negocio.
Objetivamente, el negocio que en Cáceres defiende con todas las artes (buenas, y, sobre todo, mala) el sicariato minero un ejemplo de lo que la STC 137/2023 detalla como inconstitucional, por invadir las competencias del Estado.
Cuando se hizo pública la STC, la empresa respondió que no les afectaba, puesto que su proyecto ya era conocido con anterioridad, como si ello fuera suficiente para sortear el fallo del alto tribunal.
Los mineros australianos (los mismos que salieron huyendo del condado de Dover, cuando la empresa se llamaba Plymouth Minerals) hacen gala de su estrategia de confusión para obtener alguna ventaja.
Su reacción a la STC 137/2023 se plasmó en su página web, en la versión australiana, al afirmar, por ejemplo:
The federal Constitutional Court (‘the Court’) has required amendments be made to Lithium Decree Law to remove Articles 2 to 4 annulling expropriation provisions and the requirement for all lithium exploited within the region be further processed to battery grade lithium chemicals in Extremadura. The Junta de Extremadura announced the stimulus measures in response to the modifications of the Court.
Y no, el Tribunal Constitucional no requirió modificaciones en el “Decreto del Litio”, sino que anuló, por inconstitucionales, los artículos 2, 3 y 4, y por tanto no pueden ser tenidos en cuenta para obtener alguna ventaja legal.
También, los mineros de la bolsa colman de elogios la postura del gobierno de María Guardiola (PP) de modificar el “Decreto del Litio” para adecuarlo al contenido de la STC, lo que no puede ser de otra manera, por cuanto de su servilismo público (en realidad, lo que buscan en llevar al gobierno regional a ser serviles con ellos) dependerá ser capaces de convencer a unos políticos que cada día se hunden un poco más en actuar en contra de la ciudadanía de Cáceres, de sus 96.000 habitantes, en contra de la historia de la ciudad, de la riqueza cultural, arqueológica y paleontológica que suponen la ciudad Patrimonio de la Humanidad, de la Cueva de Maltravieso y de la reserva de agua del Calerizo.
Vale.
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