Una lectura rápida de los resultados electorales del 28M situaba la pretendida mina de litio de Cáceres en manos de la derecha, de Partido Popular y Vox, que pactarán un gobierno conjunto, y que una de las condiciones de la ultraderecha a la ultraderecha del PP será apoyar sin fisuras la instalación de la mina. Bien es verdad de que de cara a la galería estará aquello de si los informes son favorables, sin conlleva la instalación de industrias…
Sin embargo, esa lectura rápida decayó el mismo martes, 30 de mayo, cuando el Consejo de Ministros aprobó presentar un recurso de inconstitucional sobre el “Decreto del litio”, aprobado en la Asamblea de Extremadura, con la abstención del PP. Básicamente, el gobierno de la nación plantea la cuestión de inconstitucionalidad por la invasión de competencias del Estado, singularmente por el hecho de que los recursos mineros son propiedad, precisamente del Estado, y que su explotación no puede estar sujeta a cuestiones como la obligatoriedad de su transformación por decisiones de la Comunidad Autónoma.
Por tanto, la instalación de la mina, su aprobación, radicará en las competencias autonómicas, pero el aprovechamiento de sus materiales no, por lo que aquello de “quedar aquí la cadena de valor del litio” ya no es una obligación a cumplir por la empresa minera que resultara adjudicataria de la explotación.
Cambia el escenario, y mucho. Primero, porque cambian los actores locales, que sin duda serán partidarios entusiastas de la propia explotación minera. Segundo, porque cambian también los actores regionales porque, aunque el PSOE plantee la investidura de Guillermo Fernández Vara, como ganador de las elecciones (¿recuerdan el mantra de la derecha de dejar gobernar a la candidatura más votada?), pero al que el apoyo de Podemos no le es suficiente, por lo que será, de nuevo, un pacto PP-Vox, a sangre y fuego, el que decidirá la presidencia autonómica.
Tercero, porque la convocatoria electoral de las generales para el 23 de Julio, día de la patrona de Suecia, dejan en el aire la toma de decisiones políticas en torno al litio, singularmente, sobre si el gobierno central permitiría alguna concesión al autonómico, algo que no entra dentro de lo posible.
Al informar sobre el recurso de inconstitucionalidad sobre el decreto del litio, los llamados medios (todos, a la derecha del arco político) se han apresurado a afirmar que el recurso gubernamental no tendrá efectos sobre los proyectos actualmente en tramitación, ya que los compromisos (¿?) de los promotores están garantizados. Claro, que en el caso de Cáceres, la fuente de ese fuerte compromiso es… Ramón. Vamos, compromisos compromisos pues nada creíbles, siendo la fuente la que es.
Por otra parte, en los mercados bursátiles donde se marcan los precios del litio (que han caído a la mitad en lo que va de año respecto a 2022) no se habla de otra cosa que de la compra de la pequeñas mineras (Infinity Lithium es muy pequeña) por otras más grandes que ante la caída de los precios necesitan hacerse con mayores cuotas de mercado para tener más influencia en la determinación de esos precios.
Finalmente, en toda esta situación, aparece la Plataforma Salvemos la Montaña, que se ha quedado sola con el “no a la mina”, tras la pérdida de Podemos de un 34% de su electorado, ya se ha dado un primer paso a una nueva estrategia. Mientras que al final de la legislatura se rompieron todos los puentes con el gobierno municipal del PSOE, el primer movimiento de esa estrategia ha sido ofrecer al PP, como ganador de las elecciones y que formará, junto a Vox, el nuevo gobierno municipal, los informes de los que la Plataforma dispone. ¿Para qué?
Para señalar su rendición con armas y bagajes.
Vale.
Cerca de las retamas 