Todos hemos oído hablar de la lentitud de la Justicia en España, e, incluso, algunos la han sufrido y otros se han beneficiado (prescripciones de por medio), y, sin embargo se mueve, como diría el propietario de una conocida sala madrileña.
En marzo de 2020, la jueza titular del número 5 de los tribunales de Murcia dictó un auto por el que se elevaban a procedimiento abreviado las diligencias de investigación 149/2014, con una extensión de 11.000 folios, realizadas por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de la Comunidad de Murcia. El Fiscal que llevó a cabo dichas diligencias fue José Luis Manzanera, que en la actualidad es el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
El auto de la Jueza de marzo de 2020 otorgaba un plazo de treinta días para que la fiscalía y/o las acusaciones particulares plantearan si se precisaban practicar más diligencias.
Así, llegamos a marzo de 2024, cuando la misma jueza estableció en un auto dictado el 6 de febrero pasado un plazo a vencimiento el día 14 de marzo, esto es, ayer mismo, para que la Fiscalía, la acusación popular y los procesados para que soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento.
En próximas fechas, la magistrada dictará otro auto que, si no modifica o requiere aún más diligencias, determinará la conclusión efectiva del sumario, que estará listo para fijar la celebración del juicio oral.
De lo conocido hasta ahora, y tras los cuatro años transcurridos desde marzo de 2020, no ha habido modificaciones por parte del tribunal en lo que se refiere a los procesados en la causa, ni a los delitos de los que se les acusa.
Hasta ahora, La magistrada ha tenido en cuenta los informes de la Intervención General, de la División de Intervención y Fiscalización, de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma y el elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción (UDEF-BLA) del Cuerpo Nacional de Policía.
Hay que recordar que el sumario de la depuradora fue dividido en dos. La Sal I y La Sal II. El segundo es el que afecta exclusivamente al que era presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia cuando la depuradora se adjudicó, Ramón Luis Valcárcel, para el que la fiscalía y la acusación piden más de diez años de cárcel, otros tantos de inhabilitación y una fianza de 74,1 millones de euros por responsabilidades económicas.
En La Sal I están procesadas diecinueve personas, desde un vicepresidente de la Comunidad Autónoma hasta un conocido cacereño “de adopción”, Ramón Jiménez Serrano, protector de los medios de comunicación locales, benefactor del Cáceres de baloncesto, de la Leb Plata, o mecenas del cine de los hermanos Rebóllez.
Pronto se sabrá, si no hay más dilaciones, cuáles serán las peticiones de la fiscalía, la acusación popular y, por supuesto, las de los procesados, que pedirán, por supuesto, la libre absolución. Aunque sea subterránea.
Vale.
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